Intervención del presidente del Gobierno en el acto de inauguración del curso político

Instituto Cervantes, Madrid

Buenos días. Queridos miembros del gobierno; vicepresidentas; líderes de la sociedad civil; querido director del Instituto Cervantes, muchísimas gracias por cedernos este espacio de la cultura para presentar las grandes líneas del curso político que comenzamos esta semana; periodistas, gracias a los medios de comunicación por cubrir este acto; señoras y señores.

Arrancamos el mes de septiembre, un nuevo curso político, e iniciamos el séptimo año del Gobierno de coalición progresista. Si echamos la vista atrás, en estos seis años previos, el mundo, Europa, se han enfrentado a grandes desafíos, que creo que España ha sabido superar con éxito, de forma responsable, solidaria, despertando el reconocimiento de la comunidad internacional. Tenemos múltiples ejemplos y me gustaría detenerme en algunos de ellos.

Recordemos cómo España fue uno de los primeros países del mundo en vacunar al grueso de la población contra la COVID19 y el cuarto que donó más vacunas al Fondo de las Naciones Unidas.

España fue la primera gran economía de la Unión Europea que logró reducir la inflación de ese 10% desde el inicio de la guerra de Putin en Ucrania, al 2%, y fuimos uno de los Estados miembros que más energía exportó a sus vecinos europeos durante los peores meses del chantaje de Putin a Europa.

España lideró la acogida de los refugiados, sobre todo de las refugiadas afganas que se produjo tras el regreso de los talibanes a Kabul.

Hemos sido, somos, un actor clave en la defensa de Ucrania y, por tanto, de la legalidad internacional. Y es el país europeo, España, que más ha reforzado su apoyo humanitario a toda la población palestina de Gaza.

España, por tanto, señoras y señores, ha estado a la altura de la coyuntura internacional, de una difícil y compleja coyuntura internacional. Ha sido fiel a sus valores, a sus principios que están marcados en nuestra Constitución. Ha ayudado a quien más lo necesitaba y al mismo tiempo se ha transformado por dentro.

Hoy hay un gobierno limpio que nació hace seis años, después de una moción de censura como respuesta a la corrupción, a la quiebra territorial y a los recortes del Estado del bienestar.

Hemos superado por fin, hoy, hemos estado en la Zarzuela, cinco años de bloqueo judicial, con la renovación pactada y quiero subrayarlo, pactada, del Consejo General del Poder Judicial y la elección de la primera mujer como presidente o presidenta en este caso del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

España cuenta hoy con un gobierno en Cataluña que trabaja por la unión entre los pueblos de España.

Y hemos protagonizado una de las bases de modernización, de crecimiento y de creación de empleo más importantes de nuestra historia reciente.

En definitiva, todo un éxito de país, no del gobierno en exclusiva, sino del conjunto del país.

Echemos la vista atrás al año 2023. La sociedad civil, las empresas, el conjunto de instituciones públicas, logramos aumentar la productividad. Tras años de estancamiento, conseguimos cerrar la brecha de innovación con la media de la Unión Europea e hicieron, esa sociedad civil, esas instituciones públicas, que nuestra economía creciera por encima de la media europea en un contexto difícil como el que estamos viviendo, que fuese la cuarta economía que más redujo su déficit público y la que más empleo ha creado de toda la Unión.

Para hacernos una idea de la envergadura de ese éxito económico en la creación de empleo, no hay más que fijarse en que hemos creado más empleo que dos grandes economías como la francesa e italiana juntas.

Gracias a este buen desempeño económico y también, por qué no decirlo, al compromiso del Gobierno de España con las políticas predistributivas y redistributivas, los ingresos reales de los hogares españoles han crecido en estos seis años, casi un 5%.

Y si nos comparamos con las principales economías europeas, hemos crecido en ingresos reales más que la alemana, que la francesa o que la italiana.

Esto ha llevado a que hoy tengamos una reducción de la pobreza. Hemos sido de los países que más ha reducido la distancia entre ese 20% más rico y el 20% más pobre, o con menos recursos del conjunto de nuestra sociedad.

Esto, señoras y señores, son datos. Son datos reales, objetivos, inapelables, que nos hablan de un gran país que está haciendo las cosas bien, con eficacia, con equidad, que va en la buena dirección y que tiene un futuro prometedor por delante.

Naturalmente, no todo está hecho. Esa es la razón de ser de este gobierno de coalición progresista. Aún quedan muchísimos problemas que resolver. Nuevas cotas de bienestar que conquistar. España tiene todavía unas tasas de desempleo, y pienso, sobre todo, en los jóvenes, más elevadas de Europa. Unos niveles de desigualdad y de pobreza demasiado elevados y unos salarios demasiado bajos que hacen que muchas veces las personas de nuestro país les cueste llegar a fin de mes.

Por tanto, queda mucha tarea, mucha tarea para alcanzar la España que queremos y que nos merecemos. Y el gobierno de coalición progresista lo sabe.

Por eso, desde el Gobierno encaramos este nuevo curso político con renovada energía, con una hoja de ruta clara y con unos objetivos claramente definidos.

Objetivos que se van a concretar en seis prioridades que centrarán nuestra acción de gobierno durante los próximos meses y que me gustaría compartir con todos ustedes y con el conjunto de la sociedad española.

La primera de esas prioridades de la acción de gobierno será la competitividad, es decir, continuar impulsando el cambio de modelo productivo en nuestro país. La forma en que crece nuestro país.

En este cuatrimestre vamos a desplegar nada más y nada menos que 3.100 millones de euros más en préstamos procedentes de los fondos europeos, para continuar con la reindustrialización de nuestro país, para apoyar a las pequeñas empresas, a las empresas en general, a los autónomos, a la economía social que quieran crecer y modernizar su modelo de negocio.

Vamos a poner en marcha el nuevo Consejo de Productividad de España, que se va a dedicar a encontrar formas de fortalecer nuestro mercado interior.

Y vamos a acelerar la adopción de la inteligencia artificial en nuestras compañías y también una aproximación respetuosa con los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras.

Y vamos a hacer nada más y nada menos que se estrenen 12 nuevos grados universitarios y módulos de formación profesional en este curso que viene. ¿Diseñados para qué? Para mejorar el capital humano, las competencias, la empleabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras en los ámbitos en los que estamos depositando mayores recursos económicos para ese cambio de modelo productivo, es decir, la economía verde, las tecnologías digitales y también la economía de la salud.

El objetivo, por tanto, señoras y señores, es seguir ganando competitividad, avanzar en la buena dirección que hemos emprendido en estos últimos seis años, apostando por la innovación, por la ciencia, por la sostenibilidad, por el talento, para seguir creciendo por encima de la economía media europea y ofrecer mejores empleos y mejores salarios a nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Nuestra segunda prioridad tiene mucho que ver con la naturaleza progresista de este gobierno de coalición. No hay crecimiento si no hay reparto de ese crecimiento y, por tanto, no hay redistribución del mismo. Y eso significa fortalecer nuestro Estado del bienestar, continuar modernizando y reforzar los servicios públicos.

El gobierno de coalición progresista considera que la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, no son mercancías, son derechos. Derechos que tenemos que blindar, que tenemos que expandir frente a aquellos que quieren recortar o que quieren convertir en un negocio para unos pocos, lo que son derechos para todos y para todas. Eso fue lo que se hizo por parte de administraciones previas conservadoras en la mayor época de privatización y de recortes de nuestra historia democrática. Y eso es lo que están haciendo en este momento precisamente los llamados barones y baronesas del Partido Popular en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan.

Y me voy a centrar en algunas de ellas, porque fíjense, solo en el último año en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado mil millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año mil millones de euros se han derivado a la sanidad privada. Pero si nos vamos a la comunidad valenciana, se han recortado el 20% de plazas públicas de las residencias de mayores. Y la Junta de Andalucía ha suprimido ya 2.000 clases de educación pública, al tiempo que ha incrementado en un 22% el gasto en la educación concertada.

Por tanto, mercancías frente a derechos. Ese es el caduco modelo neoliberal que la oposición, allí donde gobierna, practica una agenda, a mi juicio, a juicio del gobierno de coalición progresista, contraria al interés de la mayoría.

Nuestro modelo, como saben, es justo el contrario. Nosotros creemos que la formación, que la salud, que la seguridad, que la dignidad de las personas no son negocios y que no pueden depender del código postal donde se viva, de su apellido o del dinero que se tenga en el banco.

Y por eso en estos seis años lo que ha hecho el Gobierno ha sido invertir en servicios y en prestaciones sociales un 28% más que lo que invirtió la anterior administración del Partido Popular. Hemos reforzado para que nos hagamos una idea, las plantillas de trabajadores y trabajadoras con casi 16.000 profesionales, entre ellos médicos, maestros, policías, guardias civiles… En definitiva, gracias a ello, el Estado del Bienestar ha empezado a recuperarse de los tijeretazos y el abandono que sufrió durante la década neoliberal.

Es evidente que no es suficiente. Tenemos que ser sinceros, no es suficiente, porque hay muchas administraciones, muchos servicios públicos que siguen saturados. Tenemos listas de espera absolutamente inaceptables y la calidad y la cobertura de muchos servicios públicos aún no están a la altura de lo que los españoles y españolas necesitan y merecen. Los líderes autonómicos de la oposición, evidentemente lo que hacen es culpar al gobierno central de este problema. Dicen que no les damos suficientes recursos públicos, pero esta es una gran mentira que no está avalada ni por los datos ni por los hechos.

Lo cierto es que en estos siete años el Gobierno de España habrá transferido a las comunidades autónomas un total, y quédense con esta cifra, un total de 935.0009 millones de euros. Esto es 300.000 millones de euros más, repito, 300.000 millones de euros más, un 32% más de lo que transfirió la administración del Partido Popular en el mismo lapso de tiempo, cuando le correspondió gobernar. Nosotros, por tanto, señoras y señores, lo que estamos haciendo es cumplir. El problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y las ciudadanas; los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba.

Pongamos de nuevo el caso de la Comunidad de Madrid. Entre 2018 y 2023 esta comunidad recibió casi 100.000 millones de euros del Gobierno de España, 100.000 millones de euros, es decir, un 21% más de lo que transfirió el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero al mismo tiempo que hemos transferido esos casi 100.000 millones de euros, sus recortes en impuestos, siempre dirigidos a beneficiar a los de arriba, redujo los ingresos de la Comunidad de Madrid en 31.000 millones de euros. Lo voy a decir de otra manera: de cada 10 euros que el Gobierno de España ha dado la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el gobierno autonómico ha usado tres para hacer regalos fiscales a los más ricos.

¿Qué ha hecho ese gobierno para cuadrar las cuentas? Pues reducir su inversión en educación pública hasta tener el gasto por alumno más bajo de España. Situarse a la cola en el gasto destinado a la sanidad pública por habitante, con un 23% menos que la media nacional y eliminar prestaciones autonómicas enteras y hacer que la paguen el conjunto de españoles y españolas con independencia de dónde viva. Y me voy a explicar. Voy a poner un ejemplo: en 2018 la Comunidad de Madrid auxilió a 27.000 familias vulnerables con una renta mínima de inserción que costaba más o menos 12,5 millones de euros al mes. En esos seis años el Gobierno autonómico de Madrid ha ido eliminando esa prestación hasta el punto de que hoy apenas la reciben 760 familias y distribuye 300.000 euros al mes. Mientras, ¿qué ha sucedido?, que el número de hogares madrileños vulnerables que obtienen el ingreso mínimo vital creado por el Gobierno de España ha pasado de 0 a 50.000, con una inversión mensual de 37 millones de euros.

Por tanto, como ven, los números hablan por sí solos y si demuestran algo con claridad es lo que está pasando, que el modelo está claro: se bajan impuestos a los ricos, se dan más contratos públicos, a las grandes corporaciones y mientras se recortan los recursos, los servicios y los derechos a las clases medias y trabajadoras de esta comunidad.

Por tanto, lo que quiero decir es que así no se defiende la igualdad entre españoles. Nosotros reivindicamos un modelo de justicia social que vele por la igualdad real y proteja nuestro estado del bienestar. Por eso les anuncio que en este curso político que empieza vamos a hacer tres cosas. La primera, lo que le corresponde a todo gobierno. Vamos a trabajar por la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que lleven el ADN, la marca, el sello de este gobierno de coalición progresista Unos presupuestos sociales ambiciosos que consoliden y expandan la inversión pública que venimos realizando durante estos últimos seis años. Y, de hecho, les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento. Vamos a seguir avanzando hacia una fiscalidad más progresiva con impuestos que graven más a quienes más tienen y orienten también el modelo productivo. Y finalmente, vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos.

Porque pensamos que la descentralización, que es forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios y también con garantizar la suficiencia de recursos, siempre y cuando, evidentemente, los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad fiscal. De hecho, les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer todas y cada una de las comunidades autónomas del país, recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.

En resumen, cohesión e igualdad, eficiencia y equidad. Así es como se construye España. Lo otro es aprovechar el actual estado de las cosas para hacer más ricos a los ricos y abrir nuevas brechas de desigualdad social y territorial .

Señoras y señores, la tercera prioridad, junto con la competitividad y por tanto, la redistribución de esos frutos del crecimiento en forma de un mayor y más fuerte Estado del bienestar es la vivienda. El mayor de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y muchas familias en nuestro país. España hoy vive, o mejor dicho, en España hoy vive más gente que nunca y más separada que antes, en las últimas décadas, pues el hogar medio en España ha pasado de tener cuatro miembros a contar solo con dos. Y, además, no se construyen pisos suficientes. Y las condiciones para acceder a la hipoteca por parte de una familia o un individuo se han endurecido como consecuencia de los requisitos que tras la crisis financiera se están exigiendo a los ciudadanos y ciudadanas.

El resultado de todo lo anterior es que comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro, porque si España hoy tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas, es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas, la renuncia a la regulación pública, la renuncia a la colaboración público privada, la renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Y sí, en cambio, muchos fondos buitre y una ley del Suelo que trajo la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, dolor y sufrimiento a amplias capas de la población en nuestro país.

Por tanto, para resolver el problema del acceso a la vivienda, que evidentemente va a exigir tiempo, determinación para su resolución, hemos empezado a sentar las bases de la nueva intervención pública. Hemos aprobado la primera ley de la historia de la democracia de vivienda que prohíbe, entre otras cosas, por ejemplo, la venta de vivienda pública a fondos buitre, algo que parece de sentido común pero que no ha existido hasta ahora, que dota también a las comunidades autónomas de un marco regulatorio que les permite, por ejemplo, limitar los precios del alquiler. Hemos impulsado la eliminación de las 'golden visa', que en este momento se encuentra en tramitación parlamentaria. Hemos dado a las comunidades de vecinos mayor control sobre los pisos turísticos y hemos movilizado o iniciado la construcción de 80.000 viviendas de alquiler asequible. Y junto con ello, lo que hemos hecho también ha sido dar ayudas de alquiler a 120.000 jóvenes en nuestro país y hemos abierto una línea de avales en el ICO de 2.500 millones de euros para para los jóvenes para ayudarles a pagar la entrada de su primera vivienda.

Nuestro objetivo, por tanto, señoras y señores, es claro. Queremos que nuestros jóvenes se emancipen a edades más tempranas, al menos a las edades que otros jóvenes en Europa se están emancipado. Y por eso, por eso creo que es importante también recordar que en los próximos meses vamos a hacer más. Vamos a impulsar nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda, vamos a perseguir la especulación, vamos a fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes y vamos a lograr también que la vivienda sea un derecho de todos y no un negocio de unos pocos.

Y como evidentemente esto tiene mucho que ver con las competencias en un Estado compuesto de las comunidades autónomas, ya les anuncio que la vivienda será el debate, el propósito fundamental de la próxima Conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que celebraremos en la comunidad autónoma de Cantabria.

Insisto, nosotros evidentemente, no vamos a poder revertir de un plumazo décadas de especulación, de privatizaciones y de inacción de gobiernos conservadores. No podemos construir viviendas de un día para otro, ni obligar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular o por el Partido Popular con VOX a hacer lo que no creen, es decir, actuar sobre este problema. Pero hay otras muchas cosas que el Gobierno de España puede y hará, aunque ello implique evidentemente incomodar, enfadar a especuladores, a grandes tenedores, a poderosos o poderosas, en este caso plataformas digitales que están convirtiendo nuestra casa o nuestras casas en hoteles ilegales.

Y junto con la vivienda, nuestra cuarta prioridad en la acción del gobierno es la dignidad laboral. En estos seis años yo creo que el gobierno de coalición progresista ha dado grandes pasos en este ámbito. Pasos, además, que han sido reconocidos por parte de la comunidad internacional y singularmente europea. Hemos aprobado una reforma laboral que ha sido pionera, que ha reducido drásticamente la temporalidad de la cual siempre se hablaba por parte de todos, la temporalidad, la precariedad en el trabajo en nuestro país. Hemos fortalecido en consecuencia los derechos de millones y millones de hombres y mujeres en nuestro país, hemos aumentado las bajas por maternidad y paternidad, hemos facilitado las condiciones de cotización para acceder a la jubilación, hemos impulsado el teletrabajo y hemos subido el salario mínimo interprofesional en 400 euros.

Hemos hecho todas esas cosas y el apocalipsis económico que anunciaban las derechas y los tertulianos neoliberales no se ha producido; al contrario, España ha alcanzado los mejores datos de empleo de su historia. Por eso, en este curso político vamos a seguir avanzando en esa buena dirección. Vamos a seguir negociando -¿verdad, vicepresidenta?- con los sindicatos. Gracias por estar aquí, Unai, Pepe. También con la patronal, hasta reducir la jornada laboral a las 37,5 horas para que todos los españoles y españolas puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

Y vamos también a adaptar la normativa estatal del salario mínimo interprofesional a los estándares que fija la directiva europea. Y vamos a aprobar definitivamente ese estatuto del becario que mejorará las condiciones de los jóvenes que se incorporan al mundo laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz está trabajando en ello y estoy convencido de que se lograrán resultados muy pronto, como viene haciendo a lo largo de estos años.

Nuestra quinta prioridad será seguir luchando contra la desigualdad, en todas sus formas, las que existen entre hombres y mujeres, las que afectan a quienes aman de forma alternativa a la heterosexual, las que existen entre barrios y también entre territorios, y las que se dan entre los de arriba y la mayoría social. Como ya me han oído decir en muchas otras ocasiones, yo no creo en una sociedad en la que todos los individuos sean iguales y tengan exactamente lo mismo. Creo que efectivamente el esfuerzo, el mérito, el talento, deben ser recompensados. Creo que los padres, que las madres tienen todo el derecho del mundo a ayudar a legar a sus hijos los frutos de su trabajo.

Pero también creo que los niveles actuales de desigualdad en oportunidades, en renta, en patrimonio siguen siendo injustos y excesivos. Porque responden a una a un sistema de privilegios heredados, cartas marcadas, que limitan nuestra libertad como individuos y que dañan nuestra sociedad porque merman nuestra seguridad, porque merman nuestra capacidad de crecimiento y nuestra capacidad y voluntad de innovar.

Por eso, les anticipo que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país y vamos a grabar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos -por cierto, fabricados en España- más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis.

Y, por último, nuestra sexta prioridad será la paz. La paz de nuestra vecindad oriental y meridional. Desde el gobierno de coalición progresista llevamos mucho tiempo preocupados y, por tanto, ocupados por la creciente inestabilidad que afecta al arco territorial que rodea Europa. En este momento, para que nos hagamos una idea, 16 de los 18 países que configuran nuestra frontera sufren o bien la lacra del terrorismo, cinco están en guerra, seis han padecido golpes de Estado o intentos de golpes de Estado, y nueve han mirado hacia formas autocráticas de gobierno.

Esta inestabilidad está íntimamente ligada al aumento de los flujos migratorios irregulares y es evidente que deriva de la mayor agresividad de Putin y del yihadismo. Pensemos en que tenemos más de 215.000 refugiados y refugiadas ucranianos y ucranianas, de los cuales nadie habla cuando hablamos de migración. Pero también, lógicamente, además de esa inseguridad y esa falta de libertades por la pobreza material que afecta a estos territorios, de los estragos que ya está causando el cambio climático en estos territorios y, por desgracia, desinterés de muchas potencias occidentales o de la comunidad internacional.

Poco se habla de la situación en el Sahel y mucho tenemos que hablar de cómo resolver la situación en el Sahel. Es por eso que el año pasado pusimos en marcha una política exterior que yo creo que es ambiciosa, que es coherente con la apuesta por la paz que quiere -precisamente- el conjunto de la mayoría social de este país; el respeto al derecho internacional, el desarrollo económico como pilares para la estabilidad, incardinados en la Agenda 2030.

Una política que vamos a continuar en este nuevo curso político. Vamos a seguir ayudando a Ucrania en su guerra contra el imperialismo de Putin. Vamos a seguir apoyando al pueblo gazatí, sosteniendo a UNRWA presionando a Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Vamos a estrechar nuestros vínculos con el Estado palestino que hemos reconocido recientemente. Y, de hecho, quiero también anunciarles que antes de que termine este año vamos a celebrar la primera Cumbre bilateral entre España y Palestina en la que esperamos firmar varios acuerdos de colaboración entre ambos estados, con ese estado ya reconocido por parte de España como es Palestina.

Y, en paralelo, vamos a aumentar la presencia de España en África Occidental, una región que -saben- es absolutamente prioritaria para España y para Europa. Y a tal fin lo que vamos a hacer es actualizar nuestro Plan África. Vamos a hacer el plan más ambicioso que ha existido con el África occidental, con nuevas Instituciones, con una comisión interministerial para fortalecer nuestra comprensión y nuestros vínculos con estos países de la región, y los vamos a dotar, además, de mejores recursos para proteger sus fronteras y combatir las mafias que trafican con seres humanos.

Vamos a desarrollar, por mucho que digan, pues, acuerdos de migración circular para que las personas que quieran venir legalmente a trabajar, formarse y luego poder regresar a sus países y desarrollar localmente sus economías, lo puedan hacer y llenar lógicamente las vacantes que tenemos en España y que podamos seguir impulsando el crecimiento en nuestro país. Algo que recomiendan, por cierto, todos los expertos y expertas y que aprueba el grueso de la sociedad española. Es decir, frente a las deportaciones masivas de algunos, mandar fragatas de otros, lo que proponen, en definitiva, el discurso de la xenofobia, este gobierno de coalición progresista va a continuar articulando una política migratoria humanista que respete el derecho internacional humanitario.

En resumen, señoras y señores, Competitividad económica, Dignidad laboral, Estado del Bienestar, Vivienda (como 5º pilar del Estado del Bienestar), Paz e Igualdad van a ser las seis prioridades del séptimo año de acción de gobierno del Gobierno de Coalición Progresista.

Prioridades que evidentemente vamos a conjugar con otras muchas medidas que tienen que ver con la transición ecológica, con la calidad democrática y, por tanto, la lucha contra los bulos y la desinformación; con la promoción de la educación, la ciencia, el deporte, la cultura -estamos en una de las casas de la cultura como es el Instituto Cervantes. En fin, lo que vamos a hacer, en definitiva, es seguir apostando por todo, también las políticas que hemos puesto en marcha durante estos últimos seis años. Vamos a cumplir con nuestra hoja de ruta, como siempre hemos hecho, para hacer de España un país más próspero, justo, sostenible, en el que la gente viva un poco mejor.

Y lo vamos a hacer desde el respeto, además, a nuestros adversarios y adversarios políticos. Fíjense, yo no creo que España tenga un problema de polarización social. Desde luego, acabamos de venir de vacaciones todos y no se ha vivido ni respirado en las terrazas, en las playas, en las montañas o en los restaurantes esa polarización social. Por lo tanto, España no tiene un problema de polarización, pero sí tiene un problema de conversación. La discrepancia que es sana en política, en democracia se puede y se debe expresar desde el respeto y con educación, nunca desde el insulto ni por supuesto la intimidación. Por mi parte, ya les anuncio que por mucho que me insulten, y han empezado fuertes -por cierto-, voy a continuar haciendo política desde el respeto y la consideración hacia mis oponentes políticos.

Señoras y señores. En fin, sabemos que la tarea que tenemos por delante no será fácil. No es un mundo fácil (éste) en el que estamos, pero quiero transmitirle al conjunto de la sociedad española que la dificultad no va a disuadirno. Al contrario. Hay gobierno para largo. Y si algo ha aprendido este ejecutivo es a navegar con el viento en contra. Por tanto, vamos a aprovechar el tiempo, como siempre hemos hecho desde el Ejecutivo.

Por primera vez en muchos años, creo que es la primera vez desde que soy presidente del Gobierno, España no va a afrontar elecciones en el corto plazo. Tenemos, por tanto, casi tres años -se dice pronto- hasta las elecciones generales, sin esas elecciones; y casi dos años sin elecciones autonómicas. En fin, se abre un tiempo de nuevos avances que sacaremos adelante con quienes estén dispuestos a arrimar el hombro.

Y a todos ellos y ellas apelo porque nuestra mano está tendida. Durante seis años yo creo que este gobierno sí ha sido algo, ha sido el gobierno de los acuerdos. Lo hemos hecho por necesidad, lógicamente, pero también lo hemos hecho por convicción. Nadie puede negarnos eso. Hemos alcanzado centenares de acuerdos con una docena de formaciones políticas, más de 20 acuerdos en el marco del Diálogo Social con la patronal y con los sindicatos; con gobiernos autonómicos, con gobiernos también europeos de todo símbolo o signo político. Y el resultado está ahí: Crecimiento económico, creación de empleo, paz social, convivencia territorial.

Queremos seguir acordando y, de hecho, les comunico que, una vez culminado el periodo electoral en todos los territorios, durante las próximas semanas convocaré bilateralmente a cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos a una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa.

Sabemos que algunos se afanarán en torpedear este objetivo. Llevan haciéndolo o intentando hacerlo durante estos últimos seis años. Harán todo lo posible para que el ambiente de los próximos meses esté dominado por el ruido, las malas noticias, la incertidumbre. Volverán a reproducir ese disco rayado de siempre, el del vaticinio de crisis económicas que nunca llegan, las amenazas de rupturas y quiebras territoriales que ellos mismos provocan cuando gobiernan y que a nosotros nos toca resolver.

En definitiva, allá ellos. Porque yo creo que España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Y lo repito con orgullo y con realismo: España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Estos son buenos tiempos para los optimistas y malos para los agonías. El optimismo construye sociedades, hace avanzar países. Nosotros, quiero que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas, venimos con las pilas cargadas, tenemos nuevas ideas, tenemos los mejores equipos y las mismas ganas de siempre. Venimos cargados de proyectos y de optimismo, porque eso es lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas necesitan y esperan de sus representantes. Porque con esos materiales, con proyectos y optimismo, es como se construye país. Así que adelante.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)