Comparecencia del presidente del Gobierno después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros

Presidente.- Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Quisiera comenzar con una cuestión procedimental. Yo voy a dividir mi exposición esta mañana en cinco partes: en primer lugar --lo haré con brevedad porque son temas conocidos, pero que no conviene olvidar--, haré una referencia al cómo hemos llegado hasta aquí; en segundo lugar, hablaré del diálogo; en tercer lugar, del artículo 155; en cuarto lugar, de los objetivos que persigue el Gobierno cuando pone en marcha este artículo 155 y, por último, de las medidas más relevantes que vamos a plantear al Pleno del Senado y a la comisión que se establezca como competente para tratar de este asunto en la próxima semana, solamente las más relevantes.

Después de esta intervención contestaré a preguntas, pero después habrá un briefing para entrar más en los detalles. Me gustaría que las preguntas fueran generales porque tendría que remitirme, si no fuera así, al briefing que, como les he dicho, se producirá a continuación.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Este es un proceso que ha sido unilateral, que ha sido contrario a la Ley y que ha buscado el enfrentamiento. Comenzó con el intento de obligar al Gobierno a aceptar un referéndum sobre la independencia de Cataluña; un referéndum que todo el mundo sabía que el Gobierno no podía aceptar. Hubo un debate en las Cortes Generales en el cual se dijo que no a la petición, vía artículo 152.2 de la Constitución, de que se traspasara la competencia para celebrar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Y, a partir de ahí, comenzó la toma de decisiones unilaterales. El señor presidente de la Generalidad fue invitado a las Cortes Generales para que expusiera allí cuales eran sus pretensiones y no aceptó.

Lo más llamativo y antidemocrático de ese proceso unilateral al que me estoy refiriendo ha sido lo que sucedió en el Parlament de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre. Esos días 6 y 7 de septiembre se vulneraron, en lo que fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la democracia española, los derechos de los diputados de la oposición: se calificó en un cuarto de hora un proyecto de ley que no había sido tratado por la Mesa, se modificó el orden del día, el plazo de enmiendas quedó reducido a nada y el debate que allí se produjo fue un debate impropio de un sistema democrático. Lo cierto es que en pocas horas se liquidó por mayoría la Constitución Española en Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se aprobó la Ley del Referéndum y, además, se aprobó la llamada Ley de Transitoriedad, una especie --así dijeron sus autores-- de Constitución de Cataluña hasta que se aprobara definitivamente la nueva.

Todo esto fue suspendido, como saben, por el Tribunal Constitucional; pero fue igual. El Gobierno se había situado fuera de la Ley y, por tanto, no se consideraba en la obligación de hacer caso a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Se intentó hacer un referéndum a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional; se pretendió darle valor a algo que había prohibido el Tribunal Constitucional y que, además, se celebró, como todo el mundo sabe, sin ninguna garantía democrática, y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10 de octubre cuando en un Pleno en el Parlamento de Cataluña se adoptaron las resoluciones que todos ustedes conocen.

¿Qué hizo el Gobierno en esta situación? El Gobierno el día 11 de octubre requirió a la Generalitat de Cataluña, a su presidente más concretamente, para que explicara algo que se puede explicar muy fácilmente: si habían o no declarado la independencia. El Gobierno podía haber hecho este requerimiento antes, como lo pidió una parte de la opinión pública. Podía haberlo hecho cuando se aprobó la ley del referéndum, cuando se liquidó la Constitución, o podía haberlo hecho cuando se aprobó la Ley de Transitoriedad. Tuvo muchas oportunidades de hacerlo; pero preferimos actuar, como creo que se debe de hacer en estos casos, con prudencia, con responsabilidad, con sentido común e intentando que se produjera una rectificación que realmente no se produjo por decisión de quien podía tomarla, que es la propia Generalitat. No respondieron, porque no quisieron, en plazo y en tiempo.

Yo tengo la impresión, después de haber visto como se han desarrollado los acontecimientos en las últimas fechas, que alguien puede pensar sin temor a equivocarse que diera la sensación de que algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155. No lo voy a afirmar categóricamente. No quiero hacer una crítica, pero tengo esa convicción, porque no se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron, que como ha hecho a lo largo de estas últimas fechas la Generalitat de Cataluña.

En segundo lugar, quiero referirme al diálogo, una palabra hermosa que en esta ocasión se ha convertido en mágica. Tengo que decir que aquí nadie planteó por parte de la Generalitat un diálogo; lo que se ha planteado --he reiterado en algunas ocasiones y creo que es bueno recordarlo ahora aquí-- es una imposición: pretendía imponérsele al Gobierno que hiciera algo que sabían que no iba a hacer y que, además, no podía hacer.

Se le invitó al presidente de la Generalitat al Parlamento a que expusiera cuales eran sus planteamientos y no quiso. Se le invitó a la Conferencia de Presidentes y no quiso. Se le invitó más tarde a hablar de un tema muy importante como era la financiación autonómica y no quiso. También se le invitó a que acudieran los representantes que estimara oportuno y conveniente a los grupos de trabajo para hablar de la financiación autonómica y tampoco quiso. Lo único que se hizo fue liquidar la Ley y poner en marcha, sin tener competencia alguna y saltándose la Ley, una legalidad paralela. Ni siquiera el diálogo del que tanto se hablaba se practicó con casi la mitad de los diputados del Parlamento de Cataluña a los que no se les dejó intervenir en defensa de sus posiciones.

El diálogo no es que los demás tengan que aceptar obligatoriamente tus exigencias; eso no es diálogo, eso es imposición o un contrato de adhesión, si quieren ustedes llamarle así. El diálogo fuera de la Ley y fuera de la norma es profundamente antidemocrático, y, desde luego, no es diálogo pretender imponer a los gobernantes, en este caso al Gobierno de España, que se salten deliberadamente la Ley.

Por todo ello, y entro ya en el tercer punto --lo haré con brevedad, me extenderé más en el punto cuarto y en el quinto de mi intervención--, el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era ni nuestro deseo ni nuestra intención. No lo fue nunca y creo que esto lo sabe el conjunto de la opinión pública española. El artículo 155 es un artículo constitucional; pero es un artículo que solo se aplica en circunstancias excepcionales. De hecho, en España estuvo a punto de aplicarse en una ocasión, bajo el Gobierno de González, y al final no se hizo porque las cosas se recondujeron a la legalidad.

En esta ocasión no fue posible y aplicamos el artículo 155, porque ningún Gobierno --insisto, ningún Gobierno-- de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la Ley, que se viole la Ley, que se cambie la Ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. Esta es la razón por la que hemos puesto en marcha un artículo, como el que hay en otras muchas Constituciones europeas, constitucional y votado por todos los españoles.

Paso ahora a explicar, en lo que es el cuarto punto de mi intervención, cuales son los objetivos de esta decisión que hemos adoptado. Por último, me referiré a las medidas.

Los objetivos son cuatro, fundamentalmente: el primero, volver a la legalidad; el segundo, recuperar la normalidad y la convivencia que se ha deteriorado, y desgraciadamente mucho, en Cataluña; en tercer lugar, continuar con la recuperación económica --esto es la vida de la gente--, con el empleo, con los sueldos, con que la gente pueda trabajar, recuperación económica que hoy en Cataluña está en peligro, en evidente peligro, por las decisiones caprichosas y unilaterales que se han adoptado; y el cuarto gran objetivo es celebrar elecciones en situación de normalidad. Repito, cuatro objetivos: recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia, continuar con la recuperación de la economía y celebrar elecciones. Volver a la legalidad es restituir la vigencia de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en Cataluña.

Paso ahora a hacer una breve referencia de lo que significa la recuperación económica porque, sin duda, una de las grandes historias, uno de los temas en los que más se ha faltado a la verdad, era en los efectos beneficiosos que para los ciudadanos de Cataluña podría producir la independencia.

Los últimos datos que conocemos son preocupantes: se han trasladado sedes sociales y fiscales de empresas en un número que supera a las mil y, desde luego, la inmensa mayoría de las grandes empresas de toda Cataluña que dan trabajo a muchísimos ciudadanos de Cataluña; se han desincentivado las inversiones, las de fuera y las de dentro; y se ha desmotivado el turismo, importantísimo, como saben ustedes, en el PIB catalán y uno de los factores de crecimiento más importantes. No voy a entrar en ningún detalle sobre este asunto, son sobradamente conocidos por todos ustedes; pero sí me gustaría hacer alguna referencia a algunos temas que tienen su trascendencia.

Si Cataluña se independizara, a pesar de lo que se les ha dicho a los ciudadanos de Cataluña, Cataluña abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del arancel exterior común, además de controles aduaneros en frontera. Estamos hablando de una economía para la cual el comercio exterior supone una parte, por encima de la mitad, sustancial de su PIB.

Desde el punto de vista financiero, todas las facilidades que da el Banco Central Europeo desaparecerían. Esa fue la razón por la cual no hay ninguna entidad financiera que se haya quedado en Cataluña y hayan tenido estas entidades financieras que trasladar su domicilio a otro lugar de España, y lo hacen en defensa de sus propios intereses de sus trabajadores, de los depositantes y de aquellas personas que tienen metidos sus ahorros en las entidades financieras. Habría un problema, que ya ha empezado, grave de contracción del crédito. Se produciría una inflación desproporcionada, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión.

Y todo esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25 y el 30 por 100 del Producto Interior Bruto, resultando una coyuntura económica insostenible.

Por eso, uno de los objetivos, uno de los cuatro a los que me he referido, es que continúe el proceso de recuperación económica en el que España ya lleva instalada, por fortuna, en los últimos años.

Repito, por tanto, los cuatro objetivos: legalidad, normalidad y convivencia, recuperación económica y elecciones.

Precisamente, la primera medida, y entro ya en la última parte de mi intervención, que va a adoptar el Gobierno está íntimamente relacionada con este objetivo de que se celebren elecciones en Cataluña. La facultad de disolver, si el Senado así lo decide, el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, si el Senado así lo decide, tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, mi voluntad, la mía, es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional que, sin duda alguna, es uno de los objetivos de futuro y para ello sería importante que todos nos aplicáramos a recuperar esa normalidad institucional.

Esto, celebrar elecciones, es el objetivo. Lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común y de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en la cual la Ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recuperen la convivencia, el bienestar y el empleo de las personas. Ese es el objetivo de esa nueva etapa que habría que hablar.

Paso ahora a explicar con brevedad el resto de medidas, las más importantes, como les decía al principio. Insisto, luego habrá un briefing para entrar en los detalles que también son importantes. Lo que vamos a solicitar al Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución, con el fin de proteger el interés general de la nación, es que se autorice al Gobierno a adoptar las siguientes decisiones:

• Primera, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la nación. En principio, la idea será la de que los Ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional. La administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña. Esta administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación en sustitución de aquellos que, como les he dicho antes, serán los responsables de los distintos ministerios.
• En segundo lugar, es la segunda medida importante a la que quería hacer referencia, el Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada pero, para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución, se proponen al Senado una serie de medidas, las más importantes de las cuales son las siguientes: el presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura; las facultades de control corresponderán al órgano que a tal efecto designe el Senado y por parte del Parlamento no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución Española y al Estatuto de autonomía de Cataluña, teniendo el Gobierno un plazo de treinta días para ejercer su derecho de veto.

Yo creo que estas son las medidas más importantes. Hay otras, hay más detalle que ustedes podrán conocer a continuación.

Sí quiero llamar su atención sobre un asunto importante que creo que debe quedar muy claro: no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Ley, de la Constitución y del Estatuto. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas.

Y termino ya. Nuestra Nación y nuestro Estado de Derecho son, como saben, abiertos, democráticos, respetuosos de la pluralidad y garantes de los derechos de las personas. Así hemos convivido, con nuestras dificultades pero creo que felizmente, cuarenta años, sabiendo encontrar la riqueza en nuestra diversidad, la cooperación leal y la eficacia en uno de los Estados más descentralizados del mundo, y la calidad democrática que garantizan los controles y los contrapoderes que definen a las sociedades abiertas. Esta es la España de hoy y la que queremos que siga siendo, y yo les digo que lo vamos a conseguir todos juntos actuando con serenidad y con firmeza democrática.

A todos los españoles, y especialmente a los catalanes, quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad. Soy plenamente consciente de que el momento es difícil; pero todos juntos lo vamos a superar, como hemos superado acontecimientos muy complicados también a lo largo de nuestra historia que, por cierto, ya dura unos cuantos siglos. Yo pido que no se vayan más empresas, ni se vayan más depósitos. Creo que podemos estar tranquilos, porque esto se arreglará y sin más daño para nadie. Vamos a trabajar por la normalidad, por la concordia, por la buena convivencia, por la concordia entre todos, y vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volver a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo. Ese proyecto se llama desde, hace muchos siglos, España.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)