El Gobierno pone en marcha la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

Este nuevo texto, que ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), revisa y actualiza la anterior estrategia, cuyo marco de vigencia se extendía de 2011 a 2014, y se adapta a los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional desde una visión integral.

Entre sus principales objetivos, destacan la desarticulación de las estructuras criminales, la reducción de sus actuaciones, dificultar la implantación de nuevos grupos, reducir el impacto de este tipo de delincuencia sobre la sociedad y contrarrestar la creciente vinculación entre terrorismo y crimen organizado.

"El crimen organizado, por su carácter transnacional, su flexibilidad, capacidad de adaptación y obtención de beneficios ilícitos supone uno de los mayores impactos negativos en las sociedades modernas", señala el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el prólogo de esta estrategia.

Una de las novedades de esta Estrategia Nacional contra el Crimen Organizados y la Delincuencia Grave 2019-2023 es que incorpora entre sus líneas de acción la investigación y la neutralización de la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales. También pone el acento en la promoción de capacidades de inteligencia estratégica y operacional para anticiparse a las amenazas.

Otros ejes de acción estratégicos pasan por la cooperación y coordinación internacional, la elaboración y la adaptación legislativa, la formación y capacitación y la utilización de las nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI.

Esta estrategia ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional y ha sido elaborada por el Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, en su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de otros expertos de los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía y Empresa, así como de la Fiscalía General del Estado y del Departamento de Seguridad Nacional.

Tiene un periodo de vigencia de cinco años, hasta 2023, y encomienda al CITCO la elaboración de informes de seguimiento y análisis para poder evaluar los efectos de su aplicación.