El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2022

El Plan Presupuestario se remite a Bruselas días después de que el Gobierno haya enviado al Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, lo que da inicio a su tramitación parlamentaria, que se prolongará en lo que resta de año para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Por ello, el documento enviado a la Comisión recoge las medidas de ingresos y gastos que contiene el PGE. Asimismo, se incluye la información relativa a la evolución económica del país, sus previsiones y datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2021.

El informe explica a los socios comunitarios que las cuentas públicas para el próximo ejercicio tienen el foco en el apoyo a una recuperación justa tras la pandemia, la transformación del modelo productivo y la construcción de un desarrollo más sostenible y resiliente, más verde, más digital y con mayor cohesión social y territorial.

El documento refleja también el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y contempla la reducción del déficit público y la deuda, cuyas ratios bajarán como efecto del crecimiento económico.

Previsión de ingresos

El Plan Presupuestario de 2022 recoge que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 39,8% del PIB. En términos de volumen, los ingresos ascenderán a los 522.264 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,6%.

En la medida en que el crecimiento de la economía será superior a la recaudación, la ratio de ingresos sobre PIB se reduce respecto a 2021, cuando se situará en el 41,3%.

Los ingresos por impuestos alcanzarán los 298.801 millones de euros en términos de contabilidad nacional, de acuerdo con las previsiones contempladas en el Plan Presupuestario de 2022, lo que supone un aumento del 4,9% respecto a 2021. Esta mejora se explica por la expansión de las bases imponibles, así como por el impacto de las medidas normativas aprobadas en 2020 y 2021 y que extenderán su efecto de diferentes maneras al año 2022.

Los impuestos sobre la renta y la riqueza presentan menores tasas de crecimiento que la recaudación tributaria sobre la producción y las importaciones. Ello, debido a que las políticas de sostenimiento de las rentas de los trabajadores adoptadas por el Gobierno durante la pandemia para mitigar las consecuencias de la crisis han proporcionado una mayor estabilidad a los resultados de los tributos sobre los ingresos y el patrimonio.

De esta manera, se estima que los ingresos sobre la renta y la riqueza ascenderán en 2022 a los 145.723 millones de euros en términos de contabilidad nacional, frente a los 141.054 millones de 2021, lo que supone un incremento del 3,3%. La recaudación del IRPF se verá impulsada tanto por la evolución de las bases como por el efecto de los tipos sobre las rentas más altas aprobada en los PGE de 2021.

La mejora esperada de la recaudación del Impuesto de Sociedades obedece al crecimiento previsto de los beneficios empresariales, a las menores devoluciones y por el efecto positivo de la limitación de las exenciones por doble imposición a los dividendos y plusvalías introducidas en los PGE de 2021.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecerán a tasas superiores, por la positiva evolución estimada del consumo nacional privado, así como por efecto de nuevas medidas tributarias adoptadas, como el Impuesto sobre Transacciones Financieras, la nueva figura que grava servicios digitales y el nuevo impuesto sobre los plásticos. Y también la buena evolución de la demanda doméstica es la que justifica el mayor rendimiento previsto para el IVA.

También por el lado de los ingresos, la mejora del empleo redundará, por su parte, en que el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB se situará en el 13,2% en 2022, una cifra similar al 12,9% de 2019, antes del estallido de la pandemia.

En cuanto al resto de los ingresos corrientes, se prevé un incremento del 1,8%, lo que implica una recuperación progresiva de los niveles de 2019, gracias a la mejora de los ingresos por dividendos e intereses.

Medidas tributarias adoptadas contra la Covid

El Plan Presupuestario también ha contabilizado en 600 millones de euros el impacto de las medidas fiscales adoptadas en 2021 para combatir la pandemia, entre las que se encuentran la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas del 21% al 4%; la aplicación de un IVA del 0% a las importaciones de bienes sanitarios para luchar contra la Covid-19; las medidas fiscales adoptadas en apoyo de los autónomos; y la opción de aplicar la estimación directa a los pagos fraccionados en Sociedades.

A ello hay que sumar otras medidas tomadas a lo largo del año 2021 para rebajar el recibo de la luz y cuyo impacto recaudatorio se estimó en 2.000 millones de euros.

Modificaciones tributarias para el año 2022

El Plan Presupuestario de 2022 remitido este viernes a Bruselas recoge, asimismo, las nuevas medidas fiscales que recoge el Proyecto de Presupuestos aprobado en Consejo de Ministros el 7 de octubre y remitido al Congreso de los Diputados el pasado día 13.

En el IRPF, en primer lugar, los Presupuestos contemplan la minoración del límite general de reducción aplicable a la base imponible por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones desde los 2.000 a los 1.500 euros.

En segundo lugar, recogen el incremento del límite de reducción por aportaciones a planes de pensiones desde los 8.000 a los 8.500 euros, no sólo mediante la realización de contribuciones empresariales, como ya sucede, sino también con aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social, siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe a la respectiva aportación del empresario. Ello, con dos objetivos: la mejora de la progresividad del impuesto y promover el esfuerzo compartido entre trabajadores y empresas y el impulso de los planes de pensiones de empleo, el "segundo pilar" del modelo de pensiones según acuerdo del Pacto de Toledo.

Estas medidas supondrán un incremento de la recaudación de 77 millones de euros, cuyos efectos se verán a partir del segundo trimestre de 2023, cuando se comiencen a presentar las declaraciones del IRPF, correspondientes al ejercicio 2022.

En el Impuesto de Sociedades se establece un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de grupos consolidados o de compañías cuya cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, lo que supone que no afectará a las pequeñas y medianas empresas.

Para las compañías de nueva creación, ese tipo mínimo será del 10%, mientras que para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos la tributación mínima será del 18%.

También en el Impuesto de Sociedades se recoge una reducción en el porcentaje de bonificación a de las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas, que pasa del 85% al 40%, con objeto de que el tipo mínimo del 15% sea de aplicación también a las empresas dedicadas a este negocio.

Los cálculos de Hacienda contemplan un aumento recaudatorio de 421 millones de euros por los cambios introducidos en Sociedades en los PGE de 2022.

El Plan Presupuestario también recoge la intención del Gobierno de realizar una reforma en profundidad del sistema tributario español para favorecer el crecimiento, la creación de empleo y la mejora de la competitividad. A esos efectos se constituyó el comité de personas expertas para la reforma fiscal el pasado mes de abril con un doble objetivo: realizar un análisis del sistema tributario y la propuesta de las reformas que convendría realizar. El comité publicará sus conclusiones en febrero de 2022. En todo caso, éstas deberán atender los principios fundamentales marcados por el Gobierno: la consolidación fiscal, la seguridad jurídica, la simplificación y modernización del sistema, la potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas, además de que tendrán que ser acertadas en cuanto al momento apropiado en que cada modificación entre en vigor para que no se frene la recuperación de la economía.

Previsión para los gastos

En cuanto al gasto, el Plan Presupuestario prevé que su peso sobre el PIB baje hasta el 44,7% en 2022 desde el 49,6% previsto en 2021 y el 52,4% alcanzado en 2020 por la fuerte caída de la economía que provocó la pandemia y las medidas de apoyo a familias y empresas que adoptó el Gobierno para mitigar las consecuencias de la recesión.

En cuanto al gasto público por funciones, la Educación representará el 9,2% del total, frente al 9% que se prevé que suponga en 2021. Ello obedece al presupuesto de más de 5.000 millones de euros con que contará la política educativa en 2022, una cifra inédita, como lo es también la partida para becas, que rozará los 2.200 millones de euros.

También el gasto en Sanidad incrementará su peso en el total del gasto del Estado, al representar en 2022 el 14,6% del total, frente al 14,4% de 2021. El peso del gasto sanitario en términos de PIB será del 6,6% el próximo ejercicio.

El Plan Presupuestario también recoge la revalorización del 2% de los salarios de los empleados públicos previsto en los PGE de 2022, así como la tasa de reposición, que oscila entre el 110% y el 125% en función de los colectivos.

Los consumos intermedios registrarán una ligera disminución en 2022, debido a la menor necesidad de gasto en adquisición de material sanitario y en los servicios relacionados con la lucha contra la pandemia. De esta manera, el año que viene esta rúbrica se situará en niveles similares a los de 2019: el 5,2% del PIB.

Las transferencias sociales, de acuerdo con el Plan Presupuestario, cerrarán 2022 con un peso del 19,9% sobre el PIB, aún más de un punto porcentual por encima de 2019, pero por debajo del 23,4% en que se situaron en 2020, como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia y la caída de la economía sufrida ese año.

Las prestaciones monetarias, que incluyen pensiones y desempleo, subirán un 0,6% el próximo año, debido al incremento de las pensiones contributivas de acuerdo al IPC con el objetivo de que sus perceptores mantengan su poder adquisitivo y al aumento del 3% de las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Además, también aquí se contempla la extensión de las prestaciones por ERTE y ceses de actividad en los meses de enero y febrero de 2022.

El gasto en subvenciones, tras bajar un 13,3% en 2021, caerá otro 24,1% en 2022, debido a la recuperación del mercado de trabajo y a la reducción de las personas sujetas a ERTEs y a ceses extraordinarios de actividad en el caso de los autónomos, ya que las exoneraciones de cuotas se computan como gasto en subvenciones. De esta forma, su peso sobre el PIB volverá a colocarse en niveles pre-pandemia: el 1,1% del PIB.

En el punto álgido de la pandemia, en España llegaron a encontrarse en situación de ERTE 3,4 millones de trabajadores, una cifra que actualmente ha bajado del umbral de las 250.000 personas. Ello explica la reducción de la partida en subvenciones.

El gasto en intereses del conjunto de las Administraciones Públicas continuará reduciéndose hasta alcanzar hasta alcanzar el 2% del PIB en 2022, frente al peso del 2,3% del PIB que tenía en 2019. Ello obedece a la reducción tanto de los costes de financiación de la deuda como a la reducción de las necesidades financieras del Estado por la caída del déficit que se prevé para los próximos ejercicios.

Reducción del déficit y de la deuda

El documento remitido a Bruselas refleja el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, a pesar de que persiste la suspensión de las reglas fiscales en España, en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener activa la cláusula de salvaguarda con objeto de dar margen a los Estados para que prosigan con sus políticas de apoyo a la economía hasta que la recuperación se asiente.

Ese compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal se refleja en las tasas de referencia de déficit orientativas que se reiteran en el Plan Presupuestario y que dibujan una senda descendente desde el nivel alcanzado en 2020 como consecuencia de la caída del PIB y del incremento del gasto asociado a las medidas extraordinarias puestas en marcha para combatir los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Así, desde el 11% de déficit de 2020, se prevé que en 2021 baje hasta el 8,4%, y hasta el 5% en 2022. Ello supone una reducción de esta tasa a la mitad en dos años. La reducción continuará en 2023 y 2024, ejercicios en los que bajará hasta el 4% y el 3,2%, respectivamente.

La Administración Central será la que mayor proporción del déficit asuma. Y, por ejemplo, en 2022, de los 5 puntos, explicará 3,9 puntos. Ello, debido a que el Gobierno Central ha tomado la decisión de apoyar al resto de subsectores para que no tengan problemas de liquidez: a las Comunidades Autónomas, con transferencias extraordinarias para que puedan prestar los servicios básicos del Estado del Bienestar con una calidad excelente, al igual que a las Entidades Locales; y a la Seguridad Social, para asumir gastos impropios y garantizar el sistema público de pensiones.

Precisamente, después de las cotizaciones, las aportaciones del Estado constituyen el concepto de mayor peso en el Presupuesto no financiero de la Seguridad Social. En el año 2022, dichas aportaciones alcanzarán los 36.276 millones, un 16,4% más que en 2021. Destacan las transferencias a la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo en 2020, por importe de 18.396 millones, cifra 4.467 millones superior que la de 2021, con objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.

También continuará el apoyo financiero a las Comunidades Autónomas, con una transferencia extraordinaria de 7.004 millones de euros, que incluye la compensación por el impacto del SII IVA en la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2017 y la neutralización de los efectos de las posibles liquidaciones negativas de 2020.

La mejora del déficit público también tendrá su reflejo en los datos de deuda, cuya ratio bajará el próximo año del 119,5% al 115,1%.

Plan de Recuperación

El Presupuesto de gastos del Estado para 2022 incluyen la inyección de 27.633 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Son recursos que se destinarán a sentar las bases para un crecimiento más sostenible, duradero, equilibrado y socialmente justo. El carácter transformador del plan se refleja en las partidas que alimentan los recursos comunitarios: el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con una dotación de 5.874,6 millones de euros; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concentra 4.876 millones; y el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene dotados 4.378,1 millones.

Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son política industrial (3.184 millones); rehabilitación de vivienda (2.839 millones; plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones); e impulso a la pyme (2.140 millones).

La cogobernanza domina en la gestión de los fondos europeos. Así lo reflejan las cifras remitidas a Bruselas. En concreto, se prevén transferencias a las Comunidades Autónomas por valor de 8.712,1 millones de euros, un 30,7% más que el año pasado; mientras que a las Entidades Locales se les realizarán transferencias de 2.050,2 millones de euros, un 57,9% más que en 2021.