El presidente del Gobierno comparece en el Congreso para informar sobre el Consejo del artículo 50, el Brexit y la situación en Cataluña

Congreso de los Diputados

Buenos días, señorías.

Gracias, señora presidenta
Antes de nada, creo que quiero expresar, no solamente en nombre del Gobierno de España, sino también, estoy convencido, en nombre de todas sus señorías, la solidaridad y el apoyo al pueblo francés, a las víctimas y a los familiares de las víctimas por lo que ocurrió ayer en Estrasburgo, en la ciudad francesa. Así que un abrazo muy fuerte al pueblo francés, en nombre de toda la sociedad española.

Comparezco ante ustedes a petición propia y a solicitud de distintos grupos parlamentarios para informar -voy a intentar sintetizarlo en dos ejes- sobre el Consejo del artículo 50, el llamado artículo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, y sobre la situación política en Cataluña.

Asuntos en los que, en mi opinión, hay un nexo de unión en lo que es la respuesta, y es la exigencia de fortalecer nuestro proyecto común. Fortalecer nuestro proyecto europeo, puesto en cuestión por la salida del Reino Unido. Y, de nuevo, fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España, impugnado por el independentismo catalán.
Señorías, el independentismo catalán socava el proyecto europeo a fuerza de impugnar el proyecto colectivo de España. La fortaleza de la Unión se fundamenta en su integración, nunca en su segregación, en la voluntad de compartir soberanía en un mundo globalizado, para recuperar poder de decisión en beneficio de la mayoría social, sobre todo, de aquellos que necesitan de la política para poder transformar sus vidas.

En estos últimos días hemos escuchado, por parte de algunos dirigentes del independentismo, una retórica inflamatoria inaceptable. Mensajes gruesos combinados con una dejación de funciones por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña que no resultan admisibles para el Gobierno de España.
Y sobre estas cuestiones me gustaría hacer las siguientes tres afirmaciones: La primera, en relación con los Mossos d'Esquadra, el Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones por parte de quien tiene encomendada la seguridad pública en Cataluña.

Ante los episodios que se han producido recientemente, el pasado fin de semana, en algunas autopistas catalanas, y la injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación a la Policía Autonómica, nos henos dirigido, desde el Gobierno de España al Govern de Cataluña, y, sobre todo, a aquellos consellers que ostentan competencias relacionadas con la seguridad pública con un mensaje claro, y es que cumplan con sus obligaciones.
Y advirtiendo que, de persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los catalanes y catalanas
En segundo lugar. Pese a las amenazas de algunos elementos radicales del independentismo, el Gobierno de España va a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo día 21 de diciembre. Así me comprometí con el presidente de la Generalitat, así me comprometí con el pueblo catalán, y así haré cumplir la palabra del Gobierno.
Miren, Señorías, no es el primer Consejo de Ministros que hacemos fuera de Madrid -y ya les adelanto que no va a ser el último-. Mi voluntad es acercar el Gobierno de todos a todos y cada uno de los territorios de España. Reconocer, con su presencia, nuestra estima por la diversidad territorial del país.

El Gobierno, Señorías, tiene un proyecto de progreso y prosperidad compartida para España. Para todos y cada uno de sus pueblos. Para todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan. Por ello, les quiero hacer el siguiente anuncio: El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del Salario Mínimo a 900 euros al mes, a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977, y la explicación es clara: un país rico no puede tener trabajadores pobres.
Tercero. Señorías, en 1999, tuve el honor de trabajar para Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, cuando tenía 28 años. Fui testigo de las consecuencias de la guerra civil en la antigua Yugoslavia. De cómo los refugiados kosovares huían de la limpieza étnica perpetrada por el dictador Milosevic, como antes los bosnios la sufrieron las mismas inclemencias por el odio de Karadizc y Mladic. No hace falta que me lo cuenten. No toco de oídas, señorías. Yo lo vi, y lo viví.
Recuerdo con orgullo el trabajo de las ONG españolas, entre las cuales había ONG catalanas; viví con orgullo cómo llegaba la solidaridad del pueblo español, cómo España recibió y acogió a muchos refugiados de la guerra civil en la antigua Yugoslavia; cómo se volcó la población española en apoyar a la población bosnia, con el compromiso de la cooperación española y de cientos de Ayuntamientos, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por un socialista, por Pasqual Maragall, quien, precisamente reconstruyó la Biblioteca de Sarajevo.

Y trabajé codo con codo con ellos, y con el Ejército español al que, por su dedicación y en recuerdo a los soldados que murieron allí, dedicaron la plaza de España en la ciudad de Mostar. Una plaza cuyos muros estaban acribillados por las balas del odio nacionalista.
Años más tarde, Señorías, he vuelto a Bosnia en más de una ocasión. Y, desgraciadamente, la convivencia continúa siendo una asignatura pendiente. Por contra, la segregación étnica se respira en muchos de sus lugares, en muchos de sus rincones.
Si se tiene ocasión, además, de hablar con los bosnios, con los croatas o con los serbios, que también sufrieron las inclemencias y las consecuencias de la guerra civil, recuerdan con gratitud la solidaridad de España. Así que, no hace falta que lo cuenten. Yo lo vi y lo viví.
Por eso, Señorías, reivindicar, como reivindica el independentismo catalán la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas.
Como presidente del Gobierno, todas estas declaraciones tienen una sola respuesta: la vía para resolver nuestros problemas, es la vía constitucional. La vía de la Constitución española. La vía del diálogo dentro de la legalidad que nos hemos dado.

Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente: Contará con la respuesta firme, pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho.
No hace falta decir nada más. No hay que gesticular ni hablar más alto, para que se me entienda, queda recogido en el Acta de Sesiones mi compromiso y mi determinación.
Señorías, la razón de mi posición se basa en una misma convicción, y es que yo defiendo la España plural. Una España orgullosa de su diversidad territorial. Defiendo la Constitución española. También el Título VIII de la Constitución española. Yo creo en el autogobierno de nuestras autonomías, defiendo su mejora y su reforzamiento.
El centralismo, Señorías, es un error histórico, propio de las derechas que hoy, como ayer, por oportunismo, vuelven a caer en lo mismo; pero eso no es la historia de la izquierda española, ni tampoco la historia del liberalismo español.

La España autonómica ha traído democracia y progreso a territorios condenados durante siglos al ostracismo. Y, por tanto, este Gobierno no va a dar un paso atrás en los impulsos re centralizadores de las derechas españolas. Como tampoco, y quiero que esto quede claro, aceptaremos una nueva vulneración de nuestro orden constitucional y estatutario.
Autogobierno, Señorías, es convivencia. Y esto es lo que debemos preservar todos los responsables políticos. Lo he dicho una vez, dos veces, tres veces. No me cansaré de repetirlo, el problema en Cataluña no es la independencia, el problema en Cataluña es la convivencia.
Señorías, en mi primera comparecencia, ante ustedes, ante esta Cámara, como presidente del Gobierno, definí mi Gobierno, como un Gobierno feminista, como un Gobierno progresista, como un Gobierno ecologista y por encima de todo, como un Gobierno europeísta. Y lo hice porque soy consciente de que es en la arena europea y en la defensa internacional de un orden multilateral, que está siendo puesto en cuestión, donde España se juega buena manera, en buena medida, su presente y su futuro. La interdependencia de nuestras sociedades nos obliga a ello.

Es una visión opuesta a quienes defienden proyectos de segregación y aislamiento. Proyectos no sólo contrarios a la lógica de los tiempos, sino también al sentido común.
Tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por vías paralelas y con retóricas similares. En ambos casos se levanta un relato de agravios inventados y magnificados por la manipulación. En ambos casos se pretende forzar a la población a tomar decisiones con una decisión binaria. Se obliga a escoger entre ser europeo y ser británico. A ser español o a ser catalán, cuando hemos convivido con esas identidades y con otras muchas a lo largo de decenas, decenas de años.
En ambos casos, se culpabiliza a un tercero mientras se obvian las responsabilidades propias en los recortes en educación, en sanidad que erosionan la cohesión social y la confianza en las instituciones. En ambos casos, se demoniza al que discrepa, y se fuerza a la población a militar en campos enfrentados.

En ambos casos, se construye una ensoñación que, al chocar con la realidad, genera un enorme caudal de frustración que nadie quiere gestionar. Hoy, a la primera ministra británica, le van a hacer una moción de censura de seis a ocho, en el Parlamento británico. Y los que lo hacen, o huyen hacia adelante o huyen de sus responsabilidades.
Señorías, el pasado 25 de noviembre, el Consejo Europeo endosó -como se dice técnicamente en la jerga diplomática-, el Acuerdo de Retirada y aprobó la Declaración Política, que establece el marco de relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. Fue la culminación de casi un año y medio de negociaciones muy complejas, originadas por la decisión del Reino Unido de optar a salir de la Unión Europea, en junio del año 2016.
Una decisión, es evidente, de país, que respetamos. Pero que debe hacernos reflexionar sobre la irresponsabilidad de un gobernante, del primer ministro Cameron, que convirtió un problema de partido, del partido Tory, en un problema europeo y global.

Una decisión que, además, debe hacernos reflexionar sobre los peligros a los que se enfrenta la propia democracia cuando entra en juego, o entran en juego, elementos divisivos y de confrontación con un fin, que es la fractura política y social del país. Y siempre con el mismo patrón: la primacía de las emociones viscerales sobre la razón. Un escenario en el que lenguaje y sentimientos se manipulan, para armar una narrativa contraria a la lógica de los tiempos.
Lo hemos visto con el Brexit, y lo estamos viendo en Cataluña.

Quiero que tengan presente esa idea, Señorías: con el Brexit nos enfrentamos a un movimiento que avanza contra la historia y también contra la razón.
La razón ¿qué es lo que nos dicta? Nos dicta que desafíos globales exigen respuestas globales; exigen un proyecto común, más integración, más unión; siempre reconocimiento la diversidad identitaria de cada cual, pero más fraternidad y entendimiento para unir en lugar de dividir; para no ver la complejidad y la pluralidad como un problema, sino como una fuente de oportunidades y de riquezas de las sociedades.

Hoy, algunos quieren reducir esta complejidad enriquecedora a una simple elección entre opciones excluyentes, forzando a optar entre el mal y un mal mayor, acotando el espacio público a una elección entre alternativas definidas por aquello a lo que se oponen y nunca por lo que proponen. Aprovechan para ello las brechas abiertas de la desigualdad y de la frustración de una crisis económica y la respuesta equivocada de las políticas neoconservadoras que socializó pérdidas y privatizó ganancias.
También aquí hay un patrón común: los mismos que jalearon los recortes y la austeridad con políticas conservadoras, acusan a un tercero como excusa para alentar la separación. Brechas, en definitiva, para inventar un maltrato. Un maltrato magnificado con un solo propósito, que es el de polarizar, el de enfrentar a parte de la sociedad.
Lo hemos visto con el Brexit en el Reino Unido, Señorías, pero también aquí hemos sido testigos de este debate, alimentado por una sucesión de falacias, de ilusiones falsas y trampas dialécticas al servicio del mismo objetivo, y es negar el espacio para la moderación, para el entendimiento y para afirmar las opciones más radicales.
Cuanto peor, mejor, Señorías, se podría resumir.

El Brexit, en todo caso, tendrá consecuencias muy dolorosas, sea cual sea su resultado, para un país con el que España mantiene lazos estrechos.
Más de 300 compañías españolas operan en ese país, el 25% del total de los turistas que recibimos en nuestro país, año a año, son británicos. En el Reino Unido estudian nuestros hijos y nuestras hijas, muchos de ellos. Y España es el país de residencia de la mayor comunidad de ciudadanos británicos en el continente.
Fíjense, Señorías, hace dos semanas, el Banco de Inglaterra hizo público un informe demoledor sobre las consecuencias del Brexit. En él, Señorías, se advierte de que "la retirada de la Unión Europea ha tenido ya consecuencias para la economía británica", disminuyendo el crecimiento de la productividad, depreciando la libra, incrementando la inflación, y rebajando, en consecuencia, el crecimiento salarial real de los trabajadores y trabajadoras.
Ese es el presente, ese es el ahora.

Las predicciones de futuro, a partir de los múltiples escenarios aún abiertos, son todavía más dramáticas, más demoledores. Tomando como referencia mayo de 2016 -el momento previo a la celebración del referéndum-, las previsiones oscilan en un retroceso del Producto Interior Bruto de entre el 1,25% y el 8,25%, dependiendo de un escenario de cooperación estrecha, es decir, con acuerdo, con una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, o con una aplicación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y, en consecuencia, sin acuerdo y de manera desordenada.
La traducción de estos números -lo dice el Banco de Inglaterra-, en términos de paro y de inflación implican, de hecho, hablar de una recesión económica aún mayor que la sufrida en 2008 en el caso de una salida desordenada y sin acuerdo.

Creo que con estas cifras, que publicó el Banco de Inglaterra, queda aún más claro y hace aún más real, aquellas advertencias que se hicieron también a los independentistas catalanes por parte de organismo públicos y organismos privados, donde se alertaba de las consecuencias económicas que podría tener la independencia de Cataluña de España y de la Unión Europea. Con una caída del Producto Interior Bruto en Cataluña de entre el 3,52% y el 17,6% del Producto Interior Bruto. Con una destrucción de puestos de trabajo que podría superar el que la tasa de desempleo en Cataluña llegara al 34%, y con unos efectos sobre la incapacidad para poder proveer recursos financieros a los servicios públicos y la quiebra de la Seguridad Social, y, por tanto, de los pensionistas.

Pero volvamos al Reino Unido. Ante estas cifras, Señorías, que publicó el Banco de Inglaterra, ¿qué se le puede decir a las empresas británicas, cuando la incertidumbre les impide hacer planes de crecimiento? ¿Qué se les dice a los trabajadores que van a sufrir una merma real -no inventada, real-, de su poder adquisitivo por el incremento de los precios y el coste de la vida? ¿Qué se le puede decir a los jóvenes de un país, que han crecido, Señorías, sin saber lo que era una frontera, cuando ahora tienen que volver a oír hablar de conceptos como las aduanas y como los visados? Pero da igual, "Reino Unido está harto de los expertos," sostenía el líder de la campaña del Brexit, Michael Gove. Como si las cifras y los hechos ya no importaran. Como si la repetición de una falsedad un millón de veces fuera a convertirla en una realidad.Estamos hablando del empobrecimiento de millones y millones de personas. De un impacto real sobre sus vidas reales, y no de una mera estadística.

Señoras y señores diputados, es preciso recordar que el Brexit arranca sobre una grotesca campaña de mentiras y de desinformación sin precedentes. Mentiras, por ejemplo, se acordarán, Señorías, como los 350 millones de libras semanales que iba a recibir de vuelta el Reino Unido para financiar -decían ellos- su sistema público de salud con la salida de la Unión Europea. Hoy, los británicos -dos años después-, saben que el problema no estaba en Bruselas (nunca estuvo en Bruselas) sino en los recortes impuestos por los gobiernos conservadores durante años. Por cierto, otros también inventaron balanzas fiscales y agravios para justificar 16.000 millones de euros de expolio imaginario.
Mentiras también, como las que ilustraban la imagen -no sé si se acuerdan-, de una caravana de refugiados sirios en otro país que no era el Reino Unido, una imagen denigrante, usada como fondo de mentiras, en primer plano, el ultraderechista Nigel Farage donde se lanzaban mensajes xenófobos. Mentiras, como la supuesta e inminente entrada de Turquía en la Unión Europea, con el fin de movilizar sentimientos islamófobos. Mentiras, Señorías, como la supuesta inmediatez instantánea con la que se iba a firmar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo que reducía el impacto súbito de la salida automática. Mentiras como la idea de que la permanencia en el mercado único era compatible con limitar la libre circulación de ciudadanos; o como decían ellos, con "tomar el control de las fronteras".

Mentiras, en definitiva, que hemos visto reproducidas casi en su literalidad aquí, en España, cuando estamos hablando de Cataluña.
El independentismo ha seguido el mismo patrón de engaños y de exaltación de las emociones que sus compañeros de viaje británicos. Y como resultado, ha conseguido crispar y dividir a la sociedad catalana, y también a la sociedad española.

Mentiras como la afirmación, por ejemplo, según la cual, al día siguiente de suspender la Declaración Unilateral de Independencia, nos decían los dirigentes independentistas, se habían puesto en marcha iniciativas de mediación internacional, ¿se acuerdan? De nada sirvió que tres días después el presidente de la Comisión Europea dejara claro que no había posibilidad de hablar de tal escenario.

Mentiras como la que afirmaba que se emprendería el camino de la independencia "de la ley a la ley, con seny", con sentido común, en catalán. Difícil de cuadrar esa afirmación con la flagrante quiebra de la legalidad estatutaria en Cataluña en septiembre del año 2017.

Desde unas balanzas fiscales falsas, hasta una supuesta facilidad con la que entrarían en Europa pasando por el alud de inversión empresarial que llegaría, el discurso de los líderes independentistas ha consistido en inflar las supuestas ventajas de esa independencia y en ocultar el sufrimiento de los catalanes. Y si había costes, que lo pagaran otros.
Y esto no es una suposición. Ya hemos visto cómo algunos lo han hecho eludiendo sus responsabilidades. Cómo ha sucedido, también, con los partidarios del Brexit, donde uno a uno han ido dimitiendo para eludir hacerse cargo de la gestión de la ruptura y también de los costes.

Decía Isaiah Berlin que "en política no hay nada más perverso que sostener unas pocas ideas simples como claves universales". Esa es la principal lección que podemos extraer del Brexit. Pero, también, de todos y cada uno de los procesos que se construyen sobre mentiras para dividir y para enfrentar, con la complicidad de medios sin escrúpulos a la hora de extender falsedades. También, por supuesto, el proceso independentista catalán.

Aquí y allí, hemos asistido a la exaltación de un puñado de tópicos, revestidos de nostalgia por un pasado que ya no puede volver. Y siempre al servicio de la retórica del "nosotros frente al ellos".
Nada mejor, por cierto, que un referéndum para lograr el objetivo de partir en dos una sociedad. Una herramienta que algunos quisieron importar tocando de oído. Con analogías tramposas, ignorando, por ejemplo, que el referéndum escocés al que tanto se alude, por parte del independentismo catalán, nace de un Tratado Internacional de hace más de tres siglos entre Escocia y el Reino Unido.
O manteniendo viva la expectativa de la repetición, si el resultado no es del agrado, tantas veces como sea necesario, repetir ese referéndum. Está pasando en Escocia, donde ya se está pidiendo un segundo referéndum. Está pasando también en el Reino Unido, donde también se está planteando un segundo referéndum, en relación con aquellos que perdieron esa votación.
Y las consecuencias de todo este proceso son de sobra conocidas. Las estamos viendo ahora mismo en vivo y en directo: incertidumbre económica e inestabilidad; frustración y división social; y en el Reino Unido una crisis constitucional sin precedentes.
Lejos de cohesionar el país, lo ha dividido por muchos años. Las costuras de Reino Unido han saltado por Irlanda del Norte, donde se ven peligrar los acuerdos del Viernes Santo. Por Escocia, sin que se adivinen soluciones duraderas. Y la división, a mi juicio, más grande y más grave, la división entre generaciones, Señorías. Con cientos de miles de jóvenes que marchan a favor del "remain", frustrados por ver cómo la irresponsabilidad política aumenta aún más su futuro ya de por sí incierto para esos jóvenes británicos.
Señorías, la fortaleza de una democracia no nace de la posición de dominio absoluto de una minoría mayoritaria sobre el resto de las opciones. La fortaleza de una democracia vive en la capacidad de integrar soluciones, de alcanzar consensos, de explorar el territorio del acuerdo. Porque en ese territorio, en el territorio del acuerdo, reside la voluntad de la inmensa mayoría de la población.

De reconciliar en la convivencia frente a los que necesitan de la confrontación, sacan provecho de ella o engañan sobre las consecuencias de sus aventuras políticas.
Como saben, el Parlamento británico aplazó antes de ayer la votación del Acuerdo de Retirada del Consejo Extraordinario del pasado 25 de noviembre. Es una decisión que, ya les adelanto, no va a cambiar la posición española ni tampoco la posición europea. Así lo ha hecho saber la propia Comisión Europea, el propio Consejo Europeo, cuyas valoraciones, lógicamente, hacemos nuestras. Este Acuerdo era y sigue siendo el único posible y no cabe negociar otro; no cabe hacer ningún tipo de renegociación.
Corresponde, por lo tanto, al Reino Unido determinar qué decisión tomar; más aún a la vista de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo del pasado 10 de diciembre, por el cual se reconoce el derecho del Reino Unido de desistir del proceso iniciado con la activación del artículo 50.
Sea cual sea, el escenario al que nos enfrentemos, lo que sí les puedo garantizar a Sus Señorías, es que el Gobierno de España ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que, en caso de no aprobación del Acuerdo de Retirada, el impacto sobre España y sus ciudadanos sea el menor posible.
Señorías, me gustaría explicar algunos de los elementos de este Acuerdo que son importantes para todos ustedes. Este Acuerdo garantiza una salida ordenada del Reino Unido que minimice el impacto del Brexit sobre ciudadanos y actores económicos. Se han alcanzado en él prácticamente todos los objetivos fijados al inicio de la negociación.
El primero de ellos, y el más importante para el Gobierno de España, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido , donde tenemos más de 300.000 ciudadanos y ciudadanas, y viceversa. Esta, como he dicho, ha sido una de las principales prioridades del Gobierno de España.
Para garantizar estos derechos, el Acuerdo tiene primacía sobre el derecho interno de ambas partes, y tiene también un efecto directo. Es decir, será directamente aplicable por los tribunales europeos y por los tribunales británicos.

En resumen, y creo que este es el mensaje político de fondo, porque hay muchas familias que tienen a sus hijos y a sus hijas en el Reino Unido viviendo, trabajando: los ciudadanos europeos y británicos verán protegidos sus derechos gracias a este Acuerdo. También se garantiza, en materia de mercados y servicios, la libre circulación de los bienes comercializados tras el final del período transitorio. En cooperación judicial y policial, el Acuerdo prevé que 12 instrumentos jurídicos, como el Tratado de Asistencia Mutua en materia criminal, la orden europea de detención y entrega o la orden europea de investigación, sigan aplicándose hasta el final del período transitorio. El Reino Unido también seguirá participando en los Equipos Conjuntos de Investigación ya existentes.

También, como saben ustedes, el Acuerdo incluye un periodo transitorio, previsto hasta el 31 de diciembre de 2020. Y este período permitirá esencialmente al Reino Unido, pero igualmente a los 27 Estados Miembros, de la Unión Europea, adaptarnos a la nueva realidad, si es que se produce. Durante el mismo, la legislación y el acervo comunitario seguirán aplicándose al Reino Unido, aunque ya no forme parte de las instituciones. Este también es un tema importante del Acuerdo.
El Reino Unido también seguirá haciendo frente a las obligaciones financieras como si fuera un Estado Miembro.

El sector manufacturero, el sector pesquero, los exportadores de frutas y hortalizas, así como el sector industrial de nuestro país, encontrarán también en el Acuerdo de Retirada un marco adecuado para continuar su actividad exportadora. También es positivo para nuestras empresas con mayor actividad inversora, también para nuestros servicios financieros, y por supuesto para un sector vital para nuestra economía, como es el sector turístico.

El Reino Unido dejará el Mercado Interior; pero este Acuerdo tiene los elementos necesarios para que la intensidad de nuestra relación económica se mantenga, con unas reglas de juego, a mi juicio, equilibradas y equitativas.
Además, del Acuerdo de Retirada, el Consejo Europeo del pasado 25 de noviembre aprobó una Declaración Política, que enmarca la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. Este texto subraya, además, con claridad, los principios y líneas rojas de la Unión Europea, que es, en primer lugar, el respeto a su autonomía de decisión. En segundo lugar, la defensa de la integridad de nuestro Mercado Interior y, en tercer lugar, la defensa de las cuatro libertades que definen el proyecto europeo: la circulación de bienes, de servicios, de capitales y sobre todo, y ante todo, de personas.
Señorías, este es el Acuerdo de Retirada y no vamos a volver a negociar otro como he dicho antes. Lo que no se ha hecho en este año y medio largo de negociaciones muy complejas, no se va a conseguir en tres meses.

El Anexo al Acuerdo de Retirada, la Declaración Política establece como objetivo la búsqueda de una relación intensa, equilibrada en derechos y obligaciones para el futuro, y esta relación incluirá un área de libre comercio y cooperación sectorial.
Sí quisiera detenerme, porque ha sido objeto de debate, la cuestión de Gibraltar. La teoría, como saben, del Gobierno de España en relación con Gibraltar siempre ha sido la misma. Ofrecer tranquilidad y seguridad a la población del Campo de Gibraltar. Esta es una prioridad absoluta para atender los desafíos a los que se enfrenta la población de una comarca muy castigada por su situación económica. Saben ustedes que el Gobierno ha aprobado un Plan Especial de desarrollo del Plan del Campo de Gibraltar, y nuestra voluntad es de llegar a acuerdo en todos los ámbitos para permitir el desarrollo económico de la zona, en términos de empleo y en términos también de bienestar.
Este debate, Señorías, en nada afecta a la posición que siempre ha defendido España en relación a la soberanía de Gibraltar. Pero no podemos caer en la tentación de hipotecar el presente ni proyectar incertidumbres sobre la vida cotidiana de miles de personas que viven y trabajan en la zona.
La reivindicación de la plena soberanía sobre Gibraltar es perfectamente compatible con la búsqueda de acuerdos de todo tipo -económicos, sociales, financieros, fiscales o militares en el marco de la Alianza Atlántica-, para evitar que la población sufra las consecuencias de un 'no' acuerdo.
Quiero, por tanto, trasladar, en primer lugar, un mensaje de confianza y de certidumbre a la población de la zona. Son la prioridad absoluta de este Gobierno.
Nuestro país ha conseguido con creces los objetivos que se propuso al inicio de la negociación, ahí queda recogido en la prensa británica, y así se ha reconocido, también por parte de los líderes europeos.

Voy a citar, simplemente las palabras del ministro de Exteriores alemán, que dijo textualmente: "El de Gibraltar es un documento jurídicamente vinculante. Así que para el Gobierno alemán este tema queda zanjado. No conozco en la UE a nadie que tenga otra interpretación. Abro paréntesis, se ve que no ha escuchado la posición de este país. Es un acuerdo vinculante -continúa el ministro de Exteriores. y todos lo van a respetar. Cierro comillas. De igual forma, se han expresado el presidente del Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo. Ayer mismo lo hizo el Director de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. Esperemos que la oposición en este asunto, reconozca el acierto del Gobierno de España, aunque sea por una vez.

Hemos negociado, señorías, un Protocolo bilateralmente, que se aplicará solamente hasta el final de dicho período. Y a partir de entonces, regirá para Gibraltar lo que se haya negociado sobre la relación futura. Y la misma, señoras y señores diputados, dependerá del consentimiento de España.
Que quede bien claro: el artículo 184 no incluye a Gibraltar en el ámbito territorial de la relación futura.
Y además, esto es muy importante, hemos obtenido una Declaración política del Consejo Europeo y de la Comisión exclusiva, sobre el sobre el ámbito territorial de las negociaciones sobre la relación futura.

En primer lugar, se exige el acuerdo previo de España para la negociación de cualquier acuerdo de la Unión Europea que se aplique a Gibraltar.
En segundo lugar, se excluye a Gibraltar de la negociación general entre la UE y el Reino Unido. Los acuerdos que afecten a Gibraltar, si los hubiere, serán objeto de acuerdos separados y deberán contar, como ya se ha dicho ya, con el consentimiento de España.

La posición negociadora de España, por tanto, en consecuencia, se ve, de esta manera, sustancialmente reforzada respecto a épocas pasadas.

Por último, quiero destacar un hecho, a mi juicio, muy relevante, dado el contexto y la coyuntura actual: En el caso en que Reino Unido no ratificara el Acuerdo de Retirada, la Declaración del Consejo Europeo y también de la Comisión Europea seguirán en vigor. No decae, sí lo hace el Acuerdo de Retirada o la Declaración Política, pero no el Acuerdo al que hemos llegado en relación con Gibraltar y el apoyo de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

Hemos definido, en consecuencia, el marco para las relaciones de la Unión Europea con Gibraltar para las próximas décadas. Y tengan la certeza, Señorías, que esas relaciones pasan por España, por mucho que algunos quieran alimentar con noticias falsas, y exageraciones un debate que debiera estar más allá de los intereses partidistas, como hemos hecho nosotros cuando llegamos al Gobierno.

Señoras y señores diputados,
Como les decía, el pasado lunes conocimos la decisión del Parlamento británico de suspender la votación del Acuerdo de Retirada. Y ante este escenario, quiero lanzar también desde esta tribuna un mensaje de tranquilidad., como hice en la última comparecencia, a propósito del Consejo Europeo. El Gobierno ha trabajado en todos los escenarios posibles del Brexit, con independencia de los términos en que se concrete, ordenada o desordenada se produzca.
Vamos a seguir colaborando estrechamente con la Comisión Europea, como estamos haciendo, con el Consejo Europeo, como lo estamos haciendo, y con los demás Estados miembros para proteger nuestros intereses en caso de una salida no acordada.
Por otro lado, el Gobierno ha trabajado a nivel nacional para identificar los potenciales efectos de un Brexit sin acuerdo en todos los ámbitos, con el fin de articular planes de contingencia para salvaguardar nuestros intereses.

Y, por último, quiero reiterar el llamamiento que ya hice ante esta Cámara el pasado mes de octubre, a que las empresas que operan en el Reino Unido desarrollen planes de contingencia y de adaptación para reducir el impacto de la salida del Reino Unido; sea cual sea el escenario que finalmente se produzca a partir del 29 de marzo del próximo año.

Señorías,

He detallado el contenido esencial de un Acuerdo que se ha fraguado a lo largo de meses de duro trabajo. Un Acuerdo sobre el que ahora se ciernen nuevos interrogantes, a la luz de la decisión del Gobierno británico de no someter votación los términos de un documento que, insisto, no va a cambiar de tenor, como consecuencia del cambio del posicionamiento del Parlamento británico, del Gobierno británico.
Y quiero llamar su atención sobre una lección adicional que todos debemos extraer en este escenario: es el inmenso caudal de tiempo, de esfuerzo, de recursos, que hemos perdido por el camino con el Brexit.
Tiempo, esfuerzo, recursos muy necesarios para hacer avanzar en el diseño de futuro a la Unión Europea.
Para cerrar las brechas sociales y de confianza, abiertas por culpa de la recesión. Para debatir sobre un camino de regeneración y de unión en torno a un proyecto llamado Europa, y con el que España va a estar hoy y siempre, comprometida.

Tenemos ocasión de mostrar ese compromiso desde mañana mismo, en el Consejo Europeo, que se va a celebrar en Bruselas, en el que trataremos asuntos muy relevantes para el futuro de la Unión Europea.

En primer lugar, y esto es fundamental, porque estamos hablando de la PAC, estamos hablando de las políticas de cohesión, el Marco Financiero Plurianual, las perspectivas financieras para el año 2021-2027, o para dos años.

Quiero decirles que la posición del Gobierno de España que ese Marco Financiero Plurianual sea aprobado antes de las elecciones europeas, de mayo de 2019.
Y hoy quiero reiterar, también ante esta Cámara, la Cámara el compromiso del Gobierno de España con una financiación adecuada y suficiente en el próximo periodo financiero.
En segundo lugar, también se va a debatir sobre cómo completar y adaptar el Mercado Único a la nueva economía digital, teniendo en cuenta además otras políticas como la industrial, la de medio ambiente o la innovación.
También vamos a abordar cuestiones relacionadas con política migratoria. Y, Señorías, quiero reafirmar en este punto el compromiso del Gobierno de España con un apoyo estable de la Unión Europea a Marruecos en el medio y el largo plazo.
Representa una auténtica prioridad, como saben ustedes -lo he dicho en multitud de ocasiones- de primer orden para nuestro país, para poder abordar con éxito la política migratoria en nuestro país, también en el país vecino.

Una cuestión importante, que el Consejo Europeo también va a hablar de cambio climático. Saben ustedes que el pasado 3 de diciembre tuvo lugar la reunión de la COP24 en la ciudad polaca de Katowice. Y el Consejo debe implicarse en la propuesta de estrategia climática a largo plazo con vistas a lograr ya un acuerdo en el primer semestre del año próximo.
Y tras el Consejo tendrá lugar la Cumbre del Euro. Debatiremos las propuestas de reforma para la eurozona, en las que España va a trasladar una convicción, y es que estas medidas que vamos a respaldar a lo largo de los próximos dos días, van en la dirección correcta, pero resultan insuficientes para el Gobierno de España.
Es necesaria una mayor ambición; es necesaria fortalecer nuestra arquitectura institucional frente a futuras crisis, y sobre todo, en algo fundamental para este gobierno, que es el ámbito social.
Un área monetaria que no disponga de un instrumento de estabilización va a permanecer siempre inacabada: esto es lo que hemos defendido en todos los Consejos. Por eso, hay que avanzar, de manera decidida, hacia un presupuesto común que promueva la convergencia, la competitividad. Necesitamos herramientas, en definitiva, que garanticen que el nivel de inversiones se mantenga durante las crisis económicas.

Y avanzar, y esta es una de las propuestas que estamos deliberando en el seno del Consejo Europeo, Señorías, en un seguro de desempleo común que complemente los actuales sistemas nacionales.
Se trata, en definitiva, de fortalecer políticamente el proyecto europeo; de combatir la desafección ciudadana relegitimando los mecanismos de solidaridad.
A mayor solidaridad real, Señorías, menor espacio para los discursos basados en el odio.
A mayor Europa social, menor espacio para las retóricas contrarias a los valores europeos.
Esta es la posición que defenderá el gobierno en un Consejo Europeo que debe servir para mirar al futuro.
Para dedicar todas las energías; todos los esfuerzos a pensar la Europa de la próxima década; un proyecto en el que España siempre tendrá vocación protagonista para unir y para avanzar. Nunca para dividir ni retroceder en sentido contrario a la lógica de la historia.
Señoras y señores diputados, se ha aludido a lo largo de mi exposición a dos ideas con las que quiero enmarcar el proyecto de regeneración política que impulsa el gobierno: transformación y unión.

Quiero tener muy presentes ambas ideas al abordar la situación política en Cataluña en este punto de mi intervención.
Señorías, quiero partir de una convicción previa.

Estoy plenamente convencido de que la mayoría de la sociedad catalana rechaza el unilateralismo y ansía el encuentro y la convivencia.
Lo dicen todos los estudios de opinión, que sitúan a la mayoría de la ciudadanía en el camino del diálogo y la mejora del autogobierno.
Pero, más aún, señorías. Lo dicta la sensatez; el espacio de moderación en el que se ubica la mayor parte de la sociedad catalana y la sociedad española que demanda soluciones desde la política, y no el enconamiento de las posiciones.

Y, en ese espacio nos van a encontrar al Gobierno de España, en el de la moderación y en el de la España sensata que en Cataluña quiere "recuperar el sentido común".
Como ya he dicho, el Ejecutivo defiende el autogobierno en toda España que consagra nuestra Constitución. Y lo hace frente a quienes se apuntan a una retórica recentralizadora que reproduce errores del pasado, y no conduce más que al fracaso.
Con el Brexit pudimos comprobar hasta qué punto fuerzas políticas marginales podían condicionar el discurso del partido Tory, hoy sumido en el desconcierto.

Al principio de mi intervención les dije que la situación de Cataluña exige del fortalecimiento de nuestro proyecto común, de España. Yo creo que para combatir el independentismo, para combatir esas pulsiones de fragmentación territorial, lo que tenemos que hacer es articular un proyecto común, un proyecto de regeneración en nuestro país.
Una España plural, que se reconoce en su diversidad, que defiende la igualdad entre sus ciudadanos. Fortalecer ese proyecto común pasa por poner en marcha un proyecto de regeneración moral y política, de modernización económica y cohesión social.
En primer lugar, regeneración moral, y la consiguiente reivindicación de ejemplaridad, vino de la mano de una moción de censura que sacó del barro de la corrupción la noble tarea de lo público.
En segundo lugar, una regeneración política, que continuó con el levantamiento del veto que la anterior mayoría parlamentaria infligía a la Cámara. Gracias a ello, hay en tramitación parlamentaria proyectos de ley de fuerte calado social en materia de derechos y libertades, y dignidad laboral.
Junto a ello, el cumplimiento de las resoluciones de la Cámara, como lo es la exhumación del dictador, y las reformas constitucionales para limitar los aforamientos y la nueva definición del artículo 49, que una justa demanda del colectivo de personas con discapacidad.
En tercer lugar, modernización económica. Un proyecto que pasa por revertir elementos lesivos de la reforma laboral, como el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sea reformado en el Congreso a la mayor brevedad posible.

Aprobar un plan de empleo joven que movilizará 2.000 millones de euros en los próximos tres años para reducir en 10 puntos la tasa de paro juvenil. Impulsar el Plan director por el empleo digno, que ha sacado de la explotación laboral a miles de falsos autónomos.
La transposición de directivas abandonadas por la anterior administración. La creación de la autoridad macroprudencial y la institución defensora del cliente financiero. El impulso a la industria, con la activación de agendas industriales en múltiples sectores.
La aprobación del Estatuto del Artista. Una transición energética justa con las personas y los territorios.
Una modernización, Señorías, que pasa también por el combate y adaptación al cambio climático con la ley que aprobaremos antes de finalizar el año.
También, igualdad laboral entre hombres y mujeres, que debería ser tramitada con celeridad por esta Cámara. Por nuestro compromiso con la cohesión territorial y las infraestructuras. Por la defensa en Bruselas de nuestro sector agrario, ganadero y pesquero. Por el compromiso con la PAC y los fondos de cohesión. Por la apuesta por la Ciencia y la Investigación como multiplicadores de la productividad de nuestra economía…
Muchas de estas medidas ya están en marcha. Otras se enmarcan en la alternativa presupuestaria que presentará el gobierno el próximo mes de enero y en la agenda del cambio que también presentaremos durante los próximos meses. Y todo ello con el compromiso firme del Gobierno de España de consolidar fiscalmente nuestras Cuentas Públicas.
Les hablé de regeneración moral y política, y la modernización de nuestra economía; objetivos que sólo podemos alcanzar, desde la cohesión social. España puede y debe crecer redistribuyendo mejor los frutos del crecimiento. Por eso aprobaremos la subida del Salario Mínimo. Por eso, hemos aprobado la extensión del bono social energético.
Esa la razón por la que hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública y revertimos los recortes educativos. O también derechos perdidos, como la prestación por incapacidad temporal de los empleados públicos.
Por eso hemos eliminado discriminaciones injustificables para colectivos con diabetes, VIH o celiaquía para el acceso al empleo público.
Por eso hemos recuperado el derecho de las mujeres solas a la inseminación en la cartera de servicios de la sanidad pública. Es la cohesión social la que nos lleva a blindar la revalorización de las pensiones.
O a querer aprobar una ley de lucha contra la violencia que sufren los menores. Por eso hemos impulsado con decisión y recursos el pacto de estado contra la violencia de género.
Señorías, en este punto quiero ser muy franco y muy determinado, sobre todo con aquellas fuerzas políticas que están pactando con la ultraderecha. El camino de la igualdad entre mujeres y hombres es irreversible.
Que lo tengan claro los nostálgicos de un tiempo al que este país ha pasado página. La involución no es una opción para este gobierno.
Hay quienes ensanchan o reducen sus márgenes ideológicos en función del contexto y la negociación.
En nuestro caso, lo digo alto y claro: Vamos a seguir avanzando en derechos de las mujeres, vamos a defender a quienes padecen algún tipo de exclusión y luchar contra las amenazas recentralizadoras que están defendiendo el Partido Popular y Ciudadanos.
El Gobierno, Señorías, gobierna. Mira al futuro y encara el presente con paso firme. Desde un proyecto de regeneración política y moral, la modernización de nuestra economía y la cohesión social.

Estamos sentando las bases de la gran transformación que necesita España para ganar una década, en este cambio de época en el que vivimos. Esa es la filosofía del proyecto de presupuestos para 2019.
Un proyecto que se levanta sobre cinco ejes: (uno) educación, ciencia y cultura, (dos) el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar, y en consecuencia, abrir un debate sobre la fiscalidad en nuestro país, (tres) el mercado de trabajo y el impulso empresarial, (cuatro) el medio ambiente y la transición energética y (cinco) la regeneración de nuestras instituciones con la cohesión territorial, como pilar fundamental.
Esa es la hoja de ruta de un Gobierno que avanza y apela a la sensatez para superar retos que requieren, por encima de todo, de convicciones, sentido común y responsabilidad por parte de todos.

Y esa una tarea compartida que depende no solamente del Gobierno, pero también de los grupos parlamentarios y de las comunidades autónomas.
El debate territorial en lo referente a Cataluña, el gobierno parte de dos certezas:
Primero, lo he dicho antes. Lo que está en juego es la convivencia; no la independencia. El independentismo como tal es un proyecto que va contra la historia, que se sitúa fuera del proyecto europeo, y que no cuenta -subrayo- no cuenta con una mayoría social de catalanes y de catalanas.

Segundo. La solución (lo dije desde el primer minuto) exige tiempo, dialogo y lealtad. Diálogo, primero entre catalanes. Las fuerzas parlamentarias catalanas deben forjar un nuevo acuerdo, dentro del marco constitucional, que represente a esos 2/3 de las fuerzas de los grupos parlamentarios, que se necesita en el Parlamento de Cataluña para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso ustedes no lo tienen en el Parlamento de Cataluña.

Por tanto, lo primero que tienen que hacer las fuerzas independentistas es reconocer la parte no nacionalista de Cataluña y empezar a forjar un gran acuerdo entre catalanes, da igual que sean nacionalistas o no nacionalistas. Esto es algo …
Por tanto, diálogo, primero entre catalanes y lealtad. Lealtad de la oposición con el Gobierno de España. Yo no pido más señor Rivera, señor Casado, que la misma lealtad que tuve yo como líder de la oposición el Gobierno.
Y lealtad entre Administraciones: algo que, por desgracia, no se construye con declaraciones que se sitúan fuera de toda lógica y apelan a la violencia, como hemos escuchado a algún dirigente de la Generalitat de Cataluña.

Que conste en Acta, por tanto: tiempo, diálogo y lealtad. El Gobierno apuesta por el dialogo y la convivencia, y no por poner en riesgo la convivencia.

Señorías,
La línea más corta entre dos puntos siempre será el acuerdo. Con esa premisa hemos abordado la constitución de comisiones bilaterales Estado-Generalitat, inactivas desde 2011.
Hemos reducido la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional; hemos alentado el regreso de Cataluña a foros como la Comisión Técnica de Financiación para hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Hemos alcanzado acuerdos sobre financiación de servicios públicos, inversiones pendientes e infraestructuras estratégicas para los próximos ejercicios, en tan sólo seis meses.
De acuerdos con impacto real en la economía real de Cataluña, como el Corredor Mediterráneo, la estación de La Sagrera o el Plan de Rodalies.
Esta es la vía que quiere seguir transitando el Gobierno de España en relación con Cataluña.

Esa vía tiene continuidad en la aprobación de unos Presupuestos que representan un proyecto de modernización y de futuro para nuestra sociedad.
Un proyecto para acometer las grandes transformaciones que necesita nuestra economía y recuperar la cohesión social después de años de bloqueo, de desidia y de parálisis.
No quiero cuantificar algunas de las medidas que incluye en términos abstractos. Quiero hacerlo en términos mucho más cercanos. Apelando a personas más que a territorios. Sobre todo, en este caso, apelando a la sociedad catalana, porque miren: La revalorización de las pensiones de un millón y medio de pensionistas catalanes. La subida de pensiones mínimas y no contributivas para más de 300.000 catalanes y catalanas. Recuperación del subsidio por desempleo para más de 20.000 catalanes mayores de 52 años. Permisos de paternidad extendidos de 5 a 8 semanas para 36.000 catalanas y catalanes.

Esta, Señorías, es la senda del diálogo, de la convivencia que quiere transitar el Gobierno de España: La que permite que nos encontremos en un proyecto para construir, para transformar España y, con ella, transformar Cataluña.

Rechazar, en consecuencia, este proyecto es imposibilitar cerrar la brecha social que todavía, hoy, se deja sentir en gran parte de la sociedad catalana y la sociedad española
Rechazar el diálogo supone relegar a la ciudadanía. Negar la realidad de la mejora de la calidad de vida a cambio de perseguir una quimera que terminará, se lo garantizo, en una nueva frustración.

Señorías,
Lo único que pido es que miremos fuera. Aprendamos de los errores de otras sociedades. Extraigamos las lecciones y actuemos en consecuencia.
Los políticos no estamos al servicio de los extremos, sino de la amplia mayoría de ciudadanos que se sitúan en las coordenadas de la moderación, la seguridad y el bienestar social.
El Brexit ofrece lecciones de las que conviene aprender para confrontar a quienes hacen de la división su única alternativa. La lección más importante de todas: la necesidad de fortalecer nuestra democracia frente a la mentira, los hechos alternativos y la negación de la realidad y sus consecuencias reales sobre la gente.
Precisamente, uno de los aspectos más relevantes a tratar en este Consejo -del día de mañana- es el relacionado con la amenaza que representan los mecanismos de desinformación para nuestra democracia. Algo que ha estado muy presente en el Brexit.

Si humanizamos la pérdida, si somos capaces de ver la dimensión humana de la división y de la fractura, es más fácil que nos encontremos en la primacía de la razón frente a la visceralidad.

En el caso del Brexit, como en el de quienes preconizan el desgarro interno en Cataluña, no hay ganadores. Todos son perdedores. Sobre todo, los más humildes. También los más jóvenes. Conviene tener en cuenta esa lección.

El primer deber de un gobernante es cuidar y garantizar la paz social. La convivencia.

Ningún proyecto político democrático merece poner en peligro nada ni a nadie. Ni mucho menos la vida de personas ajenas.
En todas sociedades, Señorías, existen crisis y conflictos. Para resolverlos, hay una única vía posible: la vía constitucional. La vía del Estatuto de Cataluña. La vía de la convivencia y el reconocimiento de identidades plurales construidas tras siglos de vivir juntos.

Así que allí nos van a encontrar, siempre. Jamás en el camino del odio y la irresponsabilidad.

Partimos de un legado común al que quiero apelar una vez más. Advertía Manuel Azaña que es responsabilidad de la política no condenar a cada generación a inventar el fuego abrasándose las manos. A mantener la sensatez; para evitar la tentación de creer que la historia empieza en uno mismo y que todo lo que nos precede ha sido y es un error.
La Unión Europea es una historia de éxito de más de 60 años. Una historia que trascenderá los desaciertos en la gestión de un momento dramático, como la crisis económica, y cuyas consecuencias ((el Brexit entre ellas)) aún pagamos.

Del mismo modo, el proyecto colectivo de una España plural, que suma identidades desde una diversidad única que nos enriquece, superará -a mí no me cabe dudas- esta hora con las enseñanzas de un trayecto compartido. Un camino que nadie tiene el derecho a borrar, desde el adanismo de creer que la historia comienza con nosotros, aquí y ahora.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)