España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas

El envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.

Siguiendo las nuevas directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2020 y 2021 y el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia y contrarrestar los efectos del COVID-19 en la economía.Programa de Estabilidad 2020-2021

El Programa de Estabilidad recoge el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 apoyado en la última información económica y sanitaria disponible y consistente con el escenario epidemiológico que sirve de base al plan de desescalada y reactivación de la economía.

La economía española venía registrando en los últimos años tasas positivas de crecimiento, superiores en los últimos trimestres a la media de la zona euro. La irrupción del COVID-19 y su incidencia en la economía han ocasionado que se haya frenado de forma abrupta el ciclo de crecimiento iniciado en 2014.

El Programa de Estabilidad incluye el nuevo escenario derivado de las medidas establecidas en el estado de alarma tendentes a reducir la movilidad para frenar la expansión de la pandemia, así como las actuaciones aprobadas para mitigar el impacto del COVID-19 en familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El nuevo cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presenta un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Así, se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19 en la economía en los dos primeros trimestres de 2020 y el comienzo de la recuperación de la actividad en el segundo semestre de este año. Como consecuencia, se estima una caída del Producto Interior Bruto del 9,2% en el conjunto del año y una importante recuperación en 2021, con una tasa de crecimiento prevista del 6,8%.

Las medidas de protección de los trabajadores y de flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo adoptadas consiguen reducir el impacto en la actividad y el empleo. Se prevé que la tasa de paro se sitúe en el 19% en 2020, para reducirse en 2021 hasta el entorno del 17%.

Todas las iniciativas de apoyo a familias, trabajadores y empresas han permitido mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, si bien están suponiendo un gran esfuerzo en términos de apoyo presupuestario, de forma que se prevé que el déficit público en 2020 se sitúe en el 10,3% y la deuda pública en el 115,5%.

Programa Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó también ayer la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas (PNR).

El documento se ha elaborado en un contexto extraordinario determinado por la crisis del COVID-19 y, siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea, se ha reorientado su contenido para incorporar las medidas adoptadas para afrontar los retos socioeconómicos derivados de pandemia.

El Gobierno español ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en tres ámbitos: el sanitario, el económico y el social. Las medidas económicas y sociales adoptadas tienen como objetivo tejer una red de seguridad que proteja a los ciudadanos y preservar la actividad económica y el empleo.

En el plano económico se han adoptado medidas para proteger el tejido productivo, prestando especial atención a las pymes y los autónomos. En el plano social se han puesto en marcha medidas para sostener las rentas de las familias y de los trabajadores, amortiguando el impacto de la crisis sobre los colectivos más vulnerables y apoyando también el mantenimiento de las rentas y la demanda interna.

Asimismo, en este marco de excepcionalidad se han abordado también importantes reformas estructurales, cuyo impacto positivo se extenderá en el futuro una vez controlada la crisis sanitaria. Entre las medidas adoptadas cabe destacar, entre otras, el establecimiento de un régimen ágil de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado laboral español y la eficiencia de las empresas; la puesta en marcha de un sistema de gestión de información eficiente en el ámbito sanitario, el fomento del teletrabajo; el impulso de la digitalización en el ámbito educativo, en las empresas, particularmente en las pymes, en la justicia y en el Servicio Público de Empleo; el desarrollo de un sistema de gestión eficaz de las prestaciones de la Seguridad Social a través de las mutuas profesionales y el desarrollo de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial para la gestión de la movilidad.

Consolidación fiscal

El compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del COVID-19. En concreto, España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE después de que en 2018 abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo por primera vez desde el inicio de la crisis de 2008.

El esfuerzo de consolidación destaca en el caso de la Administración Central y la Seguridad Social, que en conjunto lograron reducir su déficit un 3,2% en 2019 en un contexto de doble prórroga presupuestaria en el que no se pudieron aprobar nuevos ingresos y se adoptaron importantes medidas sociales como la revalorización de las pensiones un 1,6%; la subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3%; la subida de las pensiones de viudedad un 7%; el aumento del SMI un 22,3%; la recuperación del subsidio de mayores de 52 años; el aumento de 5 a 8 semanas del permiso de paternidad; o la devolución del IRPF de maternidad.

Además, a pesar de la aprobación de esas medidas con un presupuestoprorrogado, el Estado logró un superávit primario de 8.486 millones de euros en 2019.

Los datos en el primer trimestre de 2020 mostraban que la tendencia positiva se mantenía con una reducción del déficit del 13,9% por parte de la administración central, a pesar de que en marzo se notaron los primeros efectos de la pandemia.

Previsiones de ingresos y gastos

En este sentido, es evidente que la crisis provocada por el COVID-19 también impacta en las cuentas públicas como consecuencia de un significativo mayor gasto generado por las medidas sociales, sanitarias, laborales y económicas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y colectivos más vulnerables, además de para proteger el tejido productivo, especialmente, pymes y autónomos. A esto se suma una fuerte caída de los ingresos provocada por el contundente descenso del consumo y la actividad empresarial

En concreto, el Gobierno estima que el gasto público se situará en el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al gasto público de 2019.

Por su parte, la previsión es que los ingresos públicos se reducirán en 25.711 millones y se situarán en el 41,2% del PIB. Este porcentaje es más elevado que el del año anterior debido a que la mayor contracción del PIB afecta al cálculo de esta ratio, pero en términos absolutos se produce una caída importante de ingresos públicos.

De esta forma, la previsión es que el déficit público en 2020 se incrementehasta los 115.671 millones, lo que equivale al 10,34% del PIB. Supondría del mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.

Impacto de medidas aprobadas

El aumento del déficit denota el esfuerzo de las administraciones públicas por paliar los efectos de la pandemia. En concreto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de que la salida de la crisis no genere más desigualdades y evitar lo ocurrido con la salida de la crisis de 2008.

En este sentido, las decisiones adoptadas por el Gobierno en el ámbito, sanitario, social, laboral, económico y tributario tienen un impacto total de más de 139.000 millones de euros.

En concreto, las medidas adoptadas mediante reales decretos implican unaumento directo del gasto de 28.400 millones y una minoración de los ingresos de 6.119 millones. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo;

- Facilitar los ERTE en empresas para asegurar que los trabajadores siguen percibiendo al menos el 70% de su salario y al mismo tiempo se exonera a las empresas de las cotizaciones sociales. Ambas cuestiones suponen un impacto de 20.000 millones de euros.

- Abonar una prestación extraordinaria a los autónomos afectados por el cese de actividad o que hayan vista reducida un 75% su facturación supondrá 3.700 millones en beneficio de este colectivo.

- Establecer un IVA del 0% para la adquisición de productos sanitarios cuando el destinatario sea un hospital, entidad pública o privada sin ánimo de lucro tendrá un impacto de 1.022 millones.

- Medidas de flexibilidad tributaria como la posibilidad de que los autónomos cambien del sistema de tributación por módulos al sistema de estimación directa sin la exigencia de permanecer tres años en la nueva tributación o que las pymes puedan cambiar el sistema del cálculo del pago fraccionado para hacerlo en función de los beneficios reales trimestrales. Ambas medidas suponen un coste de 1.100 millones de euros.

- Transferir a las CCAA los 2.867 millones por la actualización de las entregas a cuenta. Unas entregas a cuenta que han sido calculadas con una previsión de crecimiento del 1,6% y no con la caída del PIB provocada tras la pandemia. Esta inyección permitirá a la CCAA recibir este año la mayor financiación de su historia con 115.000 millones de euros, un 7,3% más que en 2019.

A estas medidas hay que sumar los programas de avales del Estado como los 100.000 millones de líneas ICO dirigidas principalmente a dotar liquidez a pymes y autónomos. Además, de los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para atender costes de carácter social.

El Gobierno considera que estas medidas van en la dirección de mitigar el impacto de la crisis en las familias, trabajadores y empresas con el objetivo de evitar un aumento de las desigualdades y la pobreza.

Las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un fuerte incremento del PIB que permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento.