El Gobierno elaboró un documento de reforma del sistema de pensiones en enero de 2010 que presentó al Pacto de Toledo para ser debatido por todos los grupos parlamentarios y buscar el consenso en el Pacto de Toledo y en el diálogo social.
El texto contenía un conjunto de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, con el objetivo de hacer compatible la mejora de la cohesión social y la competitividad.
Las Principales directrices del documento del Gobierno contemplaba:
- Desplazar paulatinamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, siguiendo el camino emprendido por otros países europeos.
- Establecer procedimientos de cálculo de la pensión de jubilación que garanticen mejor la correspondencia entre cotización y prestación, evitando perjuicios a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral.
- Incentivar el cambio de condiciones y lugar de trabajo.
- Mejorar la calidad de la gestión de las prestaciones de incapacidad para asegurar una protección mayor de los trabajadores con problemas de salud.
- Disminución de costes burocráticos y de gestión.
- Mejorar la acción protectora de la viudedad y la orfandad en las situaciones más vulnerables.
- Incentivar la mejora de la vida laboral y la protección de las mujeres así como la de colectivos en situaciones especiales.
- Ampliar la complementariedad de la previsión social.
Pacto de Toledo
El 29 de diciembre de 2010, la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados dio por primera vez luz verde al documento. El informe con veintiuna propuestas contó con el apoyo de todos los grupos excepto ERC, IU-ICV y BNG.
El 25 de enero de 2011, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, remitido por la comisión. El informe salió adelante con 334 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
Anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones
Tres días más tarde, el 28 de enero de 2011, el Consejo de Ministros recibió un informe del Ministro de Trabajo e Inmigración del Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social. Se trataba de un conjunto de medidas que tenían como objetivo reforzar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones en la línea marcada por las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas ya por el Pleno del Congreso de los Diputados.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día la "satisfacción del Gobierno" tras el principio de acuerdo alcanzado con los agentes sociales sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva.
Este pacto entre el Gobierno y los agentes sociales se escenificó el 2 de febrero en La Moncloa dentro de lo que se denominó Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, que contenía, además del acuerdo de pensiones, una serie de propuestas por el empleo y el crecimiento económico.
El 23 de marzo de 2011, el Consejo Económico y Social (CES) valoró positivamente el Anteproyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social.
El Consejo de Ministros aprobó el 25 de marzo de 2011 la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. El texto recoge las recomendaciones del Pacto de Toledo y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales el 2 de febrero de 2011.
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva el 21 de julio de 2011, en sesión extraordinaria, la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, con el debate y votación de las enmiendas introducidas en el Senado.