Campo expone ante la Comisión de Justicia las medidas emprendidas por su departamento para la salida de la crisis

Campo ha desgranado los hitos de la hoja de ruta consensuada que ha desplegado el Ministerio de Justicia en la fase de contención de la pandemia y en el escenario de desescalada que se inicia ahora, y que ha encuadrado dentro del plan #Justicia2030.

Plan de desescalada en la Justicia

El ministro ha explicado en su comparecencia los ejes del plan de desescalada en la Justicia que incluye medidas en los ámbitos organizativo, tecnológico y procesal. Por un lado, el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 y "preparar a la Administración de Justicia para la nueva normalidad", que se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros. Campo ha pedido a los grupos políticos su apoyo a la convalidación de esta norma "ante una exigencia social de esfuerzo para salir de la crisis".

La norma prevé el establecimiento de juzgados COVID-19 y Campo confía en que parte de las nuevas unidades judiciales que está pendiente de creación, puedan atender temporalmente los asuntos derivados de la crisis sanitaria. Campo ha destacado que todas las medidas que contempla, incluidas la organización del personal en turnos y la habilitación extraordinaria de parte de agosto para agilizar la tramitación pendiente "cuentan con el consenso de todas las comunidades autónomas".

Además, para acometer reformas estructurales, Justicia trabaja ya en un proyecto de ley para impulsar la eficiencia de los procesos judiciales. Junto a estos dos ejes, el Gobierno pondrá en marcha, tras el levantamiento del estado de alarma, planes de choque en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad económica.

Coordinación y consenso

"La coordinación y el consenso son los ejes que han guiado nuestra actividad en este tiempo de excepcionalidad y serán claves para superar los retos de futuro", ha subrayado el ministro durante su intervención. Desde el comienzo de la crisis, Justicia ha impulsado la celebración de más de una veintena de reuniones con las distintas instituciones del sector con las que se ha establecido una comunicación permanente a través de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus.

De este órgano forman parte, además del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española y las doce comunidades autónomas con competencias en Justicia, a las que el ministro ha agradecido su "ejemplar respuesta en una situación de extraordinaria gravedad". Este mecanismo de coordinación reforzada está funcionando como vehículo para consensuar actuaciones para la adecuada prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Campo ha explicado que la función de coordinación que ha venido ejerciendo el Ministerio de Justicia por encomienda de Sanidad no supone "una centralización o injerencia" en las competencias de las comunidades autónomas, sino que responde a la necesidad de "dar una respuesta contundente a la crisis". Solo desde el 13 de marzo, el ministerio ha dictado más de 40 resoluciones dirigidas a adaptar el funcionamiento de todos los servicios a las circunstancias excepcionales que ha impuesto la pandemia.

Esta coordinación se ha mantenido también con las asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores y organizaciones sindicales, para garantizar un diálogo fluido con los diferentes colectivos y conseguir "que la Justicia sea capaz de hacer frente a la emergencia y salga reforzada", ha remarcado Campo.

Establecimiento de los servicios esenciales

El ministro ha recordado que, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el 13 de marzo se fijaron los servicios esenciales en la Administración de Justicia, necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y la tutela de los derechos de la ciudadanía. El mismo 14 de marzo, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se establecieron las dotaciones de personal necesarias en una resolución que fue previamente pactada con las comunidades autónomas y que dio lugar a normas similares en los respectivos territorios.

Como resultado, la presencia del personal en las sedes se redujo hasta el 10% e, incluso, al 5% en los momentos más duros de la crisis, lo que ha requerido "un esfuerzo de gestión y organización conjunta sin precedentes" para garantizar el funcionamiento del sistema.

Protección de la salud laboral

Durante su intervención en la Comisión de Justicia, Juan Carlos Campo ha señalado que uno de los principios rectores de su departamento en la gestión de la crisis ha sido la "necesaria e irrenunciable" protección de la salud del personal y los profesionales. Con este objetivo, se han fijado como principales medidas el distanciamiento social, la reorganización de las tareas y del entorno físico y la puesta a disposición de equipos de protección personal en todo el territorio. Desde el 23 de marzo todos los partidos judiciales de España empezaron a recibir equipamiento de protección y ya se trabaja en una tercera ronda de reparto de material para acompañar las medidas de desescalada en las sedes judiciales y fiscales.

Medidas tecnológicas

Al igual que en otros sectores, en la Administración de Justicia se ha establecido el teletrabajo como norma general para evitar posibles contagios entre el personal, ha indicado el ministro. Se han habilitado más de 5.572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes y personal del INTCF, y otros 1.757 para los funcionarios del Registro Civil. Desde que se decretó el estado de alarma, los servicios digitales se han prestado con el 100% de disponibilidad.

El ministro ha subrayado que, a pesar de la rápida respuesta de la Administración, la tecnología "sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Justicia" y ha llamado a "avanzar hacia un uso más integrado y estructural de las herramientas informáticas".

Refuerzo del Registro Civil

El ministro ha enumerado las medidas puestas en marcha para reforzar el servicio del Registro Civil durante la crisis, habilitando su apertura los siete días de la semana en horario de mañana y tarde y facilitando la tramitación telemática para la inscripción de fallecimientos y la expedición de licencias de enterramiento. Campo ha agradecido al personal de los registros "su trabajo sin descanso" y ha explicado los retrasos que se han producido en los registros de las comunidades más afectadas por el virus como consecuencia del incremento de su volumen habitual de trabajo y la reducción del personal. Una situación que poco a poco se va normalizando y que está permitiendo poner al día la actividad de los registros.

Campo ha subrayado que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están haciendo un "esfuerzo extraordinario" por recopilar y mejorar la calidad de los datos relativos a los fallecimientos para ofrecer esa información de forma clara y puntual a la ciudadanía.

Colectivos profesionales

Durante su intervención, Campo ha señalado que la gestión de su departamento durante la crisis ha tenido muy en cuenta las necesidades de los profesionales. En relación con la abogacía, el ministro ha señalado que se han regularizado los pagos pendientes de la asistencia jurídica gratuita y se ha dado una solución a los cerca de 7.000 estudiantes afectados por la suspensión del examen de acceso a la abogacía del 28 de marzo. Finalmente, la prueba se realizará online a través de la UNED en una fecha que se concretará próximamente.

En cuanto a la actividad notarial y registral, se ha garantizado el funcionamiento de los Registros de la Propiedad, Mercantiles, de Bienes Muebles y el Registro Concursal, así como las notarías.

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia, Campo ha informado de que se ha pedido retomar la tramitación de procedimientos dependientes del Ministerio de Justicia que habían quedado suspendidos. Ello ha permitido expedir 11.496 resoluciones de expedientes de nacionalidad por residencia, 23.756 certificados de últimas voluntades y 15.891 certificados de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. En materia de cooperación jurídica internacional, se ha dado trámite a 30 expedientes de extradición a solicitud de otros países y otros 13 expedientes de extradición de personas reclamadas por la Justicia española.