Elma Saiz solicita al Consejo Económico y Social un informe específico sobre migración para avanzar hacia una política migratoria regular y segura

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha solicitado al Consejo Económico y Social (CES) un informe específico sobre migración que permita realizar diagnósticos adecuados y recibir posibles propuestas de actuación que permitan seguir avanzando hacia una política migratoria regular y segura.

La ministra, que ha intervenido en la sesión plenaria del órgano consultivo, ha detallado los aspectos clave en los que se podría basar el informe sobre migración del Consejo (el último publicado sobre esta materia data del año 2019).

En este sentido, Saiz ha sugerido la inclusión de los siguientes aspectos clave, entre otros que el Consejo considere oportuno:

• Un análisis de los flujos migratorios actuales en Europa y en España.
• Las previsiones sobre la evolución de los flujos migratorios considerando los cambios demográficos.
• Los impactos económicos y sociales de la migración en España y los países de origen.
• La integración social de los migrantes.

"Sin duda, la perspectiva del CES será de gran ayuda para estudiar las necesidades y previsiones relacionadas con las migraciones con la prioridad de lograr una migración regular y segura", ha afirmado.

En su intervención, Saiz ha detallado los avances del Gobierno de España en materia migratoria, poniendo énfasis en la nueva reforma del Reglamento de Extranjería, que se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio y a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de nuestro país.

"El Reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: la formación, el empleo y la familia. Tres llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos".

Asimismo, también ha destacado el Plan de Integración y Convivencia Intercultural como palanca para fomentar la integración y la cohesión social para toda la ciudadanía, que incluirá una serie de áreas clave de actuación como la acogida y defensa de derechos humanos, la promoción económica y empleo o la igualdad de trato. Además, apoyará sectores específicos como la infancia, juventud, género o comunidad LGTBIQ+.

"La política migratoria del Gobierno es transversal, y la que compete a este Ministerio está absolutamente volcada en la integración de las personas una vez que llegan aquí y en combatir los catastrofismos con información veraz", ha señalado.

Coste económico de la discriminación

Saiz ha hecho referencia al informe sobre el análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España, encargado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio.

El informe estima en 17.000 millones de euros (un 1,3% del PIB) el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en nuestro país, tomando como base los datos de 2022.

"España tiene la necesidad y la oportunidad de aprovechar este nuevo contexto en el que nos encontramos. Retomando las palabras del presidente Sánchez, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Hemos elegido lo primero", ha concluido.