El Gobierno impulsa infraestructuras en Castilla y León como el AVE o la autovía del Duero

La Moncloa, Madrid

En el área de infraestructuras, el Gobierno mantiene el compromiso con esta comunidad, que supone la puesta en servicio del AVE de Valladolid a Burgos en el año 2020 o la finalización de los tramos en obras de la Autovía del Duero en 2019 y la licitación de nuevos tramos en ese mismo año. Asimismo, se han producido avances en la puesta en servicio de algunos tramos de la autovía León-Valladolid y el ministerio de Fomento continuará avanzando con los tramos restantes.

También siguen adelante las obras de la autovía de Burgos a Aguilar de Campoo y se continúa trabajando para conectar la A62, autovía de Castilla, con la A25 portuguesa. En el ámbito ferroviario, se trabaja también en León para completar la integración del ferrocarril convencional, con el soterramiento completo y la supresión del fondo de saco que se espera terminar en 2019, y en finalizar la integración tranviaria de FEVE.

En materia de empleo, el compromiso de Gobierno de España en la región ha quedado patente con las negociaciones llevadas a cabo recientemente para lograr un inversor en la factoría Vestas en León, y continúa con la política del Ejecutivo de un transición ecológica de las empresas que, entre otras medidas, se materializará con la puesta en marcha de un Plan de acción urgente para comarcas mineras y territorios con centrales en proceso de cierre para mantener el empleo a corto plazo a través de un plan de energías renovables y eficiencia.

Apoyo en sanidad, dependencia y vivienda

En el área sanitaria, en cuanto a la necesidad de médicos de atención primaria, se está trabajando para cumplir con el acuerdo alcanzado el 24 de abril de 2018 en el seno del Consejo, con el objetivo de paliar la desigual distribución en determinadas especialidades y en determinados territorios. Así, se ha incrementado el número de plazas en la convocatoria de formación sanitaria especializada de 2018/2019.

En materia de atención a la dependencia y su financiación, el Gobierno tiene la firme e inequívoca intención de recuperar derechos para los ciudadanos y de revertir los recortes que causó el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esto supone, para todo el territorio del Estado, sin distinción de comunidades autónomas, un incremento de la financiación del nivel mínimo de atención (como lo ha hecho en 2018, con un incremento del 5,26%).

Pool Moncloa/JM.CuadradoAsimismo, va a recuperar el nivel acordado por el que se articula la cooperación interadministrativa entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la aplicación de los servicios y prestaciones de la ley, y se va a restablecer el convenio de Seguridad Social de las cuidadoras familiares, asumiendo el pago de sus cotizaciones.

El Gobierno hace del derecho a la vivienda digna una actuación esencial. Por ello, además del plan de vivienda que está elaborando, se van a promover o calificar veinte mil viviendas para el alquiler asequible donde se necesiten y se reformarán la Ley de arrendamientos urbanos para un alquiler digno y la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger a las familias más vulnerables.

Asimismo, el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido con Juan Vicente Herrera a impulsar la Comisión de Coordinación para el desarrollo del Estatuto de Autonomía, que se reunirá a principios de 2019. Sánchez le aseguró también que se continuará trabajando, en el marco de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, en la puesta en marcha de medidas de lucha contra la despoblación, incluida la posibilidad de adoptar medidas fiscales en este ámbito, o la implementación de infraestructuras de comunicación. En este sentido, se ha iniciado la consulta pública sobre la orden de bases del Programa de Extensión de la Banda Ancha de nueva generación 2019.

Ambos dirigentes también han abordado la reforma del sistema de financiación autonómica, incluyendo la necesidad de financiación para atender la problemática de territorios despoblados. Respecto a esta necesidad, además de presentar una Estrategia nacional frente al reto demográfico en los próximos meses, en cooperación con las comunidades autónomas, Sánchez le ha trasladado que el Gobierno defiende, para el marco financiero plurianual 2021- 2027, que la política de cohesión se aplique a todas las regiones, teniendo en cuenta la preocupación de regiones como Castilla y León, con territorios despoblados, y entiende que esta circunstancia debe ser considerada como criterio adicional al PIB per cápita, de cara a la asignación de fondos estructurales y de inversión europeos.