Aumentar los derechos y la protección de los consumidores en la transición verde y digital, prioridades de la Presidencia del Consejo de la UE

El secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, ha presentado este lunes ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE 2023 en materia de consumo.

Entre ellas, Escudero ha destacado el aumento de los derechos y la protección de las personas consumidoras, especialmente de las más vulnerables, en el contexto de la transición verde y digital. "La Unión Europea no sólo está llamada a ser un actor relevante a la hora de aportar soluciones conjuntas y asumir compromisos, sino que también necesita replantear sus propias grandes líneas políticas y sus ambiciones de cara al futuro", ha argumentado al respecto.

Para ello, según ha explicado el secretario general de Consumo y Juego, es "prioritario" transformar los hábitos del día a día que tienen impacto económico, social y ambiental, empoderar a los consumidores para que tengan un papel activo en sus relaciones de consumo, y avanzar hacia modelos más sostenibles.

En este sentido, y de acuerdo con la Nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, España reforzará la protección de las personas más vulnerables (entendiendo la vulnerabilidad en sentido amplio e incluyendo circunstancias como la edad o las capacidades cognitivas), así como su papel activo en la transformación del sistema de producción y consumo. Por ejemplo, impulsando la reparabilidad de los productos y la lucha contra la obsolescencia prematura.
Además, bajo el mandato de la Presidencia española del Consejo de la UE, se reforzará el enfoque One Health (una única salud, la individual y la del planeta) para avanzar hacia patrones de consumo más sostenibles y saludables y se trabajará para adaptar la normativa de consumo a la transformación digital.

"Asegurar que la legislación europea, en el ámbito del consumo, se adapta a los nuevos retos que plantean tanto el mundo digital como la cuarta revolución industrial será un elemento de especial relevancia durante la Presidencia española para asegurar, en todo momento, la protección de los consumidores", ha recalcado Escudero.

De acuerdo a estos ejes estratégicos, el Ministerio de Consumo impulsará durante la Presidencia española del Consejo de la UE diversos expedientes legislativos. El primero de ellos, relativo al empoderamiento de los consumidores en la transición ecológica para una mejor información y protección ante prácticas desleales, sobre el cual se prevé cerrar próximamente las negociaciones con el Parlamento europeo.

El objetivo es facilitar que los consumidores puedan tomar decisiones de compra con conocimiento de causa, basadas en información fiable y contribuir así a un consumo más sostenible. Asimismo, la directiva europea busca brindar oportunidades de ahorro a los consumidores mediante una mayor participación en la economía circular y luchar contra las prácticas comerciales desleales.

Por esta razón, se facilitará una mejor información sobre la durabilidad y reparabilidad de los bienes de consumo y se fomentará la comercialización de productos más duraderos y con mayores garantías, entre otras medidas.

Durante la Presidencia española del Consejo de la UE, el Ministerio de Consumo también impulsará el avance de la directiva sobre normas comunes relativas a garantizar "el derecho a reparar" con el objetivo de alcanzar un mandato del Consejo e iniciar las negociaciones en el Parlamento. La finalidad de esta normativa es ofrecer incentivos y herramientas que prolonguen la vida útil de los bienes de consumo y aumente la demanda de modelos de negocios más sostenibles.

Además, para favorecer una economía más ecológica y circular en la que las personas consumidoras sean las protagonistas, España presentará una propuesta para protegerlas del "blanqueamiento ecológico", también conocido como green washing. "Queremos que los consumidores puedan acelerar la transición ecológica tomando decisiones de compra basadas en alegaciones y etiquetas medioambientalmente fiables", ha esgrimido el secretario general de Consumo y Juego.

Finalmente, Escudero ha explicado que se revisará la directiva sobre la seguridad de los juguetes para contar con el nivel más alto de protección posible antes de su comercialización en la UE (principalmente, en lo referente a los riesgos que plantean las sustancias químicas nocivas) y se continuará con la negociación de la normativa que busca ofrecer un sistema común para resarcir a los consumidores europeos de posibles daños causados por productos defectuosos.