El Gobierno presenta una Hoja de ruta para fomentar la inversión en redes y servicios 5G

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé una inversión de 4.000 millones de euros hasta 2023 para impulsar la conectividad, el 5G y la ciberseguridad.

Específicamente para 5G, la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, presentada en diciembre pasado en el marco de la agenda España Digital 2025, prevé una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025 para impulsar el despliegue, con especial atención a las zonas rurales, y fomentar la I+D+i tanto para la realización de pilotos innovadores y proyectos que contribuyan a dotar de conectividad 5G los grandes motores socio-económicos como para generar capacidades para el desarrollo futuro del 6G.

Optimización de las bandas de frecuencias

La Hoja de ruta para el fomento de la inversión en redes y servicios 5G compartida hoy con el sector incluye la optimización de las bandas de frecuencias de espectro asignadas a través de la reordenación de la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 MHz).

También prevé modificar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), actualmente sometido a consulta pública, para incorporar las condiciones técnicas armonizadas, válidas para 5G, de cada una de las bandas de frecuencia armonizadas en Europa para servicios de comunicaciones electrónicas.

Licitación de frecuencias de la banda de 700 Mhz

Con el fin de establecer un modelo de despliegue sostenible, la Hoja de ruta modifica algunas de las condiciones para la licitación de la banda de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para 5G, cuyo texto preliminar se sacó a consulta pública en enero pasado.

La Hoja de ruta suprime las obligaciones mayoristas que se habían considerado inicialmente en determinados bloques de frecuencias y precisa el contenido de la obligación y ajusta los plazos para su cumplimiento de las obligaciones de cobertura impuestas a cada uno de los bloques.

Adicionalmente, se prevé la ampliación de la duración de las concesiones de espectro radioeléctrico, que será mínimo de 20 años y pueden llegar hasta los 40, medida que ha sido aprobada hace unos días en el Real Decreto-ley 7/2021 de 27 de abril.

El gobierno está terminando de evaluar la cuantía exacta de los precios de salida de la subasta.

Agilización del despliegue de infraestructuras

En lo que se refiere a la agilización del despliegue de infraestructuras, se incluyen medidas tales como un procedimiento fast-track para los permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles, confederaciones hidrográficas) y la implementación de la caja de herramientas de conectividad, publicada por la Comisión Europea en marzo de 2021.

También se fomentará, en el ámbito europeo, la elaboración de directrices de ámbito comunitario que faciliten la compartición de infraestructuras y espectro y se elaborará una Guía de Buenas Prácticas de despliegue para Administración local, enmarcada en las directrices de la citada caja de herramientas de conectividad adoptada por la Unión Europea.

Modificaciones de fiscalidad

Por último, la Hoja de ruta propone modificaciones de la fiscalidad para los operadores de telecomunicaciones. Entre ellas, revisar la aportación que realizan los operadores de telecomunicaciones a la Corporación RTVE, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. También se está trabajando de cara a reducir temporalmente la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico en las frecuencias armonizadas por la Unión Europea para ser utilizadas en los servicios 5G.

Acuerdo por la conectividad de las personas y las empresas

La vicepresidenta ha presentado estas medidas en una reunión junto al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, con los operadores y asociaciones que firmaron el Acuerdo por la Conectividad en marzo de 2020, por el que se comprometían a hacer los mayores esfuerzos para garantizar las capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de respuesta ante incidentes.

Las empresas adquirieron, de esa manera, compromisos adicionales a las garantías de mantenimiento del servicio de conectividad incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19.

Mediante el acuerdo, las empresas y entidades firmantes expresaron su compromiso con la sociedad en unos momentos de especial dificultad en los que la conectividad constituía un elemento fundamental para la ciudadanía, tanto desde el punto de vista personal, como social y laboral.