Albares llama a consultas a la embajadora de España en Nicaragua

Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes.

Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.

El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.