Irene Montero: "Necesitamos el empuje, la fuerza y la experiencia de todas las entidades para elaborar la Ley Integral Contra la Trata"

La ministra de Igualdad, tal como ya anunció en la Conferencia Sectorial de Igualdad la semana pasada, ha explicado en qué consistirá el Plan de Acción Urgente contra la trata y la explotación sexual, el cual incluirá un programa de inserción sociolaboral, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Ley Integral Contra la Trata, un compromiso del Gobierno de coalición, apoyado unánimemente por el Foro Social Contra la Trata.

Todo esto se suma al resto de medidas que ya se han llevado a cabo, como el modelo de acreditación para víctimas de trata, explotación y mujeres en contextos de prostitución; la posibilidad de acceder al IMV para las mujeres víctimas aún en situación administrativa irregular; los trabajos de la Ley de Libertad Sexual, un avance enorme en la lucha contra la industria proxeneta y la protección de sus víctimas; o la petición de cierre de los prostíbulos puesta en marcha durante el Estado de Alarma.

Montero ha recordado en su intervención, que el Plan de Acción Urgente debe ser trabajado y evaluado con las CCAA, así como con el resto de actores sociales e institucionales. "Nuestro objetivo es elaborar una norma que contemple todos los tipos de trata de personas; no obstante, nosotras nos centramos en aquellas formas de trata que atraviesan particularmente a las mujeres, es decir, la trata con fines de explotación sexual. Nos referimos a una de las formas más graves de violencia sexual contra las mujeres". Para eso "necesitamos el empuje, la fuerza y la experiencia de todas las entidades del tercer sector" y es por esta razón que "hemos puesto en marcha una consulta pública previa el pasado mes de abril", cuyo plazo se verá ampliado para que todas las entidades puedan hacer sus aportaciones y propuestas.

Victoria Rosell, ha enfatizado que el abordaje de esta Ley "debe darse desde sus múltiples perspectivas" y exige "un esfuerzo extraordinario de coordinación y participación institucional", desde el tercer sector hasta las entidades especializadas, que comienza con la consulta pública abierta y con grupos de trabajo institucionales.

Montero ha destacado que la futura Ley Integral contará "con un claro enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos", y debe dar respuesta al hecho de que la mayoría de las mujeres víctimas de trata proceden de otros países de la UE o bien de terceros estados. "Debemos hacernos cargo de que estas mujeres, una vez que se encuentran en nuestro país, afrontan innumerables obstáculos para acceder a los servicios y recursos públicos; y eso cuando logran acceder", ha afirmado. "No podemos continuar consintiendo que en nuestro país, si eres una mujer migrante, eres una víctima de segunda. Es hora de que el Estado asuma sus compromisos con los derechos humanos, cumpla con el principio de diligencia debida y proteja a todas las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, independientemente de su situación administrativa".

La futura Ley Integral Contra la Trata debe partir también de una doble perspectiva que incluya, "no solo la prevención y la persecución del delito", sino también "la protección de las víctimas". Para Montero, esta es sin duda "la mayor asignatura pendiente que tenemos con la sociedad y con las propias víctimas de trata". A su vez, es necesario que la futura ley, "parta de una perspectiva victimocéntrica" -poner la víctima en el centro-, para ser capaces de articular "mecanismos de detección e identificación de las víctimas y también mecanismos de protección y reparación".