Declaración del presidente del Gobierno

Madrid

Presidente.- Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Supongo que habrán tenido ustedes un día intenso; por lo tanto, seré breve.

Comparezco para hacerles un primer balance de los contactos que he mantenido en los últimos días con distintos grupos políticos: primero, con el Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, con el líder de la oposición, y, luego, con Ciudadanos, Podemos y el Partido Popular; unos contactos que, como saben, van a continuar la próxima semana con otras fuerzas políticas.

Quiero decir, como primera observación, que agradezco la disposición de los distintos grupos políticos para atender la invitación del Gobierno a mantener cauces de diálogo ante el mayor ataque que ha sufrido nuestro ordenamiento constitucional en los últimos años. Cada una de las distintas formaciones políticas puede o podemos mantener posiciones distintas, es legítimo, y en esa pluralidad se basa la salud de nuestro sistema democrático; pero la mayoría hemos constatado que, a pesar de las profundas diferencias que nos separan, hay un acuerdo previo de convivencia que nos une a todos. Todos defendemos la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles en derechos y libertades, y el cumplimiento de las leyes que amparan esos derechos y esa igualdad.

Este acuerdo es el requisito previo sobre el cual se fundamenta nuestra convivencia y sobre ese acuerdo hemos cimentado los años más brillantes de nuestra historia. Por eso, lo primero que he querido trasladar a los distintos dirigentes políticos con los que he conversado es que en una democracia el cumplimiento de la Ley está fuera de discusión. Podemos cambiar las leyes --precisamente ahora vamos a unas elecciones donde cada formación política comprobará el apoyo popular a sus propuestas--, pero lo que no podemos hacer los demócratas es violentar las leyes.

Eso es lo que están planteando en Cataluña algunos grupos políticos: violentar las leyes democráticas, violentar las leyes en las que se fundamenta su propia legitimidad, la legitimidad de sus instituciones autonómicas, y violentar los derechos de todos los españoles, incluida la mayoría de catalanes que no quieren la independencia.

El Gobierno y yo, que lo presido, tenemos encomendada constitucionalmente la labor de cumplir y hacer cumplir las leyes, y, por ello, asumo la responsabilidad de liderar la respuesta del Estado ante el desafío planteado; pero también entiendo que estamos ante un reto que compromete a todos los demócratas españoles porque, como he dicho, estamos ante el anuncio deliberado de romper nuestra igualdad y liquidar nuestros derechos.

Creo que todos hemos entendido la gravedad del desafío y por ello agradezco la disposición que he encontrado en mis interlocutores. Por mi parte haré todo lo posible y lo imposible, si es que eso cabe, para mantener y fortalecer ese entendimiento en lo sustancial.

Me gustaría reiterar un mensaje de tranquilidad. El Estado español, con todos sus recursos, que son muchos, con sus servicios jurídicos y con sus instituciones, tiene mecanismos sobrados para hacer frente con éxito a esta situación. En este aspecto sí quiero decirles que he pedido a mis interlocutores que todos hagamos un ejercicio de confianza en los servicios del Estado y evitemos abrir debates estériles sobre estos asuntos dado que en lo fundamental estamos de acuerdo.

Desde mi punto de vista, es el momento de buscar lo que nos une, sobre todo cuando eso que nos une es lo que protege nuestra diversidad y nuestros derechos. Es el momento de confiar también en los mecanismos del Estado de Derecho.

Señoras y señores,

España es un gran país, siempre ha sabido hacer frente con éxito a los retos que se le han planteado y estoy convencido de que también lo hará en esta ocasión. Desde luego, por parte del Gobierno no va a quedar y estoy seguro de que por parte de la mayoría de las fuerzas políticas españolas tampoco va a quedar.