Las asociaciones de jueces y fiscales aseguran que su huelga del 19-N "no es contra el actual equipo ministerial"

Durante el encuentro, en el que ha participado la ministra Dolores Delgado, los cuatro colectivos presentes han asegurado que el paro no se ha organizado "contra el actual equipo ministerial".

Además de Delgado, al encuentro han asistido el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo. Todos ellos han vuelto a repasar las iniciativas puestas en marcha -varias de ellas en tramitación parlamentaria- para cumplir con las demandas profesionales de ambos colectivos.

Los responsables del ministerio han vuelto a poner sobre la mesa el compromiso para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantienen paralizada los grupos de la oposición, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales como los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales.

Respecto a sus reivindicaciones salariales, el ministerio ya les transmitió el pasado jueves 7 de noviembre que sus condiciones retributivas se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo -que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno. Pese a ello, los colectivos han insistido en su necesidad de tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública.

Justicia ha anunciado además su intención de detraer el salario correspondiente a la jornada de huelga a todos aquellos jueces y fiscales que acudan a la convocatoria de huelga. Por ello les ha expuesto la necesidad de establecer un sistema de recuento de todos aquellos miembros que vayan a secundar el paro.

En cuanto a los servicios mínimos, el Ministerio ha manifestado que no le corresponde a él fijarlos, al no ser la autoridad laboral de ambos colectivos sino un mero pagador. Esa función, han asegurado sus representantes, correspondería al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. Por eso, han anunciado que esta misma tarde enviarán una comunicación oficial a ambos organismos para proponerles que los establezcan.