Discurso del presidente del Gobierno en la presentación del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

Madrid

Señoras y señores, queridos amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí.

Hace ahora un año y medio, el Gobierno dio inicio a una empresa tan difícil como importante; un ambicioso proyecto reformista encaminado a superar la peor crisis económica que hayamos conocido, corregir los desequilibrios que pusieron freno a nuestro crecimiento y crear las bases óptimas sobre las que levantar un nuevo ciclo de prosperidad económica y empleo para los españoles.

Hablamos de los dieciocho primeros meses de una lucha sin cuartel contra el déficit público y de un calendario de reformas sin parangón en nuestra democracia, tanto a nivel nacional, como de impulso a escala europea, que se prolongará, sin pausas ni descansos, hasta el final de la Legislatura.

Medidas como la reforma laboral, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reestructuración del sistema financiero, junto a otras muchas reformas que están en vías de implantación, como la Ley de Emprendedores, la Ley de Transparencia, la Ley de Unidad de Mercado o la reforma de nuestro sistema educativo, por poner algunos ejemplos de calado, representan reformas sustantivas y sin precedentes en cada una de sus respectivas áreas de actuación.

Vistas en su conjunto, observamos en todas ellas un denominador común: la apuesta decidida por la modernización de España, la determinación de recomponer nuestra competitividad frente al resto de las grandes economías y el claro objetivo de la vuelta a la senda del crecimiento equilibrado, el empleo y el bienestar.

Dentro de este horizonte de futuro, hoy tengo el placer de presentarles un documento que tendrá una importancia capital en esta modernización en marcha.

Me refiero, como saben, al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, fruto de la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en toda nuestra democracia; un documento que puede ser muy útil al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para una puesta a punto de nuestra administración pública, en línea con los avances ya impulsados en otros campos. Una reforma que estará acompañada de la reforma de la Administración Local, de próxima aprobación.

Señoras y señores,

Los españoles podemos estar muy orgullosos de nuestras Administraciones y de nuestra Función Pública. En los últimos 35 años han dado un salto de gigante a la excelencia, reconocido a ojos de todos los ciudadanos. En muchas materias hemos sido modelo a imitar para otros países. Desde la dificultad en que se encuentra nuestro país, debemos poner en valor una realidad incontestable: España tiene una buena Administración.

Pero a nadie se le oculta que, en el normal desarrollo de sus atribuciones, han aflorado ineficiencias perfectamente evitables y redundancias competenciales entre las distintas Administraciones públicas: en la mayoría de las ocasiones nos encontramos ante excesos de celo producidos con la mejor de las intenciones, que no es otra que atender de la mejor manera posible al ciudadano; en otras, la deficiencia responde a cierta inercia en la gestión de los asuntos públicos. Pero está claro que la doble o, incluso, triple prestación de un mismo servicio no redunda necesariamente en que éste sea mejor para el ciudadano.

Por esta razón, en un mundo en cambio permanente, no se entendería que las Administraciones se quedaran atrás, sin mejorar, sin renovarse, sin incorporar modelos exitosos del sector privado y sin adaptarse a las nuevas demandas y realidades.

Si la mejora constante es un imperativo para cualquier negocio, ¿cómo no va a serlo para una Administración pública? Así es. Una economía competitiva exige unas Administraciones públicas modernas, transparentes y ágiles. Necesita un sector público libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios, volcado al servicio de ciudadanos y empresas, y equiparable a los sistemas más eficaces de nuestro entorno. Este informe, del que daré a continuación unas breves pinceladas, representa un antes y un después en esta buena dirección.

Queridos amigos,

La reforma de las Administraciones Públicas debe partir de cuatro reformas esenciales:

- La necesidad de racionalizar el gasto público.

- La demanda ciudadana; es decir, hemos escuchado y ahora nos toca responder.

- Un análisis profundo y sostenido en el tiempo.

- La responsabilidad y el compromiso político, no sólo para emprender el cambio, sino para mantener su impulso.

Hoy en día se dan cita estas cuatro premisas y todas apuntan en la misma dirección: la necesidad de contar con unas Administraciones Públicas eficaces y financieramente sostenibles en beneficio de los ciudadanos.

Antes de nada, quisiera acabar hoy con un mito muy extendido a propósito del verdadero tamaño de la Administración Pública en España. Contra lo que muchos afirman, y con los datos de 2012 en la mano, podemos decir que España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del Producto Interior Bruto: un 43 por 100, un 43,3 por 100 para ser exactos, frente al 49,7 por 100 de la media de la zona euro. Es decir, más de seis puntos menos que nuestro entorno. Y, si profundizamos en la estructura de este gasto, comprobamos que casi dos tercios de nuestro gasto público van destinados a gasto social y servicios públicos básicos.

Dicho esto, es verdad que el crecimiento del peso del sector público en nuestra economía ha sido particularmente intenso en los últimos años. Entre 2005 y 2011 el gasto público ascendió desde el 38,4 por 100 del PIB al 45,2 por 100. En el ámbito de la OCDE, sólo dos países registraron durante ese período un aumento mayor de su sector público: estos dos países son Irlanda y Grecia. Creo que queda claro.

Otra cuestión es la relativa al empleo público, porque quiero dejar claro que, cuando nos referimos al "aparato administrativo", es decir a los profesionales que se dedican, con entrega intachable, a las tareas estrictamente administrativas y de gestión, hablamos tan sólo de una cuarta parte de los empleados públicos del Estado y de las Comunidades Autónomas. El restante 75 por 100, es decir una larga mayoría, son los maestros que educan a nuestros hijos, los médicos y enfermeros que nos atienden cuando nos ponemos enfermos, además de policías, militares o jueces que velan por nuestra seguridad y la preservación de nuestros derechos y libertades. Es decir, profesionales que proporcionan servicios esenciales de nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar, que se reparten entre las tres Administraciones.

Hasta aquí me dirán ustedes que la Administración española no parece presentar ninguna peculiaridad problemática con respecto a los países de nuestro entorno. En verdad, nuestro mayor problema en la actualidad es el desplome brutal que han sufrido los ingresos públicos a consecuencia de la crisis económica y esto nos afecta a todas las Administraciones, aunque también nos une.

A cierre de 2012, España era el país con menor nivel de ingresos públicos sobre PIB de la zona euro, sólo por detrás de Irlanda y Eslovaquia. Frente a una media del 46,2 por 100 en la eurozona, España se sitúa en el 36,4 por 100 en términos de ingresos públicos sobre el PIB, es decir, diez puntos por debajo. Somos los que menos recaudamos.

Esta brecha existente entre ingresos y gastos nos empuja a ser doblemente productivos, sobre todo, cuando tenemos una serie de gastos, como el servicio de la deuda, que nos achican los espacios de maniobra.

Ésta es la razón por la que desde el primer día de esta Legislatura el imperativo ha sido hacer más con menos, sin renunciar en ningún caso a los niveles de calidad alcanzados en la prestación de nuestros servicios públicos en todos estos años. Es decir, no hablo tan sólo de ahorrar, sino de mejorar y sin que eso nos cueste un solo euro de más.

Señoras y señores,

La reforma de las Administraciones Públicas en España dio arranque en nuestro primer día de Gobierno. Como especifica el propio informe, los trabajos de la Comisión no han partido de cero, sino que recogen el testigo de los profundos cambios legislativos acometidos en 2012 en materia de consolidación fiscal y adelgazamiento del sector público.

Gracias, en buena parte, a ese conjunto de medidas de ahorro, y en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, logramos reducir en 2012 el déficit del conjunto de las Administraciones desde el 9 por 100 hasta el 6,98 por 100.

Hablamos de una disminución de veintidós mil millones de euros, el 2 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto, conseguida en las peores circunstancias posibles, como es una intensa recesión económica que ha afectado tanto a España como a toda Europa. Este proceso de ajuste ha sido duro, necesario y doloroso. Lo hemos hecho con el esfuerzo de todos y es justo y necesario reconocerlo cada día.

En términos de déficit estructural primario, este logro adquiere mayores dimensiones. En concreto, se ha reducido en 3,1 puntos porcentuales, muy por encima de los países de nuestro entorno, como ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional. En apenas doce meses hemos pasado a la vanguardia en la lucha contra el déficit.

Una vez más, debo agradecer a todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales los esfuerzos coordinados y conjuntos en materia de consolidación fiscal. Trabajando hombro con hombro, hemos remado juntos en la misma dirección y hemos enviado un mensaje muy importante y muy positivo de unidad y responsabilidad al exterior.

Como no podía ser de otra forma, el Gobierno ha liderado este proceso.

Desde el momento de su toma de posesión, con la restructuración de Departamentos ministeriales, se redujo en un 20 por 100 el número de altos cargos.

Se han adoptado medidas de empleo público que en naciones de nuestro entorno se consideran núcleo fundamental de su reforma administrativa y que han aumentado la productividad de los empleados públicos españoles. La aplicación de la tasa de reposición de efectivos cero, salvo en determinadas funciones de lucha contra el fraude y servicios esenciales, supera con creces lo adoptado en otros países, en los que las reglas como "2 por 1" se configuran como instrumento fundamental de la reducción del tamaño del sector público.

Hemos reestructurado el sector público empresarial y fundacional, y puesto orden en el número, retribuciones e indemnizaciones de los directivos de las empresas públicas, porque no podía ser que un funcionario fuese designado alto directivo de una empresa y, al cesar en ésta, retornase a su antiguo puesto con una cuantiosa indemnización. Eso ya no pasará.

Y este esfuerzo se ha extendido a otras Administraciones. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha impuesto el rigor en el gasto público a todos los niveles. Los datos así lo avalan.

La mayor parte de las Comunidades Autónomas han cumplido con sus objetivos de déficit. Por ponerles un ejemplo, el plan de reducción de empresas públicas autonómicas, en avanzado grado de ejecución, conlleva la desaparición de más de setecientas, con un ahorro estimado de 1.500 millones de euros.

Y lo mismo sucede con la Administración Local. El objetivo de déficit fijado para las Entidades Locales era del 0,3 por 100 del PIB y se ha cumplido con creces.

Los resultados de este esfuerzo tienen cifras: una reducción del gasto público de casi dos puntos del PIB; un adelgazamiento, digo un "adelgazamiento", de la Administración sin precedentes. Atendiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa, de la EPA, desde finales de 2011 hasta hoy se ha reducido en 375.000 el número de empleados públicos, más o menos lo que habían aumentado en los años anteriores, en plena crisis. Como ustedes comprenderán, esta clase de decisiones son muy difíciles y desagradables para todos los Gobiernos.

Queridos amigos,

Como les comenté anteriormente, la reforma en profundidad del sector público exigía de antemano una exhaustiva auditoría del mismo. A estos efectos, el Consejo de Ministros acordó el pasado mes de octubre, hace siete meses, la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA.

La CORA se ha encargado, pues, de elevar un informe de propuestas de normas y actuaciones para mejorar la eficiencia de las Administraciones en distintos ámbitos: eliminación de duplicidades y refuerzo de mecanismos de coordinación entre Administraciones, la simplificación documental y la revisión del marco normativo, la revisión de la tipología de la llamada Administración institucional y, en cuarto lugar, la gestión de los servicios y medios comunes.

Asimismo, la CORA tenía otra misión: proporcionar un conjunto de propuestas concretas para los grupos de trabajo creados en otros ámbitos institucionales, como la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El trabajo de la CORA, que ha sido liderado por la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el fruto de la suma de los esfuerzos de representantes de distintas instituciones y Administraciones Públicas, junto con agentes sociales y de nuestra sociedad civil, como son sindicatos, patronales y otras organizaciones. A todos ellos les agradezco hoy su magnífico trabajo, realizado además en un tiempo récord; un trabajo enriquecido con la indispensable voz del ciudadano, encauzada a través de la recepción de más de dos mil sugerencias que han sido de gran utilidad en la redacción final del informe.

Señoras y señores,

El documento recoge un total de más de doscientas propuestas de medidas de gran calado. Todas las iniciativas, de las que luego daré algunos ejemplos, han sido seleccionadas según un mismo baremo: hacer las cosas mejor. O, lo que es lo mismo, reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la administración pública; simplificar trámites; suprimir órganos o entidades innecesarias; agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos. Todo ello, en el marco de una apuesta clara por las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías.

La dificultad del ejercicio es que el ahorro no va a provenir de la supresión de prestaciones o servicios necesarios para los ciudadanos, ni de un aumento de los ingresos públicos, sino de mejoras de gestión; de supresión de estructuras administrativas donde no son necesarias para el cumplimiento del servicio público. Pura y simplemente. Es ahí donde reside el verdadero carácter transformador del informe.

En resumen, este informe, del que dará cuenta este viernes el Consejo de Ministros, establece una nueva cultura de la gestión pública en España. Por mucho que se haya hecho hasta ahora, este documento es un punto de partida para tener las Administraciones Públicas que los ciudadanos demandan: más austeras, más útiles y más eficaces.

Porque el primer beneficiario de las reformas que atañen a nuestra Administración es el ciudadano: menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas. A cambio, más agilidad y más facilidades, y, por supuesto, menos costes y más ahorros.

Amigas y amigos,

No me voy a extender en detalles. No podría en un acto de estas características Mañana habrá aquí un seminario a estos efectos. Simplemente, permítanme que, entre estas 217 medidas les explique unas pocas muy concretas.

Por ejemplo, la modificación de metodología en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado; en concreto, el Capítulo 2, correspondiente a los gastos corrientes en bienes y servicios, y el Capítulo 6, sobre inversiones reales. Hasta la fecha, cada ministerio presupuestaba sus gastos en bienes y servicios en función de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, y el nivel de ejecución del año anterior. Si con esto se estimaba que se satisfacían las necesidades, no se iba más allá. Pues bien, se propone cambiar esta situación y buscar una mejor asignación de los recursos presupuestarios. Ya no vamos a presupuestar, por poner un ejemplo entendible, en luz o teléfono lo que me gasté el año pasado con lo que me pidan recortar, sino lo que me debería gastar haciendo una gestión óptima de acuerdo con el tamaño de mis instalaciones y el número de empleados. Es lo que se llama "presupuesto de base cero".

De esta forma, se podrá adoptar la contratación más ventajosa para la Administración y a nadie se le oculta que la generalización de estas prácticas supondrá un ahorro sustantivo y permanente para las arcas públicas.

Esto que acabo de señalar puede parecer una mera cuestión técnica, pero tiene su trascendencia y es un ejemplo de todo lo que puede mejorar y reformar, como también lo será la gestión de tesorería común de la Administración del Estado. ¿Saben ustedes que, a fecha de hoy, la Administración General del Estado, sólo la Administración General del Estado, tiene abiertas más de 4.800 cuentas bancarias? O, por poner otro ejemplo, las iniciativas destinadas a centralizar los contratos de servicios y suministros en la Administración. ¿Qué sentido tiene comprar por separado si juntos podemos comprar mejor y más barato? ¿Qué sentido tiene que cada Ministerio contrate individualmente, y a diferente precio, sus servicios de energía, limpieza o comunicaciones?

Otro ejemplo. La CORA ha entrado de lleno en el análisis de las duplicidades en materia de órganos institucionales entre distintas Administraciones. Se ha analizado minuciosamente el área de actividad de cada ministerio, se ha identificado el órgano administrativo o entidad que ejerce en el Estado y cada Comunidad la competencia respectiva y se hacen recomendaciones, que es lo que son, para avanzar en el principio de una Administración-una competencia. Y se ha llegado a la conclusión --llega el informe--, por ejemplo, de que las Comunidades pueden prescindir, o no, de sus Agencias de Meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia o de sus Agencias de Energía, por poner algunos ejemplos, porque hay Comunidades que no disponen de esas estructuras, que son caras, y desde el Estado se les presta el mismo servicio, con igual o mejor calidad y sin coste adicional para sus ciudadanos.

Los ahorros están a la vista y, si se aplicasen las hasta 120 propuestas de eliminación de duplicidades que contiene el informe, supondría un alivio para los presupuestos de las Comunidades Autónomas o del propio Gobierno de la nación. No sólo en estos casos, sino también en muchos otros, como el que les puede suponer el ofrecimiento, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de instalar sus oficinas en el extranjero dentro de las Embajadas y Consulados. A fin de cuentas, esto redundaría en un principio legal que todo el mundo entiende: el principio de unidad de acción exterior del Estado, que, en este caso, ahorraría mucho dinero a los ciudadanos de nuestro país. En esta materia he de decir que ya ha habido avances notables, con la firma de varios protocolos de colaboración entre el Ministerio y varias Comunidades Autónomas.

Pero no sólo se trata de que ahora, en tiempos de crisis, hagamos este tipo de ejercicios. En el futuro debemos todos ser mucho más rigurosos a la hora de fundar nuevas empresas públicas, a la hora de crear nuevos organismos. Por eso, proveeremos un cambio legal que defina mejor qué tipo de organismos públicos o entidades se pueden crear, qué finalidad especial justifica su creación y con qué recursos van a poder funcionar, para que ninguno eluda los necesarios controles. Y se hará un seguimiento riguroso de ello.

Queridos amigos,

Podría citarles otras medidas que atienden de modo directo al bienestar del ciudadano y a la competitividad de nuestras empresas, como son los grandes proyectos de simplificación que en este informe se proponen: de la simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental o la implantación de una ventanilla única para el comercio exterior. O también podría hablarles de una de las principales demandas que nos han hecho llegar los ciudadanos y los emprendedores: hacer que la Administración electrónica sea una plena realidad.

Hablo de propuestas que afectan a nuestro día a día, como la implantación de la historia clínica digital, para que los ciudadanos que se desplacen de una Comunidad Autónoma a otra, por ejemplo en vacaciones, puedan ser atendidos por los médicos y enfermeros con todos los datos de su historia clínica. Se trata, en definitiva, de que la sanidad siga al ciudadano y no que el ciudadano persiga a la sanidad.

Y es que todo se hace pensando en el beneficio del ciudadano. De la cita previa electrónica en el Servicio Público de Empleo o en las Jefaturas de Tráfico, al Tablón de edictos único de las Administraciones Públicas o a la puesta en marcha de la factura electrónica en las Administraciones para facilitar las relaciones comerciales con sus proveedores.

Hablando también de proveedores, les explico otra propuesta concreta, que no es otra que el control de la deuda comercial del sector público a efectos de la estabilidad presupuestaria. Esta propuesta parte del principio de que la sostenibilidad financiera no es sólo control de la deuda pública, sino también control de la deuda comercial. Es decir, que se pague a los proveedores la deuda que las administraciones tienen con sus proveedores, que en buena parte son pequeñas y medianas empresas, las primeras generadoras de riqueza y empleo en nuestro país.

Pues bien, la reforma se encaminaría a integrar el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera. En aras de un control riguroso, se introduce el concepto de período medio de pago a proveedores y se obliga a las Administraciones Públicas a publicarlo periódicamente. En definitiva, una propuesta muy concreta para acabar de una vez con la morosidad de las Administraciones y los incumplimientos de los plazos legales de pago que tantas dificultades, como ustedes saben, han causado en años anteriores, y hoy, a miles de empresas en nuestro país.

Amigas y amigos, permítanme ir concluyendo.

He dejado en el tintero decenas de medidas. En realidad, he dejado en el tintero la mayoría de las medidas, medidas que me hubiera gustado haberles explicado: desde la simplificación de los trámites administrativos para la apertura de una empresa, recogida en el Proyecto "Emprende En 3", pasando por el reconocimiento mutuo de las autorizaciones, como, por ejemplo, y se entiende bien, las licencias de caza y pesca entre distintas Comunidades Autónomas o la creación de un servicio general de notificaciones electrónicas, que será de implantación progresiva. Un comentario sobre este asunto: una notificación postal cuesta 2,55 euros; una notificación electrónica cuesta 0,19 euros.

En suma, lo que hablamos en todos y cada uno de los casos no es de principios etéreos, sino de propuestas concretas y detalladas, unas propuestas que tendrán una repercusión muy positiva, en términos de ahorro para todos, sí, pero también a la hora de facilitar un sin número de quehaceres, personales y profesionales, de nuestra vida diaria.

Señoras y señores,

Ya he comentado que el informe de esta Comisión no es el final del camino. Además de un diagnóstico preciso, es un instrumento útil en manos del Gobierno y a disposición de las Comunidades Autónomas para llegar mucho más lejos en la dirección que emprendimos al inicio de esta Legislatura.

Ésta es una reforma que afecta a todas las Administraciones y, precisamente por eso, todos deberían beneficiarse de sus propuestas y recomendaciones. Para lograrlo, vamos a buscar el máximo grado de acuerdo entre las fuerzas políticas y las distintas Administraciones para que la transformación del sector público sea posible.

El final de ese camino no llegará hasta tener el modelo de Administración Pública que sirva de la mejor manera a los intereses generales de nuestra sociedad. Como tantos otros objetivos, éste también está a nuestro alcance.

Para que tenga éxito toda reforma ha de conjugar realismo y ambición en las dosis adecuadas. Tanto el conformismo, como el idealismo impracticable, son enemigos declarados de los proyectos reformistas, en la medida en que ambos --el idealismo impracticable y el conformismo-- impiden que estos proyectos alcancen su plena efectividad, en la medida en que ambos impiden hacer las aspiraciones realidad.

Pero ninguna reforma, por mucho que en un principio solucione los problemas existentes, es un punto y final. Una vez llevada a la práctica, abre de inmediato nuevas posibilidades de avance, superación y mejoras hasta entonces tal vez insospechadas. Por eso, la obligación de un Gobierno es realizar una gestión dinámica y constante de todos los asuntos, mantener un pulso firme y permanente en el camino trazado, y no bajar nunca la guardia en la ambición de dejar a los ciudadanos un país mejor del que encontró.

Hoy los grandes objetivos de nuestro país están más al alcance de nuestra mano de lo que estaban hace un año o hace apenas unos meses. Gracias a los esfuerzos de todos hemos dejado atrás los peores momentos. Hemos avanzado en la medida en que hemos perseverado, en la medida en que no hemos permitido que se quebrara la fe en nuestras posibilidades.

Así seguiremos trabajando: con los mejores mimbres y sin perder de vista los propósitos que dan carácter a esta Legislatura: reformar para volver a crecer, volver a crear empleo y vivir de nuevo en un país de oportunidades para todos. Lo conseguiremos. Ése será nuestro gran relato.

Y termino ya resumiendo. Gracias a quienes han trabajado en este informe. En octubre del año pasado les pedimos que estuviera terminado el 30 de junio del presente año, 2013. Era necesario ese plazo, porque en un asunto de estas características el voluntarismo y la improvisación que lo suele acompañar no conducen a nada. Han cumplido, quienes han trabajado en este informe, con creces. Créanme que ha sido la suya una labor gigantesca. Ahora disponemos de un documento elaborado por personas que conocen la Administración y en el que, además, han colaborado otras que tienen otras visiones, desde otras atalayas, pero que comparten idéntico objetivo: mejorar las cosas y servir a los ciudadanos.

Este documento es una propuesta. Nos gustaría, como he dicho antes, acordarla con todos. Lo vamos a intentar de buena fe. Aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces, que es nuestra obligación.

La Administración Central asume lo que dice el documento y actuará en consecuencia, y empezaremos el viernes. Lo haremos desde ya. Empezaremos con reformas como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la del Procedimiento Administrativo, la Ley de Subvenciones, la factura electrónica o la morosidad en las Administraciones Públicas. Y, a la par, iremos tomando otras decisiones que no requieran reformas legales.

Las demás Administraciones, tal y como comprometí en la Conferencia de Presidentes el pasado año, tendrán dicho informe a disposición para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que este documento aporta buenas ideas e, insisto, no persigue otra cosa que la eficacia. Soy absolutamente consciente, y ustedes también, porque ésta no es una operación fácil, de que la tarea es ardua, difícil y que exigirá mucha determinación; pero créanme que vale la pena. Al menos, así lo pienso yo.

Muchas gracias.