Acuerdo unánime para poner en marcha los mecanismos para la renovación efectiva del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Esta mañana se ha celebrado en el Senado la reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presidida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con la participación de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodriguez; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas; la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo.

"Hemos presenciado las últimas semanas declaraciones muy preocupantes por parte de distintos representantes institucionales", ha afirmado Ángela Rodríguez al finalizar la Conferencia. "Todas las representantes de las instituciones que representamos la Conferencia Sectorial, coincidíamos que era necesario mostrar a la ciudadanía que aquí hay un acuerdo y trasladarle a las mujeres un mensaje importante: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) va a ser permanente y todos los gobiernos, de las CCAA y el Gobierno del Estado, vamos a trabajar para que así sea".

En ese sentido, se ha acordado por unanimidad, la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la renovación efectiva del PEVG. Para ello, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Objetivos

El grupo de trabajo será el encargado de proponer, diseñar y elaborar un acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en el que se recojan las medidas normativas, administrativas y de política pública, incluidos los mecanismos de financiación, para el cumplimiento efectivo del compromiso de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito el 25 de noviembre de 2021 por todas las fuerzas políticas democráticas, para la consolidación de una política de Estado frente a la violencia machista.

Los ejes de trabajo del grupo serán: permanencia del PEVG; garantizar un sistema de financiación estable; mejora el sistema de co-gobernanza; refuerzo de la prevención y de la detección precoz todas las formas de violencia ejercidas contra las mujeres y las niñas; mejorar y complementar el mapa de recursos de atención integral, adaptándolo al Convenio de Estambul y al Convenio de Varsovia; mejorar la respuesta en virtud de lo acordado en el Dictamen, mencionado nuevas manifestaciones y ámbitos de la violencia machista: niños y niñas víctimas de la violencia de género, violencia vicaria, violencias digitales y violencia económica; y establecer un sistema de rendición de cuentas y evaluación para dar cumplimiento a las obligaciones institucionales en la respuesta coordinada frente a las violencias machistas.

Catálogo de Buenas Prácticas

Otra de las funciones del grupo de trabajo, será la elaboración de un Catálogo de Buenas Prácticas de las políticas y proyectos elaborados por las CCAA y Ciudades Autónomas en el marco del PEVG.

El objetivo de este Catálogo será integrar buenas prácticas que sirvan como referencia para las futuras políticas públicas que se hagan desde las diferentes CCAA y Ciudades Autónomas, con la finalidad de contribuir a reforzar la respuesta institucional en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

Calendario de trabajo

El grupo de trabajo tiene previsto elaborar la propuesta y acuerdo durante el mes de abril y mayo. En junio se prevé presentar las conclusiones en la Comisión Técnica y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, para a continuación, aprobar el acuerdo en Conferencia Sectorial en la segunda quincena de julio.

Seguidamente, entre septiembre y octubre, se elaboraría el Catálogo de Buenas Prácticas, para su presentación en Conferencia Sectorial en el mes de noviembre.

Medidas contra la Trata y explotación sexual

Durante la reunión, también se ha hablado del contenido del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes en reunión del Consejo de Ministras y Ministros, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El artículo 47 de este Real Decreto-ley va a permitir que las víctimas de Trata y explotación sexual sean acreditadas a efectos socio-asistenciales para acceder a sus derechos, tal como prevé el artículo 10 y 12 del Convenio de Varsovia. "Esto es revolucionario", ha afirmado Ángela Rodríguez. "Hasta ahora las víctimas de trata y explotación sexual dependían de su colaboración con la policía para ser identificadas". Esto hacía muy complicado que accedieran a los recursos que tenían como víctimas. Ahora, ha afirmado Rodríguez, si cumplen los requisitos, "podrán acudir a los recursos de acogida y a todos los recursos asistenciales; y además podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital".

Además, ha recordado la secretaria de Estado, las víctimas de trata y explotación sexual podrán ser atendidas también en el 016 y en ucraniano, si así lo desean.