El Gobierno ultima el Fondo COVID-19 de 16.000 millones para las comunidades autónomas, que financiará los gastos de la pandemia y compensará la caída de ingresos

El Gobierno ultima el Real Decreto-ley del nuevo Fondo COVID-19 de 16.000 millones para las comunidades autónomas (CCAA), con el que financiará los principales gastos provocados por la pandemia y también compensará la caída de los ingresos autonómicos por la menor actividad. Se trata de una medida sin precedentes que garantiza a las comunidades los recursos necesarios para seguir afrontando las consecuencias generadas por la emergencia del COVID-19.

El objetivo del fondo es evitar un deterioro de las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas y así garantizar que puedan ofrecer servicios públicos esenciales de calidad en materias tan sensibles para los ciudadanos como la sanidad o la educación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado en la decimotercera conferencia de presidentes autonómicos de los detalles y avances que se han producido en la configuración de dicho fondo. De hecho, durante las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda ha escuchado las propuestas que le han transmitido las comunidades autónomas y los partidos políticos para incluir sus aportaciones a la hora de establecer la distribución y criterios de reparto del fondo.

Por ese motivo, la mayor parte del fondo -más de la mitad- se destinará a gasto sanitario. Se trata de 9.000 millones que se dividirán en dos tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio y un segundo tramo de 3.000 millones se transferirá en noviembre. En ambos casos se tendrá en cuenta el impacto de la pandemia en cada región y para ello los criterios de reparto se basarán en hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas. Otra variable que se tendrá en cuenta es la población protegida equivalente.

También se habilitarán 2.000 millones de euros para gastos de educación, que se abonarán en septiembre. Esta partida es fruto de las conversaciones mantenidas con las CCAA y también responde a las peticiones de las familias en un contexto en el que será necesario reforzar los recursos de los centros educativos cuando España entre en la nueva normalidad.

Por último, el fondo contempla un tramo de 5.000 millones que se repartirán entre las CCAA de régimen común en base a criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica. En esta partida se incluye una cantidad específica, de 800 millones de euros, para el gasto del transporte, una reclamación que también trasladaron varias Comunidades Autónomas al detectar la caída de la facturación de los servicios de transporte de viajeros.

La propuesta final de reparto de este importe deberá decidirse en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que tiene como principal misión coordinar la gestión de los tributos cedidos.

Más financiación

El Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más.

Estos mayores recursos se producen gracias a que el Gobierno calculó la actualización de las entregas a cuenta con una estimación de crecimiento del 1,6% del PIB. Es decir, sin tener en cuenta el impacto de la pandemia. Asimismo, el Gobierno transfirió a las comunidades 300 millones para el Fondo Social Extraordinario y otros 25 millones de euros adicionales para las becas comedor.

En total, incluyendo el Fondo COVID-19, el incremento de los recursos del sistema de financiación y otros conceptos como el Fondo Social Extraordinario, las comunidades recibirán este año 24.532 millones de euros adicionales. De esta forma, el Gobierno ha protegido como nunca antes la financiación de las CCAA en un momento en el en el que era necesario garantizar el funcionamiento del Estado de bienestar.