Garzón propone a las comunidades autónomas impulsar el arbitraje ante la ola de reclamaciones y reforzar la inspección para sancionar los fraudes

Por otro lado, Garzón ha propuesto una estrategia de trabajo que sirva para planificar y anticiparse a las millones de potenciales reclamaciones que el ministerio estima que se pueden producir en las próximas semanas. Esto, ha recalcado, debe ocurrir sin mermar las garantías de protección a los consumidores y usuarios en la fase de desescalada.

En el encuentro telemático, Garzón ha agradecido a las comunidades autónomas su participación y el esfuerzo realizado durante esta crisis. Además, ha explicado que el plan de trabajo conjunto de las autoridades de Consumo pasa por potenciar el sistema arbitral para la resolución de conflictos y reforzar inspecciones y sanciones ante los posibles fraudes y abusos.

Garzón ha señalado que todas las administraciones están trabajando por el interés general de la mayoría social y ello implica coordinar todos los medios y vías existentes para sancionar fraudes y abusos.

En este sentido, el ministro ha destacado especialmente la protección que requieren las personas más vulnerables y que con mayor intensidad están sufriendo la crisis.

Sistema arbitral de Consumo

El sistema arbitral de Consumo es un mecanismo por el que las administraciones públicas ponen a disposición de los consumidores y usuarios una vía administrativa para resolver los conflictos y reclamaciones que surgen entre clientes y empresas. Garzón ha pedido expresamente un esfuerzo para que, desde las comunidades, se impulsen y refuercen los recursos destinados a las Juntas Arbitrales de Consumo.

"Este sistema ha demostrado ser una vía accesible, gratuita y garantista para los consumidores en el pasado y es un buen instrumento a través del cual canalizar buena parte de las reclamaciones que puedan presentarse durante esta fase", ha señalado el ministro.

Según los datos con los que trabaja el Ministerio de Consumo, la mayor parte de las reclamaciones ante servicios no prestados no se han producido todavía debido, en gran medida, a las limitaciones del estado de alarma. La previsión es que empiecen a realizarse masivamente en próximas fechas, coincidiendo con la fase de la desescalada.

Plan de Inspecciones

El ministro ha propuesto también mejorar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades para la vigilancia del mercado y de las reclamaciones ante posibles abusos y fraudes. En este punto, Garzón ha pedido a las comunidades que se mantenga el compromiso, el esfuerzo y el espíritu de colaboración que ha primado durante la gestión de la crisis para gestionar la desescalada.

Para ello, se producirá un rediseño del Plan de Inspecciones que refuerce la vigilancia e inspecciones en productos básicos y mascarillas higiénicas. "Además, somos receptivos a que las Comunidades nos trasladen sus visiones sobre las problemáticas sectoriales. La realidad de los sectores es heterogénea en cada territorio y sus distintas visiones serán de utilidad", ha señalado el ministro.

Asociaciones de consumidores y usuarios

Garzón también ha hecho referencia a la importancia del canal de comunicación abierto con las asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) durante la crisis. Este grupo de trabajo está sirviendo para la resolución de dudas y cuestiones interpretativas que pueda darse sobre la normativa aprobada a consecuencia de la crisis de la Convid-19. El ministerio valora ahora la posibilidad de celebrar mesas sectoriales a tres bandas junto a las asociaciones de consumidores y usuarios y sectores afectados.