Celaá propone un pacto para que el gasto en educación se mantenga al margen de coyunturas económicas o alternancias políticas

Tras ser presentada por la secretaria general del PSE-EE PSOE, Idoia Mendia, Isabel Celaá ha explicado los pilares de la nueva ley de educación que llegará a la Cámara Baja en las próximas semanas, una vez que la apruebe el Consejo de Ministros.

"El proyecto de ley que pronto remitiremos al Consejo de Ministros se ha beneficiado y enriquecido respecto al anteproyecto original con múltiples aportaciones, reuniones bilaterales y multilaterales, con los equipos de diez comunidades autónomas, con sus consejos escolares y con propuestas de otros ministerios", ha detallado la ministra y portavoz del Gobierno.

Celaá ha destacado que el nuevo texto legal viene a restablecer el equilibrio del sistema educativo, que permaneció estable entre 1990 y 2013, hasta que se aprobó la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).

La nueva ley se apoya en cinco enfoques fundamentales. En primer lugar, el proyecto incorpora el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989). "Es la primera ley educativa en hacerlo", ha subrayado la ministra.

En segundo lugar, el texto plantea un enfoque transversal, orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. En tercer lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible, los derechos humanos y la educación intercultural de acuerdo con la Agenda 2030.

En cuarto lugar, adopta un enfoque transversal de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. Y en quinto lugar, la ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en la sociedad y que afecta a la actividad educativa.

Impulso estratégico a la FP

La ministra también ha recordado el impulso estratégico que está dando el Gobierno a la Formación Profesional. Entre las principales líneas de actuación, destaca la mejora del diseño de las cualificaciones profesionales, que son la base para la posterior elaboración de la oferta de títulos de FP y de certificados de profesionalidad.

También se está prestando especial atención a sectores y competencias emergentes, en concreto, al tránsito a la industria 4.0, que se refiere a la cuarta revolución industrial, a la aplicación de procesos de economía circular y al uso de redes de comunicación 5G, entre otras competencias.

Una tercera línea se corresponde con la mejora de la integración del actual sistema de FP, es decir, de la Formación Profesional del sistema educativo y de la FP para el empleo desde el ámbito laboral. Entre las prioridades también está el compromiso de alinear el Marco Español de Cualificaciones (MECU) en sus niveles no universitarios con el Marco Europeo (EQF).

Otro objetivo pasa por elaborar un marco normativo que regule de forma específica la oferta de FP Dual del sistema educativo y, por último, impulsar una orientación vocacional y profesional desde el sistema educativo. "Tenemos un buen sistema de Formación Profesional pero necesitamos mejorarla, aumentar su cobertura y, sobre todo, agilizar su adaptación continua a las nuevas necesidades", ha recalcado Celaá.

Un 5% del PIB antes de 2025

La ministra también se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, en los que se van a destinar 150 millones de euros más para el sistema general de becas y ayudas al estudio, hasta llegar a los 1.620 millones de euros, logrando la dotación más alta de la serie histórica de la democracia. Además, se duplican las ayudas para la cobertura de libros de texto, beneficiando a la infancia más vulnerable.

Celaá ha explicado las previsiones de gasto en educación a medio plazo. "Me propongo trabajar con todos los partidos políticos para llegar a un pacto sobre el marco de crecimiento del gasto en educación para que esté al margen de recortes, fruto de coyunturas económicas o alternancias políticas y permita alcanzar, antes de 2025, el suelo de un 5% del PIB en gasto público educativo", ha señalado.

"Este debe ser el auténtico pacto educativo. Un pacto que blinde la inversión en becas, educación, ciencia y universidades para converger con la media europea de inversión", ha añadido.