El Gobierno considera esencial adaptar la Política de Cohesión a la nueva realidad socioeconómica y geopolítica de regiones y pueblos de la UE

El Gobierno de España ha destacado la importancia de la Política de Cohesión en el desarrollo social y económico de los estados miembros de la Unión Europea y considera imprescindible que su programación se adapte a la nueva realidad socioeconómica y geopolítica del conjunto de regiones y pueblos que conforman la UE.

De esta forma se ha expresado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien ha presidido el Consejo de Asuntos Generales (CAG) dedicado a Cohesión, celebrado hoy en Bruselas y en el que ha estado acompañada por la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Esta reunión sirve de broche de oro al semestre de Presidencia Europea a cargo de España.

Durante esta jornada, el conjunto de países ha aprobado las conclusiones del Consejo sobre el Futuro de la Política de Cohesión, que fueron debatidas en el grupo técnico, a raíz de la Reunión Informal de Ministros (RIM) celebrada en Murcia el pasado 29 de septiembre.

En este encuentro también se ha debatido acerca de los elementos necesarios para el cierre del periodo 2014-2020, así como sobre cómo puede contribuir la Política de Cohesión a la autonomía estratégica de la UE.

En su intervención, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha resaltado la importancia de la Política de Cohesión, considerada un pilar fundamental del proceso de integración de la UE, permitiendo la convergencia entre los Estados miembros y dentro de ellos. El objetivo principal y último de esta Política es "el desarrollo armonioso de todas las regiones" y que dicho desarrollo se produzca sin dejar a nadie atrás.

Para ello, se ha hecho eco de las conclusiones del Consejo sobre el Futuro de Política de Cohesión y ha reiterado la necesidad de que esta Política debe flexibilizarse para permitir su adaptación a las necesidades y a la idiosincrasia concreta de cada territorio y zona, con independencia de su PIB per cápita.

Por otro lado, el Consejo ha invitado a la Comisión y a los Estados Miembros a estudiar cómo medir y evaluar las necesidades específicas de los diferentes territorios. Todas las partes consideran imprescindible que esas políticas de Cohesión se adapten a la nueva realidad socioeconómica y geopolítica del conjunto de regiones y pueblos que conforman la UE y respondan mejor a las necesidades de desarrollo y convergencia.

María Jesús Montero, asimismo, ha considerado necesario mejorar la eficiencia en la asignación y la gestión de los recursos, con el objetivo de lograr la máxima calidad en la ejecución de los fondos. De esta manera, se pretende garantizar el control de esos fondos con los máximos estándares de prevención y lucha contra el fraude, pero minimizando lo más posible la carga burocrática, las duplicidades y las trabas administrativas para los Estados, regiones y localidades encargados de ejecutarlos.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha abogado por prestar especial atención en aquellas zonas que parten de una situación de desventaja, como las zonas rurales, aquellas afectadas por la transición industrial, las zonas despobladas, las transfronterizas, las montañosas o las ultraperiféricas.

Máxima absorción de fondos en el cierre del periodo 2014-2020

Durante esta jornada en Bruselas, los estados miembros han debatido sobre los instrumentos que son necesarios para garantizar la máxima absorción de los fondos de la Política de Cohesión de cara al cierre del periodo 2014-2020. El próximo 31 de diciembre es la fecha límite de elegibilidad de los gastos y seis meses después, el 30 de junio de 2024, finalizará el plazo para haberlos certificado y declarado.

En ese punto, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado la peculiaridad del periodo 2014-2020 en cuanto a la gestión y ritmo de ejecución de los fondos, que se han visto afectados por la COVID-19 y la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

De esta manera, ha reconocido que la puesta en marcha del programa REACT-EU supuso un incremento de recursos de los Fondos FEDER y FSE, pero contando con un periodo más corto para su ejecución.

María Jesús Montero ha resaltado la importancia de garantizar la máxima absorción posible de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, claves para el desarrollo de los territorios y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, de ahí la necesidad de acometer una certificación y declaración a tiempo. En ese sentido, la vicepresidenta cuarta ha abogado por maximizar la absorción de esos fondos de la Política de Cohesión con vistas al cierre del periodo. En ese sentido, considera que extender el periodo de certificación permitiría mejorar la gestión y maximizar la absorción de los recursos.

Fomento del arraigo de las empresas en la UE

Otro de los temas que se han abordado en el CAG dedicado a Cohesión ha sido cómo puede contribuir la Política de Cohesión al fomento de la soberanía y la autonomía estratégica de la Unión Europea.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha recordado el momento clave en el que vivimos para seguir posicionando la industria de la Unión Europea en los mercados internacionales, así como para garantizar el abastecimiento y suministro de bienes y servicios, toda vez que los cambios geopolíticos, tecnológicos y medioambientales que se están viviendo, como la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, generan tensiones añadidas a las grandes empresas de la industria europea.

Ha apuntado como retos que deben abordarse realidades como la deslocalización industrial o la dependencia de terceros países en ámbitos como la energía, los suministros sanitarios, las tecnologías digitales o la alimentación.

Asimismo, ha recordado que la política de competencia ha permitido la igualdad de oportunidades en la asignación de ayudas y recursos públicos. No obstante, para lograrlo, en ocasiones ha tenido que reducir la capacidad de participación de las empresas europeas en los grandes mercados internacionales. De esta forma, las grandes empresas afincadas en la Unión no siempre están siendo capaces de competir en términos de igualdad con los grandes gigantes internacionales.

Por este motivo, María Jesús Montero ha apostado por consolidar la competitividad y el liderazgo internacionales de la Unión Europea a largo plazo, fomentando su soberanía y su autonomía estratégica. Esto se puede conseguir ayudando al arraigo y garantizando que las grandes empresas de los sectores estratégicos del futuro se queden en suelo europeo.

En ese sentido, considera necesario propiciar un desarrollo industrial que, a su vez, redunde en el desarrollo económico del propio territorio. Por ello, ha destacado que la Política de Cohesión juega un papel fundamental a través de sus fondos FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión o el Fondo de Transición Justa.

Para María Jesús Montero, ayudar a estas empresas "revertiría no solo en su desarrollo, sino también en un mayor bienestar del conjunto de regiones de la Unión".

En esa línea, ha resaltado que un desarrollo industrial en sectores estratégicos, ayudado por los fondos de la Política de Cohesión, permitiría incrementar la competitividad internacional de las grandes empresas de esos sectores, como tractores de la creación de empleo y riqueza en el conjunto de regiones de la UE. Ello derivaría en una mayor autonomía estratégica, reduciendo las vulnerabilidades y dependencias externas, y además generaría también una mayor calidad de vida de los ciudadanos, y, en última instancia, reforzaría la soberanía europea.

Apoyo a los territorios rurales

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha valorado de forma positiva la adopción en el Consejo AGRIFISH celebrado el pasado 20 de noviembre de las recomendaciones estratégicas para apoyar a los habitantes de los territorios rurales europeos.

En esa fecha, los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural reconocieron el papel clave de las zonas rurales a la hora de contribuir a la pujanza económica de la UE, a las transiciones ecológica y digital, a la acción por el clima y a la preservación del patrimonio cultural de las comunidades locales.

También prestaron especial atención a la necesidad de reforzar el tejido social y económico de esas zonas y abogaron por utilizar todas las políticas e instrumentos relevantes de la UE para apoyar a esas zonas.