Campo se reúne con la comisión que elaborará el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para la que buscará el máximo consenso en los ámbitos judicial y político

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido la primera reunión presencial de la comisión de expertos designada para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Campo ha incluido la actualización del proceso penal entre las prioridades de su mandato, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de final de año.

Durante su intervención, el ministro ha subrayado que uno de los objetivos fundamentales de la nueva ley, que está llamada a sustituir a la vigente de 1882, es reforzar la actuación del fiscal bajo el principio de unidad de acción. "Se va a necesitar mucho consenso", ha señalado Campo, "pero es prioritario tener un nuevo modelo de proceso penal cuanto antes". El ministro ha defendido el momento elegido para el inicio de los trabajos por parte de la comisión pese a la complejidad del contexto actual.

La comisión está presidida por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan José López Ortega, designado por el ministro de Justicia para coordinar los trabajos el pasado 15 de abril. Sus diez integrantes, entre los que se cuentan fiscales, magistrados y profesores de Derecho Procesal, algunos de los cuales participaron en la propuesta de reforma normativa del anterior Gobierno socialista, han estado trabajando desde entonces de forma telemática. La comisión está apoyada por una subcomisión técnica adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia.

La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo y busca superar definitivamente una legislación decimonónica desbordada por la realidad procesal.

La necesidad de actualizar las formas de investigación y enjuiciamiento penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas es también una demanda de operadores jurídicos y académicos que permitirá adaptar nuestro proceso penal a la realidad vigente, tal y como han hecho ya la mayoría de países de nuestro entorno.