Campo: "Justicia sigue siendo un territorio de consenso"
18.3.2021
En la reunión se han firmado dos acuerdos, uno para desarrollar en el ejercicio 2021 el Programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU). Y el segundo, para regular la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia.
"Justicia sigue siendo un territorio de consenso", ha destacado Campo, quien también ha recordado la reciente aprobación en la Comisión de Justicia en el Congreso, por amplia mayoría, de la ley del Registro Civil y de la Ley sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El ministro ha valorado positivamente el esfuerzo colectivo, especialmente en momentos complicados, como el que se vive ahora fruto de la pandemia. "La cogobernanza, junto a la dotación de los fondos europeos, ofrecen una oportunidad única para lograr la transformación de la Administración de Justicia y que sea un proyecto tractor en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha señalado.
Primer acuerdo en Justicia para reparto de fondos
La Conferencia ha sido el escenario de la primera firma de un acuerdo de Justicia para el reparto de fondos. Se trata de un Programa conjunto para desarrollar en el ejercicio 2021 reformas estructurales del servicio público de Justicia, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).
Las inversiones de este primer ejercicio de ejecución se destinarán a infraestructuras digitales básicas, que den soporte al despliegue de los proyectos que se vayan acordando en cogobernanza.
El Programa completo permitirá a las Administraciones ejecutar de forma rigurosa y precisa los fondos de 410 millones asignados para los próximos tres años.
En este marco, durante 2021, además de la elaboración y tramitación de las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que darán soporte a la nueva arquitectura legal del servicio público de Justicia, se implantará el Proyecto 0 de Justicia 2030.
El Proyecto 0 ha sido acordado entre las CCAA y el Ministerio para proteger la salud y asegurar la prestación del servicio público de Justicia durante la pandemia y contempla la puesta en marcha de las siguientes medidas: inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y la ciberseguridad.
Regulación del teletrabajo
En la reunión se ha aprobado, además, la resolución por la que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia.
La situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha exigido a la Administración de Justicia la prestación del servicio por parte de sus empleados públicos no solo de manera presencial, para asegurar su normal funcionamiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía con las debidas garantías técnicas, procesales y normativas.
Esta resolución tiene como objetivo la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha puesto en valor el modelo de cogobernanza, basado en una relación más continuada y el diálogo, elegido por el Ministerio y las Comunidades Autónomas (CCAA) para hacer avanzar la Administración de Justicia, que permite llegar a acuerdos como estos, que en última instancia benefician a toda la ciudadanía.
Justicia 2030 y la Ley de eficiencia organizativa
Uno de los principales ejemplos de esta cogobernanza es el Plan Justicia 2030, "un proyecto global y de todos", según Campo, que permitirá generar estructuras que marcarán el Servicio Público de Justicia en el futuro inmediato. En la reunión se ha hecho balance del camino que ya se ha recorrido y los proyectos previstos para los próximos cinco años dentro de este proyecto.
Según el ministro, si en la anterior Conferencia Sectorial el eje central fue la Ley de eficiencia procesal (en fase de integración de observaciones tras la audiencia pública), ahora, en la primera reunión de 2021, el protagonismo lo tiene el desarrollo de la Ley de eficiencia organizativa, con tres piezas clave: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial Digital y la Oficina de Justicia en el Municipio.
Se contempla la agrupación de los actuales 3.718 juzgados españoles en 431 Tribunales de Instancia, permitiendo más especialización en la respuesta judicial, una mayor flexibilidad para dar respuesta rápida a los incrementos de litigiosidad y una mayor homogeneización en la resolución de los pleitos.
Justicia 2030 también recoge la creación de la Oficina Judicial Digital, que hará posible que los ciudadanos puedan acceder a un Servicio Público de Justicia de calidad, tecnológicamente avanzado, eficiente y que dé una respuesta rápida a sus demandas de tutela judicial.
Otro de los principales proyectos de este plan son las Oficinas de Justicia en el Municipio, que van a hacer posible que cerca de 18 millones de ciudadanos que residen en 7.700 pequeños y medianos municipios, puedan hacer trámites judiciales y de otro tipo sin necesidad de desplazarse hasta las sedes judiciales.
Registro Civil
Otra pieza clave, dentro del plan de eficiencia organizativa, es la reforma del Registro Civil, ya puesta en marcha por el Ministerio (aprobada estos días en la Comisión de Justicia en el Congreso). Según el Ministerio, va a permitir contar con un Registro Civil moderno, ágil, informatizado y presente en todo el país.
Se trata de un nuevo modelo basado en un Registro Civil público, gratuito, orientado a las personas y gestionado por empleados públicos. Un registro individual, donde se inscribirán todos los hechos y actos que afecten a una persona a lo largo de su vida.
La nueva norma garantizará la plena accesibilidad territorial al servicio y la continuidad de los puestos de trabajo. También introduce, entre otras novedades, la agilización de los procedimientos de cambios de apellidos y de identidad en los supuestos de violencia machista.
Sedes sostenibles y Justicia orientada al dato
Y otra de las novedades en el ámbito de Justicia, abordada en la Sectorial, ha sido la puesta en marcha de sedes sostenibles. Los fondos europeos, que pretenden una transformación estructural mediante la aceleración del proceso de transición ecológica, son una oportunidad de introducir la transición ecológica en el servicio público de Justicia. Hasta ahora no se ha abordado el impacto medioambiental de la Justicia y, en particular, de los edificios donde se desenvuelve la prestación del servicio público de justicia.
El Ministerio de Justicia tiene una propuesta de estandarización de la metodología de rehabilitación con el objeto de crear un catálogo de actuaciones con sus respectivos indicadores ponderados para medir, certificar y monitorizar el proceso. De esta forma se realiza una actuación homogénea sobre edificios sostenibles que permite maximizar la eficiencia; garantizar la absorción de fondos europeos; y adecuar las actuaciones al marco europeo de evaluación de comportamientos medioambientales de edificios (LEVELs).
La Justicia orientada al dato ha sido otro de los principales ejemplos de cogobernanza. Se trata de una de las grandes apuestas dentro del paquete de medidas de digitalización previstas por el Ministerio para la modernización de la Justicia. La Justicia basada en datos persigue la mejora de la gestión del servicio público de Justicia, la tramitación con datos, y la aplicación de políticas públicas para hacer una justicia más eficiente, según ha explicado el Ministerio de Justicia.
En este sentido, está prevista la puesta en marcha del Portal de Justicia basada en datos, que además permitirá mejorar la transparencia y compartir la información de la Justicia como bien público de la ciudadanía.
Planes de choque
En la reunión también se han abordado los planes de choque previstos de cara a la prestación del servicio de Justicia ante la situación impuesta por la pandemia. El Ministerio impulsó la puesta en marcha de estos planes por los que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19 e incrementar la capacidad de resolución de los juzgados, así como restablecer los niveles de actividad registrados antes del estado de alarma.
Los resultados de la segunda fase, que se está llevando a cabo en estos momentos, que amplía las medidas a la segunda instancia y la jurisdicción Contencioso-Administrativa, están siendo positivos, según han trasladado desde el Ministerio, y se prevé que pueda ampliarse a la Audiencia Nacional y al gabinete técnico del Tribunal Supremo, con especial impacto en la jurisdicción social.
Asimismo, continua la puesta en marcha de las 33 unidades judiciales previstas en el Real Decreto 1050/2020 y se está tramitando uno nuevo para la creación de 60 unidades judiciales más.
La Conferencia Sectorial ha finalizado emplazando a la próxima reunión, donde, tras la procesal y organizativa, la eficiencia digital centrará la atención, y felicitándose mutuamente, Ministerio y CCAA, por este foro para el debate y el acuerdo que permite hacer avanzar a la Justicia.
