El objetivo, tal y como ha explicado durante su visita el IES Politécnico Jesús Marín en Málaga, es contar con 50 centros repartidos por toda la geografía española, y en esta primera convocatoria, que se lanzará en las próximas semanas, la previsión es seleccionar a los 20 primeros.
Estos centros, cuya titularidad seguirá siendo de las comunidades autónomas, deberán cumplir una serie de requisitos relativos a la implicación en la docencia, la innovación y la colaboración con los agentes económicos de cada sector, y obtendrán financiación de hasta un millón de euros cada uno, 50 millones en total, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"La Formación Profesional es un asunto fundamental para este Gobierno. Cuando hablamos de Formación Profesional, hablamos de oportunidad para nuestros jóvenes de recibir una formación de calidad que les dé una puerta clara hacia empleos estables y remunerados, y una oportunidad para nuestros trabajadores y trabajadoras en el reconocimiento de su experiencia y capacidades", ha señalado la ministra.
Una ley de consenso para una nueva Formación Profesional
Esta red de excelencia responde a uno de los objetivos de la transformación de la Formación Profesional que está llevando a cabo el Gobierno, la innovación, plasmado tanto en el Plan de Modernización de la FP como en el texto de la futura Ley de FP, cuya aprobación definitiva se espera para el próximo mes de marzo.
La norma, clave para la transformación económica y social del país y para ofrecer a los jóvenes empleos de calidad y bien remunerados, es fruto de la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional con los empresarios, los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y demás actores implicados en el FP.
"La Ley de Formación Profesional se aprobó en primera vuelta en el Congreso demostrando que es una ley de consenso y de acuerdo", ha destacado la ministra. "No solo desde el punto de vista político y parlamentario, sino también con los agentes sociales y empresariales, que nos demandan que la pongamos en marcha lo antes posible. Ojalá sea posible la unanimidad a la hora de aprobarla en el Senado", ha añadido.
Mensaje de tranquilidad
Alegría ha mantenido además un encuentro con estudiantes del proyecto 'FP visible, FP de calidad', que desarrolla el centro malagueño IES Profesor Isidro Sánchez. Fue la profesora responsable de esta iniciativa, Patricia Santos, quien invitó a la ministra el pasado mes de octubre, en un acto celebrado en Valladolid, a entrevistarse con sus alumnos.
Durante la visita, la ministra ha reiterado que "los centros educativos son espacios seguros y lo hemos visto a lo largo de esta pandemia. El curso pasado teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar y aun así apostamos por la presencialidad. Ahora seguimos defendiéndola como la garante del verdadero derecho a la educación de nuestros hijos e hijas, y también por su bienestar emocional", ha explicado a los medios de comunicación.
Tras dos semanas desde que se reiniciaran las clases después de las vacaciones, 1.962 aulas de las 405.181 existentes están cerradas (un 0,49% del total de los datos reportados por las comunidades autónomas) y solo siete centros están cerrados (un 0,03% del total).
Según los datos aportados por las comunidades autónomas, hay 24.742 docentes aislados por positivo en COVID o en cuarentena, lo que supone el 4,28% del total. En el caso de los estudiantes, 262.451 están en cuarentena; un 3,77% del total.
"Las escuelas no son elementos ajenos a la realidad. Los contagios suben estos días porque es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, pero las cosas se están haciendo bien gracias al trabajo de docentes y familias, los protocolos se están siguiendo y eso nos permite mantener los centros abiertos, a diferencia de lo que pasa en otros países", ha señalado Pilar Alegría.