Discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero

Congreso de los Diputados

Señor presidente, señoras y señores diputados,

Hoy nos sentamos en esta Cámara porque mañana hará un mes que los españoles nos dieron su apoyo para representarles durante los próximos cuatro años. Al depositar su voto nos encomendaron misiones distintas: a quien les habla y al Partido Socialista nos otorgaron una posición mayoritaria para responsabilizarnos del Gobierno de España; a otras fuerzas políticas les encargaron ejercer la función de oposición y control del Gobierno.

Por esa razón comparezco hoy ante esta Cámara para solicitar su confianza cumpliendo lo dispuesto en nuestra Constitución y conforme a la propuesta realizada por S.M. el Rey.

Acudo a solicitar su confianza no sólo para formar un Gobierno y presidirlo, sino para impulsar una clara idea de España: un país próspero y a la vez decente; un país eficiente; un país unido y diverso; un país comprometido con la causa de la paz y en la lucha contra el cambio climático y la pobreza.

Pido su confianza para proseguir durante los cuatro próximos años el crecimiento y la prosperidad de España, y para superar de la mano de empresarios y trabajadores la fase de desaceleración económica que atraviesa nuestra economía en el contexto mundial.

Pido su confianza para traducir ese crecimiento económico en crecimiento social, para generar más y mejor empleo, y para alcanzar la definitiva igualdad entre hombres y mujeres, también en los salarios.

Pido su confianza para lograr entre todos una Administración eficiente, enteramente puesta al servicio de los ciudadanos para resolver sus problemas con agilidad.

Pido su confianza para forjar las instituciones que garanticen la unidad y encaucen la diversidad de un país unido y diverso como es España.

Pido su confianza para alcanzar, mediante la unidad, la victoria de la democracia frente al terrorismo y para disfrutar de una España más segura en sus calles, en las carreteras y en los centros de trabajo; que plante cara al delito, a la imprudencia en la conducción y a los accidentes laborales.

Pido su confianza para alcanzar las cotas de educación y cultura que merece una gran potencia como es España.

Pido su confianza para ahondar en nuestro empeño europeísta, para defender la legalidad internacional y para combatir en primera línea contra el cambio climático, la pobreza y a favor de la paz.

Pido su confianza para llevar adelante esta idea de España y para hacerlo sumando el mayor número posible de voluntades, gobernando para todos, en diálogo con todos y con respeto a todos.

Señor presidente, señorías,

En el discurso de investidura de 2004 comprometí una acción de gobierno orientada a la modernización y el impulso de nuestra economía.

En los últimos cuatro años hemos crecido más y hemos creado más empleo que cualquier país de nuestro entorno. Hemos sabido ser fieles al compromiso de estabilidad presupuestaria, hemos sido capaces de ahorrar y de disminuir la deuda pública, y, por todo ello, en 2008 España tiene una economía más fuerte que en 2004.

Es cierto que desde hace algún tiempo muchos españoles se interrogan por el futuro de nuestra economía y sienten incertidumbre. Son conscientes de que en un mundo globalizado el cambio en la situación económica internacional deja sentir sus efectos en todos los rincones del mundo, también entre nosotros. Viven la dificultad del crédito y las subidas de algunos precios e, incluso, algunos han visto en riesgo sus empleos, especialmente en un sector, el de la construcción, sujeto hoy a un acusado ajuste.

Sus señorías saben que la información disponible apunta a que el signo de la economía mundial y también de la economía española será, durante la primera fase de esta Legislatura, distinto del que hemos conocido en los últimos cuatro años.

Las fortalezas de nuestra economía son un buen amortiguador, pero no son un muro que nos aísle de las turbulencias de la economía mundial. Vinculados como estamos con el resto de la economía global, la crisis que soporta Estados Unidos, las dificultades de los mercados financieros internacionales y la llamada crisis de liquidez, y la escalada de los precios del crudo, que se han multiplicado por cuatro en los últimos cuatro años, y de muchas materias primas y alimentos en los mercados internacionales dejan sentir sus efectos entre nosotros. Esos factores se conjugan en España con las dificultades del sector de la construcción de vivienda y con la acumulación a lo largo de los últimos lustros de algunos desequilibrios, fundamentalmente el déficit por cuenta corriente y el diferencial de inflación.

Ello dibuja un panorama para la primera fase de esta nueva Legislatura con tasas de crecimiento inferiores a las del pasado cuatrienio y un comportamiento del empleo menos favorable que el de los últimos años.

Ése es el panorama más inmediato para nuestra economía, pero no es un horizonte prolongado, sino transitorio. Por eso, los españoles deben tener la seguridad de que, superado ese paréntesis, se restablecerán las constantes de la pasada Legislatura y, conforme anuncian todos los organismos internacionales, retornaremos a elevadas tasas de crecimiento y reanudaremos con vigor la generación de empleo.

La repercusión de la crisis mundial sobre nuestra economía está amortiguada porque nuestro país afronta esta coyuntura en buena situación, con unos fundamentos económicos robustos. Tenemos, además, la oportunidad de utilizar este reto para reforzar nuestra capacidad de crecimiento y mejora del bienestar de los ciudadanos. Lo lograremos si somos capaces de articular las políticas y respuestas adecuadas.

Para ello, todos, Gobierno, oposición, Comunidades Autónomas, entes locales, sindicatos, organizaciones empresariales, agentes económicos en general, tendremos que estar a la altura. Deberemos apoyarnos en la fortaleza de nuestra economía y desarrollar una política económica que contribuya al crecimiento. Deberemos ser aún más exigentes en un nuevo entorno en el que la demanda interna jugará un menor papel y donde los factores de crecimiento dependerán del incremento de la productividad y de nuestra competitividad.

Señorías,

Esto va a ser tarea de todos y estamos en condiciones de conseguirlo. Para ello, la política económica del Gobierno irá dirigida a reforzar las capacidades de crecimiento de nuestra economía y lo haremos guiándonos por tres principios esenciales: primero, una política fiscal y presupuestaria cauta y prudente; segundo, una política económica que refuerce la competitividad de nuestro aparato productivo y reduzca de forma paulatina nuestro diferencial de inflación, y, tercero, un diálogo permanente con los agentes económicos que involucre a todos quienes tenemos responsabilidades en el devenir económico de nuestro país.

En el ámbito de la política presupuestaria, los superávits acumulados en los últimos años permitirán absorber el impacto que una menor actividad en la economía pudiera tener sobre los ingresos públicos y el aumento de algunos gastos ligados a la protección social sin necesidad, ni de subir impuestos, ni de imponer recortes sociales.

También será imprescindible seguir capitalizando nuestra economía en sus tres vertientes: capital físico, capital humano y capital tecnológico. Es una apuesta a largo plazo, fundamental para acelerar el aumento de la productividad y, por lo tanto, de nuestra capacidad de crecimiento futuro.

Y seguiremos comprometidos con la estabilidad macroeconómica y fiscal, conscientes de la importancia y del valor que han aportado al desarrollo de la economía española en los últimos años.

Éste es el marco en que se inscribirá la acción económica del Gobierno a lo largo del conjunto de la Legislatura pero, de una forma inmediata, el Gobierno adoptará, en la misma semana de su constitución, medidas para hacer frente a la desaceleración económica.

Ante todo, pondremos en marcha la deducción de 400 euros en el IRPF para los pensionistas, asalariados y autónomos. Supondrá una ayuda importante para las familias españolas y un impulso, a nivel agregado, para nuestra economía.

En segundo lugar, se favorecerá a las empresas con un adelanto en las devoluciones del IVA, que les permitirá recuperar el impuesto soportado con mayor celeridad.

Asimismo, adoptaremos un conjunto de medidas concretas en el sector de la construcción, que serán objeto de una inmediata Conferencia Sectorial de Vivienda:

• Se reducirá la carga fiscal de la rehabilitación de vivienda,
• Se acelerará la licitación de obra pública,
• Se promocionará la rehabilitación de edificios y el aumento de su eficiencia energética,
• Se ampliará el aval público para los bonos de titulización que tengan como subyacente créditos para la adquisición de Vivienda de Protección Oficial,
• Se pondrá en marcha un plan especial de recolocación de parados del sector de la construcción y un refuerzo de la cobertura de desempleo para los trabajadores en situación de mayor necesidad, y
• Se facilitará la ampliación del plazo de la hipoteca, sin coste adicional, para las familias en situación de especial dificultad.

Sin embargo, señorías, este conjunto de medidas a corto plazo no deben distraernos de los retos a medio plazo, principalmente el reto de incrementar la productividad y reforzar el potencial productivo español.

No son desafíos nuevos. Los diagnosticamos en 2004, aunque ya entonces advertimos que requerían una acción de gobierno que, además de enérgica, fuera persistente y por eso debía extenderse durante un periodo prolongado.

El sector de la Investigación, del Desarrollo y de la Innovación recibirá un nuevo impulso, pues consolidaremos lo ya logrado con el Programa Ingenio 2010, evaluando de forma exigente sus resultados, y reforzaremos de nuevo la inversión pública, al tiempo que procuramos movilizar también la máxima inversión privada en Investigación y Desarrollo.

Continuaremos elevando la inversión en infraestructuras, en línea con lo previsto en el Plan Estatal de Infraestructuras del Transporte, velando a la vez por el impacto medioambiental del transporte y por su aportación a la cohesión territorial y a la competitividad de nuestras empresas.

Promoveremos el aumento de la competencia en el sector servicios, a través de una transposición exigente y eficaz de la Directiva Europea de Servicios, a la que se sumarán otras medidas de flexibilización de la actividad profesional, con actuaciones selectivas en el ámbito de los transportes y de las telecomunicaciones. Este aumento de la competencia debe impulsar el dinamismo y la eficiencia en estos sectores lo que, además de atenuar las presiones inflacionistas, puede hacer que absorban parte de los recursos productivos que libere la construcción.

Junto a ello, comprometemos una reducción de un 30 por 100 de las cargas administrativas para las empresas, con el fin de dar todas las facilidades en su relación con la Administración, tanto en el momento de su creación, como a lo largo de toda su actividad ulterior.

En materia de capital humano, intensificaremos el esfuerzo presupuestario en educación con atención primordial al sistema de becas, que continuaremos incrementando en número y cuantía, y dotando los recursos necesarios para satisfacer al completo la demanda de plazas de los menores de cero a tres años.

El marco fiscal conocerá una nueva puesta al día que comportará la desaparición del Impuesto de Patrimonio y la actualización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que soportan, sobre todo, las clases medias en nuestro país. Un segundo Plan de Lucha contra el Fraude deberá mejorar los buenos resultados obtenidos en la Legislatura anterior.

Impulsaremos, en el marco del diálogo con los agentes sociales, nuevas reformas en el ámbito laboral y en el ámbito de la Seguridad Social.

Promoveremos también medidas para favorecer las actividades generadoras de empleo, persistiremos en la promoción del empleo femenino y juvenil, y articularemos políticas para reducir la temporalidad de nuestro mercado laboral hasta el 25 por 100, que es nuestro objetivo en esta Legislatura.

Es decir, señorías, se mantendrán los planes de inversión productiva y de cohesión social, y lo haremos, además, sin aumentar impuestos. Antes bien, se reducirán dentro de los márgenes que permita la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Es una opción que pocos países se pueden permitir.

Señorías,

En los últimos cuatro años hemos sentado las bases para un cambio de modelo de crecimiento de nuestra economía que nos acercara a los países más avanzados del mundo. Los acontecimientos de los últimos meses no sólo hacen este cambio de modelo más necesario, lo hacen más acuciante. Ésa es una tarea que no corresponde sólo al Gobierno, sino a todos los agentes económicos, y sólo puede tener éxito en un entorno de entendimiento, diálogo y colaboración. Por todo ello, nos proponemos establecer un gran Acuerdo Económico y Social que abarque, desde luego, al mercado de trabajo, pero que incluya también a los asuntos que influyen en la competitividad de nuestro tejido productivo; un acuerdo al cual convocaremos de manera inmediata a las organizaciones empresariales y a las centrales sindicales representantes de los trabajadores.

Ésa es, señorías, mi idea de España: un país próspero, que genera la riqueza duradera que es la que brota de la inteligencia y no de la explotación de la naturaleza, ni de la mano de obra barata y descualificada; un país próspero y, además, un país decente, porque distribuye con equilibrio la riqueza que genera. Decente porque sus ciudadanos son solidarios con quienes más necesidades tienen; decente porque en él todos los ciudadanos y ciudadanas, de cualquier condición, cuentan con los mismos derechos, no sólo sobre el papel, sino en el día a día, y decente porque regula con rigor y trata con respeto a quienes vienen legalmente para labrar entre nosotros y junto a nosotros un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos.

Señorías,

Mi idea de España es la de un país ejemplar por sus políticas sociales, una nación admirada por sus políticas de igualdad entre hombres y mujeres; una sociedad que destierra cualquier discriminación.

Debemos afrontar con realismo un período de desaceleración económica que se extenderá a lo largo de la primera parte de la Legislatura, pero el Gobierno que aspiro a presidir no sacrificará sus políticas sociales ni abdicará de su afán de progreso social.

No tengan ninguna duda, señorías: si alguien merecerá atención especial durante el período en que nuestra economía crezca menos, serán quienes carezcan de empleo; serán quienes viven de una pensión; serán los discapacitados; serán los trabajadores con salarios bajos y serán las víctimas de la violencia de género. Ésos serán los colectivos que merecerán una atención especial del Gobierno.

Es sabido que ante coyunturas económicas adversas existen dos caminos: uno busca la salida en los recortes sociales; otros, en la solidaridad. Creo resueltamente en el segundo camino, el de la solidaridad.

Mi idea de España es la de un país que supera unido las dificultades, una sociedad que no abandona a nadie en el infortunio. No, Señorías, no habrá recortes en derechos sociales; al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales en nuestro país.

Elevaremos el Salario Mínimo a ochocientos euros, desde los seiscientos euros que alcanzamos en la pasada Legislatura, y lo haremos en diálogo con los empresarios y los sindicatos.

Mi idea de España es la idea de un país en el que sus mayores viven con dignidad. Un país decente respeta y dignifica a sus mayores. Es también mi compromiso para la Legislatura aumentar las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo hasta los 850 euros al mes y hasta los 700 euros las pensiones de viudedad para mayores de 65 años.

En la pasada Legislatura pusimos los cimientos legales del cuarto pilar del Estado de Bienestar: la atención a la dependencia. Esta Legislatura será la de su pleno desarrollo. Atenderemos a 650.000 personas dependientes y a sus familias, y seguiremos aportando solidariamente recursos para hacerlo posible. Ya están dotados 871 millones en 2008 y en 2009 serán 1.200 millones de euros. Un país decente, señorías, asiste a quienes no pueden valerse por sí solos y ampara a sus familias.

Mi idea de España es la de un país que no frustra las expectativas de quien necesita acceder a bienes básicos, como una vivienda. Es una exigencia, que asumo con decisión, aunar los intereses de los promotores y constructores en reactivar el sector inmobiliario con los intereses de cientos de miles de ciudadanos que quieren, sencillamente, disfrutar de un hogar, bien sea en propiedad o en alquiler.

Construcción de vivienda protegida, alquiler y rehabilitación serán las tres líneas para conjugar ambos intereses. Reitero mi compromiso de fomentar la construcción de un millón y medio de viviendas protegidas en diez años. Seguiremos impulsando las políticas de alquiler y dando continuidad a la renta de emancipación que ya este año podrá beneficiar a 360.000 jóvenes en nuestro país. Y fomentaremos la rehabilitación de casas, edificios y barrios, que genera empleo y es respetuosa con el medio ambiente.

Señorías,

En mi idea de España quienes viven en nuestros pueblos no están condenados a ser ciudadanos de segunda y sus derechos deben ser tan reales y efectivos como los de los habitantes de las ciudades. Por ello, y en desarrollo de la Ley de Desarrollo Rural, promoveremos el I Plan Nacional de Desarrollo Rural Sostenible.

Señorías,

La igualdad es también una de las señas de identidad del país que con ustedes quiero seguir construyendo. Además de una exigencia constitucional, la igualdad debe ser una seña de identidad de la España sólida y cohesionada.

Presentaré a la Cámara una ley integral de igualdad de trato, que elimine la discriminación en todos los ámbitos y por cualquier motivo en nuestra sociedad. Acabaremos, señorías, con la discriminación por la orientación sexual. Integraremos plenamente a las personas con discapacidad para verlas por fin trabajando y viviendo con normalidad. Erradiquemos cualquier discriminación por razones religiosas o de ideología en nuestro país. Añadamos esta Ley de Igualdad de Trato a las leyes ya aprobadas de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género, que han situado a España en la vanguardia internacional en derechos.

Mi idea de España es también la de un país en el que izquierda y derecha pueden impulsar juntas avances en derechos y libertades. Les espero para tal objetivo.

Un país digno, señorías, no tolera que el género decida la suerte de una persona. Un país decente no consiente que las mujeres queden un peldaño por debajo de los hombres en ningún ámbito de la vida: ni en el trabajo, ni en la política, ni en el ocio, ni en la familia; en ninguno.

Por eso, la lucha contra la violencia de género, contra todo tipo de violación de los derechos de las mujeres; el apoyo al empleo femenino; las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar; el apoyo a la corresponsabilidad en las cargas familiares y la promoción de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y política seguirán siendo nuestros objetivos prioritarios en los próximos años.

El país que quiero no puede tolerar que cada semana muera una mujer por la violencia machista. La política desarrollada en la Legislatura pasada ha servido para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia y para salvar vidas, pero no ha sido suficiente. Ahora tenemos que mejorar la coordinación de las Administraciones para detectar con prontitud los casos, prevenir y proteger a las mujeres en cualquier rincón de España. Quien se atreva a agredir a una mujer ha de saber que caerá todo el peso de la Ley sobre él y que hacia él se dirigirá el desprecio y la reprobación de toda la sociedad. Cualquier cobarde que levante la mano a una mujer deberá saber que no tiene enfrente a un ser desprotegido, sino a 44 millones de personas dispuestas a plantarle cara.

Pondré también mi empeño y el del Gobierno para que las mujeres que sufren sepan que estamos todos de su lado; que no han de tener miedo; que la denuncia no traerá más desvelos, sino más tranquilidad, y que no hay razones para resignarse, sino motivos para rebelarse en la defensa de la dignidad propia y de la dignidad de todos.

El Gobierno no puede abordar este problema solo. Necesitamos a las Comunidades Autónomas. Por eso una primera iniciativa será la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el problema en toda su dimensión y con visión de Estado.

Para erradicar la violencia a largo plazo se exige trabajar intensamente por una sociedad que trate por igual a hombres y mujeres. Nos vamos a implicar, así, activamente en la puesta en marcha de los planes de igualdad en las empresas, para lo que contaremos con empresarios y con trabajadores.

Vamos a combatir especialmente la más irritante de las discriminaciones laborales: la salarial. Un país digno, señorías, la España que ambiciono, no permite que una mujer cobre un solo euro menos que un hombre por hacer el mismo trabajo.

Vamos a seguir apoyando el empleo femenino, especialmente para las mujeres en la madurez, entre los 45 y los 64 años. Ellas sufren dificultades añadidas para encontrar empleo, en muchos casos después de haber dejado pasar oportunidades por atender a sus hijos. Trataremos de reducir en, al menos, un tercio la inactividad de estas mujeres. Para ello me propongo que sepan qué oportunidades de trabajo tienen, que puedan recibir buena formación para el empleo y que los empresarios que les den trabajo tengan bonificaciones adecuadas.

Mi idea de España es la de un país que fomenta la corresponsabilidad en la vida familiar, hombres y mujeres que compartimos tareas. Desde el Gobierno intentaremos ponerlo más fácil: ampliaremos de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad; generaremos prestaciones de Seguridad Social para los padres de menores hospitalizados; permitiremos que las jornadas laborales sean más cortas para quienes cuidan de sus hijos, no sólo hasta que tienen ocho años, como hasta ahora, sino hasta los doce; y ayudaremos a las empresas a que creen escuelas infantiles para llegar a las trescientas mil plazas que nos hemos propuesto como objetivo para que las parejas más jóvenes puedan conciliar su vida laboral y su vida familiar. En la España a la que aspiramos, señorías, nadie ha de verse obligado a elegir entre un empleo o un hijo.

Debemos también, señorías, dar garantías plenas a las mujeres que deciden, conforme a los derechos que les reconoce la ley actual, recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. La Ley dice lo que no pueden hacer ni ellas ni sus médicos; pero también dice lo que pueden hacer, con pleno respeto a su intimidad y a su salud.

Señor presidente, señorías,

Hay quienes en la inmigración ven sólo un problema. En mi idea de España la inmigración regulada y ordenada es una oportunidad. Por eso, desde 2004 definimos como elemento clave en la política migratoria la relación laboral, el trabajo. Es el trabajo lo que posibilita la integración del inmigrante, lo que le permite convertirse en un componente más de una colectividad provisto de derechos y de obligaciones.

Por eso, desde hace cuatro años quienes vienen a vivir entre nosotros han de hacerlo con empleo y de manera legal. Sostengo que ése es el caso de la inmensa mayoría de los inmigrantes y mantengo, además, que con su trabajo contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural.

Los análisis de los expertos coinciden en que la inmigración se ha convertido en España en un fenómeno estructural y no coyuntural, que juega un papel fundamental en nuestro crecimiento económico y en la sostenibilidad de nuestro modelo social, hasta el punto de contribuir a hacer sostenible nuestro sistema de pensiones.

Buscaremos, también en esto, el acuerdo: el acuerdo para cifrar nuestra capacidad de acogida, el acuerdo con los países de origen para que la contratación se haga allí preferiblemente, el acuerdo para asegurar la legalidad en la entrada y también el acuerdo para garantizar que quien aquí vive disfruta de iguales derechos y está sujeto a iguales deberes que cualquier otro ciudadano. Ésa es, precisamente, la política de inmigración que hemos hecho durante los últimos cuatro años y es la que haremos en los próximos cuatro, si cabe, con mayor rigor y convicción, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, especialmente con aquellas que con más fuerza viven el impacto del fenómeno. La Comunidad Autónoma de Canarias es el mejor exponente.

Seguiremos reclamando y obtendremos la solidaridad de la Unión Europea. Quien llama a nuestra puerta está pidiendo también entrar en la Unión Europea y, por eso, la protección de nuestras puertas concierne a toda Europa. Seguiremos mejorando los controles de entrada y las expulsiones y repatriaciones, desplegaremos más medios para controlar las fronteras y combatiremos las redes de tráfico de personas.

Tendremos, en fin, que promover fórmulas nuevas que incentiven a los inmigrantes que puedan perder su trabajo a volver a su país para desarrollar allí definitivamente su vida. La capitalización de la prestación de desempleo que hayan generado o la concesión de microcréditos son vías a explorar por el Gobierno con carácter inmediato.

También intensificaremos la cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho o ayuda social por la llegada de inmigrantes. Allá donde surjan nuevas necesidades sociales deberán suplementarse los medios. Los servicios educativos y sanitarios y de toda índole serán redoblados allá donde se incremente la demanda.

Señor presidente, señorías,

La prosperidad sostenida de España y la consolidación de nuestro sistema de bienestar tienen un requisito esencial: la eficacia de nuestras Administraciones, el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos. Ésa es, desde luego, mi idea de España: un país con una Administración pública atenta al servicio de los ciudadanos, eficiente y ágil.

Señorías,

Nuestro modelo constitucional de Estado de las Autonomías atribuye a las instituciones centrales del Estado competencias y responsabilidades muy relevantes. No debemos olvidar que la Administración General del Estado y la Seguridad Social asumen, y seguirá haciéndolo, más de la mitad del gasto público en España.

Precisamente para seguir ejerciendo sus responsabilidades, y del mejor modo posible, mi Gobierno abordará una reforma de nuestra Administración, una reforma que estimule su capacidad de respuesta más ágil a los ciudadanos, de impulso del resto de Administraciones en políticas y esfuerzos conjuntos, y de propuesta e intervención en los marcos supranacionales que hoy son fundamentales.

Señorías,

Esa reforma es necesaria, en primer lugar, en el ámbito de la Administración de Justicia.

La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. No puede haber razón alguna, ni interés alguno, ni resistencia alguna, que prevalezcan sobre el clamor de los ciudadanos que piden, con todo derecho, una justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. El diagnóstico sobre sus deficiencias está claro. Ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas y, además, con el mayor consenso posible.

Para empezar, es preciso gobernar mejor el Poder Judicial y gobernar mejor el Poder Judicial significa asegurar el trabajo eficiente, independiente y responsable de los jueces y tribunales.

Es al Consejo General del Poder Judicial a quien corresponde constitucionalmente velar porque así se haga. Le corresponde eso y no convertirse en escenario de una confrontación partidista que tiene su lugar, y muy legítimo, en otros foros, empezando por este Parlamento. No nos vale de nada preguntarnos quién es el responsable de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia y de su órgano de gobierno, pero sí seremos todos responsables si no atajamos juntos los problemas desde su raíz.

Lo primero que hay que evitar, que todos debemos evitar, es que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en la pasada Legislatura. Por esta razón, como remedio excepcional, aseguraremos el cese efectivo del Consejo cuando concluya su mandato, si esta Cámara lo estima conveniente, y promoveremos, en todo caso, una elección de sus vocales transparente, avalada por la garantía democrática de su idoneidad y capacidad.

Desarrollaremos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas, de conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial. Con ello será posible un conocimiento más próximo de los problemas de la Administración de Justicia en cada territorio.

Es voluntad del Gobierno retomar, buscando el mayor apoyo parlamentario posible, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales que no vieron la luz en la pasada Legislatura. Y hacerlo con el objetivo fundamental de introducir en la Administración de Justicia un modelo de gestión propio de nuestros tiempos, con los medios técnicos, personales y materiales que resulten necesarios. La reforma de la Oficina Judicial es un instrumento clave al respecto.

Una justicia más ágil, accesible y transparente requiere una distribución racional de las cargas de trabajo. Por ello, promoveremos también la modificación de la Ley de Planta y Demarcación, y lo haremos de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Será preciso, igualmente, seguir invirtiendo en un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías, que facilitará los trámites y notificaciones, la interconexión integral de la información entre todos los responsables y el acceso de la ciudadanía a los asuntos judiciales.

Será necesario el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y, paralelamente, la modernización del recurso de casación para que el Tribunal Supremo pueda ser el máximo órgano de unificación de doctrina y, por tanto, garantía máxima de la igualdad de todos los ciudadanos en la aplicación de la Ley.

Señorías,

Me propongo, pues, si obtengo la confianza de Sus señorías, impulsar las reformas orgánicas y procesales necesarias para poner el servicio público de la Justicia, al menos, a la altura del nivel de bienestar que ha alcanzado nuestro país y reitero, más allá de cualquier retórica exhortación al uso, mi voluntad de contar en esta tarea, de innegable envergadura y trascendencia, con todos los grupos de la Cámara, empezando por el mayor de la oposición, así como con la colaboración de un Consejo General del Poder Judicial plenamente consciente de su designio constitucional, porque no tengo ninguna duda, señorías, de que nadie escatimará su colaboración leal para evitar la impotencia y el dolor que hemos vivido en estos días ante trágicos fallos del sistema que han permitido hechos que nunca debieron ocurrir y por los que todos nos sentimos deudores con quienes los han padecido.

Tengo, desde luego, una idea clara y en esa idea no caben fallos judiciales clamorosos, procedimientos que se eternizan ni un gobierno de la Justicia que desatienda el derecho de los ciudadanos para ocuparse de asuntos corporativos o de controversias partidistas.

Señorías,

También estoy decidido a introducir reformas en la Administración General del Estado.

En la anterior Legislatura iniciamos ya este camino, con la aprobación del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, de la Ley de Agencias o de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. Pero hay que ir más allá. Anuncio mi propósito de revisar la Ley del Gobierno, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley que regula el régimen de la Administración y el Procedimiento Administrativo Común. Si las dos primeras nos permitirán adecuar sus estructuras a las nuevas realidades, la última estará destinada a revisar los procedimientos para ofrecer a los ciudadanos respuesta más rápida y fundada posible a sus peticiones y reclamaciones.

Señorías,

La idea de España que defiendo es la de un país seguro; un país donde los hombres y mujeres ejerzan su libertad protegidos por la seguridad pública; un espacio en el que los derechos de ciudadanos, de peatones y de conductores queden amparados frente a los irresponsables.

En la anterior Legislatura el Gobierno se comprometió a mejorar la seguridad de la sociedad española. Hemos aumentado en ese período el número de policías y guardias civiles, y vamos a seguir incrementándolo, para llegar a los 140.000 efectivos estables en nuestro país. Como resultado, las tasas de delincuencia de los delitos más graves han descendido en España.

En esta línea de mejora de nuestra seguridad el Gobierno propondrá una Estrategia Nacional de Seguridad, que remitiremos a esta Cámara, para definir objetivos, señalar prioridades, cuantificar dotaciones, asegurar colaboración y planificar los esfuerzos organizativos y presupuestarios.

Nuestro proyecto de seguridad se extiende también a la protección frente a las catástrofes naturales y el cambio climático. Vamos a impulsar una nueva Ley de Protección Civil que canalice la solidaridad entre las distintas Administraciones y la acción efectiva y ágil, con todos los medios disponibles, ante emergencias. La Unidad Militar de Emergencias se desplegará por completo y se integrará en el sistema global de protección civil. En la España que quiero, señorías, no hay lugar para las disputas ni disquisiciones por competencias en medio de una emergencia.

Si ha existido una preocupación del Gobierno a lo largo de la pasada Legislatura en el ámbito de la seguridad ha sido detener el derroche de vidas humanas en nuestras carreteras. Los esfuerzos han dado fruto, aunque el balance no sea satisfactorio mientras se pierda una sola vida. Los cambios en el Código Penal y el nuevo carné por puntos empiezan a dar resultados. Persistiremos en esta línea y dedicaremos una atención específica a la seguridad de los motoristas, impulsando la instalación de vallas seguras en todas las carreteras. También queremos promover con decisión la atención a las víctimas de los accidentes, para lo que las oficinas de atención existentes ampliarán sus funciones para ofrecer servicios integrales.

La España por la que trabajamos, señorías, seguirá poniendo límites a esta sangría lamentable que sufrimos cada semana en nuestras carreteras.

Señor presidente,

En mi idea de España caben todas las ideologías imaginables y caben también todas las identidades; lo que no cabe es el recurso a la coacción y al crimen para defender ninguna idea ni ninguna identidad.

Gracias a la tenacidad de la democracia en estos treinta años ETA está más débil que nunca, por mucho que todavía tenga capacidad de matar como demostró hace tan sólo unas semanas al asesinar a Isaías Carrasco. Antes que él, también perdieron sus vidas a manos de asesinos desalmados Diego Armando Estacio, Carlos Alonso Palate, Raúl Centeno y Fernando Trapero. Todos merecen nuestro homenaje al igual que todas las víctimas del terrorismo.

Quiero, en este momento solemne, agradecer la entrega y dedicación de jueces, fiscales, policías y guardias civiles, y también la cooperación decisiva de Francia en la lucha contra el terrorismo.

Señorías,

Estamos, pues, más cerca del final de ETA, pero no lo hemos logrado todavía. La organización terrorista ha decidido continuar su brutal historia. Ha desaprovechado las oportunidades que la democracia, sin renunciar ni a uno solo de sus principios ni a una sola de sus reglas, les ha ofrecido en la Legislatura que acaba. Con ello, hacen aún más negro su destino. Han desafiado la buena fe de una sociedad democrática, firme en sus convicciones y con coraje acreditado para defenderse de sus desafíos homicidas.

ETA sólo tiene un destino: poner fin a su barbarie criminal definitiva e incondicionalmente.

Confirmada la voluntad de ETA, debemos reafirmar la nuestra. Agradezco, una vez más, el apoyo que las fuerzas parlamentarias dispensaron al Gobierno en la pasada Legislatura. Ahora lo reclamo para diseñar una estrategia antiterrorista compartida por todos los Grupos de la Cámara. Insisto: quiero que sea de todos los Grupos.

Señorías,

La España en la que creo, la España que defiendo, es una España que extrae su riqueza de su diversidad. Es un país unido por su pasado pero, sobre todo, unido por su futuro. En mi idea de España nadie tiene más derechos que otro por nacer en uno u otro lugar, pero tampoco nadie ve amenazada su identidad ni existe una forma única y obligatoria de ser y sentirse español.

En la Legislatura anterior sentamos las bases de la actualización del marco normativo de las Comunidades Autónomas. Se aprobó la reforma de seis Estatutos de Autonomía y se inició la modificación de otros. En los próximos cuatro años las Comunidades que lo deseen, y que no lo hayan proyectado aún, podrán culminar este proceso en sus respetivos ámbitos territoriales.

Se ha trazado ya, pues, el proceso de modernización y actualización de las Comunidades Autónomas, con el que todos debemos cumplir lealmente y cumplir lealmente, para el Gobierno, significa contribuir a la aplicación y desarrollo de los Estatutos de Autonomía en un marco de respeto, diálogo y cooperación institucionales. Éstas serán nuestras pautas de actuación.

En materia de cooperación multilateral me propongo seguir impulsando la Conferencia de Presidentes, regulando la figura y comprometiéndome a convocar, para alcanzar acuerdos concretos con las Comunidades, al menos tres Conferencias sobre prevención y atención a las víctimas de violencia de género, mejora de nuestro sistema educativo y lucha contra los efectos del cambio climático.

Señorías,

Una de las tareas más exigentes, complejas y necesarias en esta Legislatura, que afecta al Estado en su conjunto, es la aprobación de una reforma del sistema de financiación autonómica.

El Gobierno abordará la revisión del sistema por las razones que ya expuesto en más de una ocasión y por dar leal cumplimiento a las previsiones contenidas en los nuevos Estatutos. Para esa negociación, el Gobierno parte de algunos principios esenciales:

• Garantizaremos la nivelación de educación, sanidad y servicios sociales básicos en toda España.
• Aumentaremos la cesión de impuestos y compensaremos las pérdidas en recaudación derivadas de la decisión del Gobierno de suprimir el Impuesto de Patrimonio y de revisar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
• Potenciaremos la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades, permitiendo espacios fiscales propios que posibiliten decisiones de mayor gasto que una Comunidad pueda adoptar por encima del mantenimiento de esos niveles de servicio mínimos comunes a todos.
• Aseguraremos la suficiencia financiera de las Comunidades, pero también del Estado. Este mantendrá, al menos, el 50 por 100 del gasto público y, para asegurar la unidad de mercado, se reservará en exclusiva los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades.

Son medidas necesarias para que esté en condiciones de satisfacer el mandato constitucional de suficiencia para el ejercicio propio de sus competencias, para la garantía de un mismo nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales y para la expresión efectiva de la solidaridad.

Señorías,

Además del nuevo sistema de financiación autonómica es necesario abordar la discusión de la situación financiera de las entidades locales y su necesaria reforma.

En la anterior Legislatura hicimos un esfuerzo de mejora de la financiación de los municipios, incrementando en un 34 por 100 las dotaciones al respecto, compensando a los Ayuntamientos por la supresión del IAE y creando el Fondo de Solidaridad Municipal para garantizar una financiación mínima a los municipios con menos de veinte mil habitantes.

Pero es evidente que la situación financiera local requiere una reforma más estructurada, vinculada a la del sistema general de financiación autonómica, que permita una financiación suficiente para los servicios que asumen los municipios y que permita también que, mediante su integración en los grandes planes nacionales, esos servicios garanticen su capacidad de atender a todos los ciudadanos y la mejora constante de su calidad.

Si alcanzamos ese acuerdo financiero, podremos también proceder a una reforma general del marco normativo local que permita clarificar su ámbito competencial, potenciar la cooperación entre entidades locales y agilizar también su acción administrativa diaria.

Señor presidente, señorías,

Mi idea de España es la de un país inequívocamente europeo y europeísta, puente de Europa con Iberoamérica, defensor de la paz y la solución multilateral de los conflictos, y solidario y generoso en la lucha contra la pobreza.

Seguiremos trabajando por una Europa más eficaz, más integrada, más solidaria y más próspera, que actúe con mayor relevancia en el mundo y que promueva la paz y la estabilidad. En el primer semestre de 2010, en el que ocuparemos la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, se nos presenta una oportunidad única para demostrar nuestro compromiso con este proyecto europeo.

Seguiremos cumpliendo con los objetivos de la Estrategia de Lisboa para hacer de España una economía más moderna y competitiva, orientada a la creación de empleo, a la sostenibilidad y a la cohesión social. España apostará firmemente por la innovación tecnológica de nuestra economía y preservará la financiación de las políticas agrícolas y de cohesión y el estatuto de Canarias como región ultraperiférica. El Gobierno seguirá participando también activamente en el desarrollo de la política europea contra el cambio climático y contribuyendo a definir la nueva política europea de la energía. Si, como antes dije, necesitamos proteger mejor nuestras fronteras, que son también fronteras europeas, seguiremos reforzando la Agencia de Fronteras Exteriores, conocida como FRONTEX.

Queremos que en esta Legislatura, y muy en particular en nuestra Presidencia, Europa gane peso e influencia en la escena internacional. Europa debe actuar como un factor de estabilidad y prosperidad en el área del Mediterráneo, a través de la iniciativa del Proceso de Barcelona, que deberá dotarse de instituciones eficaces y de los recursos necesarios.

Iberoamérica ocupará una posición relevante entre nuestras prioridades. Trabajaremos para consolidar allí la democracia, para fortalecer la cohesión social y para luchar contra la desigualdad y la pobreza en esa región.

Con Estados Unidos quisiéramos abrir un capítulo nuevo en nuestras relaciones, mirando al futuro, desde el respeto mutuo, para encarar juntos los retos comunes e intensificar nuestra cooperación.

En el ámbito del Mediterráneo, seguiremos trabajando también para garantizar la seguridad, combatiendo el terrorismo y aumentando la cooperación policial y judicial, fomentando el intercambio de la sociedad civil y creando un espacio compartido de educación, investigación e innovación.

Tras situarla en el primer plano de nuestra política exterior, me propongo en esta Legislatura consolidar al África Subsahariana como nuevo eje de nuestra acción exterior, aprobando un nuevo Plan África 2008-2012 que produzca nuevos avances en los objetivos de consolidación de la paz y de la democracia, cooperación para el desarrollo, política e institucional, cultural y económica, y cooperación en materia migratoria.

Nuestra política exterior seguirá promoviendo la solución multilateral de los conflictos. Preferimos la cooperación a la imposición, defendemos la legalidad internacional frente a la arbitrariedad y promoveremos la solidaridad y el respeto frente a los abusos hegemónicos.

Mi idea de España, señorías, es un país generoso y solidario en la lucha contra la pobreza. Por eso dedicaremos ya en 2012 el 0,7 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto a la Ayuda Oficial para el Desarrollo, después de haber sido el país que en los últimos cuatro años, entre los países más desarrollados, ha avanzado más en la ayuda oficial.

La Organización de Naciones Unidas será nuestra inspiración en la política de cooperación, a través de sus Objetivos de Desarrollo del Milenio. La ONU también va a ser nuestra guía en la acción exterior de España, marcando nuestro apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Para ello espero contar con la colaboración estrecha de este Congreso a quien corresponde, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, autorizar el envío de misiones al exterior. En ellas nuestros soldados, que cumplen una ejemplar tarea, nos engrandecen a todos. Por otra parte, y en aplicación de dicha Ley, impulsaré el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, asegurando la mejora de sus condiciones profesionales y la dotación de los mejores medios.

Señor presidente, señorías,

Déjenme que termine hablando de los retos futuros de nuestro país.

Durante largo tiempo, el objetivo al que aspiró nuestro país no pudo ser otro que el de tratar de recuperar el terreno perdido durante varios siglos. Ahora hemos avanzado rápidamente en pocas décadas y hoy nuestro empeño no está fijado en el pasado, sino proyectado hacia el futuro.

España puede competir ahora de verdad y puede hacerlo con buenas bazas y en buenas condiciones. Los españoles podemos aspirar a estar entre quienes afrontan y lideran los cambios sociales, económicos y medioambientales.

El primero de los retos, porque es el primero de los recursos disponibles para ganar el futuro, es el aprovechamiento del talento personal y el atesoramiento del capital humano. En la Sociedad del Conocimiento nada es más estratégico que contar con un sistema educativo de primer nivel.

Nadie puede sensatamente imaginarse que España sería lo que hoy es si su sistema educativo se correspondiera con la caricatura que en ocasiones se traza de él. España debe mucho a sus escuelas, a sus educadores, a sus universidades y a sus científicos.

Nuestra educación no va, pues, por detrás del país. Pero eso no basta; necesitamos ponerla claramente por delante. Necesitamos elevar el nivel de competencia de nuestros alumnos, proporcionar calidad equivalente para todos, hacer de la formación y de la Formación Profesional una actividad permanente, y disponer de más inversión y recursos. No son necesarias más leyes, sí son necesarios más esfuerzos para igualar a nuestros jóvenes con los de los países líderes en habilidades básicas.

Vamos a combatir decididamente el abandono temprano. Nuestro horizonte es que cuatro de cada cinco jóvenes continúen su formación después de la enseñanza obligatoria, bien en Bachillerato o en Formación Profesional.

Vamos a poner en marcha programas específicos para superar el nivel que hoy tenemos en el dominio de la lengua, en la competencia matemática y en el conocimiento del inglés.

Son cuestiones, todas ellas, que quiero proponer para su examen en una Conferencia de Presidentes próxima.

En el ámbito universitario, completaremos la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y, por medio de la Estrategia Universidad 2015, acordada entre las Administraciones educativas y las Universidades, destinaremos la financiación necesaria para lograr universidades de excelencia que se sitúen entre las más activas y competitivas de Europa.

El compromiso con la Educación de todos los niveles quiere ser efectivo para todos. Por eso anuncio que ya desde este año se incrementará el esfuerzo presupuestario para promover la igualdad de oportunidades y favorecer el éxito de la capacidad y el esfuerzo. En la convocatoria de becas que aprobaremos la próxima semana, si obtenemos la confianza de la Cámara, subirá el número de becas y un 26 por 100 el umbral de renta exigido para disfrutarlas.

El esfuerzo en la formación de recursos humanos va indisolublemente unido a la capacidad para generar conocimiento e innovación, y a la intensificación de la apuesta por consolidar un sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de dimensión equivalente a nuestra potencia económica real y a nuestras exigencias para progresar en el futuro.

En la pasada Legislatura multiplicamos casi por tres los recursos del Estado dedicados a mejorar su impacto sobre nuestra sociedad. En los próximos cuatro años doblaremos de nuevo los recursos para Ciencia e Innovación, situándonos por primera vez en toda nuestra historia por encima de la media europea.

Cuatro años, ante todo, de apoyo e impulso a las empresas de base tecnológica y especialmente a los sectores como el biotecnológico, el de las tecnologías de la información, los nuevos materiales, la nanotecnología o el aeroespacial. La innovación, Señorías, es el único camino para garantizar la competitividad de nuestra economía y hoy disponemos de una generación de emprendedores tecnológicos que están en disposición de actuar como líderes del cambio empresarial en nuestro país y en el resto de economías mundiales.

Aprobaremos, asimismo, un Estatuto del personal investigador público e incorporaremos cincuenta mil personas al sistema de Ciencia y Tecnología, la mitad de ellos, al menos, en el sector empresarial.

En el campo específico de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento extenderemos hasta 2012 la vigencia del Plan Avanza, con una continua actualización de objetivos y actuaciones.

Aplicaremos, conforme a lo previsto, el llamado "apagón analógico" o, si se prefiere, el "encendido digital" en 2010, con la extensión definitiva de la Televisión Digital Terrestre, y aprobaremos la Ley destinada a regular el sector audiovisual, la ampliación de sus posibilidades y los medios para asegurar la tutela de la infancia y de los valores constitucionales de sus contenidos.

Este conjunto de reformas alcanzará también a la ordenación del sistema científico, con la aprobación o la reforma de una Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Ésta es mi idea de España: un país volcado en la educación de los jóvenes, volcado en la investigación y abierto a la innovación.

Señorías,

España no tendrá que esperar a 2012 para ser el primer país del mundo en kilómetros de tren de alta velocidad, lo será en 2010. No tendremos que esperar a ser el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, lo somos ya.

La pasada Legislatura aprobamos el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte 2005-2020, que compromete una inversión total de 250.000 millones de euros, que se extiende a todas las modalidades de transporte y que nos convertirá en un país excelentemente comunicado.

En el ámbito más urbano aprobaremos la Ley de Movilidad Urbana y ejecutaremos a corto y medio plazo ambiciosos Planes de Cercanías para las grandes ciudades de nuestro país.

Mi idea de país contempla una España en red, donde cualquier punto pueda considerarse central, próximo a los demás; una España abierta al mundo, cohesionada por intereses comunes y animada por idéntico dinamismo y ambición de progreso.

Señorías,

El mundo necesita cambiar aceleradamente el modelo de desarrollo con el que hemos venido operando. El cambio climático constituye una amenaza cierta para nuestra forma de vida y para los recursos naturales, pero también es una gran oportunidad para poner en marcha una nueva fuente de recursos naturales a favor de un cambio de modelo de desarrollo.

Podemos y debemos convertirnos en aliados del cambio necesario, abrir oportunidades a una economía que se aleje del carbono, de la dependencia del petróleo, e incorpore más fuentes alternativas y renovables.

Tenemos que actuar con decisión, y vamos a hacerlo. Habrá incentivos a las empresas que hagan público su compromiso de reducción de emisiones de CO2, habrá apoyos a la movilidad sostenible, se dispondrán ayudas para aplicar los requisitos establecidos para nuevos edificios por el Código Técnico de la Edificación y para un Plan de Rehabilitación Energética Integral de Edificios ya construidos que alcanzará hasta 2012 a un total de 500.000 viviendas y a edificios públicos y escuelas públicas, en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Presentaremos pronto un Proyecto de Ley sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables.

Habrá, por tanto, fomento de la eficiencia y apoyo a la investigación y uso de tales energías, campo tecnológico en el que estamos en la vanguardia mundial. Se intensificará también la investigación en captura y almacenamiento de CO2.

El desarrollo de las nuevas tecnologías, la evolución del mercado de combustibles fósiles, la cooperación transfronteriza y la disponibilidad de recursos hidráulicos serán los referentes a los que acudirá el Gobierno para resolver los problemas de provisión de energía exigida por nuestra voluntad de crecimiento. También lo serán, junto con las decisiones que adopte la Unión Europea, para determinar la posición española sobre la energía nuclear.

Señorías,

En 2004 propuse a los ciudadanos y a las Administraciones una nueva política social en relación con el agua, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en su gestión sostenible y eficiente, en el fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías, en la potenciación de fórmulas de regeneración y reutilización, en la modernización de regadíos y en la creación de nuevos recursos, con la desalación como tecnología prioritaria y segura de cara al futuro.

De acuerdo con estos principios, aprobamos el Programa A.G.U.A. destinado a asegurar el suministro suficiente a todos los territorios de España, a modernizar y a fortalecer las infraestructuras hídricas. Lo hemos puesto en práctica. Han sido, hasta ahora, más de 7.700 millones de euros de inversión del Estado.

Ha merecido la pena porque, pese a la dura sequía de estos años, no ha faltado agua para consumo humano en ninguna parte del territorio nacional y no ha habido necesidad de restricciones, como sí se produjeron anteriormente. Lo pueden testimoniar en Andalucía, en Murcia o en la Comunidad Valenciana, donde toda la política ha estado destinada a garantizar el consumo básico. Y esto mismo ocurrirá en Cataluña.

El Gobierno está decidido a ejercer su papel coordinador de las políticas de agua y su papel de garante de la solidaridad y la cohesión territorial.

Mi idea de España es la de un país comprometido con el medio ambiente y la preservación de su paisaje, de sus riquezas naturales y de sus mares, porque sólo en la conservación de esos recursos reside justamente su esperanza de futuro.

Señor presidente,

Concluyo aquí la exposición de los ejes fundamentales de mi programa de Gobierno; pero esta exposición no resultaría completa si, con toda solemnidad en mi tono y con toda sinceridad en mi propósito, no reiterase algo que ya he mencionado a lo largo de mi intervención.

Inicio mi acción de Gobierno en esta Legislatura con la voluntad de ofrecer, primero, y de lograr, después, un clima político sereno, caracterizado por la voluntad de diálogo y consenso. Se lo debemos a los españoles.

De acuerdo con ello, me empeñaré en alcanzar un compromiso democrático contra el terrorismo que podamos compartir e impulsar todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y en el que los ciudadanos puedan verse colectivamente reflejados y amparados.

La Presidencia española de la Unión Europea en 2010 es, sin duda, un objetivo de Estado en el que todos debemos implicarnos y cuyo éxito debemos compartir todos. Quiero consensuar los objetivos a alcanzar en nuestra Presidencia y, así, incrementar el grado de coincidencia entre nosotros sobre el desarrollo futuro de la Unión Europea, pieza clave de nuestra política exterior.

En otro orden de cosas, quiero proponerles dos acuerdos concretos que deberíamos alcanzar en el plazo más breve posible: el primero, sobre la renovación urgente de dos de nuestros órganos constitucionales más relevantes: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Es un acuerdo que posibilitará y facilitará la consecución de otros acuerdos sobre la urgente reforma de la Justicia. El segundo, sobre el sistema de financiación autonómica que es, lo he dicho ya, pieza clave para la estabilidad de nuestro sistema institucional.

Esta voluntad de acuerdo, de consenso, de pacto, tiene interlocutores singulares fuera de esta Cámara. Reitero mi intención de proponer a los sindicatos y a las organizaciones empresariales un nuevo compromiso de diálogo social para impulsar la economía, para modernizar el mercado de trabajo, asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, combatir la siniestralidad y asegurar la intangibilidad y sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

A todos los ciudadanos, a sus organizaciones y representantes, a todas las Administraciones y a todas las instituciones, les propongo un compromiso activo en apoyo de la EXPO de Zaragoza, de la Copa América de Valencia, de la candidatura olímpica de Madrid, de los actos de conmemoración de los hechos ocurridos en España y en América entre 1808 y 1812 y, más en general, en la defensa y difusión de nuestra mayor riqueza: nuestra cultura, nuestras culturas, nuestra lengua, nuestras lenguas.

Pero mi oferta de consenso se refiere, fundamentalmente, a ustedes, señorías, que ostentan la representación de más 44 millones de españoles. Se dirige a todos ustedes por igual, pero con particular énfasis al principal partido de la oposición, que ostenta una representación muy estimable. Y la formulo personalmente a su líder, a usted, señor Rajoy. Es cierto que los españoles no le han conferido con su voto la tarea del Gobierno, pero también lo es que con su voto le han confiado una importante responsabilidad.

Culminar con éxito nuestros retos colectivos es una misión que corresponde, en primer lugar, al Gobierno y el Gobierno sabrá estar a la altura de las circunstancias; pero es muy deseable que la oposición contribuya en los asuntos de Estado al logro de los grandes afanes colectivos de los españoles. Confío en que así sea, señor Rajoy, y para eso cuente conmigo.

Señoras y señores, señorías,

Uno sólo es responsable cuando es libre. Los españoles vivos somos responsables de treinta años de España, los treinta años de democracia en los que hemos sido libres.

Muchos de los que hicieron posible nuestro presente ya no están. Cada día se abren más claros en las filas de la generación de nuestros padres. Es mucho lo que les debemos. Cada uno puso lo que pudo: unos pusieron la memoria; otros, el olvido, y, entre todos, la reconciliación.

El brillo de la España de hoy, su libertad, su prosperidad, hunde sus raíces en los esfuerzos de esa generación que conoció los años oscuros y que, en la oscuridad, supo soñar lo que hoy somos. Ellos imprimieron a nuestra democracia sus rasgos más pronunciados: la libertad individual y la solidaridad social. Otras generaciones, más jóvenes, tuvieron el honor y el acierto de expresar esos rasgos en la prosa de nuestra Constitución y de nuestras leyes.

Hace tres décadas los españoles envidiábamos la libertad y el bienestar de nuestros vecinos; hace poco más de una década esos mismos vecinos europeos celebraban la rapidez de nuestros avances; ahora admiran nuestros logros. Hoy mostramos con orgullo la modernidad de nuestras infraestructuras, nuestra capacidad para la innovación, la vitalidad de nuestra vida cultural y la libertad de nuestras costumbres. Nuestro reciente pasado es un motivo para el optimismo y una razón para la esperanza.

No niego que las dificultades existen y que, una vez superadas éstas, aparecerán otras nuevas. Al fin y al cabo, ¿qué sociedad no las tiene? Lo que sí afirmo es que seremos capaces de afrontar con éxito los contratiempos que se nos puedan presentar.

Ésa es mi idea de España, señorías, un país orgulloso de sus logros y capaz de aprender de sus errores para no repetirlos; un país que avanza unido y diverso, guiado por la experiencia de sus mayores y por el empuje de sus jóvenes; un país de mujeres y hombres libres.

Para gobernar ese país durante los próximos cuatro años, para plasmar ese proyecto y para esa idea de España solicito su confianza.

Muchas gracias.