Hacienda aprueba la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025

El Ministerio de Hacienda ha aprobado la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, lo que supone el punto de partida formal para realizar las cuentas públicas del próximo año. La Orden, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge los criterios y la orientación de los recursos públicos para dar continuidad a la política económica responsable y coherente que ha desarrollado el Gobierno estos años.

El objetivo de los Presupuestos es seguir impulsando la prosperidad y la competitividad económica, con una reindustrialización del país estratégica e inteligente que genere empleos de calidad, así como el blindaje y refuerzo del Estado del Bienestar y la consolidación de la estabilidad presupuestaria compatible con la defensa de la justicia social, de la cohesión territorial, de la igualdad de género y de la sostenibilidad medioambiental.

Los Presupuestos de 2025 deben contribuir a que la economía española siga manteniendo un crecimiento diferencial con unos fundamentos sólidos gracias, entre otras cuestiones, a la mejora del mercado de trabajo tras la reforma laboral, que ha permitido alcanzar la cifra récord de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, incluyendo por primera vez más de 10 millones de mujeres afiliadas.

Las cuentas públicas también son claves para apuntalar la positiva evolución del sector exterior, la solidez de la posición financiera de empresas y hogares y el dinamismo del consumo y la inversión. Un crecimiento que se refleja en la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, a pesar del impacto de la crisis inflacionista, o en la evolución de indicadores complementarios como el despliegue de renovables o la conectividad digital.

La Orden reconoce la complejidad del actual entorno geopolítico, donde los conflictos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo pueden provocar perturbaciones en los mercados internacionales. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, España ha sido capaz de mantener su compromiso con la estabilidad presupuestaria y hacerlo compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y el refuerzo de los servicios públicos.

Nuevas reglas fiscales

Un factor para tener en cuenta de cara a los Presupuestos de 2025 es la reactivación de las reglas fiscales tras el fin de la vigencia de la cláusula de salvaguarda, que se inició con el estallido de la pandemia en 2020 y que se prolongó por el impacto en los precios energéticos de la guerra de Ucrania.

En este sentido, el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria es firme y se ha demostrado con una reducción del déficit desde 2020 en más de 60.000 millones. De hecho, España ha mejorado durante los últimos cuatro años los objetivos de déficit previstos y comprometidos con la Comisión Europea. Y lo ha hecho sin aplicar recortes gracias al dinamismo del empleo y al impulso de la actividad económica.

Este buen desempeño y la previsión de cerrar 2024 con un déficit del 3% ha permitido que la Comisión no abra a España un procedimiento de déficit excesivo y que, por primera vez desde 2011, no se encuentre entre los países con desequilibrios macroeconómicos.

Asimismo, la deuda pública también se ha reducido 17,6 puntos desde el máximo de 2020 y la previsión es que la buena marcha de la economía y el empleo permitirá alcanzar en 2025 un superávit fiscal primario que contribuirá a continuar reduciendo la ratio deuda pública-PIB.

Plan de Recuperación

Los Presupuestos de 2025 también contarán con el impulso procedente de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, la Comisión Europea aprobó en octubre de 2023 la Adenda del Plan de Recuperación que movilizará 93.502 millones adicionales a los 69.513 millones de euros del Plan de Recuperación inicial, incorporando 10.342 millones de euros más en transferencias, (situando la previsión total de ingresos en 79.854 millones de euros en transferencias) y 83.160 millones de euros en préstamos.

España sigue siendo uno de los países más avanzados en la implementación del Plan. De hecho, la Comisión Europea ha aprobado casi 10.000 millones de euros procedentes del cuarto desembolso tras cumplir con 60 hitos y objetivos nuevos. Además, prosigue el buen ritmo de ejecución del Plan con más de 33.000 millones de euros licitados que han beneficiado a más de 600.000 proyectos.

Criterios prioritarios en la elaboración de los PGE 2024

La Orden Ministerial incluye unos criterios prioritarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Se trata de unas líneas generales orientadas a la consecución de los objetivos de la política económica, social y medioambiental del Gobierno. Unos ejes que serán adecuados y coherentes con las previsiones fiscales y las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre europeo y las recomendaciones específicas formuladas por la Comisión Europea. En concreto:

• Culminar el proceso de modernización del tejido productivo asociado a los fondos Next Generation, terminando de desplegar la Adenda y los proyectos estratégicos (PERTE) para situar a España a la vanguardia en las tecnologías del futuro, reforzando el sector industrial, revitalizando la apertura exterior de España, apoyando el crecimiento de las pymes y la estabilidad de los autónomos, facilitando su adaptación a la transformación digital y verde.
• Situar a la innovación y la ciencia como ejes centrales de nuestro modelo productivo, continuando con el firme compromiso para el fortalecimiento de la I+D+i, mejorando las condiciones laborales de los investigadores, fomentando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del ámbito científico, elaborando programas de financiación más flexibles y estables y menos burocráticos, e impulsando el desarrollo de nuevas infraestructuras de referencia internacional.
• Seguir impulsando una transición ecológica justa, desarrollando medidas para descarbonizar la economía y hacerla más circular y sostenible, mediante una política industrial verde que acelerará la transformación y modernización de los sectores económicos, promoviendo la reindustrialización de España. Se impulsarán, igualmente, las energías renovables, así como la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética.
• Reforzar la política de empleo, garantizando la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas trabajadoras e impulsando la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, el fomento de la igualdad y la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo.
• Fomentar un sector primario moderno y sostenible, dotándolo de ayudas para la innovación, formación y asesoramiento de las pequeñas y medianas empresas del mundo rural, impulsando la agricultura ecológica y regenerativa, así como el aumento de la biodiversidad preservando los ecosistemas y mejorando su resiliencia. Además, impulsar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a nivel nacional logrando una mayor vertebración del territorio.
• Avanzar en un mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía, adoptando medidas eficaces para el mantenimiento de precios justos de los alimentos y la energía, garantizando la sostenibilidad de las pensiones para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas, blindando la universalidad del Sistema Nacional de Salud, impulsando el fortalecimiento de la atención primaria e incrementando la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública.
• Garantizar el derecho a la vivienda aumentando el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una política de inversión pública a medio y largo plazo, integrando a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda, estableciendo mecanismos para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Continuar, asimismo, apostando por la movilidad sostenible y el transporte público. Facilitar el acceso al vehículo eléctrico e impulsar el transporte ferroviario asegurando la conectividad en todo el territorio.
• Reforzar el compromiso contra la violencia machista, a través de una dotación suficiente para garantizar la prevención, fortaleciendo la atención, protección y reparación a las víctimas, renovando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incrementando su eficacia abordando de manera integral las diferentes formas de violencia.
• Impulsar una política fiscal justa, que pueda hacer frente a los retos de una economía cada vez más globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude, permitiendo financiar servicios públicos y prestaciones sociales de calidad para el conjunto de la ciudadanía, orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social.
• Reforzar la educación pública avanzando en la financiación del sistema público, promoviendo, igualmente, la inclusión plena en el sistema de la educación de 0 a 3 años, abogando por una tolerancia cero frente al acoso, desarrollando una red pública de centros de formación profesional y, asimismo, facilitando el acceso universitario a las personas de menos recursos. Garantizar, además, el derecho a la cultura de todas las personas y en todos los territorios.
• Garantizar el futuro de la juventud, como representantes del progreso de las sociedades, a través del acceso a una educación pública e inclusiva, al empleo digno, estable y bien remunerado y del acceso a la vivienda asequible. Además, se avanzará en la protección a la infancia.

Las propuestas de los centros gestores se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 8 de julio de 2024. El objetivo del Gobierno es poder tener aprobadas las cuentas públicas de 2025 en tiempo y forma para beneficiar con sus políticas a la mayoría social del país.