Intervención del presidente del Gobierno en el seminario "Monitoring the recovery: beyond GDP"

Ministros, ministras, querido Paolo, es un placer encontrarnos de nuevo aquí en Madrid.

Bien, como saben, las primeras décadas del siglo XXI han azotado las economías mundiales con dos crisis casi consecutivas, acelerando una reflexión que creo que es imprescindible sobre nuestros modelos socioeconómicos. Nuestra responsabilidad, por tanto, es atender las lecciones económicas, sociales y ambientales que este tiempo nos ha dejado.

Y hasta ahora, mantener unas tasas positivas de crecimiento de nuestro producto interior bruto ha sido el centro de la evaluación de la práctica totalidad de las políticas públicas. Pero siendo el producto interior bruto una variable, sin duda alguna fundamental para medir el desarrollo económico de cualquier país, de cualquier economía, no tiene la capacidad de reflejar aspectos esenciales como la sostenibilidad medioambiental, los bienes y servicios no comercializados y otros factores que determinan el bienestar de un país.

Permítanme que recuerde en este punto unas palabras de Robert Kennedy que ilustran esto a la perfección. Él decía que el producto interior bruto no incluye la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de jugar. No incluye la belleza de nuestra poesía, la fuerza de nuestros hogares, la inteligencia de nuestro debate público.

Desde 1980, si cogemos los datos, la economía mundial ha crecido un 194%, pero si miramos sólo las economías más avanzadas, es decir, las de la OCDE, el crecimiento ha sido del 85%. Pero este incremento ha traído aparejado otros procesos, de los cuales me gustaría señalar en concreto dos.

El primero de ellos es el deterioro medioambiental. En ese mismo plazo de tiempo se han duplicado las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha elevado la temperatura global en 0,7 grados centígrados y, según Naciones Unidas, la pérdida de biodiversidad, que es algo muy importante para nuestro país en el último medio siglo, multiplica por 10 el ritmo de los diez millones de años previos. Y esto son solo dos datos de la gran crisis medioambiental, de la emergencia climática en la que nos encontramos.

Ya nadie, por otro lado, o al menos una mayoría amplia -una minoría sin duda alguna, siempre irreductible negará la emergencia climática- pero ya nadie discute que urge cambiar la tendencia de los indicadores medioambientales si queremos tener un futuro como especie.

Y junto con la emergencia climática, la desigualdad. Nuestro ponente principal hoy, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha escrito mucho sobre ello, es una de las figuras mundiales que más ha advertido sobre los costes de la desigualdad en nuestras sociedades. Desde los años ochenta del siglo pasado, el crecimiento se ha concentrado de manera desproporcionada entre aquellos que parten de una visión o de una situación de ventaja.

Algunos economistas sostuvieron entonces que lo importante era crecer a cualquier costa, para después poder repartir mejor entre los ciudadanos ese crecimiento. Y, según ellos, había que elegir entre crecer o distribuir. Pero la realidad nos ha enfrentado a otros resultados radicalmente distintos, en los que se demuestra que la distribución equitativa sigue siendo una asignatura pendiente.

Algunos datos corroboran, como saben ustedes, esta afirmación. Según estimaciones recientes, el 1% de las personas con mayores ingresos capturaron el 17% del crecimiento económico que se produjo en Europa entre 1980 y 2017, mientras el 50% de personas con menores ingresos solamente logró alcanzar el 15% de ese crecimiento acumulado. Es, pues, un hecho objetivo contrastado con los datos que el crecimiento económico no se distribuye de manera igualitaria y que estas tendencias, de continuar, lo que van a hacer es agravar aún más el problema.

Si nos acercamos aún más a la realidad española, la de nuestro país, y según un estudio publicado hace pocos días por un medio de comunicación, la diferencia de renta entre los barrios más ricos y de menor renta en España se incrementó entre 2013 y 2018. Mientras en las zonas más pudientes la renta ha crecido una media de un 27%, en las barriadas más humildes el crecimiento ha sido solo del 11% en estos últimos cinco años. Es decir, durante la recuperación económica de 2013 a 2018, los barrios más ricos, más pudientes de las grandes ciudades españolas se enriquecieron casi el triple que aquellos de menor renta.

En los hogares cercanos a la línea de pobreza y exclusión social, además, se comprueba otro fenómeno también muy delicado y muy preocupante. Una situación de deterioro económico acarrea un incremento de los hogares en dificultades, pero la situación de la recuperación subsiguiente hace disminuir los diversos indicadores de pobreza a un ritmo mucho más lento e incluso, pudiéramos decir que prácticamente inexistente. Algunos datos así lo corroboran.

Por ejemplo, entre 2013 y 2019, mientras el producto interior bruto per cápita español pasaba de 21.899 euros a ser de 26.426 euros, es decir, crecía un 20,67%, la tasa de pobreza pasó del 20,4% al 20,7%.

Y recientemente, además, las economías más avanzadas empiezan a mostrar una mayor conciencia colectiva sobre la desigualdad de género. En cualquier indicador que tomemos, es decir, la formación académica, la actividad, la precariedad laboral, el paro, las pensiones mínimas, la pobreza, los resultados para las mujeres son sistemáticamente peores. A día de hoy se estima una brecha salarial del 14% en la Unión Europea, mientras que en España es del 11,9%.

Y a estos resultados se añade la constatación de que la maternidad tiende a disminuir los ingresos de las mujeres, pero no así de los hombres: un 11% menos en los casos de nuestro país.

Ante las mismas circunstancias sociales y el mismo entramado institucional, existe una realidad económica diferente por una simple cuestión de género. Avanzar, en consecuencia, en la igualdad de género no es no sólo una cuestión de justicia social con la que está comprometido, lógicamente, el Gobierno de España -porque lo está la mayor parte de la sociedad española- sino que también es una cuestión de eficiencia económica. Se calcula que la completa incorporación de las mujeres al mercado laboral en nuestro país supondría un aumento del crecimiento potencial del 15%.

¿Con esto que quiero decir? Bueno, lo que quiero decir es que debemos modernizar las instituciones para garantizar la máxima creación de oportunidades y el reparto más justo de los frutos de ese crecimiento económico. Y estas transformaciones deben hacerse con el mayor de los consensos, porque durante esta última década hemos sufrido en España muchísimas contrarreformas.

Quiero pensar en la contrarreforma laboral y de las pensiones de 2012 y 2013 que rompieron, que quebraron el diálogo social. Y el Gobierno está comprometido, todo el Gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral para:

1. Extirpar la precariedad laboral

2. Impulsar la competitividad de nuestra economía.

3. Restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.

Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso.

Y en este sentido, una de las aportaciones más recientes al debate de esta nueva gobernanza de las políticas económicas es el papel de los salarios mínimos. Independientemente del efecto sobre la tendencia en el empleo de algunos grupos del mercado laboral, que siempre debemos tener en cuenta, son una herramienta de primer nivel en la reducción de la desigualdad.

Y además, como ha puesto de manifiesto el reciente Premio Nobel de Economía, David Card, las subidas de salario mínimo no implican ni mucho menos pérdidas de empleo. Es decir, el futuro de nuestras democracias pasa por asegurar un crecimiento más igualitario y también más sostenible. Las sociedades desiguales, además, son un caldo de cultivo idóneo para las derivadas reaccionarias y, por tanto, antidemocráticas.

La evidencia empírica, además, nos ha señalado que no es necesario crecer primero para redistribuir después, sino que las sociedades más igualitarias son también las más prósperas. Lejos de haber un antagonismo, en consecuencia, entre crecimiento e igualdad, existe una correlación positiva entre ambas metas. Y por tanto, la elección no es entre una sociedad que crezca o una sociedad con mayor igualdad, sino que debemos y podemos aspirar a una sociedad más rica y, por tanto, más igualitaria.

Esa misma evidencia demuestra también que las reducciones de emisiones de CO2 o las mejoras en otros indicadores medioambientales, como pueda ser la preservación de nuestra biodiversidad son compatibles con el crecimiento económico, porque es posible aspirar a una mayor prosperidad y a la vez avanzar en sostenibilidad a través de una transición energética que tiene que ser justa en términos sociales, en términos intergeneracionales y, por supuesto, también desde la perspectiva territorial.

En definitiva, se trata, señoras y señores, de desarrollar el nuevo paradigma en la concepción de la política económica que ya estaba tomando cuerpo antes de la implosión del COVID 19, que se refleja, por ejemplo, en la adopción de la Agenda 2030 y el alineamiento que tiene el Gobierno de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y en este sentido, me gustaría citar algunas de las medidas que el Gobierno de España ha ido tomando en estos últimos tiempos y además lo ha hecho en plena pandemia, siendo conscientes de que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchos de estos cambios y que, por tanto, la pandemia no podía ser el justificante de ponerlos a un lado, de arrinconarlos, de abandonar estas transformaciones, sino de ponerlas en el frontispicio de toda acción política.

Por ejemplo, para luchar contra el deterioro medioambiental -que es en definitiva la gran crisis global- hemos aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Hoja de Ruta del Hidrógeno renovable. Alguien podrá preguntar, y no sin razón, cómo es posible que en España no hayamos tenido hasta ahora una ley de Cambio climático. Pero esta es la realidad.

Una de las primeras iniciativas del Gobierno de España fue implantar el Ingreso Mínimo Vital, que ya está dando cobertura a 800.000 personas, de las cuales 320.000 son menores. Porque al final, las pobrezas más lacerantes o al menos de las que más nos duelen, es sin duda alguna, la pobreza infantil. Las situaciones de pobreza provocan efectos negativos permanentes en todos los miembros de los hogares afectados, especialmente los niños y niñas. Y eso también ha sido una reforma estructural, así ha sido, querido ministro, concebida y también avalada en este caso por las instituciones comunitarias, y en este caso te quiero dar la enhorabuena por el trabajo que has hecho durante estos meses para poder expandir este nuevo pilar del Estado del Bienestar.

También hemos actuado sobre la instancia reductora de la desigualdad por excelencia de nuestro Estado del Bienestar, que es la clave de bóveda, que es la reforma de las pensiones. Esta reforma va a garantizar su sostenibilidad, al mismo tiempo que va a recuperar una de las asignaturas pendientes que se quebró precisamente con la contrarreforma del año 2013 y es la revalorización conforme al IPC.

Como saben ustedes, también como instrumento de redistribución, hemos subido el salario mínimo interprofesional. Las cifras son absolutamente extraordinarias: desde el año 2018, un 31%. Vamos a llevar a cabo a lo largo de esta legislatura el mandato que nos señala la Carta Social Europea de lograr el 60% del salario medio. Esta medida, a nuestro juicio, va a incrementar el poder adquisitivo y el bienestar de muchas personas en nuestro país.

Y otro paso fundamental ha sido la aprobación de reales decretos que regulan, por ejemplo, los planes de igualdad, su registro, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres… En definitiva, un impulso acompañado por políticas de conciliación como la ampliación del permiso de paternidad, su equiparación con el permiso de maternidad, que en el año 2021 ya es de 16 semanas.

Y junto con ello hay otros debates en donde el Gobierno de España, en absoluta conversación con los distintos actores y la sociedad civil articulada, venimos implementando medidas que yo creo que son muy novedosas, pero también de un fuerte impacto. Por ejemplo, no quiero olvidar en este punto, querida vicepresidenta, la Carta de Derechos Digitales, que es uno de los principales compromisos del Gobierno de España y que lo que pretende es proteger a la ciudadanía ante nuevas y graves vulnerabilidades que acompañan a la era digital. Por ejemplo, en el ámbito de Internet o sin duda alguna, también, en la inteligencia artificial.

Y también hemos presentado la Agenda España Digital 2025 o la Estrategia España Digital 2025 para impulsar la transformación digital en nuestro país. En definitiva, la digitalización tiene que ser vista por la ciudadanía, no como un elemento de exclusión social, sino de integración laboral y también de integración social.

No quiero tampoco dejar de señalar la llamada Ley Ryder, que supone una garantía de condiciones laborales dignas también para los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, reforzando el entramado institucional que define los derechos del trabajador y de la trabajadora en una democracia avanzada. Es una ley de hoy y, por supuesto, también del mañana, que señala el camino para que los avances tecnológicos no se hagan a costa de abusos de posiciones dominantes, aumentos inasumibles de la desigualdad o subgrupos de trabajadores permanentemente precarizados.

Porque, al fin y al cabo, el Gobierno de España no solo quiere hacer realidad una recuperación justa para todos y para todas. Creo que esto, más allá de lo que pueda parecer un eslogan, creo que es una fuerte condición que tiene y comparte el conjunto de la sociedad española después de esta pandemia. Si hemos sufrido la pandemia todos, todos tenemos que aprovechar y beneficiarnos de la recuperación económica. El objetivo final es dar a nuestra sociedad un futuro sostenible, esperanzador, democrático, próspero. Y yo añadiría también, seguro.

La interesante mesa redonda a la que hemos asistido, a la que han asistido ustedes hoy, deja ver un desplazamiento, a mi juicio, importante, y es el que nos conduce a diseñar políticas económicas que no se basen única y exclusivamente en el crecimiento del Producto Interior Bruto, siendo como es, un indicador importantísimo para medir el desarrollo económico de un país.

Herramientas como el Cuadro de Mando Social del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la Unión Europea, o el índice para una vida mejor de la OCDE, nos enseñan el camino hacia una conformación mucho más integral y, por tanto, más rica, donde la intervención pública de la economía incorpora otros indicadores y también perspectivas.

Se trata, sin duda alguna, de un marco de referencia mucho más complejo, pero una capacidad mayor de ser útil a la hora de diseñar programas económicos exhaustivos de aliento en el largo plazo. De hecho, nosotros, los Presupuestos Generales del Estado que hemos presentado y aprobado el año pasado, ya incorporaban distintos informes vinculados con el impacto y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de los presupuestos, los informes de perspectiva de género y también de impacto en la reducción de la desigualdad social en nuestro país.

En definitiva, todos estos son elementos que nos demuestran que el desafío que tenemos por delante, en definitiva, no es otro que el de generar sociedades más prósperas, que fortalezcan el desarrollo y las capacidades de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.

Yo me defino como un socialdemócrata del siglo XXI que lo que aspira es a seguir manteniendo fiel la esencia de lo que representa el proyecto político que yo lidero y es el de que nuestro país avance en términos de justicia social. Y esta justicia implica, al menos, dos metas, a mi juicio, y con esto ya término.

En primer lugar, que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad, con dignidad, y que retiremos todos los obstáculos, ya sean sociales, económicos, de desigualdad de género, para que cada hombre y cada mujer de nuestra sociedad puedan disfrutar de una auténtica y efectiva igualdad de oportunidades.

Creo, vicepresidenta, querido comisario, que este tipo de debates son fundamentales. Son, yo diría, necesarios e imprescindibles si queremos acertar, corregir muchos de los errores que se cometieron en el pasado y mirar al futuro con muchísimas mayores garantías.

Creo que después de la pandemia, las sociedades europeas, la sociedad española se lo merece y de eso me enorgullezco. Y, en ese sentido, vicepresidenta, quiero volver a reconocerlo en tu persona. Me enorgullezco de pertenecer y liderar un gobierno que abre estos debates ricos, de profundidad, tan necesarios para el progreso, la prosperidad y el bienestar de nuestros compatriotas.

Muchas gracias.