Más de 25.000 millones de euros ha puesto el Gobierno a disposición del sector turístico nacional desde que irrumpió la pandemia con el objetivo de amortiguar el daño económico y social provocado por el virus. Buena parte de las baterías de medidas que el Gobierno ha desplegado han ido encaminadas a mantener la actividad y los empleos en este sector.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recuerda que "la mayoría de estas ayudas fueron aprobadas por Bruselas dentro del Plan de Choque para paliar los efectos de la COVID-19. Además, España ha podido implementar planes específicos que no requieren permiso de Bruselas, como los planes de sostenibilidad turística, las ayudas a la digitalización (destinos inteligentes) o el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística".
En concreto, para facilitar el acceso a liquidez, el Gobierno habilitó la línea de avales COVID-19 del ICO, que hasta el pasado 15 de septiembre había inyectado más de 15.000 millones de euros, en concreto 15.173 millones, entre 115.033 empresas del sector del turismo, el ocio y la cultura. Éste es sin duda el sector que más ha recurrido a estos créditos, ya que duplica al segundo en la lista, el de la construcción y las infraestructuras.
Se trata de unos préstamos que están solicitando mayoritariamente pymes y autónomos, y que se añaden a otros 400 millones de euros de la línea COVID/Thomas Cook, ya cerrada y ejecutada al 100%. Hoteles, restaurantes, empresas del transporte aéreo de pasajeros y agencias de viaje figuran entre sus principales beneficiarios. Es decir, este Gobierno ha facilitado financiación al sector turístico por un importe de 15.500 millones de euros.
En cuanto a la extensión temporal de ERTE en condiciones especiales, para el sector turístico tuvo un coste de 3.450 millones de euros. En mayo los trabajadores en ERTE del sector turístico llegaron a superar el millón de personas, en concreto 1.055.927. De los 812.438 empleados que permanecían bajo ERTE al cierre del mes de agosto, un 40% pertenecen al sector turístico, en concreto 325.578 personas.
Si hablamos de autónomos, la prestación extraordinaria por cese de actividad había beneficiado hasta julio a 420.945 emprendedores, con un coste de 1.020 millones de euros.
Dentro de este colectivo de autónomos, son los hosteleros los que, por su parte, más se han beneficiado de la moratoria de deuda hipotecaria. Según el Banco de España, 20.086 hosteleros se habían acogido a la medida hasta el 31 de julio pasado. Los costes estimados aproximados de esta medida los 731 millones de euros.
Otras medidas de apoyo al sector que el Gobierno ha adoptado son las bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de los trabajadores para todas aquellas empresas vinculadas a la actividad turística que inicien o mantengan en alta a empleados con contratos de carácter fijo discontinuo.
Plan Impulso
Del mismo modo, el pasado 18 de junio el Gobierno lanzó el Plan Impulso al sector turístico, un conjunto de 28 medidas con una dotación de 4.262 millones de euros para recuperar la confianza en España como destino seguro, mejorar su competitividad, reactivar el sector, reforzar el modelo de conocimiento e inteligencia turística y desplegar acciones de marketing y promoción.
El Plan Impulso contiene medidas en el ámbito de formación. Dentro del Programa Anfitriones, se crea un curso específico para capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. Hasta julio, en este curso se habían inscrito 1.696 personas. Además, ya se están poniendo en marcha las medidas contenidas en un ambicioso plan de formación con el SEPE y FUNDAE para recualificar a 70.000 profesionales del sector turístico. Un programa dotado con 106 millones de euros.
Para la mejora de la competitividad, el Plan de Impulso ha previsto 859 millones de euros, repartidos entre los préstamos del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística; la financiación para la digitalización e innovación del sector turístico; el refuerzo de la red de Destinos Turísticos Inteligentes, el programa 'Hoteles Justos, laboralmente responsables' y el programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, dotado con 53 millones de euros hasta 2022 y que se encuentra ya en la fase de selección de los proyectos beneficiarios junto con las CCAA. Se espera que un total de 260 destinos turísticos se beneficien de este programa, que financiamos de manera cooperativa la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales.