Declaración institucional del presidente del Gobierno

Madrid

Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria en la que voy a proceder a leer una declaración institucional.

Como saben, España es un Estado democrático y de Derecho y, tal y como se ha demostrado estos últimos días, y en especial en el día de hoy, tiene los mecanismos y los instrumentos necesarios para impedir que quienes pretenden infringir las normas básicas de nuestra democracia puedan hacerlo. Tiene los mecanismos para defender la legalidad y también para exigir responsabilidades a quienes, con tanta imprudencia, están poniendo en grave riesgo la convivencia entre todos.

Hace unos días les dije que el Estado de Derecho no fallaría y que nadie vacilaría a la hora de cumplir con su deber. Me refería entonces, como ahora, al Gobierno de la Nación y también a todos aquellos que garantizan el funcionamiento correcto de nuestras instituciones democráticas. Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la fiscalía, a los jueces y a los tribunales. Todos debemos reconocer su labor. Están defendiendo los derechos de todos los españoles, incluidos los catalanes, frente a quienes quieren liquidarlos. Protegen la libertad de los ciudadanos y velan por el respeto a las leyes como mejor garantía de la convivencia entre españoles.

Las leyes no son una imposición arbitraria de un poder ajeno a la gente; en absoluto. Las leyes son el instrumento que nos hemos dado para convivir en libertad y para administrar nuestras discrepancias de manera pacífica y justa.

Por eso nadie puede pretender situarse por encima de ellas y por eso la desobediencia a la Ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia: significa una imposición, una injusticia, un acto contra los derechos de la gente y un ataque a la raíz de la convivencia. Como señalaron recientemente todas las asociaciones judiciales de España, "la desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia es un acto totalitario".

Ese referéndum fue aprobado el pasado 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña, vulnerando las más elementales normas parlamentarias, acallando a los grupos de oposición y desoyendo las advertencias sobre su legalidad de las propias instituciones de Cataluña. Es desde su inicio radicalmente antidemocrático. Se aspira a derogar la Constitución Española y el propio Estatuto de Cataluña por la puerta de atrás, sin tener los votos necesarios para ello y sorteando los mecanismos previstos en la Ley para ambos casos.

Ciertamente, el hecho de votar constituye la imagen más expresiva y clara de la democracia; pero también sabemos que a lo largo de la historia muchos regímenes no democráticos han utilizado el voto para intentar legitimarse. Votar solo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo con la Ley y con respeto a los derechos de todos. No se puede votar para incumplir la Ley; se vota para cambiarla por métodos lícitos.

Tampoco se puede considerar democracia el hecho de votar para imponer al conjunto de los ciudadanos un proyecto excluyente. En democracia se vota para tomar decisiones de manera inclusiva, escuchando y respetando la pluralidad de la sociedad.

He querido extenderme en estas reflexiones porque en ellas se fundamenta la respuesta integral de nuestro Estado de Derecho al desafío independentista. Lo que está en juego no es una demanda política, que tiene sus cauces de expresión y de defensa; lo que está en cuestión es el propio fundamento de la democracia.

Nuestro Estado de Derecho ha actuado y lo seguirá haciendo. Cada ilegalidad y cada vulneración tendrán su respuesta, que será firme, proporcionada y rigurosa.

Quiero significar, además, que el Gobierno velará, como hasta ahora, porque ningún ciudadano de Cataluña resulte perjudicado por esta deriva de radicalidad. Velaremos porque nadie sufra las consecuencias de estos acontecimientos en su trabajo, sus empresas o sus vidas. Como he dicho en otra ocasión, la Ley les protege y el Estado responderá al ritmo que marque su propio ordenamiento jurídico y las garantías democráticas que este contempla.

Quiero agradecer también la colaboración y apoyo de las fuerzas políticas que saben que este es el momento de proteger a la Nación y no de ponerla en duda. No entiendo su actitud como un apoyo al Gobierno, sino como un compromiso con España, con su democracia y con el conjunto de los españoles. Esa unidad es imprescindible y es el mejor respaldo que podemos brindar a los alcaldes, concejales, funcionarios y policías locales de Cataluña que están siendo amenazados, insultados y acosados por el simple hecho de negarse a incumplir la Ley. Al coaccionarles a ellos se coacciona al conjunto de los ciudadanos respetuosos de las normas de convivencia. Quiero, desde aquí, reiterarles mi reconocimiento y recordarles que la suya es una causa justa.

De la misma manera, a quienes aprovechan el órdago independentista para generar inestabilidad en las calles y debilitar nuestras instituciones, les advierto que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de nuestra vida política.

A los responsables de la Generalitat que están protagonizando este desafío a nuestra convivencia les reclamo que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo; ahora no es más que una quimera imposible o, lo que es peor, la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más la fractura que han provocado en la sociedad catalana.

Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia esta tensión, ni este clima de desobediencia, ni este desafío constante a la Justicia y a la Ley.

En democracia siempre hay cauces para defender cualquier posición política. En su día invité al señor Puigdemont a exponer sus demandas ante el Congreso de los Diputados; también, a participar en las negociaciones para la reforma de la financiación autonómica y permanentemente he estado dispuesto a buscar soluciones a los problemas de la Generalitat. Siempre he mostrado mi disposición a escuchar y a dialogar desde el respeto a la Ley y la lealtad a nuestro Estado de Derecho. En ese marco mantenemos nuestra disposición de siempre.

Insisto, no sigan adelante. No tienen ninguna legitimidad para ello. Regresen a la Ley y a la democracia. Permitan que la gente pueda pasar página de estos días tan aciagos, no les creen más problemas de los que se han creado ya y dejen que los catalanes puedan hacer su vida en paz, sin fracturas, sin presiones, sin disputas y sin miedo.

El proyecto ilegal y de ruptura no tiene ningún futuro ni cabida en un Estado democrático y de Derecho como es el nuestro, carece de cualquier apoyo internacional, de cualquier amparo jurídico y, sobre todo, carece del apoyo de la mayoría de catalanes.

Termino ya. Del mismo modo que les garantizo mi determinación de hacer cumplir la Ley sin renunciar a ninguno de los instrumentos de nuestro Estado de Derecho, también les aseguro que mi actuación estará guiada, en todo momento, por la prudencia y por la responsabilidad, para evitar que la sinrazón de unos pocos la tengan que sufrir el conjunto de los ciudadanos de Cataluña o el resto de los españoles.

Muchas gracias.