El Gobierno pone en marcha el proceso de elaboración de una Carta de Derechos Digitales con la constitución de un grupo de expertos

La primera reunión de este grupo de expertos tuvo lugar ayer, tras su constitución, que fue presidida, por videoconferencia, por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Junto a ella también participaron la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, cuya Secretaría de Estado ha impulsado la creación del grupo, así como representantes de la Vicepresidencia Primera, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; del Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos.

Carta de Derechos Digitales

En la actualidad, el Título X de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, dedicado a garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, proclama derechos tan importantes como los relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales.

Con el fin de completar y desarrollar este marco normativo, el Gobierno ha lanzado el proceso de elaboración de esta Carta, únicamente dedicada a los derechos digitales, para incluir algunos todavía no recogidos en el citado Título X. Es el caso de los relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

El documento final elaborado por el Gobierno contará con el asesoramiento y las propuestas del grupo de expertos constituido este lunes y la contribución de la ciudadanía a través de un proceso participativo abierto, lo que convertirá esta Carta de Derechos Digitales en la primera a nivel nacional producto de un procedimiento de esas características.

Grupo de expertos

El grupo de trabajo, cuya actividad se desarrolla por medios telemáticos, está formado por destacados profesionales del ámbito digital. En él se incluyen juristas, representantes de usuarios y de internautas, profesores y catedráticos de derechos digitales, consultores tecnológicos y de ciberseguridad, entre otros reconocidos expertos.

El grupo lo integran:

• Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor
• Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado
• Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet
• Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III
• Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha
• Celia Fernández Aller, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid
• Enrique Goñi, del Instituto Hermes
• Simona Levi, cofundadora de Xnet
• Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech
• Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia
• Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet
• José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo
• Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona
• Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group
• Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local Governments (UCLG) y participante en CC4DR (Cities Coalition for Digital Rights de Naciones Unidas)
• Ofelia Tejerina, secretaria general de la Asociación de Internautas
• Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en la Universidad de Oxford

Proceso de consulta

El proceso que concluirá con la elaboración de la Carta de Derechos Digitales por parte del Gobierno va a contar con dos mecanismos de participación. El primero es el trabajo del grupo de expertos puesto en marcha este lunes, y el segundo se desarrollará en paralelo y consistirá en una consulta abierta, en la que podrá participar el conjunto de la ciudadanía, y cuyo resultado servirá igualmente como contribución para los trabajos de este grupo.

El objetivo es que la Carta sea una acción coral del Gobierno sustentada en las aportaciones del conjunto de la sociedad civil.