El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 culmina el 2021 con una inversión histórica en dependencia de 1.335 millones de euros

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cierra el año 2021 con varios de sus principales compromisos cumplidos, entre ellos la aprobación definitiva de la Ley de Infancia, que supone un cambio de paradigma en la protección de niños, niñas y adolescente frente a cualquier tipo de violencia, y una inversión histórica en dependencia de 1.335 millones de euros para reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, entre otras cuestiones. Además, el departamento ha conseguido ejecutar este año el 98,64% de los 910 millones de euros de Fondos Europeos destinados a transformar el sistema de cuidados de larga duración de nuestro país. La ministra Belarra también ha culminado el año con la Ley de Familias y la de Protección animal listas para su aprobación en el Consejo de Ministros. Estos son los principales hitos cumplidos en el 2021:

Aprobación definitiva LOPIVI

Avance histórico en los derechos de la infancia tras la aprobación definitiva de la conocida como Ley Rhodes, que ha supuesto la creación en el último semestre de dos órganos de máxima relevancia: la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y, especialmente, el Consejo de Participación Infantil. La creación de este Consejo supone un hito histórico que sitúa a nuestro país en los máximos estándares internacionales en relación a asegurar la escucha de los menores y garantizar su ejercicio efectivo del derecho a la participación. También destaca la aprobación, en la Conferencia Sectorial, de un plan de implantación de la LOPIVI que asegurará la puesta en marcha efectiva de todas las medidas contempladas en la Ley.

La LOPIVI incluye la obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier situación de violencia contra niños y niñas o que la prescripción de delitos por abusos a menores no empiece a contar hasta que la víctima cumpla 35 años. La norma también incluye la creación de unidades especializadas en la sensibilización, prevención de situaciones de violencia sobre menores de edad en las fuerzas y cuerpos de Seguridad o la creación de la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, que deberá existir en todos ellos a partir del próximo curso escolar. Además, la Ley incluye una marcada perspectiva de género al prohibir que el uso de planteamientos no científicos, como el denominado síndrome de alienación parental, que desacredite los testimonios de niños y niñas en determinados y elimina la posibilidad de guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género.

Aprobación Plan Choque de Dependencia y duplicación de la financiación estatal al sistema de atención a la dependencia

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha doblado la financiación estatal al sistema de dependencia, acompañado de la aprobación en el Consejo Territorial de SSySAAD de un Plan de Choque en dependencia para reducir las listas de espera, mejorar las prestaciones recibidas por las personas dependientes y asegurar la calidad de la atención que prestan los centros y servicios de atención a la dependencia. El Plan de Choque incluía para 2021 600 millones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y otros 735 de Fondos Europeos, sumando un total de 1.335 millones. La inversión total del Plan de Choque será de 3.600 millones hasta final de legislatura.

Fondos europeos para transformar el modelo de cuidados de larga duración

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinará 910 millones en 2021 para transformar el modelo de cuidados de larga duración. El 98,64% de los mismos ya han sido ejecutados por el departamento a 31 de diciembre. En total, destinará 3.500 millones de euros hasta 2023 con tres objetivos: desarrollar una estrategia de desinstitucionalización, modernizar los servicios sociales e impulsar proyectos que garanticen la accesibilidad.

Aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se erige como la herramienta para lograr que España cumpla con la Agenda 2030, convirtiéndose en un país más justo socialmente, sostenible, igualitario y feminista en los próximos años. Con este documento, España rendirá cuentas ante Naciones Unidas sobre los progresos realizados y los compromisos de futuro para acelerar su cumplimiento. Una rendición de cuentas que tendrá lugar en el marco del segundo Examen Nacional Voluntario al que se someterá España durante el próximo Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.

En la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se especifican 8 retos que enfrenta España en la actualidad y las políticas aceleradoras del desarrollo sostenible que han de ponerse en marcha para afrontarlos. En concreto, el Ejecutivo ha detectado que los desafíos que tiene nuestro país son el de la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural, entre otros. Para afrontar dichos retos, el Ejecutivo pondrá en marcha desde hoy hasta 2030 una serie de políticas concretas que se recogen en el documento.

Otras medidas

En el 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también ha impulsado el Acuerdo con la Plataforma del Tercer Sector para el nuevo modelo de subvenciones del 0.7 de IRPF y Sociedades; un nuevo baremo de Discapacidad, aprobado por el Consejo Territorial; la aprobación de la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y participación del pueblo gitano; la mejora del Plan Concertado de Servicios Sociales y un aumento de fondos para la atención de niñas y niños migrantes, entre otras cuestiones. Ante la erupción del volcán de la Palma, el departamento destinó 10 millones de euros para abordar la situación de emergencia de la isla. También concedió 5 millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana.