Respuestas del presidente del Gobierno en la sesión de control parlamentario

Senado

Respuesta del presidente del Gobierno en a la pregunta formulada por don Vicente Álvarez Areces, del Grupo Parlamentario Socialista

Sr. Álvarez Areces.- Señor Presidente, en la reciente Conferencia de Presidentes celebrada aquí, en el Senado, en el mes de enero, se alcanzó un acuerdo para orientar las políticas activas de empleo destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y también hacer efectiva la Garantía Juvenil que tenemos aquí, en España. Digo "efectiva" la implantación de la Garantía Juvenil porque, hasta el momento, el Sistema de Garantía Juvenil, que tiene su origen en el Consejo Europeo del 22 de abril del año 2013, ha tenido resultados muy escasos.

El Real Decreto Ley 8/2014, que pretendía acoger esas medidas, adolecía de muchos defectos; defectos que se pusieron de manifiesto a través de la intervención de la comisaria de Empleo, la señora Marianne Thyssen, en la que puso sobre la mesa unos datos muy decepcionantes para España: apenas el 10,7 por 100 de los posibles beneficiarios de ese colectivo de casi un millón de "ninis", de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Solamente se había conseguido un reducido porcentaje, mientras que el promedio en Europa alcanzaba el 42 por 100.

Ha habido muchos errores, como, por ejemplo, el crear bases de datos paralelas en nuestro sistema ajenas a los sistemas públicos de empleo, a los que están implantados en las Comunidades Autónomas. Ha habido errores también de poner demasiadas restricciones, algunas específicas de nuestro país: dar poca información, cuestionarios muy engorrosos…; y también algunas otras cuestiones relativas a la manera en dónde se implementaba específicamente el Sistema. Eso provocó que en la Conferencia Sectorial del pasado mes de diciembre las Comunidades Autónomas reivindicasen cambios muy sustantivos, que, efectivamente, se trasladaron al nuevo Real Decreto Ley del mes de diciembre de 2016.

Yo le pregunto a usted: ¿qué medidas piensa poner en marcha su Gobierno para cumplir ese acuerdo de la Conferencia de Presidentes y hacer efectiva la implantación de la Garantía Juvenil en España?

Presidente.- Señor Álvarez Areces, la creación de empleo es, ha sido y seguirá siendo la prioridad del Gobierno que presido y, de hecho, toda nuestra política económica ha estado dirigida a ese objetivo, lo cual es lógico. Hemos vivido una crisis de proporciones muy grandes: cinco años de recesión, hemos perdido casi tres millones y medio de puestos de trabajo y en esa situación no hay más alternativa que fijar como prioridad número uno la creación de empleo.

Llegamos al Gobierno al final del año 2011 y hasta final del año 2013 no empezó a crearse levemente empleo en nuestro país. Los años 2014, 2015 y 2016 fueron buenos, puesto que se crearon una media de medio millón de empleos cada año, y ahora de lo que se trata es de seguir perseverando para conseguir una mejor situación.

Ésta fue, por tanto, y es la prioridad, y es más la prioridad cuando hablamos de desempleo juvenil, porque hablamos de que a finales del año 2011 había novecientos mil jóvenes españoles menores de veinticinco años en el paro. Hoy sigue siendo el reto más importante que tenemos por delante. El paro juvenil sigue siendo muy elevado, aunque hay algunos datos positivos que nos animan a seguir trabajando intensamente de cara al futuro: en los últimos tres años ha bajado el paro juvenil en doce puntos largos, 367.500 jóvenes han encontrado un puesto de trabajo, el ritmo de creación de empleo en jóvenes es de 7,6 por 100, el doble que en el resto de las edades, y la contratación indefinida lleva 37 meses funcionando bien.

¿Qué hicimos? Una política económica que no voy a repetirla aquí, ustedes la conocen muy bien; muchas medidas específicas también para los jóvenes y planteamos, como usted ha dicho en su intervención, cuando comenzó a discutirse en la Unión Europea el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, la creación de un fondo específico para combatir el desempleo juvenil. Quiero decir que este fue un planteamiento que hizo el Gobierno de España, por razones, por otra parte, muy obvias. Y así surgió la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil: de los 6.400 millones, 1.886 le correspondieron a España. Después, aprobamos aquí la Garantía Juvenil y combinamos esos recursos del Plan de Empleo Joven con otros recursos del Fondo Social Europeo, hasta un total de 2.361 millones, de los cuales la mitad corresponde invertirlos a las Comunidades Autónomas.

El gasto de ejecución hoy día es de 1.365 millones de euros y está funcionando razonablemente; tuvo problemas al principio. Como usted, efectivamente, ha señalado aquí, aprobamos un Real Decreto Ley a final de diciembre del año pasado, que ha mejorado las cosas, y en este momento estamos trabajando con la Comunidades Autónomas, que están convocadas para el día 14 de abril, después de la reunión de la Conferencia de Presidentes, y también con los agentes económicos y sociales, para ser lo más eficaces que podamos serlo y para conseguir que ese gran objetivo nacional, que es la creación de empleo entre los jóvenes, avance cada vez con mayor intensidad.

Sr. Álvarez Areces.- Señor Presidente, a mi pregunta realmente todavía no ha respondido. Espero que lo haga a continuación.

Es que desde el mes de diciembre, después de haber atravesado un periodo clarísimamente improductivo, que ha sido un fracaso, reconocido en la Unión Europea y reconocido también, incluso, en la Conferencia Sectorial, llevamos tres meses donde no existe ninguna certeza de que los problemas y los errores se hayan corregido. Porque, a día de hoy, esas bases de datos, que antes funcionaban paralelas y que se quieren integrar, el reto que tienen es que los inscritos se conviertan en personas beneficiarias y que permitan, cuando se pueda hacer el contraste, que no existan descertificaciones en las Comunidades Autónomas o corran el riesgo de tenerlas porque las auditorías del Fondo Social Europeo pongan en cuestión si cumplen o no los requisitos.

En tres meses no se ha avanzado en ese tema, hay una gran incertidumbre todavía. Ojalá lo resuelvan en esa reunión que dice que se va a convocar, pero el problema sigue siendo muy acuciante.

Esos doce puntos de mejora de la empleabilidad en modo alguno podemos reconocerlos como satisfactorios, porque nos queda todavía un larguísimo trabajo, sobre todo, porque tenemos la segunda cifra más alta de desempleo juvenil de toda la Unión Europea, que más que dobla el desempleo de nuestro país, y además, sobre todo, el empleo que se ha creado entre los jóvenes es de una gran precariedad: en primer lugar, el 70 por 100 es trabajo temporal y, de ese trabajo temporal, apenas uno de cada diez tienen empleo indefinido. Luego, existe otro dato también: los jóvenes en estos momentos tienen, no solamente una precariedad por la temporalidad, sino también por la brecha salarial, porque en España hay brecha salarial entre hombres y mujeres, sin duda, pero ya hay una brecha salarial muy notoria respecto a los propios jóvenes.

Esa precarización no puede continuar en modo alguno, porque estamos perdiendo lo mejor de nuestras generaciones. Es el gran reto del mercado laboral. Los jóvenes, hoy mejor formados que en otras generaciones, abordan un reto que provoca una carencia de ilusión emocional: creer en nuestra sociedad. Hay, incluso, una fatiga democrática, como se comentaba en una reciente conversación que tuvimos con empresarios aquí, en el Senado, porque, si perdemos esa juventud, se pierde una generación, se pierde lo más valioso de nuestra sociedad.

Nosotros no podemos permanecer impasibles, tratando de ganar tiempo, sino reconociendo e identificando esos fracasos para poder hacerles frente. Y precisamente el empleo juvenil y la empleabilidad, que es más que el empleo, hay que tratar de hacerlos de forma rigurosa.

Digo esto porque recientemente, incluso, anunciaban que se iba a complementar con unas cantidades lo que suponía para aquellos jóvenes la aceptación, dentro del Sistema de Garantía Juvenil, de empleabilidad: unas cantidades que creo que estaban pactando y pidiendo permiso a la propia Comisión Europea para que pudiesen ser gastos elegibles.

Yo quiero poner de manifiesto que esas cantidades de complementar el salario sobre lo que tienen ya de Garantía Juvenil no puede suponer, en modo alguno, reforzar lo que son los ingresos de los empresarios o la falta de complementos salariales procedentes de propio empresario, porque conduce a una precarización más. Aquí lo que hay que intentar es fortalecer los sistemas públicos que están en el Sistema Nacional de Empleo y en los sistemas de las Comunidades Autónomas para provocar itinerarios de empleabilidad, perfiles personales acomodados al mercado laboral, buscando toda una serie de cuestiones que no pueden ser sustituidas, en modo alguno, por unas cantidades que, lo mismo que pasó en otras ocasiones, estuvieron detrayendo fondos, en aquel caso de la Seguridad Social, cuando deberían de ser del propio Ministerio, como finalmente reconoció el Real Decreto Ley de diciembre.

Espero que ahora no se cometa otro error y que esas complementaciones se hagan, fundamentalmente, buscando la empleabilidad y fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas públicos de empleo de las Comunidades Autónomas. Ese es el gran reto y no tenemos mucho tiempo para cumplirlo, señor Presidente.

Presidente.- Señor Álvarez Areces, no voy a remontarme a fecha alguna porque no tiene sentido; pero calificar de fracaso unos datos que son positivos, pero insuficientes, como he dicho yo en mi primera intervención, no me parece justo. Bajar doce puntos la tasa de paro es un dato positivo. Hay que perseverar y hay que conseguir que esas cifras sean, sin duda alguna, mejores. 367.000 jóvenes que han encontrado un puesto de trabajo en los últimos tres años también es un dato positivo, ojalá que fueran más, y el hecho de que esté creciendo el empleo juvenil al 7,6, por 100, claramente por encima del resto de las edades, es un dato también positivo.

Voy a explicar algunas de las cosas a las que usted ha hecho referencia en su intervención.

El Gobierno puso en marcha un registro específico en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ahí se inscriben todos aquellos jóvenes que quieren ser beneficiarios de los fondos. Se han desarrollado muchas actuaciones en los últimos tiempos. Como usted sabe, por ejemplo, bonificaciones en cuota de la Seguridad Social para favorecer la contratación de jóvenes; apoyo a la contratación de jóvenes investigadores; actuaciones individualizadas de orientación profesional o programas de formación específico. Y en el año 2016 detectamos todos conjuntamente, las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España, que podíamos hacer las cosas mejor. Digo "todos" porque la mitad de los fondos los gestionan las Comunidades Autónomas.

Comprenderá usted que no voy a trasladarle la responsabilidad ni a unos ni a otros; me quedo con la parte positiva de que pudimos llegar a un acuerdo para hacer un Real Decreto Ley que ha funcionado: se facilita el procedimiento para la inscripción de los jóvenes en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; se crea un programa de Certificados de Profesionalidad, que usted conoce y, además, en determinadas condiciones, las reducciones en las cuotas en la Seguridad Social se convierten en bonificaciones.

Esto ha funcionado. Se están inscribiendo cada día quinientos jóvenes en el Sistema, las inscripciones han aumentado más de un 5 por 100 y, lo más importante, desde el 21 de marzo, o sea, desde hoy, se inscribirán automáticamente en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil quienes renueven o se apunten en las Oficinas como demandantes de empleo.

¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos valorando el efecto del Real Decreto Ley, que es positivo, y estamos discutiendo con la Comisión Europea esa ayuda a la que usted ha hecho referencia en su intervención. Yo creo que es razonable. Es un compromiso mío, como presidente del Gobierno, con un acuerdo con otras fuerzas políticas. Es una ayuda orientada a jóvenes con escasa formación, que estén trabajando y que les va a permitir formándose mientras tanto. Yo creo que es un dato positivo y estamos trabajando, tanto con los agentes económicos y sociales, como con las Comunidades Autónomas, en la Estrategia Española de Activación de Empleo para los años 2017-2020.

Efectivamente, el 11 de abril están convocadas las Comunidades Autónomas. Vamos a ver cuál es el grado de ejecución de estas cantidades a las que usted hacía referencia en su intervención por parte de las Comunidades y también por parte del Estado, a ningún efecto; al único efecto de intentar ejecutar lo más posible y, sobre todo, de conseguir que más jóvenes consigan un trabajo. Vamos a hablar también de la Tarjeta Social y vamos a ver qué otras medidas, en cumplimiento de lo dicho en la Conferencia de Presidentes, podemos adoptar para mejorar el funcionamiento de la Garantía Juvenil.

Insisto, éste es uno de los problemas más importantes que tiene España; insisto, caminamos en la buena dirección. Es verdad que queda mucho por hacer pero es que, cuando yo llegué, estábamos en una tasa de desempleo juvenil por encima del 50 por 100. Sería un mago, y efectivamente no lo soy, si ahora estuviéramos en cero.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Francisco Javier Alegre, del Grupo Parlamentario Mixto

Sr. Alegre.- Señor presidente del Gobierno, la última reforma del sistema de financiación autonómica fue hace siete años; exactamente, en el año 2009. Ha hecho falta que el Partido Popular perdiera la mayoría absoluta en el Congreso para que ustedes se pusieran manos a la obra.

Somos un país que legislamos en exceso. Ponemos en marcha leyes, decretos, acuerdos y, en muchos casos, el grado de cumplimiento es escaso y poco transparente. Las Comunidades Autónomas son Estado, los Entes Locales son Estado y, por tanto, el Estado debe garantizar el bienestar de todos los ciudadanos españoles por igual, vivan allá donde vivan.

El pasado 17 de enero del presente año la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos acordó reformar el sistema de financiación autonómica y yo le pregunto hoy, señor presidente del Gobierno, qué criterios ha establecido el Gobierno que usted preside para desarrollar este acuerdo.

Presidente.- Señor Alegre, voy a hacer algunos comentarios sobre este asunto.

Como usted muy bien sabe, y por eso probablemente haga la pregunta, estamos ante una de las reformas más importantes que tenemos que aprobar en la presente Legislatura. El modelo de financiación fue aprobado, efectivamente, en el año 2009; la Ley que lo desarrolla, a finales de diciembre de ese año 2009, y allí se dice que cada cinco años habrá que hacer un análisis para valorar los aspectos del modelo. Transcurrido ya ese período de cinco años --le recuerdo que en el año 2016 estábamos en funciones, no podíamos hacer esto que estamos planteando ahora--, lo que hay que hacer es valorar cómo ha funcionado y, en su caso, corregir algunos aspectos como la volatilidad y el desfase en los ingresos con los que cuentan las Comunidades Autónomas para financiar sus propias competencias.

Sin duda alguna, es un tema muy importante porque, cuando hablamos de financiación autonómica, hablamos, entre otras cosas, aunque sobre todo, de los grandes servicios públicos fundamentales: la sanidad, la educación y los servicios sociales, que gestionan nuestras autonomías. Por tanto, hablar de financiación autonómica es hablar, en buena parte, de cómo se financia el Estado del Bienestar.

El objetivo tiene que ser, como usted ha insinuado en su pregunta, asegurar un nivel mínimo de servicios en todos los territorios definiendo una cartera común en las áreas fundamentales y asegurando una financiación estable y suficiente, independientemente de la coyuntura económica. Se trata, en suma, de que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo nivel y calidad de servicios públicos básicos vivan donde vivan y sean quiénes sean.

Por eso, en la sesión de investidura, cuando yo pedí el voto para ser presidente del Gobierno, dije que una de las prioridades, sin duda alguna, era la reforma del modelo de financiación autonómica y en la Conferencia de Presidentes hubo un acuerdo entre los presidentes de las diferentes Comunidades Autónomas que asistieron a esa reunión y el Gobierno de España en que esto había que hacerlo. Y lo que decidimos es fijar las pautas para la reforma.

Los principios serían los siguientes: solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos básicos en función del coste efectivo de los mismos. Me gustaría referirme, fundamentalmente, a dos de ellos, solidaridad e igualdad, porque están recogidos en nuestro texto constitucional y, por tanto, son una obligación, tanto por parte de los Gobiernos autonómicos, como por parte del Gobierno de España.

¿Qué hemos hecho desde entonces? Hemos creado la Comisión de Expertos para trabajar en el modelo de financiación autonómica. Ya están trabajando, ya han tenido sesiones de trabajo, van a hacer un profundo análisis técnico de cómo ha funcionado el modelo de financiación y harán sus propuestas. También hablaremos de los condicionantes territoriales para la prestación de servicios y, por eso, en esa Comisión hay expertos nombrados por cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas --en realidad, hay alguna que no ha querido hacerlo--, y en el plazo de seis meses le presentarán una propuesta al Gobierno para que el Gobierno, de acuerdo con el Parlamento, tome una decisión para elaborar un modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que sea mejor, a ser posible, que el que actualmente está en vigor.

Sr. Alegre.- Señor presidente del Gobierno, el Gobierno, como usted bien ha dicho, y las Comunidades Autónomas acordaron el pasado mes de enero, hace ya más de dos meses, impulsar ese proceso de actualización del sistema autonómico bajo esos cinco principios que usted nos ha relatado: la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia y la corresponsabilidad fiscal. El acuerdo también incluía la reforma de la financiación de los Entes Locales, de la que usted hasta el momento no ha dicho nada.

Hoy no toca hacer un balance de la gestión de su Gobierno a lo largo de estos cinco meses que llevamos de legislatura, pero es evidente que las grandes reformas que requiere este país aún están por llegar.

En esta Cámara han comparecido los ministros para dar cuenta de las grandes líneas de actuación que tiene previsto acometer a lo largo de esta Legislatura; pero lo que es una evidencia es que, a día de hoy, ni tenemos Presupuesto, ni tenemos financiación para las Comunidades Autónomas, ni tenemos financiación para los Entes Locales, por poner algunos ejemplos. Y era ahí, en ese nudo, donde yo le formulaba anteriormente la pregunta.

Es por ese motivo que le emplazamos a usted, como presidente del Ejecutivo, a que detalle en esta Cámara el estado de situación del acuerdo del pasado 17 de enero: ¿qué es lo que se ha hecho?; ¿qué es lo que usted, como presidente del Gobierno --en catalán decimos el "pal de paller"--, el palo del pajar, el que nuclea la actividad política…? Usted, como presidente del Gobierno, ¿qué es lo que ha hecho?

Como usted bien sabe, Ciudadanos es una formación política que prima los acuerdos y los consensos por encima de las imposiciones. Lo hemos demostrado acordando con ustedes los 150 compromisos para la investidura, para su investidura. El actual sistema de financiación autonómica adolece, a nuestro modo de ver, de algunos defectos que debieran de corregirse y que yo esperaba que usted hubiera comentado.

Creemos que es un sistema poco transparente y, además, complicado. La financiación por habitante es excesivamente desigual. El déficit de la autonomía de ingreso y de responsabilidad fiscal por parte de las Comunidades Autónomas incentiva excesivamente el gasto.

En definitiva, la financiación autonómica es, en buena medida, la financiación del gasto, la financiación del gasto básicamente social. Por eso es tan importante que seamos claros en este tema, que seamos transparentes. Un buen sistema de financiación es aquel que ha de garantizar los recursos suficientes para la sanidad, para la educación, para la dependencia y para los servicios sociales, para todos los españoles, como le he dicho antes, residan donde residan.

Pero no solo es eso; la lealtad institución y política, así como el control y la responsabilidad por parte de toda las Administraciones, son elementos básicos de lo que tiene que ser el nuevo modelo. Es evidente que no existe un método perfecto, señor Presidente, se lo reconozco, pero debemos de buscar un método justo. Hemos de configurar un sistema de financiación que combine, de manera efectiva, dos principios fundamentales a nuestro entender: la igualdad y la autonomía responsable. El actual sistema genera un reparto muy desigual y esencialmente arbitrario de recursos entre territorios, provocando diferencias en la financiación por habitante entre Comunidades Autónomas, en algunos casos, superiores al 30 por 100.

Nosotros planteamos la pregunta de hoy en cuatro grandes apartados, que voy a enumerarle, si usted me lo permite: ¿Qué criterios políticos ha seguido y sigue el Gobierno para concretar la propuesta en este ámbito? ¿Puede garantizar, señor presidente del Gobierno, la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas a lo largo de este año? ¿Puede comprometerse el Gobierno a informar diligentemente a esta Cámara del desarrollo de los trabajos acordados en la Conferencia de Presidentes?

Presidente.- Señor Alegre, quiero que sepa --y llevo algunos años en la vida política-- que, sin duda alguna, éste es uno de los asuntos más difíciles y más complejos, porque los intereses son diferentes entre las distintas Comunidades Autónomas, porque todas son distintas. Tienen, sin duda alguna, muchas cosas que las unen pero luego, sin duda alguna, hay cosas que son diferentes.

España en este momento tiene un Presupuesto prorrogado; por fortuna, tiene "techo de gasto", están distribuidos entre las Comunidades Autónomas los objetivos de déficit público y hemos resuelto el programa de ingresos. Pronto presentaremos, el próximo 31 de marzo, el Presupuesto en el Congreso de los Diputados, como dice la Constitución, y es evidente que no depende la aprobación del Presupuesto solo de las decisiones del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Popular, sino que necesita apoyos. Lo mismo ocurre con la financiación autonómica y local: necesitamos una mayoría y nosotros tenemos mayoría aquí, pero tenemos 137 diputados en el Congreso. Por tanto, aquí es importante que todos actuemos con la responsabilidad debida.

Tiene usted razón cuando hace referencia a la financiación de las Corporaciones Locales. Yo no lo hice en mi primera intervención porque la pregunta se refería, única y exclusivamente, a la financiación de las Comunidades Autónomas; pero, insisto, tiene usted razón en lo que ha dicho.

¿Cómo están las cosas en este momento? ¿Qué he hecho yo? Nosotros hemos aprobado una Comisión de Expertos, que es el resultado del acuerdo de la Conferencia de Presidentes; esa Comisión de Expertos tiene que actuar con absoluta independencia, porque lo son, y el Gobierno solo puede entrar a hacer una propuesta una vez que transcurran los seis meses que tienen de plazo para poner a disposición del Gobierno, y luego del Parlamento, sus opiniones. Por tanto, yo tengo que dejar que ellos opinen; luego, yo haré mi propuesta y, luego, será el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado, quienes tengan que tomar la decisión definitiva.

Es verdad que Ciudadanos prima los acuerdos, 150 acuerdos han firmado con nosotros, pero también nosotros los firmamos; por tanto, también nosotros primamos los acuerdos.

En cuanto al tema de la financiación autonómica actual, es verdad que en la financiación autonómica no es bueno el modelo actual. De hecho, yo voté en contra; voté en contra en el año 2009, cuando se aprobó el modelo.

Usted ha hablado de la población, ha hablado de los incentivos para el gasto, que se gasta demasiado… Tiene razón en muchas cosas, pero luego hay que entrar en la letra pequeña. La población, a veces, no lo es todo, porque no es lo mismo prestar servicios, piense, por ejemplo, a la sanidad o la educación, a cincuenta mil personas que viven todas en un núcleo de población, que a cincuenta mil personas que viven en lugares diferentes: hay que pagar transporte escolar, hay que llevar a la gente hasta el médico... Es decir, es un tema opinable y discutible.

Aquí de lo que se trata es de que todos seamos capaces de ponernos de acuerdo, tema no fácil, pero la historia demuestra que, al final, con un poco de imaginación, con un poco de sentido común y si todos somos capaces de ceder, podemos llegar a un entendimiento. Esta es la clave.

Ahora bien, lo más importante para hacer un modelo de financiación autonómica es que haya dinero y el gran problema de la crisis económica que vivimos en España es que se perdieron setenta mil millones de euros de recaudación, y eso afectó a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y también al Gobierno de España.

Por eso, cuando dije, respondiendo al señor Álvarez Areces, que la gran prioridad para lo que queda de esta Legislatura es crear empleo, me reafirmo en eso, porque eso es lo que provoca mayor recaudación y nos permitirá atender mejor la financiación de los servicios públicos que, al fin y a la postre, es de lo que se trata.

Estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho usted sobre la igualdad de los españoles, lo he defendido siempre a lo largo de mi vida y vamos a ver si somos capaces entre todos. Yo, desde luego, responderé a todas las… ¿Si voy a informar? Ya le aseguro que voy a informar. ¿Si estoy en condiciones de garantizar que va a haber un modelo este año? Desde luego, estoy en condiciones de garantizar que lo voy a intentar, pero ¿de que lo haya? Es que no depende solo de mí mismo porque, como le decía antes, tenemos solo 137 diputados.

En cualquier caso, insisto, ésta es una de las reformas más importantes para esta legislatura y espero que todos seamos capaces de colaborar de manera conjunta.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Jokin Bildarratz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Sr. Bildarratz.- Señor presidente del Gobierno, creo que la pregunta que le voy a plantear en estos momentos le va a resultar algo más sencilla. Lo único que vamos a tener que necesitar es un poco de voluntad, voluntad política para llegar a un acuerdo. Hoy quiero hablarle sobre lo local, sobre lo cercano, sobre el ámbito municipal.

Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que, en este contexto de democracia representativa, la ciudadanía poco a poco va adquiriendo un mayor protagonismo en la política. La política de hoy en nada tiene que ver con la política de hace veinte años. No critico la de entonces ni la de ahora, sino que es un contexto, es una dinámica, y, evidentemente, yo creo que todos los políticos también agradecemos que la ciudadanía quiera implicarse, que la ciudadanía quiera tomar parte. En ese sentido es positivo y a nosotros nos corresponde aplaudir, animar y motivar.

Es ese el contexto que le planteo y la pregunta que le lanzo, diciendo: ¿Qué opinión le merecen al presidente del Gobierno las consultas realizadas al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local? Y, concretando más, señor Presidente, le ayudo y centro un poco lo que es la pregunta: ¿Por qué no ha autorizado su Gobierno una consulta en la ciudad de Donostia/San Sebastián a sus ciudadanos sobre una instalación municipal, sobre la que el Ayuntamiento tiene plena competencia?

Presidente.- Señor Bildarratz, le veo a usted muy optimista sobre la sencillez o dificultad de las preguntas. A mí me parece que en política sencillo no hay nada y que todas las preguntas que me hacen son difíciles. Supongo que ésa será una de las razones, aparte de que quieren informarse, por las cuales me las hacen.

Me agrada que me pregunte por lo local, porque yo he sido concejal y diputado provincial. Es verdad que hace más de veinte años, pero las cosas no cambian todo. La historia es compleja y hay muchas cosas que se repiten; sobre todo, todo lo que afecta a la condición humana. Cambia la técnica, cambian muchas cosas, pero el ser humano no cambia sus virtudes ni sus defectos. Pero, en fin, no he venido aquí a hablar de esto; he venido a dar mi opinión sobre la cuestión que usted me ha planteado.

Me dice: ¿está usted a favor de las consultas locales? Pues sí, estoy a favor; entre otras cosas, porque están reconocidas en la Constitución Española. Estaría a favor igual, lo estoy por convicción pero, además, están reconocidas en la Constitución Española. Se han hecho muchas en España desde 1978, incluido el País Vasco. Ahí se han hecho muchas consultas locales sobre temas locales; las tengo aquí apuntadas: sobre recogida de residuos… Hasta sobre fiestas locales se han hecho consultas en las Ayuntamientos.

Por tanto, yo estoy de acuerdo; pero sí tengo que decirle una cosa que repito siempre: estoy de acuerdo siempre y cuando se ajusten a la legalidad vigente, porque vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la Ley, incluidos usted y yo; probablemente usted y yo con más razón que otra mucha gente. Y la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 71, dice --se lo voy a leer--: "de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta aquellos asuntos de la competencia propia municipal".

Esto está reconocido en la Ley y yo estoy de acuerdo, siempre y cuando, uno, estén conformes con la Ley estatal y con la autonómica; hay un procedimiento reglado --lo tiene que acordar el Pleno del Ayuntamiento y autorizar el Gobierno de la nación-- y están acotadas materialmente a cuestiones de competencia municipal, excluida la Hacienda local, lo cual, las dos cosas, por otra parte, parecen razonables.

Sr. Bildarratz.- Lo de la política fácil, o lo de decisiones o preguntas fáciles era únicamente un recurso para animarle un poquito, porque le he visto hoy un poco bajo.

Señor Presidente, vamos a ir aclarando ideas y voy a leerles, Señorías, la pregunta que el Ayuntamiento de San Sebastián quiere hacer. Es la siguiente: "¿Quiere usted --por el ciudadano-- que el Ayuntamiento destine recursos municipales para la realización de corridas de toros? ¿Sí o no?". La pregunta, señor Presidente, para que no nos hagamos trampas en el solitario, no es "toros sí, toros no". La pregunta es: ¿Recursos municipales sí, recursos municipales no, para este tipo de actividades?

Como usted muy bien ha dicho, usted y yo, y el ayuntamiento, todos, nos tenemos que atener a la Ley y se ha atenido a la Ley, en este caso a la Ley de Bases de Régimen Local, que marca cuatro criterios, cuatro principios, para que esta consulta pueda ser legal: primero, que sea un asunto de competencia municipal; segundo, que sea un asunto de carácter local; tercero, que sea importante para la ciudadanía y, cuarto, que no sean asuntos relativos a la Hacienda local. Con los dos últimos criterios ustedes no han puesto ningún problema; el problema lo han puesto con que sea un asunto de competencia propia municipal y con que sea de carácter local.

Ustedes han respondido que no y les voy a decir cuál ha sido la justificación del Consejo de Ministros: porque entienden que esta pregunta no respeta el mandato del artículo 3 de la Ley 18/2013 de garantizar la conservación de la tauromaquia y promover su enriquecimiento. Esa ha sido toda la respuesta ante una pregunta, ante una voluntad, municipal sobre si puede utilizar recursos municipales en una actividad de este tipo o no.

Y yo le planteo: ¿No le parece a usted que debiera de considerar otro tipo de marco legislativo también, como, por ejemplo, la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España en octubre de 1985, que habla también de participación ciudadana y que habla también de autosuficiencia financiera? Además de la Ley de Tauromaquia, ¿no cree usted que también debiera utilizar para su respuesta la Ley de Bases de Régimen Local, que habla sobre competencias propias? ¿Y no le parece que, además de la Ley de Tauromaquia, debiera utilizar también la Ley de Instituciones Vascas, o llamada "Ley municipal vasca", que define que la gestión y la ordenación de los equipamientos no son competencia de su Gobierno? Y, cómo no, el artículo 135 de la Constitución Española que, sobre el principio de estabilidad presupuestaria, en su apartado 2 dice: "Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario". Es decir, los recursos municipales son limitados y lo que usted está diciendo, lo que su Gobierno está diciendo, es dónde tiene que gastar y dónde no tiene que gastar.

Sobre el asunto de competencia propia municipal, que es el que estamos debatiendo y al que ustedes han dicho que no, han dicho que decidir cómo se gasta el dinero de los donostiarras no es un tema de competencia municipal. Les voy a leer el texto, la respuesta, que ustedes han dado. Han dicho: "El permitir que se decida mediante consulta popular si se destinan recursos públicos puede abocar a la supresión de todo apoyo público a estos espectáculos. Debe concluirse, por tanto, que supone una vulneración del ordenamiento jurídico, en cuanto que conllevaría un incumplimiento del mandato dirigido a todos los poderes públicos y, por tanto, dirigido también al citado Ayuntamiento, de garantizar la conservación de la tauromaquia y de promover su enriquecimiento."

Es decir, si el Ayuntamiento no decide gastar en toros, está incumpliendo la Ley de la Tauromaquia como patrimonio cultural. Eso es lo que está diciendo su Gobierno. Pero fíjense en el sinsentido, porque es que el Ayuntamiento es competente para decidir si construir un equipamiento, si derribarlo, si modificarlo o si trasladarlo; ahora bien, si decide el Ayuntamiento que para ejercer cualquiera de esas acciones tiene que hacer una consulta, eso ya no puede hacerlo. Puede derribarlo, pero no puede preguntar a su ciudadanía si lo derriba o no.

Le está diciendo usted, Señoría, a los donostiarras que a la hora de elaborar el presupuesto, la primera partida de todas tiene que ser la defensa de la tauromaquia. Estamos hablando de que los recursos son limitados y de que el Gobierno está diciéndole al Ayuntamiento en qué tiene que gastar. ¡En algo no tendrá que gastar! ¿En qué no gasta? ¿En bancos? ¿En farolas? ¿En centros de día? ¿En servicios sociales? ¿En vivienda pública? ¿En qué no gasta?

Quítense los complejos, señor Presidente, y los miedos a hablar y a conocer la opinión de la ciudadanía. Creemos que los Ayuntamientos verdaderamente se merecen un apoyo y en este caso posibilite --porque es fácil, señor Presidente; solo necesita voluntad política− que el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián pueda consultar a su ciudadanía en qué quiere y en qué debe gastar los recursos municipales.

Presidente.- Tengo que comenzar mi intervención agradeciendo al señor Bildarratz sus buenas intenciones, porque ha dicho aquí que me hace una pregunta fácil porque me ve "bajo"; entonces, supongo que quiere que suba el tono. En realidad, más que bajo estoy prudente, porque yo tengo algunas obligaciones y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que, por otra parte, es muy saludable.

Créame que no tengo ninguna intención, y además usted sabe que es así, en decirle al Ayuntamiento de San Sebastián en qué se tiene que gastar el dinero. No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. ¡Hombre!, podía hacerle una sugerencia: ¿por qué no toma decisiones, ya que son alcalde o concejales elegidos por los ciudadanos; por qué no asumen su responsabilidad y nos evitan a todos problemas? Por ejemplo, a usted el tener que hacerme esta pregunta y a mí, manejarme aquí para responder a esa misma pregunta que está haciendo usted aquí.

Señoría, estamos ante una ley que hemos aprobado, que está en vigor, que es la Ley de Bases de Régimen Local y esta Ley a mí no me permite, ni yo quiero hacerlo, tomar decisiones políticas, ni mucho menos arbitrarias, ni discrecionales. El Gobierno que yo presido lo único que quiere es cumplir lo que dice la Ley. Hay temas procedimentales y materiales que alguien tiene que controlar, y en este caso le toca al Gobierno, porque lo dice la voluntad popular. La Ley de Bases de Régimen Local, sin duda alguna, se puede cambiar y, si usted cree que es lo mejor --en lugar de trasladar todo esto a los Juzgados, hoy lo resuelve el Gobierno--, se puede recurrir y usted puede hacerlo. Pero, sinceramente, creo que se están sacando un poco las cosas de quicio. Sinceramente, creo que sí.

Además, hemos llegado a un acuerdo, como usted sabe, en la Comisión Bilateral el Gobierno de España y también el Gobierno vasco; un acuerdo razonable. Fue muy difícil, pero una de las cosas que se dice en ese acuerdo razonable y difícil --todos los acuerdos razonables son difíciles-- es que las consultas en el ámbito local previstas en la Ley vasca deben respetar y sujetarse al cumplimiento de la legislación básica. Esto es lo que estamos defendiendo nosotros. Si nos hemos equivocado --yo no lo creo, pero entiendo que usted pueda creerlo--, siempre hay la posibilidad de recurrir y, si no, hay una solución que es muy fácil: al señor alcalde de San Sebastián lo habrán elegido para que asuma su responsabilidad, tome decisiones, se "moje" y quede bien con unos y quede mal con otros, que es exactamente lo que hago yo, aunque yo quedo con más mal que bien.

Muchas gracias.