Discurso de investidura de José María Aznar López

Congreso de los Diputados

Señor presidente.

Comparezco ante Sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.

Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia, y traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas no resueltos, corregir errores y alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.

El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular, que concurrió a los comicios junto con el Partido Aragonés y la Unión del Pueblo Navarro, en la opción política más votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de mayoría absoluta en el Congreso. De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la legislatura. En primer lugar, una voluntad de cambio político. En segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, de más decisiones compartidas en nuestra vida pública.

Este es el séptimo debate de investidura de nuestra reciente historia constitucional. Sólo en dos de los anteriores, el grupo al que pertenecía el candidato dispuso de la mayoría absoluta en el Cámara, mientras que en los restantes se otorgó la confianza al candidato perteneciente al grupo que contaba con la mayoría relativa en el Congreso. Estamos viviendo hoy, en suma, señorías, un momento más de normalidad en nuestro sistema constitucional. Uno de esos momentos también en los que la democracia muestra su gran virtud: permitir, mediante el ejercicio de la voluntad popular, la alternancia política en la continuidad histórica.

Señoras y señores diputados, al asumir la responsabilidad de presentarme ante SS. SS. para solicitar la confianza de la Cámara lo hago con la convicción de que el interés de España exige la formación de un Gobierno estable, con un programa capaz de afrontar los problemas que tiene la sociedad española y con vocación de agotar la legislatura. La Cámara conoce, al igual que conoce la opinión pública, que el Partido Popular ha mantenido intensas conversaciones con Convergència i Unió, con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria, en el curso de las cuales se ha puesto de manifiesto un apreciable grado de coincidencia en la visión sobre las necesidades y los problemas de España, así como en las posibles vías de su solución. Tales coincidencias y la común voluntad de cooperación han cristalizado en tres acuerdos, cuyo carácter público ha permitido a la opinión conocer su contenido en todos sus extremos y formar juicio sobre ellos.

El acuerdo de investidura y gobernabilidad alcanzado entre el Partido Popular y Convergència i Unió contiene unos objetivos comunes y unos acuerdos específicos, de entre los cuales me permito subrayar la reforma del modelo de financiación autonómica con carácter general para las comunidades autónomas no forales.

El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco compromete a ambas formaciones políticas a perseguir la estabilidad en el ámbito parlamentario y a procurar el desarrollo concordado del Estatuto de Guernica.

El acuerdo de estabilidad institucional entre el Partido Popular y Coalición Canaria se inspira en los mismos principios de los documentos enunciados y dedica una consideración singular a las peculiaridades y problemas derivados de la condición ultraperiférica de aquella Comunidad.

Tengo la convicción de que estos acuerdos constituyen la mejor base para una colaboración leal, fecunda y transparente, que permita desarrollar al servicio de los ciudadanos la acción del Gobierno de España.

Los acuerdos y las conversaciones a las que me acabo de referir se han desarrollado con un profundo respeto a los ideales que definen la identidad de cada grupo
político. Va a ser ésta una legislatura de intensa colaboración política y parlamentaria y quiero decir aquí, al inicio de mi intervención, que no se renuncia a las convicciones políticas por alcanzar compromisos inteligentes en busca de las mejores soluciones posibles.

Los problemas que hemos de afrontar son, como SS. SS. conocen bien, de gran envergadura, y en algunos aspectos tienen viejas raíces, pero la experiencia de casi dos décadas de democracia nos invita a ser optimistas.

Los españoles, en circunstancias no fáciles, hemos sabido dotarnos de un modélico ordenamiento constitucional, garante de nuestra convivencia; hemos dado pasos fundamentales en la empresa inédita de la construcción del Estado autonómico y hemos culminado nuestra vocación de integración europea. Estos tres elementos constituyen un marco sólido, que es ya un irrenunciable patrimonio común. Es ese marco el que nos proporciona la certeza de alcanzar nuevas metas si actuamos con inteligencia, con generosidad y con ambición.

Desde su momento fundacional nuestra democracia se ha identificado con una voluntad de reconciliación y de integración. Esta voluntad impulsó las tareas que permitieron logros tan importantes como los señalados y esa voluntad es la que nos debe impulsar también a realizar la tarea común que nos corresponde ahora.

Los españoles hemos sabido conjugar la existencia de políticas diversas, consecuencia del pluralismo político, con el mantenimiento de unos acuerdos permanentes sobre cuestiones que fundamentan nuestra convivencia y definen nuestra presencia en el mundo. La alternancia en el Gobierno no tiene por qué afectar a esos consensos básicos que se refieren a nuestra política exterior, a nuestra posición en Europa, a la política de defensa, al desarrollo del Estado de las autonomías, al funcionamiento del Estado de Derecho, a la solidaridad social y territorial y a la lucha contra el terrorismo. En estas áreas tendremos que tomar decisiones relevantes en los próximos años, y quiero afirmar que será voluntad del Gobierno que me propongo formar, si obtengo la confianza de la Cámara, lograr los acuerdos más amplios posibles, porque afectan al conjunto de valores que compartimos la gran mayoría de grupos parlamentarios.

El programa que someto a la confianza de SS. SS. responde, pues, a la lógica política y parlamentaria derivada de las elecciones; es fruto del diálogo, de la voluntad de la cooperación y de los acuerdos alcanzados con los grupos a los que antes hacía referencia. Es un programa que, integrando planteamientos y aportaciones de cada formación, tiene como ejes impulsar la economía con objeto de crear empleo, mejorar el bienestar de los españoles, desarrollar el Estado de las autonomías, revitalizar nuestra democracia y fortalecer la presencia de España en Europa y en el mundo. Es también un programa que está abierto a la colaboración de aquellos grupos parlamentarios que no me otorguen su confianza en esta sesión. Sin perjuicio de la natural dialéctica entre Gobierno y oposición, debemos de encontrar una amplia zona de entendimiento para lograr objetivos que son vitales para nuestro futuro.

Señoras y señores diputados, quiero que la etapa que se inaugura se caracterice por un nuevo estilo de gobernar basado en la austeridad, la transparencia, la cercanía a los ciudadanos y sobre todo el diálogo, un constante y enriquecedor diálogo con las fuerzas políticas y sociales, sin pretensión de ocupación alguna de las parcelas propias de la sociedad, de sus ámbitos naturales, de sus instituciones o de sus organizaciones. Las viejas querellas, los viejos litigios históricos, las concepciones que se basan en la división de los españoles no deberían reaparecer en nuestra convivencia democrática, porque lo que nos interesa a todos es construir el futuro, es emprender las tareas que ahora la sociedad nos pide.

En esta nueva etapa política el Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde: el centro del debate político, y ha de ser la garantía de transparencia de la vida pública. Hemos de aspirar a que los ciudadanos tengan conciencia de que es aquí donde se debaten los asuntos que afectan a sus intereses generales y a sus problemas cotidianos; aquí deben estar presentes las preocupaciones de todos los españoles, de los que buscan empleo, de los jóvenes, de los trabajadores, de los agricultores y los pescadores, de los padres de familia que quieren mejor educación para sus hijos, de los pensionistas. Aquí tenemos que plantear todos los problemas que nos conciernen: la vivienda, la sanidad, la seguridad ciudadana o la droga. Y con tales propósitos de revitalizar el Parlamento, considero del máximo interés que los grupos parlamentarios adopten las iniciativas que estimen más idóneas para mejorar el funcionamiento de las Cámaras. Por mi parte, anuncio que el Gobierno que presida, si obtengo la confianza, facilitaría los medios necesarios para el buen funcionamiento de una oficina presupuestaria -si la Cámara creyera conveniente su creación- para supervisar el cumplimiento del presupuesto y la evolución del gasto público; porque el Gobierno será el primer interesado en que los españoles conozcan con precisión el destino de cada peseta que se gasta.

Señoras y señores diputados, el programa económico que abordará el Gobierno a lo largo de la legislatura, si obtengo la confianza de la Cámara, parte de un análisis riguroso de la realidad. Es un programa que está dirigido a modernizar nuestro sistema económico y a superar los desequilibrios y anomalías que actualmente padece. Quiere dar respuesta a las verdaderas preocupaciones de los españoles: la falta de empleo, la situación de los jóvenes, el paro femenino, las deficiencias de nuestros servicios públicos y de nuestras infraestructuras, las causas por las cuales no hay suficientes empresas en España.

El paro sigue siendo el principal problema de la economía española. Y no se trata simplemente de un problema económico o social, el paro es, sobre todo, un drama personal y familiar. Son muchos los españoles que ven comprometido su proyecto vital al no tener expectativas de encontrar un empleo estable para proyectar con confianza su futuro. Nuestra baja ocupación distorsiona gravemente el funcionamiento de la economía. El escaso empleo reduce los ingresos fiscales y ocasiona mayores gastos en subsidios y transferencias, necesarios para mantener el nivel de renta de quienes, desgraciadamente, no encuentran trabajo y de sus familias. La creación de empleo estable en una economía mundial cada vez más abierta sólo se puede lograr con un sistema productivo eficaz y competitivo, capaz de adaptarse a las exigencias de los mercados y de las nuevas tecnologías. Pero la competitividad y la eficacia exigen un marco de confianza; confianza en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, confianza para ahorrar, para invertir, para emprender nuevos proyectos. Y es preciso también que la sociedad prime valores como el esfuerzo individual, la iniciativa y la cooperación.

Aprovechar todo nuestro potencial de crecimiento, que permita crear empleo y garantizar el bienestar social, exige llevar a cabo un conjunto ordenado y coherente de acciones de política económica y social que han de perseguir tres grandes objetivos. En primer lugar, cumplir estrictamente los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht; en segundo lugar, realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y del sistema productivo y, en tercer lugar, perfeccionar los sistemas de empleo y de protección social.

Preparar la economía española para que pueda incorporarse en buenas condiciones a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en 1999 es un objetivo nacional cuya consecución orientará toda la acción del Gobierno. Los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht van dirigidos a consolidar una economía sana y equilibrada; son requisitos imprescindibles para lograr un crecimiento sólido y crear empleo. España, lamentablemente, no cumple en estos momentos ninguno de los criterios de convergencia. Esta es la dura realidad de la que partimos, y por mucho que se pretenda lo contrario, es preciso reconocer esta situación, una situación que nos va a obligar a un gran esfuerzo para recuperar el tiempo perdido y cumplir los requisitos de convergencia en el breve plazo de 18 meses.

Quiero dejar bien claro que los objetivos de convergencia son irrenunciables y, entre ellos, la reducción del déficit es el más importante porque resulta esencial para el cumplimiento de los demás. Por esta razón, el nuevo Gobierno mantendrá para el presente y el próximo año el compromiso de cumplir el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, establecido en el Programa de Convergencia actualizado, que debe quedar en el 4,4 por ciento de producto interior bruto en 1996 y situarse en el 3 por ciento en 1997.

Tras la verificación del estado de las finanzas públicas, el Gobierno adoptará las medidas conducentes al logro del mencionado objetivo y confío contar con el respaldo de la Cámara, que ya asumió aquel compromiso, cuando haya de plasmarse en medidas concretas.

Es evidente que no es posible contener el gasto y controlar el déficit sin la efectiva colaboración de todos los agentes públicos. En la actualidad más de una tercera parte del gasto público está administrado por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, por lo que el cumplimiento de los criterios de convergencia económica es una responsabilidad de todos. Por ello, el Gobierno impulsará un compromiso de austeridad entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que permita alcanzar con éxito, de manera coordinada y solidaria, los objetivos propuestos. Por su parte, el Gobierno asume el compromiso de que el conjunto del gasto público en 1996 y 1997 no crezca en ningún caso por encima de la inflación.

Para dar cumplimiento a este exigente propósito se iniciará con carácter inmediato un conjunto de reformas legales y administrativas. Me propongo impulsar la reforma de la Ley General Presupuestaria para introducir mayor racionalidad en la elaboración de los presupuestos, reducir la discrecionalidad en su ejecución, aumentar la transparencia en todos los organismos públicos, controlar mejor las subvenciones y reducir la morosidad de las administraciones públicas. Por otro lado, con objeto de garantizar la eficacia del control del gasto público, se reforzarán las funciones de la Intervención General del Estado, se reformará la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y se establecerá una oficina presupuestaria en la Presidencia del Gobierno, como expresión de un compromiso directo con este objetivo. Pero la mejora en los mecanismos de control interno y externo sería estéril sin una política decidida de austeridad en la Administración que permita reducir sus gastos de funcionamiento. Con carácter inmediato se acometerá un conjunto de actuaciones con tal finalidad.

La reducción del déficit público contribuirá a la bajada de los tipos de interés y facilitará el cumplimiento de los objetivos de inflación previstos en el Tratado. Ambos factores son necesarios para proporcionar a las empresas españolas un marco estable y para reducir sus costes financieros.

Señor presidente, el segundo objetivo de nuestro programa económico persigue realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y nuestro sistema productivo y alcanzar así una economía más eficiente y competitiva.

La política económica del Gobierno que aspiro a presidir parte del convencimiento de que la empresa es el verdadero motor de la economía. España necesita más y mejores empresas, son ellas las que crean empleo.

La nuestra será una política en favor de la empresa, dirigida a crear un marco en el que pueda cumplir su papel. En particular, se orientará a estimular la inversión y el ahorro energético y a incrementar los recursos destinados a la formación y a la investigación y desarrollo.

Para que nuestras empresas sean competitivas es también necesario un marco jurídico estable. La inseguridad del tráfico mercantil afecta cada vez más a la actividad económica. Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos necesitan un respaldo especial, porque del éxito de su actividad depende, en gran medida, la generación de empleo. Con tal finalidad, se promoverán medidas específicas orientadas a mejorar el entorno administrativo, financiero y fiscal en el que estos empresarios desarrollen su actividad. En esa dirección nos proponemos simplificar sus relaciones con la Administración, mejorar los cauces de financiación y simplificar su fiscalidad para que no sea un obstáculo a la inversión y a la creación de empleo.

La necesaria reordenación del sector público empresarial ocupa también un lugar destacado en el programa económico que me propongo abordar. Con la finalidad de contribuir a una mejora de la eficiencia general de la economía española, es preciso continuar e impulsar el camino de desregulación y privatización emprendido desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea. En este sentido, el Gobierno elaborará un plan estratégico de privatizaciones, presidido por criterios de máxima transparencia, incremento de la eficacia de las empresas y mayor competencia en los sectores en que operan, teniendo siempre presente la consideración de los intereses nacionales. La privatización producirá, además, otros efectos beneficiosos como la ampliación de los mercados de capitales españoles y la difusión de la propiedad.

Por otra parte, existen razones económicas y sociales que aconsejan la presencia del Estado en determinados sectores económicos. El futuro del sector público empresarial exige, en todo caso, una política de saneamiento, así como la mejora de su gestión.

Modernizar nuestra economía hace necesaria también una profunda reforma del sistema tributario. Los continuos cambios y retoques de estos últimos años ni han logrado la creación del marco fiscal adecuado al nuevo entorno económico ni han corregido su falta de equidad. La reforma debe proponerse tres objetivos básicos: apoyar el ahorro y la inversión productiva, proporcionar recursos suficientes para financiar las tareas del Estado social de Derecho y garantizar un reparto solidario y justo de las cargas tributarias. En cualquier caso, el proceso de reforma tendrá en cuenta el elevado esfuerzo fiscal que ya hacen los contribuyentes españoles.
En coherencia con estos objetivos, la reforma fiscal se construirá sobre los siguientes pilares: un nuevo marco de relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes; el impulso en la lucha contra el fraude fiscal y una nueva configuración de los principales impuestos. El nuevo marco de relaciones tributarias perseguirá el logro de una mayor igualdad de las partes en el proceso tributario y la introducción de unos mayores niveles de seguridad jurídica, para lo cual se elaborará un estatuto del contribuyente que delimite los derechos y garantías de los ciudadanos ante la administración tributaria y simplifique el cumplimiento de sus obligaciones.
El fraude fiscal actualmente existente en España es incompatible con una sociedad moderna y solidaria y atenta claramente al valor de la justicia.

Es indispensable combatirlo con mayor eficacia. A tal fin, el Gobierno encomendará, con carácter inmediato, a la administración tributaria la elaboración y ejecución de planes efectivos de lucha contra el fraude fiscal. Por último, el Gobierno propondrá la reforma de los principales impuestos que integran nuestro sistema fiscal. Desarrollaremos esta reforma a lo largo de la legislatura, de manera acompasada con la reducción del déficit y haciéndola compatible, en todo caso, con el cumplimiento de los objetivos de convergencia europea.

El Impuesto sobre la Renta necesita una profunda revisión orientada a hacerlo más justo, a convertirlo en un instrumento eficaz para el fomento del ahorro y a simplificarlo. En este sentido, se reformará la tarifa del impuesto y se la modulará, de modo que refleje fielmente la capacidad económica del contribuyente en función de sus circunstancias personales y familiares. (Rumores.)

Asimismo, la fiscalidad empresarial, singularmente la de los pequeños empresarios y la de los autónomos, ha de ser netamente mejorada para eliminar de nuestro ordenamiento todas las normas fiscales que están penalizando la generación de empleo y que están dificultando la competitividad e internacionalización de las empresas españolas.

Con la misma finalidad de conseguir una economía más flexible, dinámica y competitiva, el Gobierno emprenderá un conjunto de reformas estructurales en los sectores y mercados donde sobran rigideces, intervencionismos y restricciones artificiales de oferta. Me refiero, en especial, al suelo, las telecomunicaciones, el transporte y la energía.

La reforma de la legislación sobre el suelo, además de una exigencia de racionalidad económica, es hoy ineludible para resolver uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española: el acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes. El suelo se ha convertido en un recurso artificialmente escaso en un país en el que la densidad media de población es de las más bajas de Europa.

Otro sector clave para el futuro es el de las telecomunicaciones. Para su desarrollo es necesario adecuar la legislación al nuevo marco de liberalización plena que prevé la Unión Europea. El impulso de las redes de cable y las comunicaciones por satélite será decisivo para convertir este sector en uno de los motores de nuestro crecimiento. El Gobierno se propone crear un consejo regulador de las telecomunicaciones, que será un organismo independiente para garantizar las reglas de competencia en este sector.

Por último, la introducción de un mayor grado de competencia en los sectores del transporte y la energía servirá para proporcionar un mejor servicio a los consumidores y para la reducción de los costes de las empresas.

Señor presidente, con la aplicación de las reformas económicas esbozadas se relanzarán las oportunidades de empleo estable y se favorecerá la consolidación de sistemas de protección social. Este debe ser el gran objetivo de toda la sociedad española. Porque, señoras y señores diputados, es dolorosamente obligado recordar que España sufre hoy la mayor tasa de paro de la Unión Europea y, a la vez, el mayor porcentaje de empleo precario.

Es ésta una situación que produce cotidianamente una doble injusticia: el agravio entre quienes tienen trabajo y quienes carecen de él y la dualidad en el mercado laboral entre quienes gozan de un puesto protegido y quienes están sujetos a la precariedad.

Este drama, que afecta a toda la sociedad española, reclama a su vez de toda ella el mayor sentido de la responsabilidad para afrontarlo. Nadie puede negarse a arrimar el hombro para contribuir a la resolución de lo que constituye nuestro gran problema nacional.

Por esta razón, en la elaboración, desarrollo y ejecución de las políticas en favor del empleo que el Gobierno se propone emprender, mantendremos el diálogo social como un instrumento básico al servicio de este objetivo. Confío en la fecundidad del diálogo con los agentes económicos y sociales. Lo iniciaré con carácter inmediato y estoy persuadido de que, con el concurso de todos, alcanzaremos acuerdos operativos en este ámbito.

Los jóvenes y los trabajadores españoles no cuentan hoy con los instrumentos necesarios para afrontar los cambios que la evolución económica necesariamente demanda. Para ello es preciso aplicar, actualizándolo, el Programa Nacional de Formación Profesional y posibilitar el reconocimiento de los títulos y certificados obtenidos por nuestros trabajadores en toda Europa.

Resulta también necesario acercar la Universidad y los centros de formación al mundo productivo para ampliar así la formación y conseguir la necesaria adaptación tecnológica.
Los Programas Anuales de Fomento del Empleo han de ser modificados, orientándolos hacia la contratación estable. En este sentido, el contrato de aprendizaje se transformará en una auténtica vía de formación dual que complemente trabajo y formación. Impulsaremos también el desarrollo y aplicación del acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales, recientemente adoptado por los interlocutores sociales.

Señoras y señores diputados, en la transición democrática los españoles, con generosidad y visión de futuro, alcanzamos algunos consensos básicos cuyos principios quedaron plasmados en el texto constitucional. Uno de ellos fue un pacto de solidaridad, que se materializó en la configuración del Estado social de Derecho con la proclamación de los derechos económicos y sociales de los españoles.

En una sociedad moderna, ese pacto de solidaridad se centra en unos objetivos que nunca deben ponerse en cuestión y que constituyen el acervo común de quienes actúan con lealtad a la Constitución: educación y sanidad para todos, un sistema de pensiones suficiente y un sistema de protección social que ampare las situaciones de especial necesidad.

La sociedad española no debe renunciar en ningún caso a hacer todos los esfuerzos para mantener y mejorar este gran acuerdo solidario, que es elemento fundamental de nuestra convivencia, y al servicio de este gran objetivo se va a poner a trabajar con el máximo empeño el Gobierno que forme si obtengo la confianza de la Cámara.

Construir con bases sólidas un Estado social de Derecho es una tarea ambiciosa y tenaz, porque a lo que debemos aspirar es a alcanzar el mayor bienestar posible de los españoles de hoy y el de las futuras generaciones. Y ello sólo resultará posible si creamos los recursos suficientes con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.

Que a nadie le quepa duda: un crecimiento económico sólido y sostenido es exigencia ineludible para la mejora y consolidación del bienestar general de los españoles, y este es el mensaje que quiero transmitir con toda claridad a los españoles. En esta nueva etapa nos corresponde renovar y actualizar ese pacto de solidaridad con la colaboración de las fuerzas económicas y sociales, con plena conciencia de los datos de la realidad económica y de las exigencias del entorno en el que nos movemos.

En ningún campo, y tampoco en el de las políticas sociales, resulta posible mantener esquemas, modelos y planteamientos que, si pudieron tener sentido hace algún tiempo, ya no responden a las nuevas condiciones de vida de la sociedad española.

Frente a la irresponsabilidad de suponer que todo debe seguir igual, el mantenimiento y la mejora del Estado social de Derecho obliga en los próximos años a emprender tareas decisivas para mejorar el sistema de pensiones, la protección social, la sanidad y la educación.

Tenemos que introducir las reformas necesarias para mejorar la eficiencia, aumentar la calidad de estas prestaciones básicas, adaptarlas a las nuevas necesidades de los españoles y evitar los despilfarros.

El primer objetivo de la política de bienestar social que nos proponemos desarrollar será la plena consolidación del actual sistema de Seguridad Social, en los términos aprobados hace ahora poco más de un año por esta Cámara.

El Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara, asumirá en su integridad las recomendaciones de lo que se conoce como «Pacto de Toledo» e iniciará la mejora y adaptación de la Seguridad Social a la realidad actual, con el impulso de medidas tales como la separación y clarificación de sus fuentes de financiación, la constitución de reservas para mantener el equilibrio presente y futuro del sistema contributivo, las mejoras de las bases de cotización, el reforzamiento de los principios de equidad y solidaridad, la flexibilización de la edad de jubilación con carácter voluntario de manera gradual, el fomento de los sistemas complementarios y la mejora de gestión. En todo caso, afirmo ante la Cámara el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.

Los aspectos señalados, como bien conocen SS. SS., no agotan el contenido del acuerdo aprobado por esta Cámara el 6 de abril del pasado año.

El Gobierno que presida estará dispuesto a cumplir progresivamente todas y cada una de las recomendaciones en él contenidas y facilitará a la Cámara la información necesaria para que pueda realizar un seguimiento eficaz de la evolución del sistema de Seguridad Social, en los términos previstos en aquel acuerdo.

Aspiro a que el espíritu de entendimiento tenga continuidad y a que se proyecte en las medidas de desarrollo de los objetivos del «Pacto de Toledo», de las que ha de ocuparse esta Cámara. Y daré especial relevancia al diálogo con los agentes económicos y sociales en esta materia.
En el ámbito sanitario, señor presidente, nuestro objetivo fundamental es potenciar y modernizar el Sistema Nacional de Salud. El grado de equidad conseguido convierte a nuestro sistema sanitario en un instrumento importante de cohesión social que es preciso preservar. Mantener los beneficios del aseguramiento universal y la garantía de que a los ciudadanos se les atienda según sus necesidades, han de ser el presupuesto de cualquier reforma. Pero hay aspectos de nuestro modelo sanitario que funcionan deficientemente que hay que mejorar y corregir.

En un sistema tan rígido y burocrático resulta imposible atender a las demandas de los ciudadanos con respuestas rápidas y con la calidad requerida. Los españoles desean un trato más personalizado, menores listas de espera, mejor información y más posibilidades reales de elección de médico y hospital.

La reforma que hay que emprender se orientará, básica y primordialmente, a hacer más eficiente el sector público y a aprovechar mejor todos los recursos sanitarios del país. Debemos dotar a las instituciones sanitarias de mayor autonomía y debemos también reforzar el papel de la sociedad, haciendo que la libertad de elección del ciudadano sea un factor dinamizador del sistema.

Resulta esencial definir el papel relativo del Gobierno central y el de las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad tendrá como misión fundamental la de establecer, de acuerdo con las comunidades autónomas, las prioridades globales de la política sanitaria.

Avanzar en la reforma sanitaria es una tarea compleja en cualquier país. Hay derechos y valores básicos en juego. Por ello, como he dicho anteriormente, es una materia que reclama el acuerdo y el compromiso.

El Gobierno ofrecerá a la Cámara la constitución de una ponencia que busque un acuerdo sobre las reformas para garantizar la eficiencia del sistema sanitario en España y que España necesita para su futuro.

Y no puedo dejar de referirme a uno de los problemas sociales más dramáticos que padece, en estos momentos, la sociedad española: la drogodependencia. El Gobierno impulsará las medidas de prevención y rehabilitación estimulando, especialmente entre los jóvenes, una efectiva cultura del rechazo a la droga al tiempo que intensificará la acción policial contra el narcotráfico.

En el ámbito educativo, señor presidente, durante los dos últimos decenios España ha alcanzado prácticamente la plena escolarización de los niveles básicos y medios y se ha producido una gran expansión de la enseñanza universitaria y superior. Pero nuestro sistema de enseñanza tiene hoy planteados serios problemas, como la pérdida de calidad, el debilitamiento de la escuela como institución, la desmoralización de su profesorado y los derivados de la vertiginosa caída de la tasa de natalidad.

La inquietud social que se está manifestando en estas semanas ante la aplicación de la reforma del sistema educativo, aprobada hace ya seis años, es consecuencia de la falta de previsión y rigor con que se están llevando a cabo, además de no haberse tenido en cuenta para su ejecución la diversidad de condiciones sociales, geográficas y demográficas de nuestro país, en particular las del mundo rural.

Por ello, el Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara, evaluará la situación y en colaboración con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y en diálogo con los sectores interesados, adoptará al respecto las medidas que resulten oportunas.

El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza son los pilares sobre los que descansa el modelo constitucional en materia educativa. Ninguno de estos dos derechos fundamentales ha de ser sacrificado o preterido al otro. La gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria es un factor esencial para desarrollar el principio de igualdad de oportunidades.

El Gobierno promoverá las medidas necesarias a lo largo de la legislatura para extender este derecho desde los tres a los dieciséis años de edad. Mejorar la calidad del sistema educativo constituye una necesidad nacional en la que nos jugamos nuestro futuro. Por ello, el Gobierno impulsará la innovación en la escuela, una mayor autonomía de los centros, la libertad de elección de centro educativo y apoyará decididamente la profesionalidad de los docentes.

Asimismo, resulta necesario abordar con decisión cuestiones como el perfeccionamiento de los métodos de aprendizaje, la ampliación de los contenidos humanísticos, indebidamente empobrecidos, y la potenciación del bachillerato, así como de la formación profesional.

Para llevar adelante estos objetivos, se pondrán en marcha las reformas necesarias en permanente diálogo con los sectores educativos, de modo que las modificaciones legales sean las imprescindibles.

El servicio de la cultura será objeto de la acción de todo el Gobierno. Los poderes públicos tienen una especial responsabilidad, tanto en la tarea de conservar, enriquecer y difundir nuestro extraordinario legado cultural, como en la de impulsar la creación intelectual, literaria y artística.

El Gobierno prestará una particular atención a sus obligaciones constitucionales en la garantía de comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas, y en la proyección exterior de nuestra cultura en toda su pluralidad y riqueza.

A la hora de potenciar la presencia de nuestra cultura en el mundo, el Gobierno apoyará el desarrollo del sector audiovisual y su adaptación a las nuevas tecnologías. Pero no es a los poderes públicos a quienes corresponde el protagonismo en este ámbito, por lo que el Gobierno favorecerá la contribución de la sociedad al quehacer cultural a través del fomento del mecenazgo y la actividad de las fundaciones.

Al resultar indispensable la más estrecha coordinación en el desempeño de las funciones que corresponden al Estado en los ámbitos educativo, cultural y científico, los Ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura se integrarán en un departamento que desarrollará su actividad en constante cooperación con las comunidades autónomas y con pleno respeto a sus competencias.

Señor presidente, en las últimas décadas se ha producido una creciente sensibilización hacia los problemas derivados de la preservación y mejora del medio natural y del entorno urbano. La sociedad demanda un mayor impulso político en defensa y salvaguarda del medio ambiente. Es un hecho de gran trascendencia, no sólo para la vida cotidiana, sino para la herencia que nos corresponde transmitir a las próximas generaciones.

La magnitud de los problemas medioambientales de una sociedad desarrollada como la española que, además, posee un excepcional patrimonio natural, hace imprescindible una coherente y eficaz política medioambiental de largo alcance.

Sin perjuicio del ámbito competencial propio de las comunidades autónomas --que en todo caso debe ser respetado--, el cumplimiento de las crecientes obligaciones internacionales, el desarrollo de la política de la Unión Europea y la preservación de recursos naturales vitales para nuestro futuro reclaman una adecuada presencia del Estado en esta materia.

La política medioambiental se ha erigido pues en uno de los grandes vectores de la acción del Gobierno, por lo que, para impulsar las políticas que España necesita, ha llegado el momento de crear un Ministerio de Medio Ambiente.

Señorías,

Creo que la Cámara convendrá conmigo en que la voluntad de proceder a una nueva ordenación territorial del poder, capaz de albergar con naturalidad y holgura a los distintos pueblos de España, fue la iniciativa más audaz y de mayor aliento histórico de las que hubieron de afrontar los constituyentes de 1978.

Reconocer, respetar y dar una respuesta jurídica y política suficiente, no sólo a la diversidad de España, sino a la plena asunción de su heterogeneidad por sus hechos diferenciales, e invertir un secular proceso de concentración de poder, suponía acometer una experiencia históricamente inédita. Un proceso de tal envergadura está inevitablemente sujeto a resistencias, a posibles errores, pausas e impulsos.

Con la experiencia acumulada en estos 16 años, yo tengo la convicción del acierto del diseño del Estado de las Autonomías hecho por la Constitución. Pienso que representó y representa una opción política irreversible que está llamada a otorgar a la fisonomía de nuestro Estado una modernizadora transformación.

Desde la aprobación de los primeros estatutos, catalán y vasco, hasta la reciente inclusión en el mapa autonómico de las ciudades de Ceuta y Melilla, todo el desarrollo del Estado de las Autonomías se ha venido realizando mediante amplísimos acuerdos políticos, prolongación del propio consenso constitucional.

La preservación de ese consenso, en consideración de que estas materias forman parte del propio «bloque de la constitucionalidad», será orientación permanente de la acción del Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara.

En lo que al desarrollo autonómico se refiere, el consenso no es un método: es un requisito. Y en esta legislatura, tenemos que dar un nuevo impulso a esta tarea y, con esta convicción, presento a la Cámara un programa que se inspira en cuatro principios: El principio de lealtad al proyecto democrático común de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones», como dice el preámbulo de nuestra Constitución, y de garantizar la igualdad básica de los españoles en cualquier parte del territorio nacional.

El principio de solidaridad, valor fundante de nuestro ordenamiento constitucional, que reclama como condición la colaboración entre todas las Administraciones, la potenciación de todos los foros y procedimientos de cooperación y el fomento de todas las posibilidades de arbitraje.
El principio de estabilidad, ya que la propia naturaleza del Estado de las Autonomías y el obligado gradualismo de su puesta en marcha explican los diferentes ritmos e intensidad de su configuración. En esa flexibilidad reside una de sus virtudes, que ha permitido, y no debe dejar de permitir en lo sucesivo, su acomodación a los factores diferenciales. Con la ineludible pretensión de estabilidad, el impulso que el Gobierno adopte se encaminará a la búsqueda de un marco que delimite, con precisión y vocación de permanencia, las competencias y atribuciones de cada nivel territorial de poder.

El principio de modernización, porque la redistribución del poder no puede desvincularse de los objetivos de conseguir un mejor servicio a los ciudadanos, hacer una democracia más próxima, mediante una simplificación del modelo administrativo, y una enérgica reducción del gasto público.

Bajo la inspiración de estos cuatro principios, la política del Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara, perseguirá los siguientes cinco grandes objetivos: En primer lugar, el desarrollo estatutario y los traspasos competenciales. En el marco del «bloque de la constitucionalidad», se abordará el pleno desarrollo de los Estatutos de Autonomía aprobados en virtud del artículo 151 de la Constitución.

Nos proponemos, asimismo, completar el proceso de transferencias acordado en los pactos de 1992, para que las comunidades del régimen del artículo 143 asuman la plenitud de las competencias previstas en sus propios estatutos y, muy singularmente, la competencia en materia educativa. Una renovación de aquel pacto debe servir para que dichas comunidades alcancen sus máximos niveles de autogobierno.

Con este mismo espíritu, anuncio mi compromiso de impulsar la tramitación consensuada de la reforma de los Estatutos de Canarias y Aragón, cuyos proyectos tuvieron entrada ya en esta Cámara durante la pasada legislatura.

En segundo lugar, un nuevo modelo de financiación autonómica. Desde la construcción del Estado Autonómico, ha tenido lugar un intenso proceso de descentralización del gasto público en favor de las comunidades autónomas. Hoy, éstas disponen ya de más del 25 por ciento del gasto total de las Administraciones Públicas. Pero convendrán SS. SS. en que el que las comunidades autónomas sean crecientemente unidades gestoras de gasto sin apenas responsabilidad en materia de ingresos, no es coherente con lo que predica la Constitución al incluir la autonomía financiera como elemento esencial del autogobierno de las nacionalidades y regiones.
Y convendrán también que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, se ha avanzado escasamente en esta dimensión sustancial de la autonomía.

Las tres Administraciones que configuran el Estado Autonómico (la Administración Central del Estado y las Administraciones Locales) tienen responsabilidades en materia fiscal. Deben pedir a los ciudadanos, por vía de impuestos, los recursos que necesitan para sus gastos. En cambio, las comunidades autónomas con un nivel de gasto tan importante no tienen que asumir responsabilidades en materia fiscal frente a sus ciudadanos.

Si me permiten la expresión, ésta es una asignatura pendiente del Estado de las Autonomías, y no es casual que, tanto el Partido Popular como la mayoría de las formaciones que concurrieron a las elecciones, incluyeran en sus programas el principio de la corresponsabilidad fiscal.
Pues bien, ha llegado el momento de impulsar un modelo de financiación autonómica coherente con los postulados constitucionales y que sirva a la nueva organización territorial del Estado. Este modelo debe descansar en tres grandes principios: La suficiencia financiera, que permita acercar los recursos de las comunidades a la cobertura de los gastos necesarios para llevar a cabo los servicios que tienen encomendados; la solidaridad, que garantice las prestaciones y servicios a todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia y valorando las diferencias de coste en la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo, y que permita avanzar en la disminución de los desequilibrios económicos interterritoriales existentes; y la corresponsabilidad fiscal, para dotar a las comunidades de capacidad normativa suficiente, de modo que asuman ante sus ciudadanos las decisiones políticas que, en el ejercicio de su autogobierno, deban adoptar.

Reitero que esta reforma ha de enmarcarse en el compromiso de austeridad entre las administraciones públicas, con la finalidad de que quede garantizado, en todo caso, el efectivo cumplimiento de la reducción del déficit.

El modelo de corresponsabilidad fiscal se propone: atribuir a las comunidades autónomas capacidad normativa sobre los tributos cedidos, con los límites que se acuerden; otorgar a las comunidades autónomas una participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los residentes en sus territorios de hasta un 30 por ciento, participación que se fijará en función del nivel de competencias y del volumen de recursos.