Discurso de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno ante el Congreso de los Diputados

Madrid, Congreso de los Diputados

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE EN FUNCIONES, PEDRO SÁNCHEZ, COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA XV LEGISLATURA

Buenos días. Egun on. Bon dia. Bos días.

Presidenta, estimados diputados y estimadas diputadas, compatriotas, conciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación y, también, de las redes sociales.

Manifestarse en las calles es una de las formas de ejercer la democracia que reconoce nuestra Constitución.

Estos días hemos escuchado a miles de ciudadanos expresarse libre y legítimamente en protestas convocadas tanto por el Partido Popular como por Vox. A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico -y subrayo, pacífico- quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento porque han ejercido un derecho constitucional de participación política que emana de la Constitución Española.

La Constitución -señorías- solo contempla una forma superior de ejercicio democrático, y es votar en las elecciones. Precisamente ese es el procedimiento que la Constitución señala para la formación del gobierno y, en consecuencia, también para la investidura de la Presidencia del Gobierno.

Hoy y mañana, en esta Cámara, vamos a escuchar a los 25 millones que votaron el 23 de julio en unas elecciones constitucionales, convocadas y celebradas de forma impecablemente constitucional y al amparo de las reglas que fija la Constitución Española.

Hoy, en esta Cámara, vamos a escuchar -y a acatar- la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes tal y como reconoce nuestra Constitución. Hoy y mañana, seguiremos las reglas de la democracia parlamentaria que fija nuestra Constitución e iniciaremos el trámite constitucional que desembocará en una formación de un gobierno constitucional en España.

Y lo vamos a hacer así porque lo establece la propia Constitución, las leyes que emanan de ella; pero también porque aprendimos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que solo hay democracia dentro de la Constitución; porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia, sino imposición y capricho.

Y es importante, señorías, el que tengamos este debate y el que el Gobierno que alumbre esta Cámara se ponga cuanto antes en marcha, porque nuestro país, como Europa y también como el mundo, vive transformaciones que no tienen precedentes en la historia de la humanidad.

Algunas de ellas encierran un carácter netamente positivo como es, por ejemplo, el caso del feminismo, que aspira a terminar con el patriarcado y lograr con ello sociedades más justas e iguales. En cambio, hay otras transformaciones que van a ser beneficiosas o devastadoras para el conjunto de nuestra sociedad en función de la respuesta que le demos.

El ejemplo más palmario es el de la emergencia climática, que afecta a todo el planeta, que representa ya eso, una emergencia que nos obliga a transformar nuestras economías, nuestros hábitos de consumo, también nuestra movilidad, la política energética…. Todo ello para conservar un planeta habitable tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras.

Solamente voy a dar un dato para saber exactamente cuál es la envergadura del desafío que tenemos por delante. Alcanzar la neutralidad climática en este siglo costará 2,6 puntos del Producto Interior Bruto mundial en este siglo. No alcanzarla supondría una contracción del 30% de ese mismo PIB mundial.

Junto con ello, señorías, hay una segunda gran transformación que es el avance imparable de la globalización, pero desgraciadamente exenta de un sistema multilateral eficaz, lo que multiplica las desigualdades entre países, produce intensos y descontrolados movimientos migratorios; movimientos migratorios que, además, se están viendo exacerbados como consecuencia de la emergencia climática, la falta de oportunidades en los países de origen, la persecución del diferente en regímenes dictatoriales y por el auge o el enquistamiento de conflictos armados.

Lo estamos viendo en Ucrania, también, por desgracia, lo estamos viendo en Oriente Medio. Fuimos testigos hace no mucho en Siria, en Afganistán y en Irak, y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, en este caso a Ucrania frente a un país agresor como es la Rusia de Putin, por su flagrante violación del derecho internacional; con la misma determinación exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario que hoy, claramente, no se está respetando.

Que no haya dudas, estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista que este país sufrió el pasado mes de octubre, faltaría más, cuyos autores, además, deben comparecer ante la justicia y rendir cuentas. Exigimos la inmediata liberación de los rehenes que todavía continúan presos por parte de Hamás. Pero con idéntica claridad, señorías, rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania. Reclamamos el alto el fuego inmediato. Que cesen, en consecuencia, las bombas, que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino, que se abra paso a la diplomacia con la celebración urgente de una Conferencia de Paz y que la solución, justamente demandada y largamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado, sea avalada por la comunidad internacional.

Y en ese sentido, quiero trasladarles un compromiso, mi primer compromiso de esta legislatura. Y es que, inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto en España, para reconocer al Estado palestino.

Y por supuesto España y Europa debemos continuar apoyando a Ucrania, hasta que el último soldado ruso abandone un país que quiere ser libre, que quiere ser europeo, logrando con ello una paz justa y duradera entre Rusia y Ucrania y también, en consecuencia, entre Rusia y Europa.

Señorías, les decía, emergencia climática, desigualdades entre naciones y regiones, auge de conflictos bélicos a los que se une un aumento de las desigualdades dentro de nuestros países, tras décadas de políticas neoliberales fracasadas que devaluaron las condiciones materiales de la clase media, y también de los trabajadores y trabajadoras, y socavaron los cimientos del Estado del bienestar.

Junto con ello, la 4.ª revolución industrial y la explosión de una Inteligencia Artificial que está cuestionando el control del ser humano sobre la tecnología y que presagia una sustitución de buena parte de los trabajos presentes. Un reemplazo que podría alcanzar, según distintos estudios, a la mitad, nada más y nada menos, de los empleos actuales.

Muchas de estas transformaciones han estado presentes durante la Presidencia de la Unión Europea por parte del Gobierno de España. Sirvan como ejemplo el refuerzo del pilar social, la reforma del mercado eléctrico, la culminación -esperemos antes de que finalice el año- del Pacto de Inmigración y Asilo, el aumento de la ayuda humanitaria española y también europea a Gaza, la nueva gobernanza económica -que esperemos podamos alumbrar antes de finalizar el año-, el Reglamento sobre la Inteligencia Artificial o los preparativos de cara a la próxima y trascendente COP28, donde Europa y España tenemos que liderar con el ejemplo en el cumplimiento de los Acuerdos de París.

Y quiero subrayar esto, señorías, porque el liderazgo activo y constructivo de España en todos estos debates globales y con un fuerte impacto social en el día a día de las gentes a las que representamos, pues demuestra que nuestro país, que España ha ido recuperando poco a poco ese peso internacional que durante estos últimos años no teníamos. Y no porque se hable con fluidez uno u otro idioma, sino porque España es hoy vista por muchos países de nuestro entorno, tanto de Europa como en el contexto internacional, como un socio fiable y comprometido ante los grandes desafíos que afronta la humanidad.

Y quiero decirles, además, a los ciudadanos que estén siguiendo este debate que soy plenamente consciente de que todas estas transformaciones provocan un sentimiento de indefensión en amplios sectores de nuestra población, que se sienten desamparados, desprovistos de certezas ante estos cambios tan disruptivos y vertiginosos.

Hay muchos trabajadores y trabajadoras, autónomos, miembros de la economía social, que ven peligrar sus empleos y sus negocios como consecuencia de la deslocalización de actividades económicas que se trasladan a países que, desgraciadamente, tienen menos libertades y menos protecciones sociales y laborales. O la sustitución, como he dicho antes, de sus empleos por ingenios, ingenios automatizados. Hay trabajadores y desempleados que miran con un cierto recelo la migración al sentir un potencial riesgo de ver dañada su contribución al mercado de trabajo. Hay zonas geográficas enteras, también aquí en España, amenazadas por la escasez de agua, por los incendios, por la desertificación que impacta de lleno sobre sectores productivos tradicionales, de extraordinario arraigo en nuestras sociedades -estoy pensando en la agricultura, en la ganadería, en la pesca-, pero también en otros sectores que son muy importantes en términos de PIB y en términos también de creación de empleo, como es el sector turístico, el sector del transporte, expuestos todos ellos y muchos más a las consecuencias de una emergencia climática que, al contrario, no desacelera sino que acelera.

Hogares, señorías, a los que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. El alto coste de la vida, la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna, que es uno de los problemas seculares de nuestra democracia. Todas estas duras realidades y otras muchas, pues, exigen una respuesta firme y comprometida por parte de los poderes públicos. Lo que tenemos que hacer es reforzar el Estado del bienestar, ensanchar la red de protección social, justo lo contrario a los recortes y al desmantelamiento de lo público que proclama el pensamiento neoliberal de los de arriba.

Y si estas situaciones de estrés y de incertidumbre no reciben una respuesta positiva por parte de la democracia, este sentimiento de inseguridad, de incredulidad, de desconcierto, puede extenderse más y más entre la población y alimentar expresiones políticas reaccionarias que acaben por minar las propias bases de nuestra democracia.

En resumen, señorías, o la democracia responde proporcionando seguridad, o el sentimiento de inseguridad social legítimo que tienen muchos ciudadanos como consecuencia de las revoluciones que están pendientes, se va a convertir en rabia, y esa rabia acabará por nutrir propuestas políticas que acaben socavando a la propia democracia.

Me refiero, como es obvio, pues, a las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha que cuestionan la democracia y también los derechos humanos. Cuando se cuestiona el feminismo se está cuestionando una causa que evidentemente impacta en los derechos humanos, por poner solamente ese ejemplo.

Propuestas reaccionarias que descalifican a la ciencia, lo hemos vivido durante la gestión de la pandemia. Propuestas reaccionarias que niegan la evidencia científica del cambio climático; lo vivimos cada día. Que desprecian la cultura, que atacan al diferente por ser eso, por ser diferente, y que atacan causas tan justas, como he dicho antes, como el feminismo.

Me refiero a ellas y también me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional: al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo; al partido conservador británico arrastrado por el Brexit -y que ahora, acabamos de ver, vuelven a recuperar a su principal hacedor-; a las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha; a la derecha tradicional argentina arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei.

Este es el dilema, señorías, al que se enfrenta el mundo. El dilema al que se enfrenta Europa. Y es también, en consecuencia, la disyuntiva a la que se enfrenta España. O la democracia proporciona seguridad, o la inseguridad acabará con la democracia. O afrontamos todas estas transformaciones con justicia social y desde la justicia social, o las bases de nuestra prosperidad se debilitarán. O España continúa avanzando, señorías, o España retrocede. Esa es la disyuntiva a la que nos estamos enfrentando también aquí desde España.

Y es una disyuntiva que va mucho más allá de la clásica distinción entre la izquierda y la derecha. Lo que chocan son dos formas distintas de entender la sociedad y, también, de afrontar el presente y el futuro de España. Como ya sucedió hace 100 años, en momentos de cambio intenso se libra una intensa contienda ideológica y política entre una opción reaccionaria y una opción progresista; la opción reaccionaria y, en consecuencia, involucionista, promete un ilusorio regreso a un glorioso pasado mitificado y falso. Una opción que, como también desde los movimientos demagógicos que se registraron en la Grecia clásica, señala culpables expiatorios y no ofrece soluciones reales. En un tiempo fueron los izquierdistas, otras veces han sido las élites globalistas, han sido las autoridades comunitarias, y siempre, siempre, siempre, son las feministas, los sindicalistas, los migrantes, el colectivo LGTBI, los ecologistas y, de nuevo, la izquierda.

Y frente a esta opción reaccionaria, se alza una opción que apuesta por el avance, por la consolidación, por la extensión y mejora de las grandes conquistas sociales. Una opción que brinda la seguridad de la solidaridad organizada como respuesta a los temores legítimamente individuales. Toca decidir, en consecuencia, si afrontamos estos retos de cara, o dejamos que la desigualdad se desboque y precipitamos una catástrofe medioambiental que va a condicionar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, también de nuestra especie.

Nos corresponde optar por el avance o por el retroceso. También toca decidir, señorías, si mejoramos y aumentamos los servicios públicos y las prestaciones sociales o retrocedemos a los postulados neoliberales y austericidas que tanto dolor causaron a muchas generaciones desde la crisis financiera.

De nuevo, señorías, nos toca optar: o avanzamos o volvemos a ese punto de partida. Y de igual modo, ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso con la democracia. En lo que va de siglo, señorías, el número de regímenes autocráticos ha crecido en un 20% y las democracias han retrocedido a niveles que tenían en el año 1986. Hay 1/4 de la población mundial que piensa que esta es una buena noticia, que en tiempos frenéticos y complejos como los actuales, es mejor dejar el gobierno en manos de líderes autoritarios que decidan solos, sin tener que responder a los parlamentos, a las elecciones o a los medios de comunicación -no se den por aludido, señorías- y hay quienes pensamos que esto es una temeridad.

Hay quienes pensamos, señorías, en definitiva, que las democracias son los sistemas que garantizan mayor crecimiento económico mayores niveles de paz mayores niveles de libertad, mayor número de derechos y de justicia social.

Por tanto, señorías, tenemos que elegir, debemos elegir, nos toca elegir; como también debemos elegir si queremos seguir avanzando en la dignidad del trabajo, en el empoderamiento de las mujeres, en el respeto a la diversidad sexual, en la integración de la población migrante y, también, en el continuo azar que tienen muchísimas personas discapacitadas, que necesitan y reclaman esa dignidad que las autoridades públicas deben otorgarles; en la creencia de que una sociedad plural es sin duda alguna una sociedad mejor. O si, por el contrario, lo que hacemos es secundar a los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.

La humanidad en consecuencia, señorías, se enfrenta a un dilema existencial y las decisiones que tomemos hoy van a condicionar el mundo en el que viviremos el resto de nuestras vidas y legaremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es decir, hay mucho en juego. Y como les digo, existen solamente dos alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas. Esas derechas lo que hacen es rezumar clasismo. Reniegan de las conquistas en derechos, en dignidad laboral, rechazan el estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modelo único y excluyente -como estamos viendo durante estas últimas semanas- de sentir y ser españoles-, por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes. Y se oponen al protagonismo de las mujeres en la sociedad. En definitiva, rechazan los cambios, renuncian a reconducirlo y solamente proponen el retorno al pasado.

Y frente a ellos existen unas fuerzas progresistas que están dispuestas a seguir avanzando, a no dar un paso atrás. Fuerzas que conocen bien los problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta la ciudadanía de nuestro país y que están, además, convencidas de que esos problemas pueden superarse, deben superarse. Y de que si tomamos las decisiones correctas, Europa y España -y los valores que encarnamos- tienen un futuro brillante por delante y pueden iluminar con su modelo al resto del mundo.

Las derechas retrógradas, señorías, siguen dogmas económicos trasnochados, ignoran a los expertos, cuestionan las aportaciones de la ciencia y, en consecuencia, se muestran incapaces de gestionar lo público. Son tan incapaces de resolver problemas, como capaces de instigar el odio y la rabia social. Dominan la técnica reaccionaria y solamente muestran destreza en aprovechar los miedos y las frustraciones legítimas de una parte de la población para ganar el poder. Pero, sin embargo, una vez que llegan al poder, precipitan el caos, como se vio con el estruendoso fracaso de la primera ministra Liz Truss, el descalabro del Brexit o la errática gestión de la pandemia. Son incompetentes en la gestión, pero son de una temible eficacia en la propagación del resentimiento y del odio.

En la última década, señorías, los partidos de ultraderecha han duplicado sus votos en Europa. Se han hecho con uno de cada cuatro escaños en los parlamentos nacionales y han entrado en 12 gobiernos estatales y en centenares de gobiernos regionales y locales. Y no lo han hecho solos. Es verdad, les hubiera resultado imposible. Los partidos de extrema derecha se han expandido gracias a una derecha tradicional que les ha bendecido como compañeros de viaje y les ha abierto las puertas de esos gobiernos. Y como consecuencia de ello, hoy una cifra nada desdeñable, un 27% de los europeos, viven en un país gobernado por estas fuerzas reaccionarias.

Durante muchos años, señorías, España y los españoles nos hemos librado de este flagelo. Incluso había muchos analistas internacionales que celebraban que un país tan relevante como España en el contexto europeo fuese capaz de mantener a la ultraderecha fuera de sus instituciones y de los gobiernos, y alababan en consecuencia a la sociedad española por ello. Desgraciadamente eso empezó a cambiar hace cuatro años, cuando la ultraderecha irrumpió con fuerza en este Parlamento, aunque no con el suficiente apoyo como para alcanzar los resortes efectivos del poder.

El cambio radical, en todo caso, se consumó el pasado 28 de mayo en las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas en nuestro país. Aquel día, la derecha tradicional, el Partido Popular, tuvo que elegir qué clase de derecha quería ser: la derecha responsable -si podemos calificarla así-, que comprende la necesidad de frenar el avance de la ultraderecha antes de que sea demasiado tarde, o una derecha irresponsable que blanquea y legitima, para llegar al poder, a la ultraderecha.

Aquella noche el señor Feijóo pudo elegir ser como la señora Von der Leyen, Emmanuel Macron o Donald Tusk, pero no lo hizo. Se adentró en el camino de perdición que había iniciado unos meses antes en Castilla y León; unió, en definitiva, señorías, su destino a la ultraderecha. Cortó el frágil cordón sanitario que, pese a todo, había mantenido su predecesor, el señor Casado, y se sumó al club reaccionario de Trump, de LePen, de Orban y de Santiago Abascal.

El PP, entonces, señorías, decidió bendecir a la ultraderecha y le abrió las puertas a cinco gobiernos autonómicos -por cierto, con carteras no menores, porque llevan, por ejemplo, Interior y Justicia, que son responsables del cuidado y la seguridad de las mujeres que sufren violencia de género-, cinco diputaciones y 135 ayuntamientos. O lo que es lo mismo, le dio la potestad para afectar la vida de más de 12 millones de españoles y españolas. Le brindó la plataforma para propagar su mensaje de odio e incluso lo hizo parcialmente suyo, siguiendo el modelo ya ensayado por la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Las consecuencias de ese pacto de la ignominia ya se están viendo. En Castilla y León, señorías, el Partido Popular y VOX han recortado los presupuestos destinados a formar personas en paro. Recortar también recursos económicos para la integración del migrante, para combatir la violencia de género, mientras tratan de extinguir el diálogo social entre los sindicatos y la patronal.

En Aragón han vetado charlas para la prevención de violencia de género destinadas a adolescentes. Han eliminado la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y están recortando las horas de consulta médica en las zonas rurales.

En Madrid, señorías, han anunciado la derogación por trámite de urgencia de la ley LGTBI y el desmantelamiento de la red contra la LGTBIfobia. Todo este desmontaje legal implica el recorte de derechos y de libertades e implica algo muchísimo más grave, señorías, implica hacer aún más vulnerable a quien ya se siente vulnerable.

Hoy más que nunca es necesario un pacto de Estado por las personas LGTBI y el nuevo gobierno de coalición progresista se compromete a sacar ese pacto de Estado.

En Madrid, en la capital de España, señorías, en Valencia y en Extremadura las derechas han bajado los impuestos a las rentas más altas, al tiempo que han reducido el gasto en sanidad pública; dejando a miles de niños sin plaza en escuelas infantiles y comedores escolares y duplicando el precio de los billetes y abonos de autobús.

En las Islas Baleares, señorías, se disponen a cerrar la Oficina de Lucha contra la Corrupción, mientras promueven la opacidad en las declaraciones de los bienes de cargos públicos.

(Presidenta Congreso: Un momento señor candidato a la Presidencia del Gobierno. Señorías, les ruego silencio y que estemos a la altura de las circunstancias. Si alguien no quiere -tranquilidad, por favor, compórtense-. Si alguien no quiere escuchar las propuestas del candidato a la Presidencia de Gobierno, es libre de no hacerlo, pero nadie puede hurtar el derecho de los ciudadanos a escucharlos; a ellos les representamos, a ellos nos debemos. Continúe, señor candidato.)

Muchas gracias, señora presidenta.

En muchos ayuntamientos el Partido Popular y Vox han eliminado los carriles bici, ha suspendido licencias fotovoltaicas, han frenado la implantación de zonas de bajas emisiones, teniendo que renunciar por ello a fondos europeos. En otros han eliminado la educación sexual de los institutos, han recuperado los nombres franquistas del callejero, han retirado libros de las bibliotecas municipales y censurado conciertos, películas y obras de teatro.

Señorías, todo ello por cierto al mismo tiempo que se han subido el sueldo, aumentando el número de asesores ejerciendo toda clase de nepotismo, demostrando…

(Presidenta del Congreso: Señorías, guarden silencio, por favor. Un poco de seriedad y un poco de respeto.)

Se les va a hacer muy larga mi intervención, señorías.

… demostrando que el problema, señorías, no era que el Estado fuese grande o pequeño, central o autonómico. El problema es que ellos no lo ocupaban.

Se dirá, señorías, que no hay nada definitivo en todo, en toda esta agenda reaccionaria que ha puesto en marcha el Partido Popular junto con Vox.Y es verdad. Pero la historia enseña que así sucede siempre en los comienzos de las oleadas reaccionarias.

Si seguimos normalizando a la ultraderecha, si la seguimos dando cotas de poder, van a ir elevando su agresividad, las políticas que están poniendo en marcha y se irán mimetizando con sus referentes internacionales.

Se empieza desmantelando la negociación colectiva y se acaban recortando las prestaciones por desempleo, facilitando el despido, aumentando la temporalidad de los contratos como están haciendo países gobernados por la derecha y la ultraderecha en Europa.

Se empieza suspendiendo licencias para las energías renovables y se acaba volviendo al carbón, talando el 10% de los bosques y aumentando las emisiones de CO2 como están haciendo gobiernos europeos de derechas con la ultraderecha.

Se empieza asociando a las personas migrantes a la delincuencia y se termina por denegar el auxilio en el naufragio mortal de cientos de seres humanos. Se empieza, señorías, negando el acceso a determinados medios de comunicación y se acaba amordazando al Poder Judicial y censurando a la prensa, como está ocurriendo también en países gobernados por la derecha y la ultraderecha.

Se empieza cuestionando a las instituciones europeas y se termina haciendo campaña por la salida de la Unión Europea y el cierre de fronteras. Y si no, señorías, miren lo que está pasando en otros países europeos.

Y sí, señorías, en nuestro país estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos no por falta de voluntad, ni mucho menos por límites políticos, ni morales. Tampoco desgraciadamente porque la derecha conservadora les haya exigido desistir.

El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España. Porque fue un gobierno progresista en España el que fue capaz de paralizar el chantaje institucionalizado del Partido Popular y Vox que quisieron imponer en Castilla y León a las mujeres que querían interrumpir su embarazo.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de aprobar normas de urgencia para impedir que el brote de tuberculosis bovina que apareció en esa misma comunidad, en Castilla y León, de la mano de las políticas de VOX, se extendiera por toda España.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir la censura educativa que intentó legalizar el gobierno de la derecha y la ultraderecha en la Región de Murcia.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir y de anular el veto a la ley de eutanasia, que trataba de establecer el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular es indistinguible tanto en el fondo como en las formas a los elementos más exaltados de la ultraderecha.

Y solo un gobierno progresista en España, con el apoyo de la Unión Europea, señorías, ha sido capaz de defender nuestro mayor patrimonio natural el Parque Nacional de Doñana, frente a su proposición de ley, la del Partido Popular y VOX, que lo amenazaba de muerte.

Un Gobierno progresista, señorías, que defiende con hechos la igualdad entre españoles. Porque, ¿qué es defender la igualdad? Defender la igualdad entre españoles es subir el salario mínimo interprofesional. Es aprobar una reforma laboral de la mano de los agentes sociales que ha recuperado derechos para los trabajadores y ha reconocido otros nuevos. Es revertir los recortes infligidos durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal al Sistema Nacional de Dependencia. Es eliminar los copagos farmacéuticos a las clases más vulnerables y también recuperar la universalidad del sistema sanitario público que ustedes quebraron cuando estaban en el gobierno. Igualdad entre españoles es que haya un millón de estudiantes con beca y que puedan acudir a su centro educativo en transporte público gratuito. Es revalorizar las pensiones conforme al IPC. Es aprobar también impuestos a las grandes fortunas, a la gran banca, a las empresas energéticas, para poder sufragar toda esa red inmensa de protección social.

Y a todas estas medidas, señorías, la ultraderecha y la derecha han votado sistemáticamente en contra. ¿Traducimos todas estas medidas en realidades cotidianas de la gente? La igualdad, señorías, son los 23.000 jóvenes extremeños y extremeñas que podrán estudiar este curso gracias a una beca. Son las casi 60.000 mujeres en Castilla-La Mancha que van a poder pagar sus facturas, pedir una hipoteca gracias a que cuentan hoy con un contrato indefinido que antes no tenían.
Igualdad son los 264.000 hogares andaluces con bono social eléctrico que se van a librar de pasar frío este invierno. Igualdad son los 2,3 millones de españoles y españolas que antes no tenían empleo y ahora sí lo tienen. Son los 2 millones y medio de asalariados que han visto cómo sus ingresos han crecido desde 735 € al mes, a 1.080 € al mes del salario mínimo. La igualdad, señorías, son los 9 millones de jubilados y jubiladas que no han perdido poder adquisitivo gracias a la revalorización de las pensiones y la reconstrucción del Pacto de Toledo. Son, en definitiva, los 14 millones de trabajadores que han recuperado derechos con la reforma laboral.

Igualdad, señorías, son estas cifras, pero sobre todo las personas que están detrás de esas cifras. ¿Quiere esto decir que la desigualdad ha desaparecido? Ni mucho menos. Queda muchísimo por hacer, señorías, pero la dirección emprendida es la correcta. La única igualdad que peligra es la de las mujeres, como consecuencia de los acuerdos del Partido Popular con Vox.

Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. Y por eso en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Y yo quiero anunciarles un compromiso que ante todas sus señorías y también ante todos los españoles y españolas: mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos. Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás va a contar con el beneplácito ni con la indiferencia del Gobierno de España. Ninguno.

Por tanto, hoy aquí, en esta sesión, señorías, nos toca elegir camino, elegir camino.
O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia.

Porque esas mismas corrientes, esos mismos alineamientos que se expresan en otros países europeos y en otras naciones occidentales están presentes en esta Cámara también y traducen dos formas de entender la política que trascienden, como he dicho antes, los ejes de la izquierda y la derecha. Por un lado hay fuerzas conservadoras y reaccionarias representadas en el Partido Popular y en Vox que claramente quieren retroceder, que creen que todo lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años es peor que malo, es pernicioso. Y por otro, están estamos los partidos que queremos avanzar, de formas distintas, con diferencias muy importantes, pero que quieren, queremos avanzar. Lo que se decide hoy es a quién entregamos las riendas del Gobierno para los próximos cuatro años y cuál de esos dos caminos opuestos tomamos.

Lo que hoy se expresará en esta Cámara y mañana también cuenta con la máxima legitimidad, puesto que se deriva de la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país expresada con su voto. Pero, además, coincide con el sentir aún más mayoritario de los españoles y españolas cuando se les sondea sobre sus preferencias concretas. El 75% de nuestros compatriotas piensan que hay que reforzar el Estado del bienestar y que para ello debemos aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Y esa opinión es tan mayoritaria como preponderante incluso entre los votantes de derechas.

Sin embargo, allí donde gobierna el Partido Popular y Vox hacen justo lo contrario: eliminan el impuesto de sucesiones a quienes heredan más de 1 millón de euros, impugnan el impuesto sobre patrimonio que solo afecta a quienes tienen más de 3 millones de euros y al mismo tiempo saturan los servicios sanitarios y dejan a miles de niños y niñas sin plazas en las guarderías y en los colegios públicos. Y este es solamente un ejemplo. Podríamos poner muchos más. El 92%, señorías de los españoles, el 92%, quieren que se fomenten las energías renovables, y el Partido Popular y VOX recortan las ayudas y hasta incluso cuando gobernaron pusieron un impuesto al sol. El 75% de los españoles apoya el escudo social creado por el gobierno para hacer frente, en este caso a los efectos de la inflación derivada de la guerra de Putin en Ucrania. Y el Partido Popular y VOX se oponen a ello. El 91% de los españoles y españolas, señorías, para que veamos lo grande que es nuestro país, lo bueno que es nuestro país, el 91% se muestra partidario de que las personas LGTBI tengan los mismos derechos y la visibilidad que el resto. Y el Partido Popular y Vox se inhiben y aún alimentan la discriminación y el odio.

En suma, señorías, la mayoría de españoles y españolas no comparten estas tesis y estas posiciones reaccionarias. No comparten ni sus valores, ni tampoco sus objetivos. España es, efectivamente un país tolerante, es un país abierto, es un país igualitario, concienciado con el cambio climático. Y por eso, señorías, hoy estoy aquí ante ustedes.

Señorías, comparezco en esta sesión de investidura para proponer el camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso. Vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y de la crispación. Que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia.

Vengo a proponer que demos a España cuatro años más de estabilidad, de convivencia, de progreso y que digamos no a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación. Vengo a proponer que prosigamos un camino que iniciamos hace un lustro, hace cinco años, y que creo que arroja un saldo positivo para nuestro país y para la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado.

Un balance en el que, también lo reconozco, lo he dicho en muchas ocasiones, hemos cometido errores y carencias, como en cualquier otra acción humana.
Errores involuntarios, señorías, por los que hemos pedido disculpas; carencias que nos proponemos suplir en este nuevo mandato. Pero creo, honestamente, que el balance en el que destacan los logros es incuestionable o mejor, solo cuestionables desde el partidismo extremo o la mala fe y logros que encierran particular mérito, porque además se han alcanzado en una coyuntura internacional terrible, la más difícil de las últimas décadas. Y a pesar de todo el hostigamiento constante de la oposición más estéril y bronca que ha conocido nuestra democracia.

Una España que hoy es un país más próspero que cuando nosotros llegamos. Somos la gran economía de la Unión Europea, que en este contexto internacional tan complejo, con múltiples crisis y también con guerras en el frente oriental y también lógicamente en Oriente Medio, está creciendo y la que más va a crecer en el año 2024 según las perspectivas económicas de la Comisión Europea. Económicas de la Comisión Europea tenemos una de las inflaciones más bajas de Europa. Tenemos la energía más barata, unos niveles de inversión extranjera récord que demuestran la confianza de los inversores en las posibilidades y las capacidades de nuestro país y los mejores datos de empleo de nuestra historia, con 2 millones de personas más empleadas que cuando gobernaba el Partido Popular. Y todo ello, señorías, con paz social.

Hoy España tiene un Estado del Bienestar más amplio, más robusto que cuando gobernaba el Partido Popular, antes ponía algunos ejemplos: hemos recuperado la universalidad del Sistema Nacional de Salud quebrada con los gobiernos del Partido Popular.

Tenemos más sanitarios. Sin duda alguna, necesitamos más, pero tenemos más sanitarios que en 2018. Más profesores, más maestros, más estudiantes becados que hace cuatro años. Y el dinero que el Estado invierte -esta es la cifra que me gustaría simplemente trasladar a los ciudadanos que estén siguiendo este debate-, el dinero que el Estado invierte en el bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha pasado de los 6.300 € al año a los 7.600 € anuales .

Por tanto, hoy España es un país un poco más justo. Quedan muchísimas desigualdades aún por erradicar, pero es mucho, es un poco más justo, gracias a que hemos reducido la desigualdad y el número de personas que viven en riesgo de pobreza. Y creo que corresponde reconocer a esta Cámara y también lógicamente, al Gobierno, el poder haber afrontado y amortiguado las consecuencias nefastas que sobre la desigualdad hubiera tenido, con otra respuesta, la pandemia en nuestro país.

Hemos mejorado la igualdad de oportunidades en la escuela, hemos recortado la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta ser una de las más bajas de la OCDE. También hemos cosechado grandes avances en sostenibilidad. Hemos incrementado, señorías, en tan solo cuatro años, en un 40%, nuestra potencia instalada en energías renovables.

Hemos descarbonizado fases enteras de nuestros procesos productivos y hemos logrado reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 14%, con la economía creciendo. Y al tiempo que hacíamos eso, nos hemos vuelto una democracia aún más robusta e influyente. Se dice mucho y se habla mucho sobre dictaduras y sobre democracias, pero hemos mejorado, señorías, en estos últimos cinco años nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y de Estado de Derecho, y ganando prestigio e influencia internacional, que antes desgraciadamente no teníamos y que nos está permitiendo defender mejor nuestros valores y nuestros intereses.

En fin, los resultados están ahí, están a la vista de todos, señorías. Quedan muchísimas cosas por hacer, pero creo que el balance es francamente positivo. Lo reconocen así la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, las medidas del Gobierno de coalición progresista han funcionado durante estos últimos cuatro años.

Queda, como he dicho antes, muchísimo por hacer. No nos conformamos. Sabemos de los problemas y las necesidades de la clase media, de los trabajadores y trabajadoras, de la gente de a pie de nuestro país. Pero para su resolución, honestamente creo que la dirección tomada durante estos últimos cuatro años es la acertada y hoy vengo por tanto a solicitar su apoyo para seguir transitando ese camino que empezamos hace cinco años y con el Gobierno, hace cuatro años.

La líder de Sumar, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y yo, como líder del Partido Socialista Obrero Español, presentamos las bases hace un par de semanas, en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Y aquí me gustaría compartir con ustedes los que a mi juicio son los objetivos principales. Ocho compromisos que adquirimos con la ciudadanía y lógicamente, con sus representantes, que son todos ustedes, todos los diputados y diputadas.

El primero, lógicamente, como no puede ser de otra manera, es la principal preocupación de los ciudadanos, que es en el ámbito económico, culminar toda la modernización que pusimos en marcha durante la pasada legislatura, transformar en clave verde y digital desde una perspectiva de inclusión social y territorial nuestro tejido productivo.

Vamos, en consecuencia, a redoblar nuestra apuesta por la innovación, por la formación, por la digitalización. Y vamos a desplegar, afortunadamente esos 115.000 millones de euros de los fondos europeos, para ayudar a que este proceso de cambio llegue a todos los puntos territoriales de nuestro país y también a nuestras pymes, autónomos y economía social. Y todo para alcanzar dos metas que me gustaría compartir con la ciudadanía.

Por un lado, tener más y mejores empleos, más y mayores empresas, más startups, más economía social. Vamos a seguir creando trabajos de calidad, señorías, ayudando a los jóvenes, a los parados, a incorporarse al mercado laboral, hasta lograr alcanzar el pleno empleo. Una ambición siempre soñada y nunca lograda en nuestro país.

Y de la mano del diálogo social, vamos a impulsar, además, una cultura laboral distinta, que permita conciliar mejor esa asignatura pendiente que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, que es la corresponsabilidad laboral, familiar y personal, para que España sea uno de esos países en los que la gente trabaja para vivir y no vive para trabajar.

Y por eso, les anuncio que esta legislatura será la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores, la legislatura en la que vamos a garantizar por ley que el salario mínimo interprofesional siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del sueldo medio. La legislatura, en la que impulsaremos una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible.

Nuestra segunda meta será que el poder adquisitivo de los españoles vuelva a crecer. Somos, junto con Francia, los que más poder adquisitivo hemos recuperado durante estos últimos años desde la pandemia. Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa, pero sé perfectamente que eso no significa que el problema haya pasado. Sé que la vida aún está más cara, que hay muchos ciudadanos que les cuesta pagar la hipoteca, ahorrar, irse de vacaciones o simplemente llenar la cesta de la compra. Somos muy conscientes desde el Gobierno y vamos a dejarnos la piel, como dije durante la pandemia y también durante la guerra y sus efectos económicos, y también sobre los precios; vamos a dejarnos la piel para revertir esta situación. Con medidas en el medio y en el largo plazo acometiendo reformas que voy a mencionar posteriormente para mejorar la productividad de nuestro país, pero también con medidas a corto plazo para ayudar a resolver el problema mañana, no dentro de diez años.

Y en concreto les anuncio que en los próximos meses vamos a aprobar tres grandes acciones. En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media, de los 30.000 € actuales a los 38.000 €, para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años y, además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.

Ya nos comprometimos a que durante el año 2024 se mantuviera la reducción del precio de los abonos transporte. Pero queremos dar un paso más, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental.

Junto con la economía y con el empleo, señorías, nuestro segundo gran compromiso va a ser continuar reforzando el Estado del bienestar para mejorar la vida de la gente, empezando precisamente por el Sistema Nacional de Salud. Es inadmisible que un ciudadano, señorías, tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista o 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama. Soy consciente de que esta competencia, lógicamente está en manos de las comunidades autónomas, pero nosotros no podemos, como Gobierno de España, quedarnos de brazos cruzados. Por eso vamos a poner en marcha, con los gobiernos autonómicos que así lo deseen, un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera.

Vamos a continuar reforzando la Atención Primaria, que es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema. Vamos a ampliar la cartera de servicios públicos, para incluir tratamientos bucodental y también oftalmológico para nuestros jóvenes. Y vamos a promover, señorías, un gran pacto de Estado por la salud mental, que va a aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, va a reducir los tiempos de espera y va a garantizar, señorías, que en España no haya un solo ciudadano que necesita ayuda psicológica y no pueda obtenerla.

Y esa mejora de vida de las personas también va a ir a lo más importante, que es la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, con una educación pública de calidad, con una ciencia puntera y con una cultura libre y accesible para todos y para todas. Por eso, en esta legislatura vamos a seguir mejorando las condiciones de formación del profesorado, vamos a ampliar las ayudas de comedor, vamos a aumentar también las ayudas y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares y vamos a aumentar la dotación de las becas y reducir el precio de las tasas universitarias.

Vamos a incrementar la financiación de nuestros centros de investigación que son un auténtico orgullo. Vamos a fomentar una mayor colaboración público privada en la I+D+I y vamos a mejorar las condiciones laborales de nuestros científicos y científicas a través del estatuto del personal docente e investigador. Y vamos a recuperar a todos esos cerebros españoles que tuvieron que irse al extranjero como consecuencia del abandono del Partido Popular a nuestro sistema nacional de ciencia.

Y vamos a aprobar, señorías, una ley de Derechos Culturales, que garantice el acceso de todas las personas y todos los territorios a la cultura. Vamos a ampliar la presencia de la cultura y la creatividad artística en escuelas, en institutos. Vamos a dar más ayudas a los creadores y vamos a mantener el bono cultural joven.

Y vamos a mejorar, señorías, la vida de los mayores, porque significa también brindarles certezas y asistencia, y es un asunto de mera justicia tras una vida de esfuerzo y de trabajo. Para blindar la dignidad y el bienestar de nuestros mayores, les anuncio que, sin duda alguna, como hicimos durante la pasada legislatura, ya está inscrito en nuestra ley, vamos a seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC.Vamos a aumentar los recursos destinados a la dependencia. Ayer, en el último Consejo de Ministros, inyectamos 1.000 millones de euros al Sistema Nacional de Dependencia, a través de las comunidades autónomas, y vamos a conseguir ese modelo asistencial de mejor calidad, más personalizada y que priorice la atención domiciliaria.

Y vamos a hacer algo muy importante y es cumplir con el mandato del Pacto de Toledo, que nos decían ustedes, señorías, que lógicamente tenía que revalorizar las pensiones conforme al IPC, pero también destinar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 5.000 millones de euros cada año, para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas cuando se retiren en la edad de jubilación.

Señorías, mejorar la vida de las personas significa asistir a quienes más lo necesitan. Y en estos días fíjense que se han dicho muchas cosas, se han proclamado muchas cosas en las calles de nuestro país, pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente. De la derecha de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei, a la presidenta a la presidencia de Argentina.

Pero fíjense, hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente: "La justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley". Cierro comillas. Algo que aquí en España ya estamos, en fin, curados de espanto porque no nos sorprende, si no fuese porque ya lo había dicho unos meses antes la líder intelectual del Partido Popular, que es la señora Ayuso, cuando afirmó, señorías, no es broma. Afirmó que la justicia social es un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia.

Pues bien, señorías, en eso estamos. Este gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración, antes al contrario, la consideramos la condición misma de la vida en sociedad. Porque eso, señorías de la bancada de la derecha y la ultraderecha, es justamente patriotismo: sabernos ligados los unos a los otros, ser conscientes de que navegamos todos en el mismo barco y de que el bienestar de cada uno de nosotros depende del bienestar básico de cada miembro de nuestra comunidad.

Por eso vamos a seguir apoyando más a quien más lo necesite, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso vamos a continuar reforzando el ingreso mínimo vital, simplificando los requisitos de acceso para que más hogares puedan cobrarlo y nuestros niveles de desigualdad y pobreza continúen bajando.

Señorías, soy consciente de que muy a menudo, si el Estado del Bienestar no nos sirve mejor a los ciudadanos, es porque la Administración es lenta, excesivamente burocrática y probablemente farragosa. Y vamos a abordar en serio este problema durante esta legislatura. Por eso les anuncio que en esta legislatura vamos a continuar simplificando todos los trámites administrativos, que vamos a poner los intereses y las necesidades del usuario en el centro del sistema y, por eso, vamos a establecer un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía, con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria. Y vamos a fijar por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones, como la ayuda a la dependencia.

Como ven, nos proponemos mejorar drásticamente la forma en la que opera nuestro Estado del Bienestar. Y queremos hacerlo, además, al tiempo que seguimos reduciendo el déficit público, porque este es un gobierno comprometido con la disciplina fiscal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades. En definitiva, lo que hay que hacer es acabar de una vez por todas con esas vías de evasión fiscal, cuando no de elusión fiscal, de las grandes fortunas y de las grandes multinacionales.

Los ricos, lo siento, pero tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto, porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya más quien más tiene.

Y hablando de Constitución, señorías, a ver si por fin esta legislatura es la legislatura en la que modificamos ese artículo 49 de la Constitución y reconocemos constitucionalmente la dignidad de las personas.

Una vida mejor depende, ante todo, de un techo que la cobije dignamente. Y, por eso, nuestra tercera prioridad va a ser mejorar el acceso a la vivienda, porque este es, a día de hoy, si no el mayor problema al que se enfrentan muchos ciudadanos en nuestro país y, particularmente, los jóvenes.

La subida de los alquileres, el encarecimiento de las hipotecas como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo. La dificultad de ahorrar ha hecho que cada día sea más difícil desarrollar un proyecto vital para muchísimos ciudadanos en nuestro país. En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este respecto, pero sabemos que tenemos muchísimo que hacer aún, siguiendo una premisa muy sencilla, que es ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios.

¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y pueden y deben independizarse a edades más tempranas. Por eso les anuncio que vamos a aumentar el bono para el alquiler. Ojalá los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox desarrollen esta política. Crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de su hipoteca, como ya anuncié durante la campaña electoral; y vamos a acometer la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos también hace unos meses.

También vamos a apoyar a todos esos españoles y españolas de clase media, también trabajadores, que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro y también su red de seguridad. En consecuencia, vamos a ayudarles a reformar y modernizar sus viviendas con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellos que lo deseen puedan ponerlas en alquiler.

El empeño por lograr una vida mejor tiene una premisa básica, señorías, y es defender la vida del planeta. Por eso nuestra cuarta prioridad será impulsar una transición ecológica que ayude a mitigar y adaptarnos al cambio climático, que proteja nuestra biodiversidad y que genere riqueza y oportunidades en todo el territorio.

Vamos a seguir desplegando las energías renovables, señorías, y lo vamos a hacer de forma responsable; y quiero decirlo aquí, ante ustedes, de forma coordinada, integrando a los vecinos y vecinas en la toma de decisiones y también en el reparto de beneficios de esa extensión de la energía renovable.

También vamos a favorecer las comunidades energéticas y vamos a triplicar la potencia instalada de autoconsumo. Todo ello para lograr que a finales de esta década la mitad de toda la energía que consuma nuestro país sea de origen renovable.

El desafío de la transición energética requiere también de un regulador independiente y especializado y los recursos técnicos adecuados para preparar el sistema energético para lograr este objetivo ambicioso que tenemos de neutralidad climática.

Y por eso quiero anunciarles que vamos a restablecer la Comisión Nacional de la Energía suprimida por el Gobierno del Partido Popular, que va a ser clave para garantizar y mejorar el funcionamiento del sector energético y la diversificación de sus operadores.

Vamos a seguir combatiendo la amenaza de la sequía, ampliando y modernizando las infraestructuras, modernizando los recursos de los organismos hidrológicos, cerrando pozos y regadíos ilegales, ayudando a los agricultores a mejorar sus explotaciones. Porque somos muy conscientes de que España es una potencia mundial agroalimentaria y queremos que siga siéndolo y, por ello, vamos a dedicar una parte sustantiva de los fondos europeos a modernizar el sector, a impulsar la agricultura ecológica y también la regenerativa.

Y quiero anunciarles que vamos a aprobar una ley de agricultura familiar que va a favorecer este tipo de agricultura, que va a generar valor añadido social y vinculación con el territorio. Y vamos a desplegar una Estrategia Nacional de Alimentación para España que permita desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, fomentar el empleo rural y mejorar la calidad de la alimentación.

Y vamos a seguir impulsando las ganancias de eficiencia y de circularidad de nuestra sociedad, con la ambición de que, al final, el tejido productivo acabe siendo un sistema simbiótico en el que nada se desperdicia y que, por tanto, los residuos de un sector se conviertan en los recursos productivos de otro.

Yo sé, señorías, somos muy conscientes desde el Gobierno, que a veces la urgencia y la escala de la transición ecológica nos abruma e incluso nos asusta; pero, créanme, creo que podemos tener éxito sin perder tiempo, sin dejar a nadie atrás, ninguna persona y tampoco ningún territorio, aprovechando esta oportunidad para generar nuevos empleos, nuevas industrias para todo el territorio, mejorar nuestras ciudades y también cuidar nuestra salud. Por cada euro que gastemos ahora en acometer esta transición ecológica, nos estaremos ahorrando diez euros en daños en las próximas décadas.

La quinta prioridad, señorías, va a ser garantizar que España siga siendo un referente europeo y mundial en igualdad. Mejorar la vida es mejorar la condición de vida de la mitad de nuestra sociedad; es mejorar la vida de las mujeres; es alcanzar, en consecuencia, la plena igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

"El feminismo es un cáncer".

"Si pudiera lo quitaría de las escuelas y pondría una asignatura de costura porque empodera más coser un botón".

No, no hay que reírse de esto, señorías. No hay que reírse. No hay que reírse.

"Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres de gran valía, casi tanta como la de los hombres".

"Si las mujeres cobran menos es porque así lo deciden ellas".

"Si hay puestos con más hombres es porque los hombres están genéticamente más adaptados".

Estas afirmaciones, señorías, parecen sacadas de un manual de la Sección Femenina de la Falange franquista, pero son declaraciones públicas realizadas por dirigentes de Vox en los últimos meses. Dirigentes que, conviene no olvidarlo, han accedido a cargos autonómicos y locales de responsabilidad gubernamentales gracias al voto favorable del Partido Popular. Y las cito aquí porque son un testimonio vivo del problema al que nos enfrentamos.

Porque a pesar de los muchos avances logrados en estos últimos años en nuestro país, aún persisten prejuicios y conductas machistas. Las mujeres aún sufren un tratamiento desigual en muchos ámbitos, cobran salarios más bajos que los hombres por desempeñar el mismo tipo de responsabilidades laborales.

Y esa falta de igualdad efectiva es una injusticia que atenta contra los principios paritarios, por ejemplo, de nuestra Constitución, que nos está haciendo peores como sociedad y que nos está impidiendo alcanzar todo nuestro potencial, que es inmenso y formidable como país.

Por tanto, debemos corregirla y, para ello, les anuncio que aprobaremos una ley de representación paritaria que nos ayude definitivamente a romper los techos de cristal. Porque si las mujeres representan el 50% de nuestra sociedad, el 50% del poder político y económico les corresponde a ellas. Y vamos a facilitar la conciliación de padres y madres ampliando el permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas. Universalizar también la educación de 0 a 3 años; en este caso, desde los dos años. Y vamos a darle a las familias monoparentales con dos hijos, encabezadas mayoritariamente por las mujeres, como bien saben ellas, el mismo nivel de protección que disfrutan las familias numerosas.

Una vida mejor, señorías. Una vida mejor es una vida que extirpa la lacra de la violencia machista. Por cada euro, señorías, esto es lo que le quiero decir a los ciudadanos y, sobre todo, a las mujeres de nuestro país: por cada euro que un gobierno autonómico municipal reaccionario retire de la prevención y la eliminación de este cáncer social, nosotros vamos a dedicar diez euros a la lucha contra la violencia de género. Y por cada minuto de respeto que los políticos de Vox nieguen a las víctimas de la violencia de género, nosotros les consagramos todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo.

Vamos a continuar actuando, como también vamos a actuar contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia. El informe, señorías, que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y la gravedad de este problema y nos interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España.

Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba. Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos y vamos a instar a la Iglesia Católica, señorías, a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que, desgraciadamente, sufrieron abusos sexuales por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos. Pero, sobre todo, vamos a adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir.

Por eso les anuncio que, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en esta legislatura vamos a reforzar los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, dotándoles de más personal y también de más recursos.

Vamos a reforzar la labor de inspección en los centros educativos para asegurarnos que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales. Y vamos a establecer por ley que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas.

Señorías, procurar una vida mejor a los españoles significa además de todo lo dicho, reducir las diferencias que existen entre provincias y también fortalecer la cohesión territorial de nuestro país. Y esta va a ser la sexta prioridad del Gobierno que me propongo conformar si ustedes me dan la confianza mayoritaria de la Cámara.

En la Transición, señorías, los españoles y españolas apostamos por un Estado autonómico que acercó las administraciones públicas a las 52 capitales de provincia y fomentó también la creación de empresas y el desarrollo económico y social en cientos de municipios medianos por todo el país.

Desgraciadamente, a lo largo de estos últimos años esa tendencia se ha revertido. Hoy, Madrid y otras grandes ciudades, como es lógico, se han convertido en gigantes que lo absorben todo y las diferencias, en consecuencia, entre provincias han aumentado.

El reto demográfico interpela a todas las instituciones públicas y también al Gobierno de España, como pudimos empezar a desarrollar durante la pasada legislatura. En la pasada legislatura dimos algunos pasos: apostamos por un modelo descentralizado, también policéntrico, que postula nuestra Constitución; intentamos buscar un reparto equitativo e inteligente de las oportunidades por todo el territorio. Creo que los fondos europeos están sirviendo para ello: estamos viendo plantas de gigafactorías de baterías de vehículos eléctricos en distintas partes de España no concentradas en los tradicionales sectores industriales de nuestro país, o también instituciones públicas que se están implantando a lo largo y ancho de nuestro país.

Y en esta legislatura seguiremos avanzando en esta misma dirección. Vamos a dedicar el grueso de los fondos europeos a crear nuevas industrias y también nuevas oportunidades fuera de las grandes capitales. Vamos a crear mejores infraestructuras y también conexiones ferroviarias. Están recogidas en el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Vamos a garantizar por ley el acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos y para que nadie tenga que, en definitiva, abandonar su pueblo porque no haya un cajero o un centro de salud cerca o porque las oportunidades no se desarrollan en su municipio.

Me gustaría que pudiéramos contar con el apoyo mayoritario de esta Cámara para hacer realidad este objetivo de garantizar los servicios públicos básicos en un radio menor de 30 minutos.

También vamos a ampliar el diálogo entre administraciones, vamos a reforzar la cogobernanza entre ellas y vamos a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, que garantice los recursos económicos que necesitan las comunidades autónomas, basándonos en los principios que conocen ustedes, porque ha sido así referido en otras muchas ocasiones: el de la equidad, el de la autonomía financiera y, por cierto, también el de la corresponsabilidad fiscal, porque no deja de ser curioso que gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox bajen los impuestos a los más ricos y luego a la Administración General del Estado nos pidan más recursos económicos.

Pero, en fin, a lo que quiero ir, señorías, es que los recortes que se aplicaron en nuestro Estado del bienestar saben ustedes que están en manos de las comunidades autónomas durante la etapa de gobierno del Partido Popular, efectivamente dejaron a muchas comunidades autónomas sin recursos para atender las necesidades más básicas de los ciudadanos y les obligaron, en consecuencia, a endeudarse. En aquellos años, la deuda de las comunidades autónomas, simplemente para que tengan este dato, señorías, casi se duplicó.

¿Y qué ha hecho este Gobierno durante estos últimos cuatro años, singularmente? Pues yo creo que hemos auxiliado a las comunidades autónomas. Hemos entregado más recursos que ningún otro Gobierno en ningún otro momento de nuestra historia democrática. En cinco años de Gobierno conmigo al frente, en cuatro años de Gobierno de coalición, para ser exactos, las comunidades autónomas han recibido un 40% más en los que en los últimos cinco años del Gobierno de Mariano Rajoy; un 40% más. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 180.000 millones de euros más. Y todo eso sin contabilizar los fondos europeos, que también están gestionando las comunidades autónomas.

Eso, evidentemente, nos ha servido para hacer frente a la pandemia, para reconstruir todo aquello que se desmanteló durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal que dio el gobierno del PP de entonces. Pero desde el punto de vista de la consolidación fiscal, ha hecho algo muy relevante, señorías, y es que, gracias a ello, la deuda se ha reducido en relación con el Producto Interior Bruto y los recortes han podido cesar en muchos ámbitos a pesar de la política fiscal irresponsable e insostenible que las derechas están volviendo a desplegar.

¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es continuar con esa senda de responsabilidad fiscal, pero también de solidaridad; y asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, la que contrajeron durante la etapa de Gobierno del Partido Popular.

Esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómica, creado entonces por el Partido Popular. Hacerlo nos va a permitir hacer muchas cosas, señorías, pero nos va a permitir, sobre todo, financiarnos a costes más reducidos. Va a aliviar la factura de intereses por los pagos de la deuda que tienen muchas comunidades autónomas y va a ayudar, en consecuencia, a los ciudadanos y ciudadanas a que puedan tener unos servicios públicos de calidad. Esto lo pongo, evidentemente, entre algodones, porque no sabemos exactamente qué van a hacer los gobiernos del Partido Popular con Vox, aunque ya apuntan maneras.

Señorías, la séptima prioridad será avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar una mejor convivencia en nuestro país. Creo que todos podemos ser conscientes, todos los ciudadanos que nos vean, de que en la discordia no puede haber prosperidad. Lo sabían nuestros padres y nuestros abuelos y por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la Constitución y de la Transición; y ahora nosotros debemos hacer lo mismo, que es impulsar la convivencia y también el perdón, no solo para ganar una legislatura de progreso, que también, sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia.

Hablamos, claro está, de Cataluña. Pero hablemos claro, señorías, en Cataluña y en otros territorios de nuestro país hay ciudadanos y ciudadanas que consideran que estarían mejor siendo independientes. El Gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar no comparte esa idea. Nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor, más próspera, más fuerte.

Es más, creemos que esas realidades nacionales que sienten legítimamente estos ciudadanos y ciudadanas independentistas se verían mejor expresada en una Unión Europea que, conforme pasan los años, avanza en su integración a través de la estructura autonómica que tiene nuestro país, reconocida en nuestra Constitución.

Pero la pregunta que tenemos que hacernos y que también creo que merecen ser respondida ante nuestros ciudadanos, es cómo garantizamos esa unidad. Grosso modo, existen dos alternativas: puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social o podemos intentarla por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón.

El Partido Popular ya probó la primera de esas recetas. Todo lo que consiguió, señorías, fue que el número de catalanes partidarios de independizarse alcanzara récords históricos. Que se incendiaran las calles de Cataluña y que el mundo entero mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país en esos años y, sobre todo y en particular, en el año 2017. El resultado fue la mayor crisis territorial de nuestra democracia. La mayor crisis institucional, territorial y constitucional de nuestra democracia. En definitiva, creo que la receta del Partido Popular condujo al desastre y que no conviene ir por ese camino.

¿Qué hemos hecho nosotros? Pues creo que todo lo contrario. Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza; en definitiva, a la unidad, a la fractura. Donde antes hubo quiebra de la Constitución en determinados territorios, en estos últimos cinco años, señorías, la Constitución Española se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país.

Creo que no hay camino más seguro que el que se orienta hacia el entendimiento para restablecer los puentes políticos que jamás debieron romperse y que se rompieron, señorías. Por eso indultamos a los líderes del procés. Y por eso hemos apoyado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, hemos promovido el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas y, lo que resulta innegable, señorías, es que esta vía está funcionando, con dificultades, pero está funcionando porque la convivencia ha vuelto a las calles; no hay más que ver lo que sucede en muchas de las calles de Cataluña.

No sé, quizá ellos interpreten que la convivencia era ver arder Barcelona allá por el año 2019 o 2017, cuando gobernaba el Partido Popular. Yo no lo creo.

En fin, la convivencia ha vuelto a las calles, el diálogo ha vuelto a las instituciones, señorías, con muchísimas dificultades, y nuestro país -es curioso porque todos estaban pendientes de este bloque de mi intervención, pero no paran de hablar- nuestro país, señorías, ha podido centrar sus energías en afrontar retos extraordinariamente difíciles como fue, por ejemplo, la COVID o la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania.

¿Qué prefiere la amplia mayoría de los ciudadanos: la Cataluña de 2017 o la Cataluña de 2023? ¿Qué política beneficia más a la gente: la del enfrentamiento que postula el Partido Popular al cuadrado, también con Vox, ¿o la del entendimiento que defendemos una amplia mayoría de grupos parlamentarios en esta Cámara?

No hace falta que especulemos al respecto. Creo que conocemos la respuesta. Lo dicen además los estudios demoscópicos que reflejan la convivencia y la paz social que hay en las calles de Cataluña. Lo refleja la forma en la que en la que votaron también los propios catalanes y catalanas el pasado 23 de julio: un 50%, señorías, apoyaron a los partidos que conformaron durante estos últimos cuatro años el Gobierno de coalición progresista, un 50% en Cataluña; y solo un 20% a las derechas retrógradas. 50-20%.

Por tanto, el diálogo, la generosidad y el perdón creo que han funcionado y han ayudado a algo muy relevante, que, desde luego, no está resuelto, que es a restaurar las heridas de nuestra sociedad. Por eso nuestro propósito es seguir aplicándolos durante los próximos cuatro años.

Es evidente que el marco legal vigente establece condiciones vinculantes. Es así. Pero eso no puede ser el único argumento a favor de una España unida. Necesitamos muchos más motivos y, si no están ahí, debemos tener la valentía para construirlos. Porque es posible y porque, como dijo el genial Antonio Machado: "Hoy es siempre todavía".

Y puesto que hoy es todavía y el diálogo aún es posible, nosotros vamos a apostar por él, siguiendo aquel consejo que daba el gran Salvador Espriu a toda España: diálogo para alcanzar una idea que se expresa exactamente igual en nuestras cuatro lenguas, la de Machado, la de Espriu, la de Aresti y la de Castelao, que es Concordia.

Por eso vamos a seguir impulsando reformas y mejorando nuestro Estado autonómico. Por eso vamos a seguir atrayendo empresas extranjeras e instituciones europeas a Cataluña y al conjunto de nuestro país, en lugar de ahuyentarlos, como se hizo en malas horas.

Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán. Vamos a conceder esa amnistía.

Fíjense, señorías. Esta es una medida que pide una parte muy relevante de la sociedad catalana, que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara; y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones, pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad, virtud. Sí, de la necesidad, virtud.

Por dos motivos de interés general -cálmense, señorías-. Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos cuatro años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso.

Yo creo que a estas alturas de nuestra historia democrática y de todo lo vivido y escuchado durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia, los ciudadanos no debemos, no podemos, ser ingenuos: el problema del Partido Popular con Vox no es la amnistía a los líderes del procés, el problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de julio.

Entonces, yo le pido a los ciudadanos de buena fe que están asistiendo a este debate que, por muchos aspavientos que hagan y que además vamos a escuchar -en fin, yo ya estoy curado de espanto, porque vengo de una legislatura anterior donde me han insultado y me han dicho de todo, pero bueno-, por muchos aspavientos que hagan, señorías, por mucho que se arropen en la bandera, que es de todos, también la nuestra, señorías, por muchos aspavientos que hagan, por mucha patrimonialización que intenten de la bandera, que es de todos, y de los símbolos constitucionales, que son de todos, sabemos que a las derechas reaccionarias la amnistía les importa más bien poco. Los poderes económicos que auspician no solamente y que amparan a la derecha y la ultraderecha, no están preocupados por la amnistía; de hecho, saben que será buena para la economía del país.

Lo que de verdad no quieren las derechas es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras, que no sigamos revalorizando las pensiones conforme al IPC, que sigamos reforzando la sanidad, la educación, el Sistema Nacional de Dependencia, que sigamos impulsando la transición ecológica, que sigamos defendiendo los derechos de los migrantes, del colectivo LGTBI y de las mujeres… Por eso no quieren que gobernemos.

Miren, señorías, la última vez que el Partido Popular estuvo en el poder, no hace mucho tiempo, hasta 2018; la última vez que el Partido Popular estuvo en el poder, en España era legal despedir a un trabajador mientras estaba enfermo. Era legal pagar 700 euros al mes a quien se deslomaba a tiempo completo para hacer su trabajo. Era legal que las viviendas públicas pagadas con los impuestos de todos se vendieran a fondos buitre y se privatizaran. Era legal cobrar a los pacientes más vulnerables un copago farmacéutico que el Gobierno suprimió cuando llegó al poder.

Nosotros, pues bueno, acabamos con esas injusticias, tratamos de impedir, dentro de nuestras competencias, que bienes públicos no se convirtieran en negocios para unos pocos.

Y los diputados de las derechas votaron en contra. Por eso es necesario que sigamos gobernando para consolidar todos estos avances cuatro años más.

Para evitar que España retroceda, para lograr que nuestro país siga avanzando y que sea una inspiración también para otras muchas sociedades europeas que ven cómo avanza la ola reaccionaria, también arropada por el Partido Popular de esos otros países.

Con ser importante este argumento, hay uno que creo que es también muy relevante para explicar el por qué vamos a impulsar esta amnistía.

Y es que esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017. A seguir acercando posturas. Y a persuadir, incluso yo puedo ser ingenuo en esto, pero voy a intentarlo, a que aquellos catalanes que se sienten independentistas y también de otros territorios que se sienten independentistas, de que nuestro país es un buen país también para ellos, que Cataluña está lista para el reencuentro total y que nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante.

Señorías, la amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas como es Francia, como es Italia, como es Alemania, como es el Reino Unido. Mismamente hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal. Y el Tribunal Constitucional español, por cierto, ha rubricado anteriormente.

Por ello quiero pedirle, en fin, sé que es muy difícil, quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron, por ejemplo, a una gran democracia como Estados Unidos al borde del colapso. Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo estas últimas semanas.

Ustedes no pueden volver a sembrar la discordia. ¿Recuerdan ustedes cuando preconizaron el boicot a los productos catalanes? Insisto, catalanes, no independentistas, catalanes. Lo que hicieron fue atizar el fuego del odio, señorías. Por eso le pido al Partido Popular responsabilidad y sentido de Estado. No les pido su apoyo, ya sé que no lo voy a tener. Solo les pido cordura y coherencia.

Y, subrayo, coherencia. Coherencia porque conviene recordarlo a la ciudadanía, que asiste atónita a todas estas proclamas y soflamas que estamos viendo. Sí. Conviene recordar que nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia. Todo fue hecho antes por gobiernos del Partido Popular.

A ver, señorías, a lo mejor ustedes hoy se sonrojan, pero lamento decirles que gobiernos del Partido Popular concedieron 1.400 indultos en un solo día. En un solo día. Siento comunicarles, señorías del PP y de Vox, o al menos del señor Abascal, que entonces estaba en el Partido Popular, que gobiernos del Partido Popular indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo durante una investidura. Qué escándalo, señor Feijóo. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!

Siento comunicarles que aquel que lanza proclamas y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez, pues entregaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo catalán y vasco para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España.

Y que yo sepa, ninguna de esas concesiones debilitó a España ni corrompió tampoco nuestra democracia, ni caminamos hacia una dictadura. En fin, nos convirtieron en lo que realmente es nuestro país un Estado compuesto, un Estado descentralizado, como lo son, por cierto, otros muchos países, probablemente los más avanzados del mundo, con democracias consolidadas.

La diferencia, entonces, ¿En qué consiste? Bueno, pues que cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo, eso es un pacto entre caballeros. Y si es la izquierda, pues entonces es toda una traición a la patria. Sean ustedes un poco coherentes y no insulten además a la memoria de los españoles.

Yo les pido que no vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron, que han cometido siempre, por cierto. Les pido que no intenten aprovechar esta situación para incendiar las calles, para cuestionar lo que vienen haciendo desde siempre, señorías del PP y del partido del señor Abascal, que es cuestionar la legitimidad de todo gobierno que no esté dirigido por el Partido Popular.

Y no se preocupen señorías y sobre todo aquellos ciudadanos que estén viendo este debate y que, en fin, la amnistía se va a aprobar bajo luz y o con luz y taquígrafos, con total transparencia. Sí, va de ser debatida aquí ¿Les parece a ustedes poco? Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara, democráticamente electa.

Es decir, la amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia.

Y esta amnistía, para que lo sepan también los ciudadanos y ciudadanas que estén viendo este debate, evidentemente va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo. Pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos y ciudadanas que se vieron arrastrados por el procés, incluidos policías nacionales y Mossos d'Esquadra, que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso, señorías, ni siquiera quienes carecíamos por aquel entonces de responsabilidades de gobierno.

En última instancia, impulsamos esta medida de gracia movidos por la esperanza fundada de que nos ayude a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso. De que contribuya a mejorar la convivencia de nuestro país, a canalizar por una vía más sana, sí, más sana y más pacífica las aspiraciones políticas de unos y de otros.

Señorías, la octava prioridad de nuestro Gobierno debe ser Europa. Creo que en estos últimos cuatro años España ha cobrado un protagonismo internacional que nunca antes había tenido. Antes incluso de ostentar la Presidencia rotatoria del Consejo nuestro país ya lideraba en Bruselas debates muy importantes para el día a día de nuestros conciudadanos, como es la reforma del mercado eléctrico, como es también la política agrícola común. Y ahora es un referente continental en temas como por ejemplo la autonomía estratégica, la transición verde y digital o las políticas de inmigración y de asilo.

En los próximos años la Unión tendrá que tomar decisiones cruciales. Tendrá que tener nuevos lazos con el resto del mundo, especialmente con el Magreb y con la América Latina y el Caribe. También tendrá que consolidar su liderazgo tecnológico y científico a escala global, o al menos lograrlo.

Tendrá que abordar desafíos como la migración y también las consecuencias del cambio climático. Tendrá que acometer debates muy importantes como la ampliación hacia los Balcanes Occidentales y hacia Ucrania, Moldavia y Georgia, una ampliación que responde a un deber moral sin duda alguna, a un interés geopolítico para Europa, porque traerá más recursos, más resiliencia y más mercado a los Estados miembros. Pero que también implicará desafíos nacionales y una revisión a fondo del funcionamiento de nuestras instituciones comunitarias.

España, les puedo garantizar señorías que no va a ser mero testigo de esos procesos, vamos a estar entre los países que lo lideren. Vamos a analizar los retos. También vamos a buscar oportunidades, vamos a proponer soluciones, que es lo que quiere la ciudadanía. Vamos a defender los valores europeos. Vamos a impulsar el diálogo y el respeto a la pluralidad en el continente, como lo hace también dentro de sus fronteras.

Todo ello, insisto, con un objetivo, y es mejorar la vida de los españoles y las españolas. Ese es el propósito que ha guiado y guiará la acción del gobierno de coalición progresista. Dar a nuestros ciudadanos una vida más plena, una vida de certezas, de seguridades, con más y mejor empleo, con más y mejores servicios públicos, con más viviendas asequibles, más sostenibilidad medioambiental, más igualdad, más cohesión territorial, más convivencia y más Europa.

Estas son, señorías, las ocho prioridades de nuestro Gobierno con las que nos presentamos ante ustedes para que nos otorguen la confianza mayoritaria de la Cámara.

Y quiero concluir, señorías, diciendo lo siguiente: yo creo en España, creo en nuestros ciudadanos, creo en el enorme y gran potencial de nuestro país.

Fíjense. A los 18 millones de españoles y españolas que votaron en las primeras elecciones democráticas allá por 1977, les habría resultado, y estarán de acuerdo conmigo, imposible imaginar las cotas de desarrollo y de bienestar que tenemos hoy. Les habría resultado imposible creer que un país atrasado y aislado se iba a convertir en apenas cuatro décadas, un suspiro en términos históricos, en la cuarta mayor economía europea, en la décimo sexta potencia económica o, mejor dicho, comercial del mundo y en una de las democracias más plenas del mundo.

¿Qué habrían pensado, por ejemplo, nuestras abuelas si les hubiéramos dicho que aquella sociedad machista en la que se criaron, se iba a convertir en el cuarto país más igualitario de Europa? ¿Qué habrían dicho, lo recuerdo porque fue hace poco cuando celebramos el Día de la Memoria Democrática, qué habrían dicho aquellos españoles y españolas homosexuales que tenían que esconderse para besar a su pareja si hubiesen sabido que España acabaría siendo el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primero en reconocer su derecho a adoptar?

¿Cómo habría reaccionado cualquiera de esos pioneros de la ecología -pienso en Félix Rodríguez de la Fuente- si hubiesen sabido que España se convertiría, como lo es hoy, en la séptima gran economía más sostenible del mundo y en el segundo país de la Unión Europea con más kilómetros de áreas naturales protegidas? Pues lo hubieran visto como una utopía inalcanzable, como es lógico. Pero lo hicimos. Y ahora podemos volver a hacerlo.

España cuenta con talento, cuenta con trabajadores, con empresas, con instituciones públicas, con infraestructuras. Y, sobre todo y, ante todo, con valores y principios cívicos, con el prestigio internacional necesario para convertirse en una de las naciones más prósperas y socialmente avanzadas no de Europa, sino del mundo.

Porque nuestro país, España, es un país formidable. Y puede ser aún mejor. Y estoy convencido de que va a ser aún mejor. Será mejor, señorías, si procuramos una vida mejor para todos y para todas. Si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros. A ese propósito quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos cuatro años. Y por eso, señorías, les pido que con su voto favorable me otorguen su confianza.

Nada más y muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación.)