Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 superan por amplia mayoría el primer trámite en el Senado

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha resaltado la trascendencia de aprobar unos Presupuestos Generales que benefician a la mayoría social del país y que dotan de estabilidad política y certidumbre económica a España en un contexto complejo por la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, la ministra ha agradecido a los grupos políticos que han apoyado estas cuentas. En concreto, Montero ha resaltado que el pasado 24 de noviembre los Presupuestos fueron aprobados en el Congreso con el respaldo de diez partidos políticos. Una clara muestra de la capacidad de diálogo y acuerdo del Gobierno que continuará durante el Senado.

Asimismo, la titular de Hacienda ha resaltado el realismo y la prudencia de unos Presupuestos elaborados con unas previsiones avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y que también recibieron hace unos días el beneplácito de la Comisión Europea.

Durante su intervención en el Senado, la ministra de Hacienda y Función Pública ha resaltado que los Presupuestos de 2023 refuerzan el Estado del Bienestar al tiempo que mantienen el compromiso con la reducción del déficit público del 5% de 2022 al 3,9% del PIB el próximo curso y también de la deuda pública, con un descenso del 115,2% de este año al 112,4% de 2023.

Por ese motivo, la ministra Montero ha rechazado las críticas "catastrofistas" de la oposición y ha recordado que todas las instituciones prevén que España crecerá por encima de la media de la zona euro en 2022 y 2023. También ha señalado el dinamismo del mercado laboral con una creación de empleo de calidad, siendo uno de cada dos nuevos contratos firmados indefinidos.

Unas perspectivas económicas que, como ha resaltado la ministra, hacen de España un país atractivo para los inversores, que en las últimas semanas han anunciado inversiones por valor de 20.000 millones de euros que generarán alrededor de 100.000 empleos.

Medidas para combatir la inflación

Asimismo, las cuentas públicas recogen el mayor gasto social de la historia con 274.445 millones de euros incluyendo los fondos europeos. Si se excluyen las ayudas comunitarias se sitúa en los 266.719 millones de euros, lo que supone un 35,4% más que los Presupuestos de 2018, el último del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. De hecho, en los Presupuestos de 2023 se alcanzan cifras récord de financiación en becas al estudio, dependencia, sanidad o lucha contra la violencia machista.

Estos Presupuestos también responden a los problemas del alza de precios derivados de la invasión rusa de Ucrania. Así, aumentan la protección de las clases medias y trabajadoras con la gratuidad del transporte de Cercanías, Rodalies o Media Distancia, así como medidas para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, una decisión compatible con la sostenibilidad del sistema, ya que por primera vez en 13 años se incorporan recursos al Fondo de Reserva de las pensiones con 2.957 millones de euros.

También los colectivos más vulnerables verán aumentado el Ingreso Mínimo Vital un 8,5%, lo que beneficiará a 1,2 millones de personas. Por su parte, el IPREM, el índice de referencia utilizado para la concesión de numerosas ayudas, aumentará un 3,6% y se situará en los 600 euros. Además, el bono social térmico se eleva en 102 millones.

Por su parte, se rebajará del 25% al 23% la tributación en el Impuesto sobre Sociedades a las pymes que facturen menos de un millón de euros. Una medida que se complementa con la tramitación de una Proposición de Ley para que las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas aporten más con el objetivo de lograr un reparto justo de la crisis.

Por último, los Presupuestos tienen como prioridad impulsar la transformación del modelo productivo gracias a 25.156 millones de fondos europeos entre las anualidades del Mecanismo de Recuperación, el REACT-UE y la adenda, una vez que se han conocido las cantidades definitivas que asigna la UE en concepto de fondos europeos.