Derechos Sociales y Agenda 2030 finaliza el año 2022 con sus principales compromisos cumplidos

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 finaliza el año 2022 con sus principales compromisos cumplidos, entre ellos la tramitación de la Ley de Familias, una de las leyes que cambiará más profundamente la situación de la conciliación y los cuidados de nuestros los hogares y la Ley de Protección Animal, pionera en nuestro país, y con el acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la dependencia finalmente aprobado. Además, el departamento ha conseguido ejecutar este año el 99,4% de su compromiso de presupuesto. Estos son los principales hitos cumplidos en el 2022:

Ley de Familias

Se trata de una de las normas centrales de la legislatura y que en este año 2022 ha visto comenzada su tramitación, para que culmine a lo largo de 2023. La Ley de Familias viene a remediar carencias históricas que se estaban dando en nuestro país en materia de conciliación y de cuidados y garantiza la protección a todas las familias con medidas como la ampliación de los permisos para cuidados y las prestaciones para familias, la extensión a más familias de la protección que hasta ahora se reservaba a las numerosas o la equiparación de los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios.

Una de las novedades más relevantes y que más facilitará la conciliación de las familias es la creación de nuevos permisos de cuidado con un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente, que los trabajadores o trabajadoras podrán utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo; un permiso parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años y un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata, que será de cuatro días retribuidos al año y que se podrá disfrutar por horas.

Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales

La Ley de Protección y Derechos de los Animales, junto con la modificación del Código Penal, ambas iniciativas pioneras en nuestro país, buscan luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales. Gracias a la norma impulsada por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se castigará, por primera vez, el maltrato animal con más de un año de prisión y hasta 36 meses en caso de muerte.

La norma, que se encuentra actualmente en su tramitación parlamentaria, prohíbe las peleas de gallos, el tiro al pichón, el uso de pinchos o collares que ahorquen, aparatos eléctricos que causen daños o llevar animales atados a vehículos a motor en marcha. Los zoológicos y delfinarios se irán reconvirtiendo progresivamente en centros de recuperación de especies autóctonas. Además, acaba con la comercialización de animales en las tiendas de mascotas y con su exposición al público con fines comerciales y la cría sólo podrá llevarse a cabo por criadores autorizados.

Se creará el Registro Nacional de Animales de Compañía y una Estadística Nacional de Bienestar Animal para contar con datos oficiales de abandonos, maltrato o adopciones. La identificación y vacunación de los animales de compañía serán obligatorias.

Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia

Mediante un acuerdo con las comunidades autónomas a través del Consejo Territorial, el departamento aprobó definitivamente el acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y del Sistema de Atención a la Dependencia. Desde su aprobación y hasta 2029, se erradicará el modelo de macro residencias, ya que los centros tendrán un tamaño máximo de entre 75 y 120 plazas, según su localización.

La propuesta acordada por Derechos Sociales establece que los centros residenciales tendrán que ser más parecidos a un hogar, estableciendo unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, que contarán con espacios comunes como un salón o una cocina. Asimismo, se incrementará de manera progresiva los trabajadores y las trabajadoras de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos un trabajador por cada dos personas atendidas. También se establece la atención libre de sujeciones y se redobla la apuesta por la atención domiciliaria.

Reversión de recortes en Dependencia

En cuanto a la mejora del sistema de dependencia en nuestro país, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también aprobó junto con las Comunidades Autónomas la reversión de los recortes en materia de dependencia que se dieron en nuestro país en el 2012 y 2013. A través de la modificación del Real Decreto 1051/2013, las personas en situación de dependencia de grado I tendrán acceso a atención residencial si lo desean, se facilita el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, se incrementan las cuantías máximas y se establecen cuantías mínimas en las prestaciones económicas y se incrementan la intensidad de las horas mínimas de la ayuda a domicilio

En línea con el compromiso del gobierno por mejorar el sistema de dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023, 1.800 millones (600 millones anuales) de su presupuesto para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar los apoyos y la atención a las personas en situación de dependencia de nuestro país. Cifras históricas de inversión en materia en nuestro país ya que entre esta aportación estatal y apuesta del gobierno por el cambio de modelo de cuidados gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la inversión total en este ámbito alcanzará los 4.600 millones de euros.

Otras medidas

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales no ha dejado de trabajar en la protección y la ampliación de derechos de la infancia y la adolescencia. En este sentido, a lo largo de 2022 aprobó la Estrategia de erradicación de la violencia infantil, que desarrolla las medidas de protección y prevención de violencia mandatadas en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada de 2021. A lo largo de este año el departamento también materializó el Plan de Garantía Infantil, un plan de acción para sacar a 713.000 menores de nuestro país de la pobreza, y que España deje de ser uno de los países de la UE con una mayor tasa de pobreza infantil. Asimismo se aprobó la Nueva Estrategia de Juventud 2030, un plan que propone un nuevo acuerdo social con 12 ejes temáticos, para que los jóvenes tengan una mejor sanidad y educación pública, empleos dignos y una vivienda para emanciparse, entre otros asuntos.

En cuanto a la situación de los menores migrantes no acompañados en nuestro país, Derechos Sociales destinó un total de 35 millones de euros a las comunidades autónomas para su acogimiento desde Canarias, Ceuta y Melilla en el resto de Comunidades Autónomas de la península. Esta financiación ha permitido la protección de 400 niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos en el año 2022. También se han dado importantes avances en materia de discapacidad desde la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. En octubre, se aprobó el nuevo baremo de reconocimiento de la discapacidad, por el que el Gobierno dio respuesta a una demanda de las personas con discapacidad que llevaba 10 años bloqueada: el trámite de urgencia para el reconocimiento por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud y de esperanza de vida, como las personas con enfermedades como la ELA. En línea con la ampliación de derechos de las personas con discapacidad se aprobó de igual manera el anteproyecto de Ley de Accesibilidad, una iniciativa que transpone varias directivas, entre las que se encuentra la conocida como Acta Europea de Accesibilidad. Gracias a esta norma, de las cerca de 4,38 millones de personas con discapacidad que residen en nuestro país dispondrán de productos y servicios más accesibles, como el teléfono de emergencia 112, garantizando sus derechos como clientas, consumidoras y usuarias y permitiendo su libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea.