Pedro Sánchez subraya que la democracia requiere respeto a la ley y a la voluntad popular

La Moncloa, Madrid

"En el día de ayer, el Tribunal Constitucional acordó, por una diferencia mínima, de 6 a cinco, una decisión sin precedentes en 44 años de democracia. Lo que hizo con su decisión fue paralizar la acción de las Cortes Generales en un asunto que, además, afecta a la renovación del propio Tribunal Constitucional conforme a lo que establece la Carta Magna.

Esta situación tiene su origen en la decisión que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional. Con ello asistimos desde entonces a una situación inédita en la historia de nuestra democracia, con el bloqueo de la renovación del gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, y también del Tribunal Constitucional. Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable para su orientación.

Este bloqueo se ha mantenido a lo largo de más de cuatro años. Los ciudadanos y ciudadanas han asistido a lo largo de este tiempo a distintas declaraciones que hemos venido manifestando desde el poder Ejecutivo, y yo en particular, a la exigencia de cumplir con la Constitución y, en consecuencia, de renovar los órganos constitucionales. Y lo hemos hecho, además, con distintas direcciones del Partido Popular, que ha arrojado distintos pretextos, distintas excusas, y que revela exclusivamente el propósito por parte del PP de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.

Ello ha dado lugar a una situación que se ha ido agravando a lo largo de los meses, a lo largo de los años, hasta desembocar en la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional. Se trata -se ha dicho por parte de distintos actores políticos- de un hecho grave, porque por vez primera se impide que los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación, esa voluntad popular, de debate, en el Parlamento, y de legislación.

Y precisamente por eso son hechos que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país, pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo.

Comprendo, en consecuencia, la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular -como es el de la representación, el del debate, el de la legislación-; y comprendo la preocupación de la ciudadanía, que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito, no solamente en la historia democrática de nuestro país, sino también en el contexto europeo en el que se desenvuelve la democracia española.

A todos los ciudadanos quiero trasladarles, en nombre del gobierno de España, un mensaje de serenidad.

España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro, que el de la Ley y el del cumplimiento de la Constitución.

En consecuencia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

Y también conforme a la Ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.

En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y también firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la Ley; y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones.

La democracia requiere respeto, a la Ley, respeto a la voluntad popular, de la que deriva la legitimidad de todos los poderes, también del poder judicial. Y por eso quiero asegurarles que el gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la Ley, de la Constitución, y el absoluto respeto de la voluntad popular y, en consecuencia, del mandato constitucional.

Gracias."