Inclusión cumple sus compromisos para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, mejorar el IMV y modificar el Reglamento de Extranjería

La modernización y refuerzo del sistema público de pensiones, la reforma laboral, la aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, con mejoras como el complemento de ayuda a la infancia, así como la modificación del Reglamento de Extranjería se encuentran entre los más destacados durante este ejercicio.

Uno de los logros más relevantes de este segundo semestre es la aprobación de la 'Ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones'. El consenso con los agentes sociales, su respaldo parlamentario como respuesta a las recomendaciones de los grupos políticos plasmadas en el Pacto de Toledo, y su integración en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permiten dar certidumbre a los pensionistas a través de un mecanismo estable de revalorización de las pensiones (vinculado al IPC) y garantizar la sostenibilidad del sistema público. Entre las novedades, se encuentran los incentivos para impulsar la jubilación demorada y la revisión de los coeficientes aplicables a las jubilaciones anticipadas.

Este primer bloque de reforma del sistema de pensiones incluye también la derogación del Factor de Sostenibilidad y su sustitución por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una herramienta equilibrada, temporal y contingente para responder al reto demográfico. Asimismo, se ha seguido avanzando en la separación de fuentes financiación de la Seguridad Social con la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 de una transferencia por 18.396 millones para la asunción de gastos no contributivos.

También se ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo para impulsar la previsión social complementaria, como respuesta a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que pone el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al "actual modelo de previsión social complementaria" e "impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones".

Otro de los hitos más relevantes durante este segundo semestre ha sido la aprobación definitiva de la Ley del Ingreso Mínimo Vital. El trámite parlamentario de este proyecto ha permitido la incorporación de un complemento de ayuda para la infancia para beneficiarios del IMV y otras familias de rentas bajas. Un complemento que llegará a los 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Otra de las iniciativas significativas desarrolladas en el semestre ha sido la aprobación de un Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería, un importante paso del Ministerio de Inclusión para favorecer la integración de los menores y jóvenes extutelados. Este nuevo régimen jurídico, que simplifica los procedimientos y homologa la norma española con la de países de nuestro entorno, evitará, por ejemplo, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad.

Finalmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha en el primer semestre de este año el complemento de brecha de género en las pensiones, que sustituye al complemento de maternidad. Este nuevo complemento se recibe a partir del primer hijo, a diferencia del anterior, y está asociado al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo o hija.

Compromisos en proceso más relevantes

Dentro de este capítulo destaca el desarrollo de itinerarios inclusivos ligados al Ingreso Mínimo Vital. Se trabaja en el impulso de proyectos pilotos con administraciones y entidades sociales, a través de una metodología escalable, basada en datos y evaluación, que permitirá difundir las prácticas que hayan tenido mejores resultados, es decir, las más eficaces en el objetivo de la inclusión. De momento se han firmado 16 convenios que serán financiados con 109 millones del Plan de Recuperación.

En proceso se encuentra también modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional. Se está avanzando en el desarrollo normativo para implementar la acción concertada y está finalizándose el nuevo protocolo del Sistema Nacional de Acogida con el apoyo técnico de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).

Entre los compromisos más relevantes previstos para el primer semestre de 2022 se encuentra el segundo bloque de la reforma de las pensiones el reforzamiento del sistema de acogida de solicitantes de protección internacional.