Discurso de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno ante el Congreso de los Diputados

Congreso de los Diputados

PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno en funciones

Señora Presidenta, señorías, señoras y señores diputados, buenos días.

No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles.

Señorías, comparezco ante este Congreso de los Diputados, en virtud del artículo 99 de nuestra Constitución, al objeto de obtener la confianza mayoritaria de esta Cámara para poder ser investido presidente del Gobierno.

Antes de exponer el programa de Gobierno, quiero hacer algunas reflexiones de partida. Una, lógicamente, de carácter personal y es el honor que representa para mí, como demócrata, como ciudadano y como español, tener la ocasión de obtener la confianza de la Cámara y, también, de poder dirigirme a la Nación desde esta tribuna.

Otra es de carácter político, directamente vinculada a lo que este momento representa, y es el punto de partida de un nuevo tiempo en España, en el que todos los aquí presentes estamos llamados a participar. Unidos a estos dos sentimientos, permítanme también trasladar un agradecimiento sincero.

En primer lugar, al conjunto de la ciudadanía, por su paciencia y por su compromiso con la democracia. Los datos de participación en todas las citas electorales que ha habido en el año pasado, así lo atestiguan y evidencian la fortaleza de la democracia española.

Y, en segundo lugar, un agradecimiento sincero y profundo a mi partido, al Partido Socialista Obrero Español. Gracias, compañeros y compañeras, por la enorme dosis de confianza que depositáis en mí. Es un honor para mí representar en vuestro nombre a una fuerza política que representa, también, la historia viva de España.

Señorías, el pasado 10 de noviembre, los españoles fueron de nuevo a las urnas. Y señalaron una preferencia clara: situaron al Partido Socialista como primera fuerza a gran distancia de la siguiente. No era, ni mucho menos, la primera vez que eran convocados a las urnas el pasado año. Han votado cinco veces en el año 2019, y en las cinco elecciones el Partido Socialista ha obtenido una mayoría clara en relación con la segunda fuerza política.

No solo el PSOE que es la fuerza más votada y, por ello, quien tiene mayor número de representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Con los resultados de las últimas elecciones, y una vez manifestada la posición de cada formación, no cabía otra mayoría parlamentaria que la que hoy vamos a presentar. Aunque ya hemos visto que sí puede haber una mayoría de bloqueo suficiente para impedir que se forme cualquier Gobierno, pero las elecciones arrojaron también, señorías, otro resultado sobresaliente y es que los españoles y las españolas, al elegir a sus representantes, repartieron sus preferencias electorales entre 19 fuerzas políticas diferentes, el mayor número de partidos representados en la Cámara Baja desde la historia o desde el inicio de nuestra democracia.

Quiero decir esto y subrayarlo porque esa es la voluntad de los españoles y españolas, y nos corresponde a los 350 diputados y diputadas que estamos aquí presentes, a todos nosotros, traducirla en Gobierno. Insisto, no somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Cámara, han sido con su voto los españoles. Y nosotros lo que tenemos que hacer en estos cuatro días de investidura es traducir su voluntad en Gobierno y no en bloqueo.

Nuestra Constitución atribuye, señorías, a las Cortes Generales la función de representar a la ciudadanía, porque es en ella donde reside la soberanía de la Nación. Pero también demanda de ellas algo más: la misión de formar Gobierno que ejerza la función ejecutiva y dirija la política interior y exterior de nuestra nación.

No hay Gobierno sin Parlamento; pero tampoco puede haber un Parlamento que funcione indefinidamente sin Gobierno. Para funcionar plenamente, el mecanismo de la democracia necesita de todas sus piezas.

Por esa razón, señorías, acepté el encargo del Jefe del Estado, y por esa razón comparezco hoy ante ustedes con la esperanza de obtener la confianza mayoritaria de la Cámara.
Señorías, represento a un partido que tiene 140 años de vida. Nació cuando en España solo tenía derecho a votar el 3% de la población porque para ejercer el derecho al voto se requería en primer lugar ser hombre y en segundo lugar ser una persona pudiente.

En las elecciones que se celebraron hace 140 años, el PSOE no obtuvo, lógicamente, ningún representante. Ni uno solo. Y, sin embargo, un siglo después, al restablecerse la democracia, ha gobernado España en más de la mitad de las últimas cuatro décadas.

Cuando un partido, o cualquier otra institución humana, perdura de forma tan prolongada a través del tiempo, suele significar dos cosas: en primer lugar, significa que su existencia hunde sus raíces en sentimientos y aspiraciones profundas de la sociedad; que no es un accidente, que no es un producto de las circunstancias pasajeras, sino que da voz a los deseos de millones de españoles y españolas.

Pero esta longevidad del Partido Socialista tiene, también, un segundo significado: el Partido en cuyo nombre les hablo es una institución que ha superado desde sus inicios las más diversas situaciones, propicias y también adversas. Nació sin otro apoyo que el impulso de dos docenas de trabajadores y profesionales que aportaban cada mes 50 céntimos de su salario para su sostenimiento. Ha predicado en el desierto hasta extender su organización y su influencia a todos los rincones de nuestro país. Ha sobrevivido a la persecución y al exilio. Es un partido que no se rinde, que no desfallece. Es un partido que ha conocido todo tipo de situaciones y las ha encarado todas con ánimo de superación.

El PSOE es, como dicen sus siglas, señorías, y acredita su historia, un partido español, formado por compatriotas. Lo repito, un partido español, formado por compatriotas, que, con aciertos y con errores, señorías, ha contribuido y contribuye a mejorar la vida de nuestra sociedad. Y se equivocan muy gravemente quienes desde la bancada de la derecha ponen en duda el compromiso de la izquierda con España. Por eso les pido a todos desde aquí, desde esta tribuna, el mismo respeto que reciben de nosotros, porque el respeto a la pluralidad es también el mecanismo esencial de la democracia. Y el Partido Socialista lo ha representado a lo largo de su historia, que es la historia de España.

Señorías, la voluntad soberana de los españoles ha dibujado un mapa político sumamente fragmentado que convierte en un reto la configuración de las mayorías y, por tanto, también, la constitución del Gobierno hasta, incluso, con las zancadillas que estamos viendo en las últimas horas por parte de la bancada de la derecha.

Hay dos formas de encarar esa situación: una es la cómoda, y consiste en refugiarse en la pureza de las creencias propias, en inhibirse, en evitar correr cualquier riesgo y en esperar que sean otros quienes aporten la solución. No es la nuestra, no es la que corresponde a nuestra historia y, tampoco, a nuestra cultura. Nuestra opción pasa por asumir la realidad parlamentaria, salida de las urnas y construir con ella una solución. Ese ha sido nuestro empeño después de las elecciones del pasado 10 de noviembre, alcanzar la mejor solución que puede darse y lograrse bajo las circunstancias del aquí y el ahora, y de acuerdo con los principios progresistas que caracterizan a una formación progresista como es el Partido Socialista.

Y en ello hemos puesto nuestro empeño, señorías. Primero, como dijimos antes de las elecciones del 10 de noviembre, en un plazo de 48 horas alcanzamos un preacuerdo para constituir una coalición progresista con Unidas Podemos, a quienes agradezco su apoyo.

Es cierto que hubiésemos preferido formar un Gobierno socialista integrado por socialistas y con el aporte de reconocidos independientes de prestigio en el Gobierno. Es verdad, también, que nos abrimos en julio a un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y es cierto, por último, que esa negociación no fructificó, como todo el mundo sabe.

Pero, sirve de poco señalar las culpas. Es más útil volver a intentarlo sobre nuevas bases que aseguren las dos condiciones que dificultaron el entendimiento meses atrás: el principio de cohesión y el principio de idoneidad.

Eso hicimos, porque eso es lo que nos pidieron los españoles y las españolas el pasado 10 de noviembre.

Eso hicimos y acordamos lo que no había sido posible, meses antes: unir nuestras fuerzas en una coalición progresista que funcionará como un Gobierno unido, pues -cito el acuerdo- "se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad intergubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones".

A partir de ahí, señorías, lo que hemos hecho ha sido trabajar para sumar a este acuerdo las fuerzas de otras formaciones hasta alcanzar la cifra crítica que permita la constitución de un Gobierno que eche a andar esta legislatura. Y en esa situación, señorías, comparezco ante ustedes para solicitar su apoyo.

Los españoles han votado en uno u otro sentido -eso es más que evidente por la conformación plural de esta Cámara-- pero han votado Gobierno, señorías, no han votado bloqueo, no han votado parálisis. Y nuestra obligación es buscar la mejor solución que pueda lograrse aquí y ahora.

Todas las soluciones, señorías, son respetables. No lo es la falta de solución. Por eso, quiero dejar constancia de mi pesar por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática al negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España. Menos aún, señorías, se entiende que agiten los peores presagios sobre el porvenir de España y, a la vez, se nieguen a evitarlos. No comparto ni remotamente sus terrores, señorías, pero si son sentidos y no fingidos no alcanzo a entender cómo es posible que no muevan un dedo para evitar que sucedan.

Al concluir esta sesión de investidura se producirá, señorías, un voto y ese voto expresará tres posturas: de un lado, se perfilará la España que avanza, que trasciende sus diferencias y se une para avanzar formando una coalición de progreso, diálogo y justicia social; en medio, quienes no quieren sumarse a ese avance pero, al menos, no lo impiden con su abstención; y de otro lado, una coalición curiosa, señorías, variopinta, en la que figuran desde la ultraderecha, la derecha, hasta los que les dicen antisistema y, también, los nacionalismos más intransigentes de uno u otro signo. Es, en definitiva, la España que bloquea, sin alternativa, sin solución, sin horizonte, sin respuesta. Solo "no".

Señora presidenta, señorías, en resumen.Del mapa de este Parlamento pueden sacarse varias conclusiones que me gustaría compartir con ustedes:

La primera, que los españoles -y se lo recuerdo a la bancada de la derecha porque parece que lo olvida-- han señalado al Partido Socialista como primera fuerza no una, sino cinco veces en el año 2019 y, por tanto, a nivel general lo que quieren es un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista.

Segunda, que los españoles y las españolas han distribuido con equilibrio su voto y han otorgado, también, a las derechas una representación significativa. Por tanto, quieren acuerdos amplios, transversales, que rompan la lógica estéril de los bloques y que ofrezcan el futuro de concordia que necesita y demanda España.

Y tercera, que los españoles han ampliado su representación en un buen número de formaciones de carácter territorial; por tanto, quieren que superemos las tensiones territoriales que arrastra nuestro país y, en particular, que superemos el conflicto político que desde hace demasiado tiempo erosiona Cataluña y enturbia las relaciones entre Cataluña y España.

Y, justamente, esos serán los objetivos de la coalición progresista, Señorías, gobernar con una mirada progresista, alcanzar acuerdos amplios y transversales en los asuntos de Estado, y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial y comenzar a superar el contencioso político catalán.

Señorías, me presento ante esta Cámara, por tanto, con un plan de Gobierno progresista, que aúna la voluntad de avanzar del Partido Socialista y de Unidas Podemos, pero que está abierto a la colaboración de todas aquellas fuerzas parlamentarias que apuesten por una solución de progreso a los desafíos que como sociedad tenemos por delante.

Permítanme que describa la coalición progresista que me propongo encabezar, en primer lugar, por sus valores; en segundo lugar, por su actitud; y, en tercer lugar, por su método para exponer seguidamente su programa de Gobierno.

Comencemos por sus valores. ¿Cuáles son los valores que sustentarán esta Coalición Progresista?

En primer lugar, la justicia social, el propósito de recortar las desigualdades lacerantes que sufre buena parte de nuestra sociedad. En España hay más de 12 millones de personas, es decir, la cuarta parte de nuestros compatriotas, que están en riesgo de pobreza o de exclusión social. La tasa de paro todavía es demasiado elevada -el 13,92% según la última EPA--, y entre los empleados hay trabajadores que soportan la precariedad laboral -sobre todo la gente joven- e, incluso, la pobreza. Uno de cada 8 trabajadores está en riesgo de pobreza, o diría mejor, trabajadoras porque son, en su mayoría, mujeres.

La pobreza infantil sigue en España entre las más elevadas en Europa. Afecta a casi 3 de cada 10 niños y niñas, es decir, a más de 2 millones de menores en España. Soportamos uno de los índices de natalidad más bajos de Europa y el más bajo desde que se registran estadísticas en España. Eso refleja varias cosas pero, sobre todo y ante todo, las dificultades de los jóvenes para emanciparse, para encontrar un trabajo no precario y para desarrollar un proyecto de vida personal. Les doy un dato que me parece que es lo suficientemente ilustrativo de la realidad que viven nuestros jóvenes: solo 19 de cada 100 jóvenes, o menores de 29 años por ser más precisos, se han emancipado.

La desigualdad extrema es, señorías, corrosiva para la convivencia y, también, para el progreso. Y esa reducción de la desigualdad puede alcanzarse a través de mecanismos de pre-distribución, es decir, mediante la elevación de los ingresos más bajos, y así lo vamos a hacer; y puede alcanzarse también mediante la redistribución, es decir, a través de la justicia fiscal y, también, de los servicios sociales consecuentes. Y así lo haremos también desde la coalición progresista.

En segundo lugar, junto a la justicia social, un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios de la comunidad, la defensa de los servicios públicos. Defendemos y defenderemos la economía social de mercado, tal como lo estipula la Constitución. Creemos que el mercado es esencial para la generación de riqueza social y de prosperidad.
Y entendemos que la persecución del interés personal forma parte de la naturaleza humana y es un estímulo poderoso, también, para la prosperidad; pero existen otros impulsos que también forman parte de la naturaleza humana, como la generosidad, la solidaridad y la empatía.

Por eso, creemos en una economía social de mercado, pero no creemos en una sociedad de mercado, porque no se puede entregar al mercado bienes como la salud, como la educación, como la seguridad, como el porvenir y la vida de las personas.

Señorías, tanto como creemos en la iniciativa privada, creemos también en los servicios públicos universales. Hablo, por ejemplo, de la educación. Hablo, por ejemplo, de la sanidad, que han sufrido en la última década recortes que se han traducido en un deterioro que se plasma, por ejemplo, en el aumento de las listas de espera, en copagos o en la externalización de servicios públicos.
Hablo también, de los servicios de dependencia. Tras ocho años desde la entrada en vigor de la Ley y que se resintió durante los gobiernos de la anterior Administración conservadora con un descenso del gasto público, señorías, de 4.600 millones de euros.

Somos una comunidad, no un grupo de personas. En eso consiste el verdadero patriotismo, señorías, en el reconocimiento de un bien común y no solamente en la identificación con los símbolos de todos. Es rotundamente falsa la concepción neoliberal para la que la sociedad no existe, y que sólo toma en cuenta a individuos y a las familias. Existimos, señorías, como comunidad, y en lo público es donde nos reconocemos porque es lo público lo que nos une, nos vincula y nos representa como sociedad.

Es verdad que los símbolos son importantes para los seres humanos, pero lo son precisamente por aquello que simbolizan. España, para nosotros, es la educación pública de nuestros hijos, son las pensiones públicas de nuestros mayores, es el cuidado sanitario público de nuestros familiares.

España es el socorro de nuestros vecinos en las catástrofes, la comodidad de nuestros desplazamientos, la seguridad en nuestras calles. España es, también, los impuestos que pagamos solidariamente para costear todo ello.

El dinero no está siempre mejor en el bolsillo de quien poseen una fortuna, como estamos escuchando últimamente. A menudo el dinero está mejor, por ejemplo, en las escuelas públicas, en las bibliotecas que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos, en las vías que nos comunican, en las pensiones que amparan nuestra vejez, en las comisarías y en los juzgados que garantizan los derechos y las libertades.
Y quienes invocan a cada minuto el patriotismo, deberían prestar más atención a los bienes públicos que nos definen y representan como sociedad. Eso es patriotismo y ese es el patriotismo social en el que se reconoce la coalición progresista que quiero encabezar y que comparte, estoy convencido, la inmensa mayoría de nuestro país.

En tercer lugar, el proyecto de la Coalición Progresista está indisolublemente unido a la libertad. La libertad frente a la intrusión arbitraria de las instituciones públicas, la libertad, también, frente a la interferencia interesada de quienes tienen más poder. La libertad, no para hacer nuestro capricho, sino para no estar sometido al capricho de nadie. Libertad para disponer plenamente del propio destino, para expresarse, para asociarse, para vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores y nuestras propias creencias.

Una noción de la libertad incompatible con la ley mordaza, por ejemplo, o con el propósito de ilegalizar organizaciones si no piensan como uno, o clausurar medios de comunicación. Una libertad para vivir plenamente y para administrar con dignidad el fin de la propia vida. Una libertad para realizarse sin sufrir discriminación y, menos aún, violencia por el hecho de ser mujer. Una libertad para no soportar persecución ni postergación por la orientación sexual. Una libertad para no ser relegado por la raza o menospreciado por la procedencia. Una libertad plena, incompatible con el machismo, con la homofobia, con la xenofobia o con el racismo.

Una noción plena y valiente de la libertad porque nunca ha habido nada tan opuesto a la valentía como atacar a las mujeres o a los menores, ni nada menos noble que perseguir a los diferentes.
Una noción de la libertad que se inspira en el humanismo, en la defensa del valor de la vida humana, y que no se detiene en nuestras fronteras, sino que se proyecta en el socorro de quienes precisan del auxilio de España y de Europa.

Es cierto que no deberíamos, señorías, estar dedicando a estos asuntos ni un solo minuto, porque han sido durante décadas bienes sociales conquistados y asumidos colectivamente como sociedad pero, por desgracia, vivimos un tiempo doloroso en el que se vuelve a cuestionar algo tan elemental como los Derechos Humanos.

Hay que volver a recordar a Bertolt Brecht cuando se preguntaba: "¿Qué tiempos son estos en los que vivimos, que tenemos que defender lo obvio?" Pues seguiremos defendiendo lo obvio todo el tiempo que haga falta, hasta devolver la intolerancia y el fanatismo a la irrelevancia.

Así mismo, en el régimen político democrático, la libertad supone una implicación activa de la ciudadanía en el Gobierno e implica también un control estricto de cualquier abuso por parte de los poderes públicos. Exige, en consecuencia, transparencia, limpieza y ejemplaridad. Debemos combatir la desafección política ciudadana con ejercicios claros de transparencia, mecanismos estrictos de control y garantías en la rendición de cuentas.

No hay ni habrá ninguna excusa, ninguna justificación, señorías, para ningún comportamiento irregular.

En cuarto lugar, señorías, una coalición progresista debe construir la cohesión social a través de la cohesión territorial. Es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o de sentir la identidad nacional. Esta circunstancia no es nueva, era conocida por los constituyentes, que la plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Es también evidente que los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza. La clave de la cohesión consiste, precisamente, en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto.

Hoy existe, señorías, en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto a las instituciones catalanas, o mejor dicho, centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad.

Existe otro sector, igualmente amplio, de la población catalana que se siente ignorado y tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra. Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España constitucional. Y yo me incluyo entre ellos. Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor racionalidad, pero son innegables, existen.
Y son el resultado de la incapacidad política y el abandono de la vía política para resolver un conflicto que es de naturaleza política. No sólo en el acomodo institucional de la diversidad de las identidades que tiene nuestro país, sino de las debilidades y los desgates acumulados de nuestro sistema autonómico que debemos corregir.

Esta, Señorías, es una crisis heredada, de la que ya advirtió el Partido Socialista estando en la oposición, y que asumimos con toda lealtad constitucional, y con toda la responsabilidad institucional para devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española.
Señorías, hay que retomar la única vía posible, que es la política. La del diálogo, la de negociación y el pacto, amparado -lógicamente-- por nuestra Constitución.

Señorías, llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas que tienen que ver con la vertebración de nuestro modelo de convivencia. Llevamos demasiado tiempo acumulando agravios. Demasiado tiempo en querellas --muchas de ellas estériles-- que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso.
Ahora, señorías, iniciamos 2020, un tiempo donde los desafíos se han vuelto más globales y las soberanías están más compartidas. La desigualdad, el proyecto común europeo, la lucha contra la emergencia climática, la resolución de problemas como las migraciones, el combate contra el dumping o los paraísos fiscales, el combate contra el terrorismo internacional, nos sitúan en la era de la interdependencia.

Y es cierto que una de las secuelas de la pasada crisis económica fue el retorno de fórmulas de otro tiempo que permitieran recobrar la prosperidad perdida y librarse de los desafíos, de las amenazas que se ciernen sobre los individuos en un mundo global. Pero esas fórmulas, señorías, ya no son válidas en el mundo interdependiente que vivimos.

Sabemos que los sentimientos no se imponen ni se prohíben, y que la solución no vendrá de la imposición de una percepción sobre la otra, sino de un cambio de ambas percepciones.
Así que, lo que propongo a esta Cámara, señorías, es recomenzar. Necesitamos recomenzar, retomar nuestro diálogo político en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar, en definitiva, la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto.

Retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto porque es nuestra obligación. Y es nuestra obligación y nuestro deber porque se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que merecen vivir en un país unido en su diversidad, no fracturado y confrontado.
Todos sabemos que es necesario el diálogo, que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro, de la atención a sus razones. Que no hay otra forma de resolver este contencioso, que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la Ley. La Ley por sí sola tampoco basta, y lo hemos visto. La Ley es la condición, el diálogo es el camino. Si queremos comenzar a trabajar honestamente, partamos ya de esas dos premisas: abramos un diálogo honesto, amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal.

Tenemos la responsabilidad, todos los partidos aquí presentes en esta Cámara, de arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada durante más de una década. Y hacerlo en torno a una propuesta de España diversa, que se enriquece en la pluralidad de sus identidades, de sus lenguas, de sus culturas y de sus personas.

No resolveremos súbitamente un problema largamente larvado durante la última década, pero podemos comenzar a resolverlo con paciencia y constancia, con templanza y responsabilidad, y con generosidad y empatía. Y yo les garantizo, señorías, que la coalición progresista trabajará con eso, con paciencia y constancia, con templanza y responsabilidad y con generosidad y empatía.
Existe, también, otro problema territorial acaso menos agudo, pero mucho más extenso que tenemos que afrontar con igual esmero, que es el del reto demográfico. El de la España que se ha despoblado por la falta de atención, porque la cohesión territorial es trabajar por crear empleo para aquellos jóvenes del mundo rural que se vieron obligados a buscarse la vida en grandes ciudades o en el extranjero. La cohesión territorial es tener una política de infraestructuras que conecte oportunidades para que nadie se sienta abandonado por las administraciones públicas.

Nuestra obligación es llenar a esa España interior que languidece ante la despoblación, el envejecimiento, el desmantelamiento de sus servicios públicos y el empobrecimiento de sus hogares.
Y para ello, el Gobierno que aspiro a formar tomará todas las medidas que sean necesarias, como detallaré más adelante. Medidas que, lógicamente, van a contribuir a perfeccionar el mejor modelo territorial que tenemos en nuestra historia, que es el Estado autonómico.

Señora Presidenta, señorías, estos son los 4 principios, los 4 valores cardinales que definirán la orientación de la coalición progresista: justicia social, defensa de los servicios públicos, libertad y cohesión y diálogo territorial.

Si estos son los valores de la coalición progresista, ¿cuál será su actitud? Y respondo sin dudar: pretendemos gobernar para todos los españoles, sean cuales sean sus ideas y fuera cual fuere su voto. Y pretendemos hacerlo, además, a través del diálogo. La política no puede ser un tapón de la vitalidad de un país que quiere avanzar. Y esta sociedad nos lo reclama a todos: a las fuerzas progresistas, en primer lugar, porque ese ha sido el sentir mayoritario de su voto pero, también, se lo pide a las fuerzas de la derecha, que representan a un número elevado, también, de ciudadanos. Y también a los partidos nacionalistas y regionalistas.

Sería, señorías, un gran error, un grave error ignorar ese mandato. No reconocer el resultado de las elecciones y negarnos unos a otros la legitimidad, como en algunas ocasiones escuchamos a la bancada de la derecha.

Todos tenemos la plena legitimidad democrática, señorías, estamos aquí por eso. Con posiciones diferentes, a veces antagónicas, pero con posiciones, al fin y al cabo, que representan a una parte de la ciudadanía española. Esa ciudadanía podría llegar a entender que no alcancemos acuerdos, pero no podría entender nunca, jamás que ni siquiera lo intentemos alegando que los puntos de partida de cada uno son muy distantes.

Justamente porque partimos de puntos distantes necesitamos más que nunca este Parlamento. Necesitamos más que nunca sentarnos a hablar. Precisamente por eso, necesitamos más que nunca del diálogo. Nuestras orientaciones difieren, pero los problemas que padecemos -si lo pensamos realmente-- son los mismos.

La contaminación y el cambio climático no hacen distinción entre izquierdas y derechas, ni siquiera distingue entre quienes creen o no creen en sus efectos. Por eso es necesario un pacto para reducir las emisiones de CO2 y que se establezca, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de zonas libres de emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

De la educación, de la cultura, de la ciencia y de la investigación depende en buena medida el futuro de nuestro país, y el signo de ese futuro no hará distinciones entre progresistas y conservadores. Por eso, es necesario un pacto que garantice la inversión educativa al final de la legislatura en el 5% del Producto Interior Bruto anual.

La vejez, señorías, es algo que espero, lógicamente, nos alcance a todos y no hace distinción tampoco entre la izquierda o la derecha. Por eso es necesaria una renovación del Pacto de Toledo, por eso es necesario la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y por eso es necesario, también, la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Lo que les quiero decir, señorías, es que tenemos la oportunidad, la oportunidad de probar a los ciudadanos que somos capaces de articular mayorías amplias para resolver problemas capitales. Lo que les propongo es que devolvamos la fe en la política. Demos prueba de que, por encima de nuestras particularidades y nuestras diferencias, hay una voluntad firme de entendimiento por el bien y el avance de España.

Desde el Gobierno no pediremos a nadie que renuncie a sus principios, señorías, no lo vamos a hacer. Sólo les vamos a pedir que renuncien a su sectarismo.

En años pasados, señorías, fue muy criticada por estéril la lógica bipartidista que reducía la vida política a una dialéctica de dos grandes partidos. Aún sería peor que cayéramos en una dialéctica de dos bloques cerrados y herméticos. España necesita que se rompan los bloqueos. España necesita que hagamos cosas que hasta hace poco no éramos capaces de hacer.
Y así trataremos de hacerlo, señorías, desde el Gobierno. No tenemos enemigos personales en esta Cámara, créanme, no tenemos ningún enemigo personal en esta Cámara, y nos vamos a esforzar por dialogar con todos y cada uno de ustedes. Vamos a evitar el insulto y el exabrupto. Creemos que la democracia se caracteriza por la palabra es el instrumento de persuasión y es, por cierto, el más poderoso.

Nuestros enemigos, señorías, son la injusticia, el odio y el fanatismo. Y el único sentido de un cordón sanitario es precisamente ese, evitar el acceso de las ideas extremistas a posiciones de poder desde la que puedan dañar la convivencia. Por eso, cualquier cordón sanitario que se establezca no se va a dirigir a las personas, se dirigirá a las ideas.

Por tanto, señora presidenta, señorías: Valores progresistas y actitud de diálogo. Y, en cuanto al método, permítanme que lo resuma en pocas palabras: será un Gobierno activo, ejecutivo y, en consecuencia, resuelto. Necesitamos un Gobierno que dialogue y decida. Nos han tratado de convencer, señorías, desde las posturas conservadoras de que el Estado forma parte del problema y no de la solución. Que el mejor Gobierno es aquel que sestea indolente y se inhibe de los problemas del país. Ya hemos tenido bastante durante estos últimos 8 años.

Ya hemos visto que no es así: en la crisis, por ejemplo, de Cataluña, en las pensiones, en la investigación, en nuestra proyección internacional. Ya hemos visto que cuando no se abordan los problemas rara vez mejoran, a menudo empeoran, y a veces se emponzoñan.

Claro, claro que los Gobiernos a veces cometen errores en sus acciones, señorías. También se equivocan las empresas, también se equivocan los mercados, no son infalibles. Pero el peor error de un Gobierno es, precisamente, no actuar, es cruzarse de brazos.

El mundo, señorías, vive una revolución tecnológica, social, climática, y tenemos que darle respuesta. La revolución que queremos promover no precisa de grandes alardes, esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, no una propuesta de grandes alardes. Se compone de un gran flujo constante de reformas y cambios en la buena dirección; cambios, por ejemplo, que aumenten la sensación de seguridad de las personas y reduzcan, en consecuencia, el miedo al futuro. Cambios que reduzcan las grandes diferencias de renta que sufren muchísimos españoles y españolas y devuelvan un sentido de comunidad y de confianza en nuestro país. Cambios que reduzcan la tensión y la fractura territorial y alimenten el entendimiento, la comprensión y la concordia entre españoles.

Así pues, señora presidenta, señorías, estas serán las señas de identidad de la Coalición Progresista: En primer lugar, valores, que serán progresistas. Actitud dialogante y método activo, ejecutivo y resuelto.

Permítanme ahora que desgrane con mayor detalle las propuestas concretas y programáticas que transformarán esos valores en hechos y resultados.

Hoy, aquí, nos disponemos a votar algo inédito en historia democrática de nuestro país. Hoy, aquí, nos disponemos a votar la primera propuesta de Gobierno de coalición de nuestra historia reciente. Pero el programa que ofrecemos a la sociedad no es sólo el sumatorio del programa electoral del Partido Socialista y de Unidas Podemos, sino un programa que va mucho más allá pues incorpora demandas que emanan del propio Parlamento, de otras fuerzas políticas y, sin duda alguna, también, de la propia sociedad a la que nos debemos y de las transformaciones que necesita. Y les recuerdo cuales son:

En primer lugar, el crecimiento económico, la creación de empleo digno y la sostenibilidad del sistema de pensiones. En segundo lugar, la digitalización de nuestra economía. En tercer lugar, la Transición Ecológica justa. En cuarto lugar, la Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En quinto lugar, la Justicia social. Y, en sexto lugar, el diálogo y el entendimiento de una España unida en su diversidad y comprometida con una Europa fundada en los Derechos Humanos.

Estas reformas conforman nuestra hoja de ruta para el cambio de década que comienza y nuestro país debe iniciar una nueva gran transformación que nos lleve a la España que nos merecemos en el año 2030. El acuerdo de coalición progresista, Señorías, distribuye en diez grandes ejes este amplio paquete de medidas.
El programa completo está a su disposición, es público, pero permítanme que esboce aquí algunas -solo algunas- de las medidas concretas más significativas que se incluyen en el mismo:
En primer lugar, señorías, el primer capítulo se refiere a la consolidación del crecimiento, a la creación de empleo digno. España, señorías, necesita consolidar el crecimiento económico. Seguimos creciendo por encima de la media europea -esto es una evidencia--, pero debemos mejorar las condiciones de competitividad, de productividad y de cohesión para hacer que nuestro crecimiento sea más sostenible.

Esta triada: competitividad, productividad y cohesión, serán los pilares que justifiquen las transformaciones económicas que abordaremos. De ahí que, por ejemplo, propugnemos un crecimiento que se traduzca en empleo. De ahí que propugnemos un crecimiento que combata la precariedad. De ahí que propugnemos un crecimiento que garantice el trabajo digno, estable y de calidad.
Este Gobierno cree firmemente en el Diálogo Social, en el acuerdo y el diálogo social. Por eso, proponemos reconstruir consensos rotos, recuperando los derechos laborales arrebatados con la reforma laboral de 2012.

Hay consensos, señorías, sobre las cuestiones que tienen que ser derogadas de la reforma laboral del año 2012. Llevamos arrastrándolas durante demasiado tiempo y, afortunadamente, hoy tenemos una mayoría parlamentaria que pueda garantizar esas modificaciones.

También, tenemos que avanzar, junto a los agentes sociales, en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que tenga en cuenta las nuevas realidades laborales y afronte los retos del empleo del siglo XXI. Y, junto a ello, el diálogo social deberá abordar muchas tareas, y a título de ejemplo pongo alguna: la simplificación y la reordenación del menú de contratos de trabajo, reforzar la causalidad en los despidos, la eliminación de los cambios que facilitan, por ejemplo, el despido por absentismo laboral justificado -como nos están pidiendo los sindicatos--, la recuperación de los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como la revisión de los contratos formativos, incluyendo la aprobación y el desarrollo del estatuto del becario.

Vamos a continuar apostando por el programa de retorno de personas emigradas, al igual que continuaremos los planes de lucha por el empleo digno, por la creación de empleo entre los jóvenes y la lucha contra el paro de larga duración.

El Gobierno, señorías, también impulsará una lucha sin cuartel contra el fraude laboral, y hará una apuesta decidida por la mejora de la eficiencia y coordinación de las políticas activas de empleo, así como por la simplificación del sistema de protección por desempleo. Actuaremos en materia de prevención de riesgos laborales, actualizando su legislación.

Señorías, hemos dicho antes que uno de los valores que guiarán la acción del Gobierno será uno de los principales retos que tiene esta sociedad, que es la reducción de las desigualdades. Y ello se acometerá desde la redistribución de la riqueza y las rentas pero, también, mediante mecanismos de pre-distribución-como decía antes-y, por tanto, es decir, con base en el incremento de las rentas más bajas. Lo que quiero decir es que gracias a ese diálogo social fijaremos el horizonte de alcanzar el salario mínimo al final de la legislatura en el 60% del salario medio en nuestro país.
Abordaremos, también, cuestiones que están pendientes desde hace mucho tiempo, como es la plena integración en el régimen de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Incentivaremos la titularidad compartida de las explotaciones agrarias de las mujeres mejorando su posición en el sistema de Seguridad Social. Nos proponemos, también, impulsar el Plan Nacional de Emprendimiento Social. Y, desde esa misma filosofía, tenemos que hacer frente a uno de los principales desafíos que tenemos por delante, y es el de hacer una apuesta decidida por la Formación Profesional y, en particular, por la Formación Profesional Dual.

Impulsaremos el Plan Estratégico de Formación Profesional incorporando a las empresas con fórmulas flexibles, creando, también, consorcios con la participación de los agentes sociales y de la comunidad educativa.

Fíjense, señorías, el reto. El reto es que hasta el año 2025, España necesitará crear 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional, reforzar la formación del profesorado, además de su movilidad y vinculación a los sectores productivos. Hoy en día, ya estamos actualizando -lo saben ustedes-- el catálogo para incorporar 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización asociados sobre todo y ante todo con uno de los objetivos que he dicho antes: la digitalización de nuestra economía.

Pero es necesario ir mucho más allá. Vamos a actualizar los contenidos de los 172 títulos ya existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización aplicada a cada sector productivo.

Se trata, en definitiva, de adaptar nuestro modelo de formación a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI. Y en ese sentido, vamos a trabajar en la reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de nuestra economía.

Este Gobierno cuenta entre sus valores con la defensa de los servicios públicos, como he dicho antes. El impulso de los bienes comunes. Para hacerlo con eficacia tenemos retos por delante que es preciso acometer. Retos, por ejemplo, como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que exige mejorar los sistemas de acceso a la Función Pública, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño y clasificación profesional.

Es preciso en este ámbito revisar, también, algo que es muy común y que habrán escuchado ustedes por parte de muchos de sus colectivos, el contrato de interinidad en las Administraciones para evitar su uso abusivo y avanzar de forma decidida en la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General para eliminar cualquier tipo de discriminación de género.
Y, por último, señorías, en esta legislatura les adelanto que el gobierno va a continuar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, una medida que es justa para reparar una situación que se ha prolongado de forma injusta durante demasiado tiempo.

El segundo capítulo es la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario, que son dos caras de una misma moneda.
Señorías, partimos de una convicción clara. Es esencial combinar cohesión social con equilibrio presupuestario. Llevar adelante este ambicioso programa progresista de reformas, sentar las bases de un desarrollo orientado al cambio tecnológico, aprovechar las oportunidades de la transición hacia una economía verde exigen más evaluación de las políticas y, también, un mayor control del gasto público.

Vamos a cumplir nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa. Y lo vamos a hacer, a la vez, con sensatez en el gasto y con justicia fiscal, una justicia fiscal que va a exigir de progresividad y, en consecuencia, que nos sitúe en la media del resto de países de la zona euro.
Un sistema fiscal justo es un sistema en el que contribuyen en mayor medida quienes más tienen, es decir, un sistema progresivo, y en el que nadie elude sus obligaciones fiscales, porque el fraude es la peor de las injusticias fiscales.
Es imprescindible luchar contra el fraude con más y mejores herramientas. Por eso, les anuncio que vamos a impulsar una Ley de Medidas de Prevención y de Lucha contra el Fraude fiscal y vamos a elaborar una estrategia nacional que incluya reforzar los medios, actualizar la lista de paraísos fiscales y potenciar la prevención mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Y así mismo vamos a impulsar algo que hizo el anterior Gobierno y que vamos a prohibir por ley, y es el de que se puedan aprobar en un futuro amnistías fiscales.

Es necesario introducir límites rigurosos a los pagos en efectivo, prohibir el software de doble uso, impulsar la unidad de control de grandes patrimonios y ejercer un mayor control sobre las SICAV.
En materia de Sociedades, elevaremos el tipo efectivo para las grandes corporaciones y se lo reduciremos para las PYMES. También vamos a revisar algo importante, y es el régimen fiscal de cooperativas, de las sociedades laborales, en definitiva, de la economía social para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. Y, en lo relativo a IRPF, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias que no se van a ver afectadas, y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales.

Promoveremos la fiscalidad digital, tal y como demandan las recomendaciones de la Unión Europea e impulsaremos la Tasa Tobin, como tienen otros países europeos.
Señorías, es el momento de apostar por un futuro verde y la fiscalidad es un instrumento más para lograrlo. El objetivo último será desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente y tendrá una premisa clara, y es evitar que cualquier cambio normativo impacte sobre las clases medias y trabajadoras. Y, en este ámbito, también a nivel a nivel europeo seguiremos promoviendo el establecimiento de mecanismos de compensación de CO2 en frontera para las importaciones.

Es esencial abordar la modernización de nuestro sistema fiscal con criterios de justicia y eficacia para los ingresos. Yo creo que esto es un diagnóstico que podemos compartir la mayoría de esta Cámara, pero si tenemos que poner al día y asegurar eficiencia en los ingresos aún debemos mostrarnos más vigilantes en el control del gasto. En definitiva, ser más eficientes en nuestra gestión para que las transferencias de renta desde lo público cumplan los fines para las que fueron concebidas.

Señorías, el tercer capítulo se refiere al impulso a la Industria, de las Pymes, de la economía social a la cuál antes he hecho referencia, a los autónomos y al sector primario para reforzar nuestro tejido productivo en el marco de la revolución tecnológica.

España tiene la posibilidad real de estar en el grupo de países que lidere la Cuarta Revolución Industrial. Pero para lograrlo debemos acometer reformas y prestar atención especial a algunos de los segmentos que sostienen nuestro tejido productivo, como es la economía social, como son las Pymes y como son, también, los autónomos que representan a más de 3 millones de españoles. Les expongo a continuación algunas de las medidas que queremos impulsar durante los próximos cuatro años.

Continuaremos fomentando el Ecosistema Español de Innovación, apoyaremos decididamente a las PYMES, y todo ello dentro de la Estrategia España, Nación Emprendedora. Para ello, potenciaremos el papel del CDTI como principal agente dinamizador de la innovación en nuestro país, vamos a apoyar, también, la transformación digital de las PYMES a través de la aprobación de un Marco Estratégico PYMES 2030.

Una pieza esencial de la política productiva es el impulso a la ciencia, a la inversión en I+D+i. Vamos a aumentar la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite del gasto no financiero del Estado avanzando hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada.

Es preciso facilitar la contratación de personal en los centros de investigación públicos, aumentar becas predoctorales, contratos postdoctorales, mejorar las condiciones del personal investigador predoctoral equiparándonos, en definitiva, en derechos y apostando por la estabilización profesional.

Es prioritario desarrollar la Ley de Ciencia que lleva sin desarrollarse desde el año 2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los organismos públicos. Y habrá que aumentar recursos -sin duda alguna-pero, también, orientarlos con más eficacia desde una óptica plurianual para aprovechar mejor el talento y la continuidad del personal. España puede y debe ser país para la ciencia, y será país para la ciencia, para la Innovación y para el conocimiento.

El comercio -cambiando de tercio, Señorías-- no debe estar ausente de la ola de modernización que precisa nuestro país, y presentaremos un Plan de modernización del comercio minorista que impulse la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías.

La internacionalización de la economía española es clave para conseguir un crecimiento más sólido, más saneado. Y para potenciarla vamos a impulsar un Plan de Acción para la Internacionalización 2020-2021, que modernizará los instrumentos de apoyo financiero e introducirá, también, la sostenibilidad como elemento transversal en la política de internacionalización que ponga en marcha el sector público español.

El Gobierno, señorías, se compromete a mejorar la cobertura y a fijar cuotas más justas para los trabajadores autónomos. Procederemos a una equiparación gradual de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena y se establecerá un sistema de cotizaciones por ingresos reales, con mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
España necesita aumentar el peso de su industria en el conjunto del PIB, y para ello se creará un Plan de Desarrollo Industrial que sirva para mejorar la competitividad y crear empleo de calidad. El Gobierno activará los recursos del Estado para garantizar la continuidad -que es importante-- de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas; es decir, vamos a luchar como hemos luchado durante estos últimos meses decididamente contra las deslocalizaciones industriales.

Y con la participación de las Comunidades Autónomas y de los principales agentes económicos y sociales del sector, elaboraremos una Estrategia de Turismo Sostenible 2030, basada en la sostenibilidad y la implementación de la inteligencia turística.

Señorías, son muy importantes para este Gobierno las condiciones de vida del mundo rural al cual antes he hecho referencia en el ámbito de la repoblación y de la lucha por el reto demográfico y, sin duda alguna, también, el sector primario en su conjunto. Por ello -como he dicho en otras muchas ocasiones, cada vez que he tenido ocasión de poder subir a esta tribuna y referirme a ello-- defenderemos una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada, que sea capaz de garantizar esa triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales en España durante todo el periodo financiero 2021-2027. El campo puede contar con el Gobierno de España.

Y puede contar, señorías, con nosotros el sector pesquero porque vamos a impulsar una pesca y acuicultura sostenibles, basada en el conocimiento, la innovación y la investigación científica.
Y, por último, dentro de este capítulo me gustaría detenerme por un instante, siquiera, en la revolución digital. Pondremos en marcha una serie de medidas encaminadas a completar el despliegue de infraestructuras digitales, con una nueva tecnología móvil 5G, crearemos un bono social de acceso a internet para los colectivos vulnerables e impulsaremos la Ley de Derechos Digitales y presentaremos una ambiciosa Estrategia Española de Inteligencia Artificial.

Y en todo ello, por supuesto, la Administración Pública deberá tener una actitud ejemplar, por lo que caminaremos hacia una administración digital, más abierta, más eficiente. Y, en este sentido, me gustaría destacar la extensión de la Carpeta Ciudadana en la que cualquier ciudadano o ciudadana podrá acceder a los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado.

El cuarto capítulo se refiere a la lucha contra la emergencia climática. La reciente Cumbre del Clima COP25 de Chile en Madrid yo creo que nos familiarizó aún más con el gran debate que nos atañe como sociedad. Aquí sufrimos ya las sequías que afectan a campos, a los embalses. Los incendios que asolan nuestros montes y la pérdida de biodiversidad en un país enormemente rico en biodiversidad de nuestros ríos y de nuestros mares.

Solo hay una conclusión posible, y es que nuestro modelo de desarrollo está obsoleto, ha colapsado. Está arruinando el planeta en el que vivimos.

El Gobierno que voy a presidir, si la Cámara me otorga esa confianza, estará -no les quepa duda-- en primera línea del compromiso con la transición ecológica, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

Aprobaremos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se fijarán objetivos ambiciosos de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo será alcanzar un reto bien ambicioso en 2050, como es una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.

Aprobaremos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, reformaremos el mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética, siempre dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros, no como ocurrió con anteriores Administraciones. Y, cualquier acción emprendida por el Gobierno tendrá como prioridad la transición justa en el nuevo modelo energético.
No puede quedar nadie atrás, no puede haber perdedores y, para ello, les anuncio que crearemos el Instituto de Transición Justa que será la evolución del Instituto de las Cuencas Mineras para desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón, de centrales nucleares con calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.

Señorías, también vamos a elaborar una estrategia, aprobar una estrategia de Economía Circular con el objetivo de alcanzar el "residuo cero" en el horizonte de 2050. Vamos a impulsar la aprobación de una ley de Plásticos de un solo uso. Y vamos a abordar, también, medidas de eficiencia para sectores clave como son, por ejemplo, la construcción, la agroalimentación, el turismo, los envases, los embalajes, el textil, la fabricación eléctrica y la electrónica.

El Gobierno regulará y fomentará el autoconsumo energético, simplificando los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin sobrecostes. Y en su voluntad de proteger a las familias más vulnerables, el Gobierno reformará el bono social eléctrico, creando un bono general que incluirá también un bono gasista. Y, además, prohibiremos los cortes de suministros básicos cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de los titulares.

Resulta fundamental afrontar, también, Señorías, la movilidad sostenible, y para ello elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible, la financiación del transporte público, pondremos en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulsaremos un Plan de cercanías 2019-2025, entre muchas otras medidas en este ámbito.

En este capítulo de Transición Ecológica y Medio Ambiente, me gustaría hacer referencia expresa a la gestión del agua como uno de los elementos capitales. Vamos a laborar para ello un Plan nacional de depuración, de saneamiento, de eficiencia, de ahorro y de reutilización de agua, consagrando --entre otras cuestiones-- el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

Vamos a ampliar la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales.
Y, por último, señorías, impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, una exigencia cada vez más clamorosa de la sociedad.

El quinto capítulo, señorías, es el reto demográfico. Como decía antes, la cohesión territorial no se refiere solamente al conflicto catalán, a la financiación autonómica, o al desarrollo competencial de las Comunidades. En nuestra geografía hay amplísimas zonas que se extienden por la mayoría de las Comunidades Autónomas -no queda a salvo ninguna de ellas-- que se han ido vaciando por la falta de oportunidades. Los jóvenes se han ido de los pueblos por falta de oportunidades, es urgente, en consecuencia, revertir esa situación. Y, para ello, el Gobierno desarrollará una estrategia de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.

Vamos a consolidar el Estado del Bienestar inclusivo en las zonas rurales. Nos vamos a comprometer a extender el conjunto de servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población. Pondremos en marcha medidas transversales y de apoyo a proyectos de empleo, de autoempleo o de emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico.

Vamos a desarrollar la cobertura de más de 30 Megas y de 3 Gigas para el 100% de la ciudadanía a precio asequible. Vamos a priorizar la mejora de las infraestructuras existentes y, en particular, todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, van a contar con servicio de transporte que comunique con la cabecera de la comarca.
También se va a garantizar el acceso a la atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud y vamos a garantizar la seguridad en nuestros pueblos con la recuperación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y para estimular, señorías, la recuperación económica de las zonas deprimidas y abandonadas. Vamos a crear oficinas de despoblación en, al menos, 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente. Su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles los contactos y la mediación en el proceso.
Señorías, el sexto capítulo es el impulso de la cultura y el deporte como factores esenciales de calidad de vida. El Gobierno quiere asentar la cultura como un derecho y el deporte como garantía de salud, de integración y de calidad de vida. Queremos impulsar, en consecuencia, la actividad cultural y apoyar la creación, sobre todo, de los sectores más jóvenes. El presupuesto para la cultura, señorías, ya les anuncio, aumentará de forma progresiva durante los próximos años. Vamos a completar el desarrollo del Estatuto del Artista, aprobado en este Parlamento por unanimidad, para mejorar las condiciones de los creadores y creadoras.

Vamos a crear una oficina de Derechos de Autoría pública, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para optimizar la gestión de los derechos y velar por la protección de la propiedad intelectual. Pondremos en marcha un Pacto por la lectura que revitalice el sector del libro. Vamos a defender un modelo de RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y difusión de la cultura española.

Vamos a regular, señorías, las profesiones del deporte con un plan de formación y empleo para los deportistas retirados.
Y dos últimas medidas que me permiten anticipar el siguiente capítulo del programa de Gobierno: promoveremos una Ley del Deporte que buscará, entre otras cuestiones, apoyar especialmente el deporte femenino. También el deporte de base y el universitario, e impulsaremos un Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, a las artistas, a las creadoras invisibilizadas eliminando la brecha de género.

Señorías, una de las señas de identidad de este Gobierno serán las políticas dirigidas a alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres, y a ellas está dedicado el séptimo apartado de este programa.

La igualdad de género no es una moda pasajera. Nos define como sociedad. El feminismo no va a dar marcha atrás. Es un movimiento social y político irreversible que defiende la igualdad de forma pacífica y transversal y por eso, precisamente, es imparable. Este Gobierno se inscribe, precisamente, en esa filosofía de la igualdad que reivindica el movimiento feminista a nivel global.
Y, por tanto, desarrollaremos, en primer lugar, políticas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, mediante una Ley que ampare la igualdad retributiva. Estableciendo medidas que favorezcan la transparencia salarial. Seguiremos impulsando la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica, también, una reflexión sobre el uso que damos al tiempo. Por ello, vamos a impulsar y aprobar un Acuerdo Social para la racionalización de los horarios, que queremos acordar con todos los agentes sociales y, también, con todos los actores políticos. Y para velar por el cumplimiento de estas medidas, se potenciarán las inspecciones laborales, se incrementará el régimen sancionador y crearemos la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación de género.

El avance de la igualdad supone acabar con aquellas discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos, señorías, y así vamos a abordar, entre otras cuestiones, la desactivación de lo que se denomina "tasa rosa", es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una "versión femenina".

Pero si la igualdad es un objetivo irrenunciable, la lucha contra la violencia de género es una verdadera emergencia social. Los datos siguen siendo estremecedores: llevamos ya más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año, las cifras de condenados por delitos sexuales llevan aumentando un 10% al año desde 1998. Para luchar contra eso, debemos recuperar la vigorosidad con un Gobierno en plenas capacidades y para empezar, lo haremos por lo preliminar: regulando en el Código Penal que en el consentimiento sexual sólo sí sea sí.
El Gobierno desarrollará todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando a nuestro ordenamiento lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

Reforzaremos el apoyo a las que padecen esta violencia con la aprobación de un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía. Estableceremos la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia.

Trabajaremos para erradicar la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A este respecto, se aprobará una ley Integral contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual. También, impulsaremos una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo.
Y, señorías, decimos no a la gestación subrogada. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, y por eso actuaremos frente a las agencias que ofrecen estos servicios a sabiendas de que están prohibidos en nuestro país.

Garantizaremos los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, mediante políticas de educación y prevención de embarazos no deseados, mediante la facilitación del acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres; y garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud.

Es importante, Señorías, que hagamos un esfuerzo --también compartido-- por cerrar la brecha de género en las áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Necesitamos a más mujeres en esas áreas, y para ello desarrollaremos diversas medidas dentro de los ámbitos educativo y científico.
El octavo capítulo es la protección y la ampliación de los derechos sociales y a la Regeneración Democrática. El Gobierno para el que solicito la confianza de la Cámara va a trabajar por la protección, por la recuperación y la consolidación de los derechos sociales, y lo hará desde una óptica claramente progresista, de defensa de lo público, de la educación, de la sanidad y de la atención a la dependencia y los servicios sociales.

Uno de los vectores estratégicos que marcarán el futuro de nuestro país es, sin duda, la educación, y se trata de un ámbito en el que un amplio acuerdo no sólo es deseable sino, también, imprescindible.

El Gobierno impulsará una Ley Básica que derogue la vigente LOMCE. Una norma que parta de dos consideraciones básicas. Una es blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo y la incorporación de los acuerdos alcanzados por parte de la comunidad educativa.

En dicha norma, es preciso alinear la Formación Profesional con el resto del sistema, el refuerzo de la formación en valores, así como, también, los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas.

La nueva Ley Educativa debe garantizar la inclusión, la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.
Señorías, ningún centro sostenido con fondos públicos puede amparar ninguna forma de segregación. Tenemos la obligación de actuar, de actuar ante fenómenos como el fracaso escolar, el abandono temprano, el acoso y la violencia en los centros educativos. Y, lo haremos a través de planes específicos en cuyo impulso tendrán un papel esencial las Comunidades Autónomas en virtud del título competencial que ostentan en la materia.

Vamos a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos e hijas.
La asignatura de religión tendrá carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa, ni la nota sea computable a efectos académicos.
Y, en ese constante esfuerzo de adaptación, es imprescindible apostar por el profesorado. Vamos a reforzar la formación inicial, promover la estabilidad docente y avanzar en la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector.
Señorías, una educación pública de calidad es la mejor herramienta de igualdad de oportunidades y de movilidad social con que cuenta España. Por ello, vamos a incrementar los recursos públicos destinados a la educación, a las becas hasta situarlos en ese objetivo ambicioso pero posible de una inversión educativa en un 5% del PIB en el año 2025.

Y, del mismo modo, esta legislatura debe ser, con el concurso de las comunidades autónomas, la legislatura de la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad.

Y, en el ámbito de la educación universitaria me propongo poner en marcha un Pacto por la Universidad de la mano de todos los agentes políticos y sociales. Tenemos que garantizar no sólo la suficiencia de recursos, también la capacidad de atracción, de retención del talento a nuestra universidad o la estabilidad del profesorado reduciendo la precariedad.

Es necesario impulsar la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos, afianzar una nueva política de becas y, también, de tasas universitarias, y en eso tendremos que hablar -y mucho-con las Comunidades Autónomas.

El sistema de becas será revisado para considerarlas como un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. Dicho sistema debe ser, ante todo -y en esto estaremos todos de acuerdo-- ágil. Las becas han de dejar de ser una dádiva y pasar a ser un derecho de las personas que cumplan con ciertos requisitos sociales y académicos.

Y, además, vamos a facilitar la movilidad y la residencia -y eso quiero, también, trasladarlo a aquellos que estamos comprometidos en la lucha contra la despoblación--, vamos a facilitar la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios. No podemos consentir que nadie sufra discriminación o dificultad añadida porque proceda del medio rural.
Y, en materia sanitaria, el Gobierno para cuya investidura solicito la confianza de la Cámara va a avanzar sin demora en la eliminación progresiva de los copagos, empezando por los pensionistas y los hogares con menos recursos y en riesgo de vulnerabilidad.

A lo largo de este mandato, vamos a introducir, también de forma progresiva la atención a la salud bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y vamos a avanzar en el blindaje de nuestro modelo público con una apuesta clara por la gestión pública directa.

Y, del mismo modo, es preciso reorientar las políticas relativas a la industria farmacéutica, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios. España debe alcanzar una inversión sanitaria equiparable a la de la media de los estados de la zona euro, y lo tenemos que hacer durante esta legislatura, de modo que logremos ese horizonte del 7% del PIB en el año 2023.
El derecho a la protección a la salud implica el acceso universal al Sistema Nacional de Salud y por eso, también, señorías, vamos a hacer algo que lleva pendiente desde el año 2012, y es extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, revirtiendo las medidas que en este sentido -como decía antes-- fueron implementadas en el año 2012 por la anterior Administración.

Y, por último, es preciso avanzar en ámbitos como la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, el desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en una planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental.
No quiero concluir este apartado sin una referencia al que considero el mejor capital que tiene nuestro sistema sanitario que son sus profesionales. Vamos a mejorar las condiciones del personal, garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y a promover un programa de retorno de profesionales que hoy trabajan fuera de nuestro país como consecuencia de los recortes que fueron implementados por la anterior Administración.

Y, en materia de servicios sociales, nos proponemos el blindaje constitucional del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Es fundamental abordar una de sus principales tareas, y es la reducción de listas de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia. Vamos a mejorar, además, las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.
Y, por último, vamos a actuar ante una problemática creciente en nuestras calles y que afecta a nuestros mayores singularmente, y es aprobar una Estrategia frente a la soledad no deseada.
Señorías.
Este será el Gobierno de la garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público. Vamos a plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo que garantice, mediante el blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones. Vamos a actualizar mediante ley las pensiones conforme coste de la vida, al IPC, y vamos a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

Y, vamos a impulsar la reducción de la brecha de género en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.

Y, a este respecto, me propongo impulsar la reforma y reorganización del sistema de Seguridad Social en el marco del diálogo social. Tenemos, en consecuencia, que propiciar un aumento estructural de los ingresos y limitar los gastos impropios del sistema.

España, Señorías, como he dicho al principio de mi intervención, necesita de un Gobierno compro metido con las políticas de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad extrema. Y este Ejecutivo se va a implicar a fondo. Vamos a aumentar la prestación por hijo a cargo para las familias vulnerables y, más adelante, aplicaremos una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos muy bajos. La meta, en consecuencia, Señorías, es acabar implantando en nuestro país un ingreso mínimo vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.

Y, en este ámbito, como he dicho al principio de mi intervención, vamos a combatir la pobreza infantil con medidas como el impulso de ayudas para comedor y material escolar y ayudas para la conciliación y, lo que he dicho antes, la racionalización de horarios. Vamos a proteger la infancia y a la adolescencia es invertir en sociedad.

Tenemos que proporcionar las herramientas pero, también, que otorgar la protección necesaria. Y, por eso, les anuncio que es el momento de culminar -y lo vamos a hacer cuanto antes-- la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a todas las formas de violencia.

Señorías, 19 de cada 100 jóvenes menores de 29 años se emancipan. El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad y uno de los campos en los que el mandato constitucional se ve más insatisfecho. Este Gobierno tratará de estar a la altura de lo que ese mandato representa, y trabajará con una hoja de ruta clara. No sólo con un incremento en la dotación de recursos presupuestarios, sino con medidas normativas claras que protejan a quienes más necesitan del apoyo del Estado, especialmente en materia de alquiler.

Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres poniendo techo en zonas de mercado tensionado, y vamos a reforzar el marco competencial de las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito. Impulsaremos medidas de realojo inmediato en situaciones de vulnerabilidad, fomentaremos el alquiler social para las personas que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no tengan alternativa habitacional.

Vamos a impulsar mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación, también, de vulnerabilidad. Es preciso estudiar la aplicación de obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda y, en consecuencia, vamos a reformar el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIs.

En materia de alquiler turístico, vamos a reforzar las potestades de las comunidades de propietarios para que puedan condicionar el ejercicio de esa actividad.

Apostaremos con decisión, señorías, por la rehabilitación. Pondremos en marcha un Plan Estatal que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler y tenga en la eficiencia energética uno de sus elementos centrales.

Tenemos que avanzar en el uso social de la vivienda y el parque público con un marco legal claro. No podemos tolerar lo que hemos visto durante estos últimos años, Señorías, y es la desamortización, es decir, que la vivienda de protección pública pueda ser explotada -como ocurre hoy-- por fondos de inversión y debamos garantizar que su destino es el adecuado, es decir, el de las familias que necesitan de ella.

En este ámbito, yo creo que la SAREB tendrá un papel relevante, garantizando la firma de convenios con administraciones autonómicas y locales que impulsen la utilización de las viviendas para alquileres sociales. Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar la efectividad del derecho constitucional a la vivienda. Y, vamos a movilizar, en consecuencia, suelo público y a estimular la oferta privada de alquiler.

Este Gobierno va a actuar con decisión en otro ámbito que genera preocupación creciente, y es el de la prevención de adicciones. Vamos a regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar.

Impulsaremos criterios homogéneos con las Comunidades Autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir en determinados horarios y que limiten su proximidad a los centros escolares, como hoy en día ocurre en muchas ciudades de nuestro país, desgraciadamente.

Y, vamos a reorientar la tasa de gestión administrativa del juego, de los operadores en línea para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización y reparación de los efectos negativos de la actividad del juego.

Las iniciativas hasta ahora expuestas apelan a un cumplimiento de las obligaciones sociales de las instituciones. No queremos expandir indiscriminadamente la presencia de lo público. Queremos un Gobierno activo y un Estado eficiente. Pretendemos instituciones eficaces, transparentes, para combatir la desigualdad y luchar por la equidad.

Y este último mandato, el de la transparencia, entronca directamente con la regeneración democrática. señorías, en esta cuestión tenemos el deber moral de ser ambiciosos porque lo que está en juego, en último término, es la propia confianza en la política y en sus instituciones.

Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para la elección y renovación de los órganos constitucionales y los organismos independientes y demos hacerlo, además, primando los principios de mérito, de capacidad, igualdad, de paridad de género y de prestigio profesional.

El Gobierno, también, elaborará un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estudiando la introducción de nuevas figuras penales. Vamos a aprobar una ley integral contra la corrupción y un Estatuto del denunciante que refuerce esta figura esencial para combatir una lacra como esta, que es intolerable para la sociedad.

Del mismo modo, señorías, vamos a abordar abordaremos la regulación de los "lobbies" para hacer transparente su labor. Vamos a regular de forma más efectiva las condiciones de incompatibilidad y desempeño de actividades privadas para los sectores públicos y, también, es preciso reformar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobar su reglamento para hacerla efectiva sobre la base de la experiencia que hemos acumulado durante estos últimos años.

También es necesario iniciar acciones para reforzar la lucha contra los "cárteles" en la contratación pública, y es fundamental avanzar en la integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial.

Y, vinculado a estos objetivos en materia de regeneración democrática, la apuesta por una justicia eficaz será una prioridad en esta legislatura. Vamos a promover un Pacto de Estado para la Modernización de la Justicia, que incida sobre todo en la agilidad y en el sistema de acceso. Y vamos a modificar, también, señorías, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.

El noveno capítulo son los nuevos derechos y, también, la memoria democrática. Uno de los grandes éxitos de la España Constitucional ha sido la ampliación de derechos, que ha convertido a nuestro país en una sociedad moderna, libre y que sirve de referente internacional. Pero esa tarea no está acabada, Señorías.

El Gobierno que aspiro a formar se compromete a consolidar, a consolidar España como el país de la diversidad que es, recogiendo las peticiones de la sociedad civil y aprobando en esta legislatura cuantos cambios legales resulten necesarios en pro de los derechos de las personas LGTBI, las personas con discapacidad, con la modificación del artículo 49 de la Constitución, y la convivencia intercultural.

Aprobaremos en este sentido, como hemos anunciado públicamente, la regulación de la eutanasia que reconozca el derecho a la muerte digna. Seguiremos avanzando, también, en los derechos de las personas con diversidad funcional mediante el desarrollo de normas y leyes inclusivas.

El Gobierno va a proteger a todas las familias, a todas, a todo tipo de familias, como demanda la sociedad española. También a las familias monomarentales y monoparentales, las familias numerosas, las de partos múltiples y las familias que acogen. Elaboraremos medidas de apoyo a la adopción por parte de familias LGTBI y de reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas.

Y señorías, el pasado mes de octubre, el Estado con el concurso de sus tres poderes, desplazó del mausoleo del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco. Este hecho simbólico fortaleció a la democracia española, abrió una nueva etapa de reparación de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles; y aunque hubo personas que se sintieron molestas esa acción no se dirigía contra nadie y se desarrolló dentro del respeto que merece cualquier ser humano, incluso aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos.

Eso distingue precisamente a las democracias de las dictaduras y vamos a proseguir ese camino de reparación y vamos a mantener esa misma filosofía. Para ello desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

Vamos a declarar el día 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el día 8 de mayo, el día 8 de mayo como el día de reconocimiento de las víctimas del exilio, impulsaremos las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y anularemos las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.

Por último, auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares empezando por la recuperación, lo antes posible, del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

El Gobierno aprobará una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que derogue la Ley Mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la reunión pacífica, este es otro compromiso firme, y el Gobierno tiene la voluntad también de avanzar hacia la justicia del sistema electoral siempre recabando el mayor apoyo parlamentario posible y en ese sentido vamos a plantear a la Cámara la eliminación del voto rogado.

Y otro de los fenómenos más dañinos mejor dicho para la confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de "fake news". La mentira, la calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos pero la irrupción -señora presidenta yo creo que en este ámbito vamos a encontrar un consenso bien amplio en esta Cámara-, como decía antes, señorías, otro de los fenómenos más dañinos para la confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de "fake news". La mentira, la calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos, pero la irrupción lógicamente de la digitalización ha perfeccionado su producción y ha facilitado su expansión.

Por eso y dentro siempre del respetuoso escrupuloso a la libertad de expresión e información, vamos a impulsar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación. Además, vamos a aprobar un plan de ciberseguridad y vamos a crear un foro nacional de ciberseguridad para el desarrollo tecnológico y la investigación.

Señorías, en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad y por esa razón el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas -ya les anuncio- para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido in matriculados indebidamente por la Iglesia.
Igualdad no significa uniformidad, al contrario, la igualdad para ser plena exige el reconocimiento de iguales derechos para todas las singularidades y por eso reivindicamos en todo momento el orgullo a la diversidad, el derecho a la diferencia, señorías.

Por eso aprobaremos una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, aprobaremos una ley contra la discriminación de las personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas o mal llamadas terapias de revisión, aprobaremos la primera ley trans fomentando la integración socio laboral de las personas transexuales y su plena participación en la vida política social y cultural.
Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia la educación y el empleo de la población gitana e impulsaremos, por último, un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio.

Señorías he dicho que este gobierno no tratará a ninguna persona como enemigo y así será pero vamos a ser militantes contra la ideología racista contra la xenofobia contra la homofobia y contra el machismo.

Para este gobierno patriotismo significa amparar por igual a todos los españoles, también a las minorías y a los más vulnerables.

Patriotismo significa exhibir con orgullo nuestros logros en derechos sociales, nuestra condición de pioneros que somos en nuestro país no hay más que ver lo que está debatiendo ahora mismo Francia sobre la Ley Integral de Violencia de Género; pioneros que somos en libertades civiles. Patriotismo significa desplazar del espacio público los símbolos que evocan un período de opresión y dictadura ejercida contra españoles por sus ideas, por su cultura, y por su lengua.

Este será un gobierno que enarbolará y hará honor a nuestra bandera, a nuestras banderas pero jamás se camuflaba tras ellas para herir u oprimir a otros compatriotas.
El décimo y último capítulo del programa de gobierno es el reforzamiento de la cohesión territorial, el reforzamiento de nuestro estado autonómico el reforzamiento del autogobierno y su desarrollo dentro de una Europa federal en la que se inscribe nuestro futuro.

El Gobierno, como he dicho antes va a trabajar para superar el conflicto político en Cataluña. Lo debemos hacer por todos los catalanes y por el conjunto de españoles, por convicción y por responsabilidad.

El diálogo el diálogo siempre dentro de la Constitución será una prioridad absoluta para alcanzar fórmulas de entendimiento y de encuentro.

No podemos asumir señorías, la herida territorial como una dolencia crónica destinada a pasar de generación en generación. La España de las autonomías, la España del autogobierno es una realidad incuestionable y consolidada que no admite marcha atrás. Una realidad que ha corrido en paralelo en las últimas décadas con la plena implicación de nuestro país en el desarrollo del proyecto europeo.

El marco de organización territorial previsto en nuestra Constitución en su título octavo, ha permitido que territorios silenciados durante décadas, tuvieran al fin una voz clara. Ha permitido el libre desarrollo de las identidades nacionales dentro de nuestro marco constitucional. Ha perfilado España tal y como es, plural, diversa, democrática, completa de matices que nos enriquecen a todos. España tal y como es, ese va a ser nuestro proyecto político. Y como ha señalado, la Autoridad Fiscal Independiente contrariamente a ciertas creencias que se están poniendo en cuestión por parte de la bancada de la derecha, el modelo de autogobierno ha supuesto una mejora de la distribución territorial de la renta superior a los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Francia con un Estado centralista.

El camino, por tanto, no puede ser el de la involución, como plantean algunos, sino el de la mejora, la reforma y la actualización de nuestro sistema. Siempre garantizando, lógicamente, la igualdad entre españoles. El nuestro es un modelo complejo señorías, eso es evidente, pero la complejidad no es más que una manifestación de la diversidad de nuestro país y de nuestra sociedad y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Ha de ser un estímulo para el consenso, para el diálogo, desde una premisa clara y es que se exige voluntad de compartir el poder, no de limitar el poder. O mejor dicho, efectivamente, no de asumirlo solamente una institución.

Por eso vamos a mejorar, Señorías, los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas. Lo hemos hecho durante estos últimos meses, hemos puesto en marcha todas las comisiones bilaterales que están recogidas en muchos estatutos de autonomía para reforzar la cooperación interinstitucional entre el Gobierno central y gobiernos autonómicos y también como consecuencia de que existe un conflicto político que tenemos que resolver, les anuncio que vamos a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo vamos a crear, vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial.

Colaboraremos también, señorías, con el Gobierno vasco en el cumplimiento de las transferencias pendientes del actual Estatuto y en la renovación del mismo que quiere hacer el Parlamento vasco, siempre dentro lógicamente de nuestro marco constitucional. Es imprescindible clarificar el reparto, lo he dicho antes también señorías, mucho de lo que estamos viviendo de los agravios territoriales tiene que ver con el desgaste de nuestro Estado autonómico, que tenemos que renovar, que tenemos que clarificar en el ámbito competencial entre el Estado y el poder autonómico. Y al hacerlo estaremos combatiendo uno de los efectos más perversos del actual sistema y es el de la incertidumbre normativa que produce conflictos competenciales. Es verdad que este Gobierno, el anterior quiero decir, lo que ha hecho ha sido reducir y mucho el nivel de conflictividad interinstitucional que ha existido entre Estado y Comunidades Autónomas, pero es evidente que tenemos que clarificar competencias para seguir reduciendo este conflicto o este nivel de conflictos. Más eficiencia, más claridad, más concreción en el reparto competencial, tiene retornos a mi juicio positivos para la sociedad y para los actores económicos, significa menos conflicto significa más claridad.

Y del mismo modo, vamos a promover la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando éste afecte al interés general. Y propiciar un intercambio de información real para favorecer una auténtica integración entre ambos poderes. Esta que se inicia, Señorías, lo he dicho en otras ocasiones, debe ser la legislatura del diálogo y, en general y en particular, la legislatura del diálogo territorial.

Y vamos a promover también la constitución formal de la Conferencia de Presidentes con carácter anual. Esta será, además, en coherencia señorías, como hemos anunciado nuestro acuerdo de coalición progresista, la legislatura de la financiación autonómica. Es evidente que no podemos hacerlo solos, que vamos a necesitar también a la bancada conservadora. Pero creo que las Comunidades Autónomas que son gestoras del Estado de bienestar, necesitan una actualización de la financiación autonómica. Esto es un diagnóstico, es una reclamación hecha no solamente por presidentes y presidentas de gobierno socialista, sino también de otros signos políticos y en consecuencia creo que tenemos que abordarla sin dilación.

Tenemos que garantizar la mejora de la financiación autonómica, también de la financiación local, desde el respeto de sus elementos nucleares. Entre otras razones porque de ella depende el gasto en materias sociales como he dicho antes, que son esenciales para nuestro gobierno, como es la educación la sanidad o los servicios sociales y la dependencia.

El proceso de descentralización en España es inseparable incluso en términos históricos, Señorías, del proyecto de construcción europea y en ese sentido quiero vincular ambas corrientes que transitan en paralelo. La descentralización del poder territorial en nuestro país y también la construcción europea. Y transitan en paralelo como la manifestación de un gran éxito que es patrimonio de toda la sociedad española. Una España autonómica, una España descentralizada, una España federal, en una España federal en una Europa federal y unida.

España seguirá teniendo una voz firme en la redefinición del proyecto de integración europea. Vamos a reforzar nuestro compromiso y orientarlo desde el principio y desde un principio bien claro, que es el de la reducción de la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Vamos a seguir defendiendo el establecimiento de un salario mínimo europeo, un seguro de desempleo europeo complementario a los sistemas de protección de desempleo nacionales y la consolidación efectiva del pilar social de la Unión.

El proyecto europeo tiene que ensanchar sus bases de apoyo relegitimarse como un instrumento útil para las personas. En definitiva, como una unión en valores que ensalza la diversidad de nuestro continente y nuestras sociedades y ofrece una plataforma única para influir en un mundo globalizado.

La Unión Europea tiene que ser un referente global en la lucha contra cualquier forma de discriminación y por ello vamos a impulsar la creación de un Alto Comisionado Europeo para los derechos fundamentales, la igualdad de trato, que armonice y supervise la protección de los derechos fundamentales en todos los estados.

Europa, señorías, es mucho más que un mercado, es una auténtica comunidad de valores humanistas y si aplica la defensa de estos valores pierde su razón de ser. Esa es una visión con la que España sigue abrazando el ideal europeo. Señorías, con esto concluyo la recapitulación de algunas de las medidas contenidas en el acuerdo de coalición progresista. Son todas ellas medidas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con la cual este gobierno se compromete y pretende precisamente alumbrar la España que queremos para la próxima década.
He comenzado exponiendo los valores que sustentan la orientación progresista de una coalición progresista para las que le pido el apoyo. He continuado describiendo la actitud integradora y dialogante que vamos a mantener con todos y cada uno de los grupos políticos. He definido su método de trabajo como activo y he enumerado por fin su programa.

Señorías, hace justo dos décadas, Europa adoptó la moneda única. Nada parecía detener el afán de la Unión de expandir sus límites y su modelo de economía social de mercado, primacía del Estado de derecho y valores democráticos. Hace justo una década una devastadora crisis económica nos golpeó y nos obligó a frenar en seco. Esa misma Europa no supo responder con eficacia ni con equidad y descubrió de repente sus limitaciones. En este tiempo España, nuestra nación, ha tenido que curar sus heridas sin casi poder pensar en todo lo que se ha dejado por el camino y en el precio a pagar que se ha pagado en términos de desigualdad y precariedad.

Ante este cambio de década es hora de recuperar y de reparar las secuelas que aún permanecen en la sociedad española. Sentar las bases en definitiva para la tercera gran transformación de nuestro país.

La primera transformación nos devolvió señorías a Europa y nos alineó con un sistema de libertades y derechos sociales. La segunda transformación nos convirtió en referente de igualdad de oportunidades en Europa y en el mundo. Y la tercera nos emplaza a encarar los grandes retos de nuestro tiempo, a encarar la transición ecológica, a encarar la revolución digital, a encarar el debate y el desafío de la desigualdad, a saber entendernos y saber conocer y respetar y reconocernos en la diversidad de identidades que tiene nuestra nación. Y a la vez que alcanzamos la plena igualdad de género y una mayor justicia social que nos haga sentir a todos integrantes de una misma comunidad.

Señorías, hay grupos de esta Cámara que evidentemente no comparten las ideas que les he expuesto y yo soy consciente de ello. Lo mismo sucede en nuestros centros de trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario y eso no impide dialogar, alcanzar acuerdos, convivir a diario entre todas y todos. Por eso, por eso insisto, insisto en el compromiso de hacer del diálogo una herramienta que vuelva a reconciliar a la política con la calle, con una sociedad que ansía de nosotros grandes acuerdos, grandes pactos, grandes consensos, que vuelva la cultura del acuerdo, que se aleje el enfrentamiento. En unos minutos, señorías, abandonaré esta tribuna y después escucharé con atención sus intervenciones y cada portavoz empleará su tiempo como estime oportuno. Lo único que les pido humildemente es que piensen en la gente que nos ve desde sus hogares. Suban a esta tribuna, expongan una visión alternativa al programa que he expuesto, defiéndanla con pasión, con la convicción que les dicte su conciencia. Voten según su criterio, porque será, señorías, un honor escucharles y debatir junto a ustedes. Lo único que les pido es que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. Eso, señorías, también es patriotismo.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)