Conferencia de prensa del presidente del Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas

La Moncloa

Presidente.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa.

Quiero comenzar mi intervención, antes de someterme a sus preguntas, destacando que el Gobierno respeta, como ha respetado siempre, la labor y, también, la independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, como Poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación generada por la sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado 18 de octubre, y que culminó ayer con el anuncio del pleno de este Tribunal de que dicha doctrina va a ser rectificada.

Esta situación, a nuestro juicio, no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces ni, sobre todo, y, especialmente, para los ciudadanos.

Desde el primer momento, este Gobierno manifestó su compromiso con, en primer lugar, la seguridad jurídica, y, en segundo lugar, actuar siempre en interés de la ciudadanía.

Por ello, dentro de las potestades correspondientes al Poder Ejecutivo, trabajamos en garantizar un escenario previsible y estable, en interés de todos los operadores implicados en relación con esta sentencia, conocida ayer por el Tribunal Supremo.

Ayer habló el Poder Judicial, y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo.

Muchos ciudadanos que me escuchen, que estén siguiendo esta rueda de prensa, estoy convencido de que compartirán conmigo el que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión, pero sobre todo y ante todo, es un gran plan de vida, que debe contar con seguridad jurídica.

Por ello, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.

Para ello, lo que vamos a hacer es modificar la Ley que regula el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea, insisto, la banca, y nunca más el cliente, quien pague este impuesto.

Lo hacemos dos días después de conocerse la decisión, y será en el día de mañana mediante la aprobación de un Real Decreto-ley que modificará el artículo 29 de la Ley de 1993, que regula este Impuesto. Con ello, quedará claro y de forma definitiva que el pago de la cuota variable del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en el caso de los préstamos hipotecarios, corresponderá siempre a los bancos, y nunca más a los ciudadanos de a pie.

El segundo anuncio que me gustaría también trasladarles, y tiene la misma importancia, es que al objeto de elevar la protección y los derechos de los clientes financieros el Gobierno en las próximas semanas remitirá a las Cortes Generales la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros.

La voluntad del Gobierno es la de garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos. Por eso, la reforma se aplicará a partir de la fecha de su entrada en vigor. Tanto la de la Autoridad Independiente, cuando llegue al Congreso de los Diputados y sea aprobada por el Poder Legislativo, como la del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a partir del día siguiente de la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley, es decir, el día posterior al viernes, con la publicación del Boletín Oficial del Estado.

En relación con la Autoridad Independiente, sí decirles que esta Autoridad reforzará, y éste es el objetivo de su creación, la protección ante potenciales abusos y mejorará la capacidad de resolver conflictos que se dan, lógicamente, en el sector financiero.

Por tanto, estas son las dos medidas que quería compartir con ustedes y trasladar a la opinión pública española, en primer lugar, aprobación de un Real Decreto-ley que modificará este Impuesto para que sea la banca y no los españoles quien pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Y, en segundo lugar, la propuesta de enviar a las Cortes Generales en las próximas semanas la creación de una Autoridad Independiente que refuerce los derechos de los consumidores en su relación con el sector financiero.

Hasta aquí, lo que quería anunciarles. Y me pongo a disposición de todos ustedes.

P.- Luis Ángel Sanz, de "El Mundo". Buenos días, presidente. Sobre la primera de las medidas que nos ha anunciado, le quería preguntar si no cree que los bancos van a cargar ese impuesto que van a tener que pagar a partir de que se apruebe esa Ley a los clientes, mediante comisiones o mediante otros costes bancarios. Y quería preguntarle, si el Gobierno puede impedir si esto sea así, y si lo va a hacer.

Por otro lado, su socio parlamentario, Podemos, está llamando a la movilización en la calle contra la sentencia. Quería preguntarle si comparte esa llamada a la movilización, y qué le parece que se convoquen manifestaciones en las puertas del Tribunal Supremo. Gracias.

Presidente.- Bueno, en relación con la segunda pregunta, gracias Luis Ángel, gracias por tus preguntas, cada partido político es libre de hacer la oposición como considere.

Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones, pera eso está el Congreso de los Diputados, y Unidos Podemos, junto con otras fuerzas parlamentarias tiene la capacidad de proponer dentro del Congreso de los Diputados.

El Gobierno es claro. El Gobierno mañana va a aprobar un Real Decreto-ley, que va a tener que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Y por eso, he dicho antes, ayer habló el Poder Judicial; hoy y mañana va a hablar el Poder Ejecutivo, y esperamos que cuando llegue esta convalidación a la Cámara cuente con el apoyo del conjunto de fuerzas parlamentarias, también de Unidos Podemos.

Y, en relación con la primera de las cuestiones, yo creo y espero que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo, en el sentido de que hay bastante oferta, y no solamente por parte de la banca española. Estamos dentro de la Unión Europea, y, por tanto, ahí están también los tipos, y las cuotas que se pagan por parte o que ofertan otros bancos.

Pero, en segundo lugar, también es evidente que se abre un debate sobre si puede haber o no cláusulas abusivas como consecuencia de esa repercusión en productos financieros que nada tienen que ver con el hipotecario. Y, en ese sentido, apelo a la responsabilidad, en este sentido, del sector financiero.

Lo que hace el Gobierno es aclarar la situación, garantizar y fortalecer la seguridad jurídica, y, sobre todo, garantizar y fortalecer un principio básico para este Gobierno que es la igualdad; la igualdad. Y, en ese sentido, creo que se da un avance muy importante en el hecho de que será el sector financiero y nunca más los ciudadanos quienes paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

P.- Carlos Cue, de "El Pais".Si, presidente, gracias. Quería ver si conseguimos de usted una reflexión sobre si la credibilidad del Supremo queda tocada, precisamente, en un momento delicado en el que va afrontar el juicio del 'procés'. Y si ve usted más urgente la renovación del Poder Judicial y la sustitución de Carlos Lesmes, al que le quedan semanas en el cargo anterior.

Y ya, otro tema, el tema del que se ha hablado mucho esta semana, la posibilidad de adelanto electoral. Usted nos dijo en un momento que si los independentistas priorizaban el conflicto, iríamos a elecciones. ¿Estamos en el escenario del adelanto electoral inminente, o lo descarta totalmente? Gracias.

Presidente.- Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, sobre el debate que se ha suscitado como consecuencia de esta sentencia, sobre la credibilidad o no del Tribunal Supremo. Yo creo que, evidentemente, tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas dos semanas en las que ha tenido pendiente, no solamente al conjunto del sector financiero, los mercados financieros, sino también, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y creo que tienen que hacer una reflexión, respetando la independencia del trabajo y del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera, ningún Poder está, digamos, fuera de crítica, y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante estas semanas.

A partir de ahí, insisto, una cosa es el Poder Judicial y, otra cosa es lo que pueda y deba hacer el Poder Ejecutivo y, también el Poder Legislativo.

El Poder Ejecutivo actúa de manera rápida, expedita, porque van a ser dos días desde el conocimiento de la decisión final que ha tomado el Tribunal Supremo, después de dos semanas, desde que se convocó ese pleno del Tribunal.

Por tanto, nosotros vamos a ofrecer una salida, vamos a ofrecer esa seguridad jurídica, vamos a ofrecer ese principio de igualdad reforzado al conjunto de los ciudadanos y, por eso, planteamos este Real Decreto-ley que esperemos sea convalidado cuanto antes en las Cortes Generales.

A partir de ahí, creo que, efectivamente, se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Tribunal Supremo.

Respecto a si esto mina o no mina la credibilidad, creo que son debates completamente distintos. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y, por tanto, me gustaría también que los propios medios de comunicación así lo trasladaran.

Y, finalmente, respecto al adelanto electoral o no adelanto electoral, la pregunta que me ha hecho es sobre el independentismo que dice que no quiere aprobar estos Presupuestos.

La pregunta que me gustaría hacerle al independentismo es ¿qué tiene que ver el que un trabajador en Cataluña, que cobra el Salario Mínimo Interprofesional y la propuesta que le está haciendo este Gobierno de subirlo a 900 euros el próximo año, qué tiene que ver la subida del Salario Mínimo Interprofesional con la situación judicial de los líderes encarcelados del 'procés'? ¿Qué tiene que ver la recuperación del subsidio del desempleo a los mayores de 52 años, que fue suprimido por la anterior Administración, con la situación judicial o procesal de los líderes del 'procés'? Nada tiene que ver.

El Gobierno de España gobierna para todos, voten a quien voten. Y el Govern de la Generalitat lo que tendría que hacer es gobernar para todos los catalanes y catalanas. En consecuencia, si están de acuerdo con aumentar el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. Si están de acuerdo con recuperar ese subsidio al desempleo. Si están de acuerdo de aumentar con aumentar en 600 millones de euros, que es la propuesta que llevamos en los Presupuestos, el sistema nacional de dependencia, o las políticas de vivienda, entiendo que lo que tienen que hacer es apoyar estos Presupuestos. Y abrir el debate en las Cortes para su eventual aprobación.

Ahora, también le digo, si no quieren y confunden una cosa con la otra, y meten en el mismo paquete el bienestar de aquellos trabajadores y trabajadoras que están cobrando un Salario Mínimo Interprofesional clarísimamente por debajo de su necesidad vital, con la situación procesal de los líderes políticos que ahora están en prisión, esa es su responsabilidad. La nuestra será atender a esas urgencias sociales. Y, si no es a través de los Presupuestos, será a través de modificaciones presupuestarias como lo garantizaremos. Ese es el compromiso. A partir de ahí, quien decide cuándo se convocan las elecciones generales está tasado en la Constitución, y ese, no es más que quien habla.

Yo creo que lo bueno de nuestro sistema institucional, de nuestra arquitectura institucional es que se cumplan los plazos, en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y en eso está el Gobierno.

P.- Mercedes Serraller de "Expansión". La ministra de Hacienda cifró ayer en 5.000 millones el impacto en el déficit, y que las Comunidades iban a tener que correr a cargo de esto, que luego iría a los bancos. El Banco de España en un informe hoy habla de riesgos para la banca por estas y otras actividades y el fallo favorable al consumidor. Usted decía que la solución de ayer del Supremo no ha sido buena para nadie, pero salvo para la imagen del Supremo, ¿no ha sido la mejor solución para todos si el Gobierno ahora que promueve esta reforma que favorece al ciudadano?

Y, luego, quería saber si con esto dan por zanjado, usted ha dicho que el Decreto entraría en vigor cuando se publique en el BOE, si no le he entendido bien. ¿Va a haber un periodo transitorio? ¿Qué pasa con los recursos anteriores, puede haber ciertas retroactividades? Y, luego, si no temen una avalancha de pleitos por responsabilidad patrimonial del Estado, por haber legislado mal, que se puede reclamar desde 1995, que era el Reglamento, que sería otro tipo de pleitos distintos. Muchas gracias.

Presidente.- Bueno, respecto a la segunda, tercera y cuarta pregunta le diré que las reglas fiscales no tienen o no obedecen al principio de retroactividad. Esto es claro. Es evidente. Y ahí está la jurisprudencia.

Y, en primera instancia, le diré que nosotros aprobamos este Real Decreto-ley, y, en consecuencia, damos respuesta a una situación que ha sido provocada por distintas sentencias del Tribunal Supremo. No hay nada más que decir.

P.- Juan Antonio Nicolay de Cuatro. Presidente, a raíz del primer pronunciamiento del Supremo con este asunto, que fue el que generó la polémica, hubo quien habló de populismo judicial. No sé si su decisión de hoy entra dentro del populismo ejecutivo. Y, una segunda cuestión. El cambio de rumbo del Supremo tan radical ha dado pie a especulaciones, ¿entendería usted que sería oportuno que los magistrados que tomaron la decisión tan radical publicaran en su declaración de intereses, en Bolsa, por ejemplo?

Presidente.- Bueno, gracias, Juan Antonio por tus preguntas. La verdad es que respecto a la segunda pregunta, permítame que primero conozca los detalles de la misma. No tengo capacidad ahora mismo para poder pronunciarme sobre esta cuestión. Y la primera pues yo creo que será más ustedes y los tertulianos quienes analicen exactamente qué calificativo ponen a esta decisión. El adjetivo que le pone el Gobierno es el de la responsabilidad, el del compromiso social, el de garantizar la seguridad jurídica, y el de salvaguardar el principio de igualdad de todos los ciudadanos.

Y, luego, están ustedes para calificarlo y ponerle el adjetivo que consideren.

P.- Teresa Loureiro de es.radio. Sí, buenas tardes, presidente, me gustaría hacerle tres preguntas. La primera es si el Gobierno se ha planteado eliminar este impuesto a las hipotecas. Y, en segundo lugar, sobre un cambio de criterio, usted dijo antes de ser presidente, que sí que había habido delito de rebelión en el caso de los procesados por el 1-O. Y, también, aseguró en su momento, que hubo el delito de rebelión y ahora me gustaría saber por qué ese cambio de criterio. Y, también sobre la cuestión de confianza y las elecciones dijo que si un Gobierno no debía de aprobar los Presupuestos, debía someterse a una cuestión de confianza o aprobar ese adelanto electoral. Me gustaría saber si sigue manteniendo ese criterio. Gracias.

Presidente.- Sí, gracias, Teresa. Respecto a la primea de las preguntas, nosotros lo que queremos es que pague la banca, no la ciudadanía, este impuesto. Aquellos que están proponiendo la supresión de este impuesto que hablen con los presidentes autonómicos. Y que los presidentes autonómicos le digan si están de acuerdo o no en perder capacidad recaudatoria en esto.

Nosotros creemos, insisto, creemos en que es bueno para las Comunidades Autónomas, que son las que están gestionando la sanidad, la dependencia, la educación…, cuestiones que, a lo mejor, para partidos políticos son ajenos, a este tipo de gestión; no le dan tanta importancia, como le da, a lo mejor, una opción progresista, como la que nosotros representamos, pues, consideran que es mejor suprimirlo. Nosotros creemos que quien tiene que pagarlo es la banca, y no la ciudadanía.

En segundo lugar, miren, respecto a la rebelión, la sedición, la malversación, si es que no va a ser ni el Gobierno ni la oposición quien decida, va a ser el Poder Judicial, va a ser la justicia. Por tanto, dejemos a la justicia trabajar.

Y, en tercer lugar, para mí, lo prioritario, lo urgente y es lo que voy a anteponer sobre otra consideración, cualquier otra consideración, es que se suba el Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores y que se recuperen derechos que durante estos últimos años han sido recordados como consecuencia de políticas ideológicas conservadoras. A partir de ahí, si es a través de Presupuestos, perfecto, y, si no, pues a través de modificaciones presupuestarias a los Presupuestos que hoy tenemos.

P.- Yolanda Mármol, de "El Periodico". Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle sobre esas modificaciones presupuestarias, si nos podría detallar en qué consistirían, y si, efectivamente va a presentar los Presupuestos como había adelantado el Gobierno hasta ahora, que haría a lo largo del mes de diciembre, y si sigue adelante el Gobierno con la medida que fue anunciada por el Ministerio de Hacienda para aumentar la aportación de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos y evitar así tener que aportar nuevas ayudas públicas a la banca este año. Si sigue eso en pie o no. Gracias.

Presidente.- Bueno, respecto a la última pregunta, que sea la ministra de Economía quien responda, cuando corresponda.

Y respecto a la primera de las preguntas, insisto, nosotros queremos aprobar los Presupuestos, porque queremos que son unos Presupuestos cargados de sentido común. Es que cuando estamos hablando de subir el Salario Mínimo Interprofesional habrá trabajadores y trabajadoras de Salario Mínimo Interprofesional que no voten al Partido Socialista Obrero Español que yo represento; votarán al Partido Popular, votarán a Ciudadanos, votarán a Podemos, votarán a partidos independentistas. ¿Por qué? ¿Por qué no van a poder tener esa mejora salarial?, cuando estamos creciendo, cuando se está redistribuyendo el crecimiento de otra manera.

¿Por qué no vamos a poder mejorar la financiación de nuestra Educación? Eso es algo que solamente afecta a los potenciales votantes del Partido Socialista o al conjunto de la mayoría de la sociedad que llevamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a escuelas públicas? Yo creo que más lo segundo que lo primero. Con lo cual, creo que si son unos Presupuestos cargados de sentido común, lo que pedimos es, al conjunto de la Cámara, que haga un ejercicio de responsabilidad institucional, que permitan su tramitación. Y no miro, y se lo he dicho antes, no miro solamente a las fuerzas parlamentarias nacionalistas, miro también a Ciudadanos y al Partido Popular, y les exijo responsabilidad, sentido de Estado. Que dejen a un lado la gesticulación y que asuman su responsabilidad. Que sean útiles al conjunto de la ciudadanía.

Estamos dispuestos también a hablar con ellos, de por qué estos Presupuestos le gustan menos que a otros. Y ver dónde podemos tener elementos de mejora. ¿Por qué rehuir ese debate? Nosotros no queremos rehuirlo, ahora, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad. Primero, presentado los Presupuestos, y, en segundo lugar, en caso de que esos Presupuestos no cuenten con apoyos, pues, plantear las mejoras que creo que son beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, voten a quien voten.

Por eso me parece, en fin, una irresponsabilidad el que las fuerzas independentistas se nieguen en rotundo a tramitar unos Presupuestos que son buenos para catalanes, voten lo que voten, porque hay muchos catalanes que cobran el salario mínimo interprofesional.

Porque Cataluña, hay que recordar, que es la Comunidad Autónoma en la que más recortes se han perpetrado durante estos últimos años en sanidad pública, en educación. ¿Por qué renunciar a una mejora en la financiación? ¿Por qué renunciar a una mejora en las infraestructuras?, cuando yo he escuchado a los partidos políticos independentistas durante estos últimos años decir que una de las causas por las cuales el independentismo ha crecido en Cataluña ha sido, también, por el abandono en las infraestructuras, en la inversión. Se recuperan parte de esas inversiones, y el replanteamiento que se está haciendo ahora es el de que no se permite ni siquiera tramitar esos Presupuestos.

A mí me parece una irresponsabilidad, pero no conmigo, sino con el conjunto de catalanes y de catalanas para los cuales tendrían que gobernar.

Pero, insisto, no solamente miro hacia ese lado. El Gobierno mira también hacia Ciudadanos y hacia el Partido Popular y les exige que asuman su responsabilidad, que hagan una oposición de Estado, y que hagan una oposición útil. Porque útil es abrir un debate sobre cuánto debe cobrar un trabajador o trabajadora que tiene un sueldo, que es el Salario Mínimo Interprofesional.

Se está abriendo ese debate en todo el mundo, ¿por qué no se puede abrir aquí en España? Hasta, incluso, el PP lo ha reconocido. Hablemos de ello.

P.- Juanma Romero de El Confidencial. Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle, con el asunto de las hipotecas, si usted considera que los clientes pueden reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado y solicitar la devolución del impuesto.

En segundo término, respecto al asunto de los PGE quería preguntarle, retomando la pregunta de mi compañera, Yolanda Mármol, qué calendario es el que usted maneja, y cuándo presentaría estos Presupuestos a la Cámara, cuándo constataría que no tiene los apoyos suficientes y comenzaría a tramitar los Reales Decretos Leyes.

Intuyo también por sus respuestas anteriores que usted plantea o se plantea el agotar la legislatura, como en otras ocasiones ha comentado. Quería cerciorarme de que eso es así.

Y quería también abordar otro asunto, que también ha sido bastante controvertido. En las últimas semanas, con el tema de la exhumación e inhumación de Francisco Franco, quería preguntarle, dado que PP y Ciudadanos tienen la pretensión de alargar el trámite parlamentario, y eso haría imposible el que se pudiese proceder a la exhumación antes de final de año, ¿qué vías complementarias va a arbitrar el Ejecutivo para garantizar que eso se pueda cumplir o si ya asume que será a principios de 2019?

Presidente.- Gracias, Juanma por tus preguntas. La primera, a mí no me compete. No me compete decirles a los ciudadanos si tienen la capacidad o no. La segunda, en relación con el calendario, el calendario sigue siendo el mismo, diciembre. La tercera, sí. Yo quiero agotar la legislatura, porque el Gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía, que tienen que ver con la recuperación de derechos, de libertades, con la reconstrucción del Estado del bienestar.

Y, en cuarto lugar, simplemente matizarte que no es así como lo ha expuesto. El trámite administrativo es el que es. Nosotros finalizamos, mañana, en el Consejo de Ministros llevamos precisamente, uno de los actos administrativos de la exhumación del dictador. Lo que le puedo garantizar es que la disposición del Gobierno y la voluntad del Gobierno, ya me conocen, es determinada, se va a producir la exhumación del dictador, en 2019, por fin, después de 41 años no va a haber ningún mausoleo que homenajee en nuestro país al dictador Franco. Y, por tanto, lo que estamos es en un procedimiento administrativo, que nada tiene que ver con la voluntad de acelerar o no acelerar los trámites por parte del Gobierno de España.

Es un procedimiento administrativo. Le explicamos cuando empezamos este trámite administrativo que queríamos que fuera lo más garantista posible. Ahora va a estar en manos de la Comunidad de Madrid, también del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Posteriormente, de nuevo, la familia Franco va a tener la capacidad de presentar alegaciones, porque queríamos que fuera un procedimiento lo más garantista posible. Y, a partir de ahí, más allá de lo que dure el procedimiento administrativo que no sé si será en diciembre o en enero, lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador.

Eso nada tiene que ver con la ya de por sí criticadas y, en fin, comunes trabas y obstáculos administrativos, mejor dicho parlamentarios que la derecha o las derechas, tanto el Partido Popular como Ciudadanos nos tienen acostumbrados en el Congreso de los Diputados.

Fíjese que hoy hasta incluso he escuchado al secretario general del Partido Popular decir que quería presentar una enmienda en otra Ley sobre la cuestión de los Actos Jurídicos Documentados. ¡Qué cosas!

P.- Juande Portillo de "Cinco Dias". Buenas tardes, presidente. Quería saber si al Gobierno no le preocupa que la sentencia de ayer del Supremo sea un cierre en falso del debate y la cuestión acabe elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y podamos estar ante un caso como las cláusulas suelo, y que vuelvan a estar en juego esos 5.000 millones de recursos públicos de las CCAA. Y, en segundo lugar, quería saber también si el Gobierno más allá de ese cambio legal sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario está a favor, va a promover un reparto más concreto de los gastos de constitución de la hipoteca, para aclarar, también, definitivamente quién se hacer cargo de gestoría, de notaría, de registro, o si considera necesario hacerlo a través de la reforma hipotecaria. Gracias.

Presidente.- Bueno, es que yo creo que, precisamente, el debate que usted ha sustanciado es la tramitación que ahora mismo hay parlamentaria de la Ley Hipotecaria. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo, y lo que vamos a proponer mañana es una aprobación de un Real Decreto-ley para actuar sobre la ley que regular este impuesto. Pero todo lo que tiene que ver con el mercado hipotecario, ahora mismo está en debate en el Congreso de los Diputados. Se va a, precisamente, establecer la ponencia, si no me falla la memoria, la próxima semana, con lo cual, hay muchos aspectos que, lógicamente, tienen que ser tratados en la tramitación de esta nueva Ley, que yo espero que cuente con el consenso de la mayoría de la Cámara.

Y, en relación con la primera pregunta, en fin, no es que me preocupe o me deje de preocupar, es que están en su derecho. Por tanto, estamos en un Estado social y democrático de derecho, y están en su absoluto derecho.

P.- Eduardo Ortega de El Economista. Buenas días presidente. Yo tenías dos preguntas. Primero, si cree que estas alternativas que va a aprobar el Consejo de Ministros van a lograr apoyo parlamentario, sobre todo, la segunda. Y, también le quería preguntar por el impuesto a la banca. No sé si este cambio de contexto ofrece la sentencia del Supremo hace que el Gobierno no se replantee retomarlo, sobre todo, a la vista de que tanto la Airef, como otros órganos económicos, consideran que los ingresos presupuestados enviados a Bruselas para el próximo año no llegaría a las previsiones de Gobierno, y con ese impuesto se ingresaría 1.000 millones más.

Presidente.- Bueno, respecto, Eduardo, a la segunda de las preguntas, va a depender mucho todo de si hay o no Presupuestos. Porque si hay prórroga presupuestaria, evidentemente, no se pueden, digamos, aumentar impuestos que ya están inscritos en los Presupuestos Generales del Estado, pero efectivamente sí crear unos nuevos, ¿no? Nosotros hemos propuesto el Impuesto de Transacciones Financieras, y el Impuestos sobre las grandes corporaciones tecnológicas.

Lo que está diciendo el Gobierno de España es, este impuesto, que ya existe, no lo pague el ciudadano, sino que lo pague la banca.

Y respecto a si creemos que va a contar con el apoyo parlamentario ambas cuestiones, yo creo que sí. Yo espero que sí. Yo he escuchado a las fuerzas parlamentarias y, con matices, todos están de acuerdo en la orientación que le ha dado el Gobierno de España. Con lo cual, no solo lo creo, sino que apelo a su responsabilidad.

P.- Carles Castellnou de TV3. Gracias, presidente, tenía dos preguntas para usted. La primera, más allá de que usted diga que respeta la independencia judicial, quería preguntarle por el presidente del Supremo, el señor Lesmes, que, bueno, de alguna manera, fue la persona que hace dos semanas paralizó una sentencia firme, que, finalmente se ha cambiado, ¿no?, e incluso, hoy, en unas declaraciones hechas apenas unos minutos ha dicho que el problema era que la ley no estaba clara. De alguna manera, pues usted apelaba a una cierta reflexión del Poder Judicial, y él quizás, pues no está por ese camino.

Y, la segunda, teniéndole aquí, y en la actual situación de Cataluña donde los independentistas le dicen que no le van a ofrecer apoyo a los Presupuestos, no sé si aún está pendiente esa reunión con el president Torra. Y, además, también, un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que acabarse el año. Gracias.

Presidente.- Gracias, Carlos. Respecto a la última pregunta, sí va a haber Consejo de Ministros en Barcelona, va a ser en el mes de diciembre. Y, efectivamente, en los prolegómenos de ese Consejo de Ministros me reuniré con el presidente Torra, si él quiere. Yo, desde luego, estoy dispuesto.

Respecto a la primera de las preguntas, en relación con el presidente del Tribunal Supremo, lamento discrepar con él, cuando habla de que la ley hipotecaria no está clara. Estamos hablando de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, que son dos cosas bien distintas. Una es la ley hipotecaria, que lleva su trámite en el Congreso de los Diputados. Y, otra es la ley que regula este impuesto. Y nosotros actuamos sobre la ley que regula este impuesto.

P.- Víctor Ruiz de Almirón de "ABC"·. Presidente, buenos días. Un par de cosas sobre cuestiones que ha comentado. Quería saber si usted ha hablado con los presidentes autonómicos, porque ha dicho que le pregunten a los presidentes autonómicos qué le parece eliminar ese impuesto, quiero saber si usted ha hablado con ellos. Si, en algún momento, el Gobierno ha valorado como una opción la supresión del Impuesto, y se ha descartado finalmente.

Y, luego, sobre la cuestión de los Presupuestos, que vuelve a insistir en hablar con Ciudadanos y el PP, le pregunto que si eso se llegase a producir, ¿en qué situación quedaría su alianza y su acuerdo con Unidos Podemos? Porque usted sabe mejor que nadie qué pasa cuando se intenta junta a Podemos con Ciudadanos. No sé qué aritmética o qué fórmula estaría planteando con esta opción que ha abierto. Gracias.

Presidente.- Gracias, Victor. Respecto a los presidentes autonómicos. Vamos a ver, les hago la reflexión, es la siguiente. En el mes de junio-julio, el Gobierno de España propuso una senda de estabilidad, que aumentaba la capacidad de todas y cada una de las Comunidades Autónomas en el agregado de 6.000 millones de euros. Es decir, lo que estábamos proponiendo es que tuvieran las CCAA más recursos económicos para financiar la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas de servicios sociales, etcétera, etc. El Partido Popular y Ciudadanos lo rechazaron; dijeron que no. Tendrán que responder en las elecciones autonómicas y municipales y también en las andaluzas el 2 de diciembre sobre su posicionamiento, en torno a esta cuestión. Yo no entro, simplemente lo dejo ahí.

Ahora, además de rechazar el que haya 6.000 millones más las Comunidades Autónomas hay un partido político que dice que hay que suprimir un impuesto que, digamos, nutre las arcas de las CCAA. Pues tendrán que hablar con sus presidentes autonómicos, porque cuando yo hablo con sus presidentes autonómicos lo único que me piden son más recursos económicos para la dependencia, para la sanidad, para la educación para las infraestructuras… No me cuadran las cuentas. Tendrán que ser coherentes. Si quieren menos recursos económicos querrán tener menos estado del bienestar en manos de las CCAA. Todo es imposible, a no ser que se esté engañando. Pero eso ya lo dejo al análisis y la valoración de los periodistas.

Y, respecto a la primera de las cuestiones, vamos a ver, ¿estos son los Presupuestos progresistas? Sí, lo son. ¿Estos son los Presupuestos cargados de sentido común? Sí, lo son. Estos son unos Presupuestos europeístas en el sentido de que aceptan las reglas del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, y que lo que hacen, precisamente, es sacar a España el próximo año, del brazo correctivo de déficit excesivo? Sí. Es más, fíjese, si nos fuéramos a la Prórroga, el déficit público sería superior al que está proponiendo la propuesta presupuestaria que estamos haciendo nosotros.

Por tanto, la oposición, de alguna manera, está siendo contradictoria, porque no apoya estos Presupuestos porque dicen que son expansivos y que tiene que haber menos déficit público. Pero, por otro lado, si hay una Prórroga presupuestaria se reconoce más déficit público, del que nosotros estamos reconociendo.

En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si están cargados de sentido común, si son unos Presupuestos que benefician a casi 20 millones de españoles y de españolas de manera directa: pensiones, salario mínimo, subsidio al desempleo, cuidadores no profesionales del sistema de dependencia, vivienda, ciencia, educación… Bueno, pues estamos dispuestos a hablar con el resto de fuerzas parlamentarias, lógicamente, sin poner en cuestión el acuerdo al que hemos llegado. Pero, insisto, apelo a su responsabilidad. Si no quieren, tendrán que explicarlo.

No deja de ser curioso que unos me acusen de ser cómplice de la represión, y otros me acusen de estar hincado de rodillas ante el independentismo. Las dos cosas son imposibles, o una o la otra. Las dos, imposible. ¿No será que, al final, unos y otros son cómplices de lo mismo, que es precisamente de continuar contribuyendo a lo que representa la confrontación territorial y la confrontación política? Pues en ese juego no van a contar ni con el Partido Socialistas ni con el Gobierno de España.

P.- Gabriel Sanz de Voz Populi. Buenas tarde, presidente. Yo quería preguntarle. Bueno, ha dicho que confía todavía en sacar adelante los Presupuestos, pero también ha dicho que si no lo hace los aprobará vía Reales Decretos, Decretos Ley, las modificaciones. Mi pregunta es si lo va a dejar de hacer a partir del 1 de enero para incrementar, por ejemplo, el salario mínimo, como exige Podemos, o va a esperar y se va a dar plazo, dado que va a presentar el Consejo de Ministros el Proyecto a las Cortes en diciembre, más adelante, febrero, marzo, es decir, ¿qué plazo se va a dar para comprobar si hay agua en la piscina?, por decirlo de forma coloquial.

Presidente.- Nosotros, Gabriel, en diciembre vamos a dar respuesta a esa incógnita.
¿Aún hay otra?

P.- La respuesta de sus socios, sus potenciales socios, entendemos que empezará a aplicar las medidas que no serían aplicables en un Presupuesto que no sería aprobado mediante Reales Decretos, Decretos Leyes.

Presidente.- Si me pregunta si el Salario Mínimo Interprofesional entrará en vigor el 1 de enero, la voluntad del Gobierno es que sí.

Muchas gracias

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)