Los Presupuestos Generales del Estado superan su primer trámite en el Senado

Las cuentas públicas cumplen un trámite más, después de que el pasado 25 de noviembre obtuvieran el aval del Congreso de los Diputados con el respaldo de hasta once formaciones políticas.

Después de superados los vetos, el siguiente paso para los PGE de 2022 es el debate en la Comisión de Presupuestos del Senado, que elaborará un Dictamen que se votará en el próximo pleno de la Cámara Alta, previsto para dentro de dos semanas.

El objetivo del Gobierno es que las cuentas públicas se aprueben de tal manera que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2022, tal y como ocurrió con los PGE de 2021, que comenzaron a regir el primer día de este año. No se aprobaban dos PGE de dos años consecutivos en tiempo y forma, para su entrada en vigor coincidiendo con el comienzo del ejercicio, desde mediados de la década pasada. Se trata de un hito mayor, además, teniendo en cuenta que ambas cuentas públicas las ha elaborado un Ejecutivo de coalición, experiencia inédita hasta esta legislatura en los 43 años que han transcurrido desde la aprobación de la Constitución.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido que los Presupuestos tienen el objetivo de ampliar las bases de crecimiento de la economía española y mejorar su productividad y competitividad. También ha puesto de relieve que cuenten con el consenso de once formaciones políticas, lo que traslada un potente mensaje de confianza y estabilidad. Además, Montero ha valorado que durante el trámite de las cuentas en el Congreso se hayan incorporado enmiendas importantes para otros grupos políticos y beneficiosas para el interés general.

Montero ha agradecido la disponibilidad de todos los grupos que han mostrado su apoyo a los Presupuestos, así como su disposición a intentar llegar a acuerdos. La ministra ha destacado su responsabilidad y su compromiso con la búsqueda del bien común.

Unos PGE para canalizar los fondos europeos

La superación de este trámite en el Senado por parte de las cuentas públicas sucede después de que el pasado 3 de diciembre la Comisión Europea emitiera un dictamen preliminar favorable respecto al cumplimiento de los 52 hitos ligados al primer desembolso del Plan de Recuperación de 10.000 millones de euros, lo que convierte a España en el país más avanzado en su ejecución.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, como los de 2021, son la herramienta que canalizan los fondos europeos. También son los que hacen posible que se continúe prestando un apoyo extraordinario a las diferentes entidades territoriales. Así, las comunidades autónomas, al margen del sistema de financiación, percibirán 7.000 millones de euros extra. En total, contarán con un total de 126.500 millones de euros en recursos, sumando además los procedentes del sistema de financiación y los fondos europeos. Y los ayuntamientos ingresarán 1.228 millones de euros de forma extraordinaria, con lo que el conjunto de la financiación con la que contarán crecerá un 17% interanual.

Son inyecciones económicas que tienen como objetivo blindar y ampliar las bases del Estado del Bienestar, muchos de cuyos servicios son competencia de autonomías y entidades locales. Ese objetivo del Gobierno, el garantizar la calidad de los servicios públicos, también se manifiesta en el hecho de que el gasto social alcanza máximos históricos en las cuentas de 2022, con 240.375 millones de euros, con prioridades como el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la actualización del Ingreso Mínimo Vital, la protección a la familia y a la infancia, la lucha contra la violencia de género, la excelencia de la sanidad y la educación públicas o las políticas destinadas a la juventud por un total de 12.550 millones.

Los Presupuestos de la recuperación justa también incluyen una inversión productiva récord, por valor de más de 40.000 millones de euros, con, por ejemplo, cerca de 13.300 millones de euros para Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización, casi el doble que en 2020, además de partidas para comercio, turismo y pymes, que crece un 32,1%; para industria y energía, que se dota con 11.316 millones; o para el sector agrícola y pesquero, que llega a los 8.844 millones.

Reducción del déficit apoyada en la mejora de los ingresos

Estas inversiones social y productiva históricas son compatibles con la reducción del déficit hasta el 5% en 2022, lo que significa que en dos años se habrá reducido a menos de la mitad, y con la caída de la deuda en cuatro puntos en un solo año. Ello supone el mantenimiento del compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que es una garantía para el mantenimiento de un Estado de Bienestar fuerte.

Ello será posible porque la recuperación económica y la política de protección de rentas están incrementando la recaudación tributaria. De hecho, la ministra de Hacienda avanzó que España está en disposición de cumplir la previsión de recaudación tributaria incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, algo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no logró en los siete años que gobernó. Siempre recaudó menos de lo que presupuestó.

Con vistas al próximo año, se calcula un crecimiento del 8,1% en los ingresos tributarios, una previsión prudente, ya que se prevé una expansión del 8,6% para el PIB nominal.

En cuanto a las medidas fiscales, las cuentas del próximo año incluyen sólo pequeñas modificaciones: se establece el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, de acuerdo con el consenso alcanzado a nivel internacional, para las empresas con facturación superior a los 20 millones de euros o que constituyen un grupo consolidado; se refuerza el incentivo fiscal para los planes de pensiones de empleo y se minora el límite general de reducción por aportaciones a planes de pensiones individuales, ambas medidas siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo; y se prorrogan los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos en el IRPF y en el IVA.