El Reino de España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como SURE, y que permite financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas.
Este programa fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los efectos de la pandemia del COVID-19.
El programa SURE movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea.
El pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea (SURE).
En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario.
También se pueden utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.
El importe solicitado para la financiación de estos programas es superior a 20.000 millones de euros.
El importe final a recibir dependerá, entre otros factores, del volumen que soliciten el resto de países interesados en este programa. Una vez determinado el importe final por parte del Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión Europea, el crédito será desembolsado a los Estados que soliciten este instrumento en varios tramos. El primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021.