El Gobierno trabaja con centros de investigación y universidades para que puedan colaborar con las CCAA en el diagnóstico del COVID-19 de forma ordenada y segura

El Ministerio de Ciencia e Innovación está coordinado un proceso para que los centros de investigación y universidades que cumplan con los requisitos de bioseguridad y dispongan del personal y suministros suficientes puedan colaborar en el diagnóstico del COVID-19. Para ello será necesario que las Comunidades Autónomas (CCAA) reclamen su apoyo y que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) evalúe sus capacidades y recursos propios para llevar a cabo análisis PCR en este tipo de muestras virales.

Hasta el momento, el ISCIII ha activado ya al menos cinco centros y universidades que se habían dirigido directamente al ISCIII y contaban con la conformidad de su comunidad autónoma para su designación como centros de apoyo al diagnóstico microbiológico de COVID-19. Además, hay varios en fases avanzadas de capacitación. Según una primera declaración de capacidades coordinada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, un total de 54 laboratorios de 27 universidades podrían reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo estos análisis, pero será necesario confirmar cuestiones relacionadas con la disponibilidad de material y elementos de seguridad.

Para iniciar este proceso, el Ministerio de Ciencia e Innovación se dirigió a los centros de investigación y a las universidades, a través de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), para recabar información sobre sus capacidades de diagnóstico.

El Instituto de Salud Carlos III trabajará con los centros que lo soliciten en la validación de los requisitos que deben cumplir para poder llevar a cabo estos análisis, que ha de tener unas condiciones de bioseguridad y de especialización que no están al alcance de todos los laboratorios. En concreto, los centros deben tener personal formado en técnicas de biología molecular; capacidad para trabajar con muestras infecciosas de nivel 2, cabina de bioseguridad y equipos adecuados; capacidad de producir reactivos de inactivación; capacidad de disponer de técnicas de extracción por medios propios; capacidad de hacer PCR por medios propios o por kits comerciales, y personal capacitado para validar informes de análisis clínicos.

En el caso de que no dispusieran de este personal, la validación la debe realizar un hospital o los servicios de salud pública de la comunidad autónoma. Al tener efectos legales, las pruebas han de ser validadas por personal sanitario colegiado.

Los centros enviarán esta solicitud de capacitación al ISCIII, después de informar y solicitar conformidad a las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma correspondiente, que es la administración que cuenta con la información sobre los centros sanitarios que pueden necesitar apoyo. Una vez recibida toda la información, el ISCIII analizará los procedimientos de bioseguridad, inactivación, extracción y PCR y les dará el visto bueno si se ajustan a los procedimientos de diagnóstico del COVID-19. En ese caso, serán las comunidades autónomas quienes activarán a los centros capacitados proporcionándoles las muestras que necesitan ser analizadas.

Se prevé que el apoyo de estas infraestructuras podría será importante especialmente en el medio plazo, tras el periodo de confinamiento, para apoyar la red de centros sanitarios en el caso de que sea preciso para garantizar el diagnóstico precoz y preciso a todos los ciudadanos.

Al margen de este proceso, otra manera muy eficiente de colaborar en el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 es la cesión temporal de equipamiento para su instalación en laboratorios de microbiología de los hospitales. Esta opción ya se ha puesto en marcha con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que ha cedido cuatro máquinas de PCR a los laboratorios de microbiología del Hospital de La Paz y el Hospital Gregorio Marañón.