Derechos Sociales financiará con 65,5 millones de euros proyectos de innovación social para la protección de la infancia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto una convocatoria para proyectos de innovación social dotada con 65,5 millones de euros, provenientes del Fondo Social Europeo+ (FSE+). El objetivo de esta convocatoria es la financiación de proyectos con los que proteger a la infancia y adolescencia en riesgo o desamparo, priorizando medidas que garanticen el derecho de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en entornos familiares seguros a través de, entre otras, medidas preventivas centradas en el apoyo a familias frágiles.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, busca financiar "soluciones innovadoras a problemas sociales complejos" y el objetivo es que, "una vez testeadas, sean transferidas a mejores políticas públicas para todo el Estado" ha afirmado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. Dicha convocatoria está abierta tanto a entes locales como a entidades sociales y de la economía social. Las iniciativas financiadas deberán contribuir en la implementación de la Estrategia Estatal: para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, impulsada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, para avanzar en un sistema de protección a la infancia en el que ningún niño, niña o adolescente viva en una institución. Actualmente, unas 17.000 personas menores de edad tuteladas por las administraciones pública viven en recursos residenciales de las comunidades autónomas.

El ministro Bustinduy ha explicado que esta estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros (1.323.471.810 €) y que estará financiada por recursos provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, habiendo programado para ello operaciones vinculados a procesos de desinstitucionalización, de modernización de los servicios sociales y de desarrollo de una nueva economía de los cuidados hasta el 2027, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. "Se trata de una inversión sin precedentes para una estrategia que, además, será pionera en Europa", ha enfatizado el ministro, sobre todo en lo relativo a cómo cambiará el modelo de cuidados.

Si hablamos de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección en 2022 se registraron 29.770 notificaciones de maltrato infantil, destacando entre los diferentes tipos la negligencia y el maltrato emocional, ambos en el ámbito familiar, ha destacado Pablo Bustinduy, citando datos del Observatorio de la Infancia.

El ministro ha subrayado también que la inversión de España para infancia y familias está un punto del PIB por debajo de la media de la Unión Europea "es inaceptable que una democracia avanzada y la cuarta economía de la zona euro, como lo es España, exhiba unos niveles de desigualad y de precariedad tan graves", ha declarado, y ha hecho un llamamiento a revertir esta situación con una mayor inversión y con políticas públicas más eficaces.

Entre esas políticas, Pablo Bustinduy ha señalado que apostar por que todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus vidas en entornos familiares seguros es crucial para el país. En este sentido, invertir en las familias con medidas como la prestación universal por crianza o en la modernización de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia a través del reciente reparto de 200 millones para las comunidades autónomas o los 65,5 millones de la convocatoria que se abre hoy, es crucial y prioritario para el Ministerio de Derechos Sociales.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales abre esta convocatoria en su rol de Organismo Intermedio para la selección de operaciones del FSE+. Como tal tiene la potestad de diseñar y seleccionar intervenciones y proyectos por un total de 233 millones de euros. Esta convocatoria es la primera de otras que irán dirigidas o a reforzar el sistema de protección de la infancia, como en este caso, o a acompañar y reforzar la atención temprana que se presta a niños y niñas de entre 0-6 años con discapacidad o problemas de desarrollo.