España ofrece a la ONU acoger el segundo Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo

Este ofrecimiento formal tiene por objetivo, según explicó el ministro, garantizar la continuidad de este foro auspiciado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, e inaugurado este jueves, y avanzar en el impulso de políticas globales de reparación y apoyo para las víctimas del terrorismo y de preservación de su memoria.

Grande-Marlaska ha señalado que "queremos que esto no que quede aquí, por eso nos ofrecemos para que el segundo congreso mundial pueda celebrarse en España, que ha sufrido el terrorismo tanto autónomo como el internacional de corte yihadista durante muchos años y es un referente internacional en la protección de las víctimas del terrorismo y puede ser la mejor sede para ese segundo congreso".

España, que ha colaborado en la organización de este primer congreso como país copresidente del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo, asume desde hace años un papel destacado de impulso de las políticas de lucha contra el terrorismo y, en particular, de apoyo a las víctimas del terrorismo en el seno de las Naciones Unidas.

En este marco, Grande-Marlaska ha abogado ante los responsables de la ONU por la creación de una red global de asociaciones de víctimas que permita a nivel mundial el mutuo apoyo, el intercambio de comunicación y de experiencias y la colaboración de las distintas organizaciones de cada país.

El ministro ha indicado que, de esta forma, los países con menos trayectoria y capacidades en este ámbito podrán beneficiarse de las aportaciones de países como España, cuya experiencia, apoyo institucional, legislación y tejido asociativo es referente en el plano internacional.

Grande-Marlaska ha traslado por último el compromiso de España de aportar una contribución inicial de 400.000 euros para la creación de un fondo de solidaridad internacional que pueda dar apoyo financiero a las asociaciones y víctimas de todo el mundo que no cuenten con este tipo de recursos.

"El objetivo es que todas las asociaciones de víctimas y todas las víctimas, con independencia del país en el que estén radicadas, puedan desarrollar proyectos de protección y asistencia y no haya diferencias entre ellas según el país de residencia o donde hayan sufrido el atentado terrorista", ha declarado el ministro del Interior.

Oficina de la ONU en Madrid

Estas iniciativas se suman a las que adoptadas en los últimos meses y que llevaron a Naciones Unidos a celebrar el pasado mes de mayo en Málaga la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo.

También destaca el proceso de apertura de una sede regional de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas en Madrid, cuya entrada en funcionamiento se producirá este 2022.

Estos hitos son consecuencia del trabajo realizado por España como país copresidente desde 2019 del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo, posición desde la que ha impulsado la séptima revisión de la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas, la primera de carácter integral y que fue aprobada por consenso de la Asamblea General en 2021.

En esta revisión, junto a la seguridad, aspectos como la prevención, el respeto de los derechos humanos, el apoyo a las víctimas, así como la participación de la sociedad civil en general y de la mujer en particular, tienen cada vez mayor relevancia.

Ese trabajo sostenido culmina ahora con la celebración del Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, primero en su género y en cuya organización tanto el Gobierno como la representación permanente de España en Naciones Unidas han tenido un papel determinante.

Este foro reúne en Nueva York a representan de los Estados miembros de Naciones Unidas, a las víctimas del terrorismo y sus asociaciones, a entidades internacionales y organizaciones de la sociedad civil, así como expertos e investigadores académicos, que durante estos dos días analizan temas como las medidas de reconocimiento y recuerdo a las víctimas del terrorismo; la importancia de su acceso a la justicia; la protección de sus derechos; su asistencia y apoyo, y la atención a los derechos y necesidades de las víctimas del terrorismo con necesidades específicas, entre otros aspectos.