Intervención del presidente del Gobierno (Tercera parte)

Señorías,

La defensa de nuestros intereses no se ha limitado a las 36 horas sin dormir de las sesiones maratonianas, en Bruselas. Es que hubo quien se fue a las doce de la noche y luego pasó lo que pasó. Eso sólo fue la guinda. Allí se ha recogido la cosecha de cuanto se ha sembrado durante un año de trabajo constante.

Pasaré ahora a desglosarles el resultado de dicho acuerdo.

En Fondos de Cohesión, España ha obtenido tres cosas:

• La creación de un fondo nuevo para impulsar el empleo juvenil que se dotará de seis mil millones de euros. De ellos, tres mil millones de euros serán "dinero nuevo" y, de los mismos, España se llevará algo más del 30 por 100, unos 900 millones de euros. Para nosotros era fundamental impulsar medidas de estímulo dirigidas especialmente a combatir la tasa de desempleo juvenil y nos hemos empeñado especialmente en sacar adelante la creación de este fondo. Su aprobación por el Consejo Europeo constituye, por un lado, una muestra de la sensibilidad de los dirigentes europeos hacia uno de los problemas más acuciantes en nuestro continente, que es la falta de empleo de nuestros jóvenes. Su incorporación al Marco Financiero plurianual tiene el mérito de constituir una aportación no prevista en la propuesta de la Comisión y supone el fruto de un trabajo continuado y determinado de este Gobierno. Es un éxito para España, pero también para el conjunto de Europa.
• España tendrá una asignación especial de 1.824 millones en Fondos de Cohesión. Además, en atención a sus circunstancias particulares, Ceuta y Melilla obtendrán 50 millones de euros adicionales de los Fondos Estructurales. Una magnífica noticia para nuestras Ciudades Autónomas.
• En tercer lugar, hemos obtenido una ayuda especial para desempleados en regiones en transición (Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Melilla e Islas Canarias) de 1.100 euros anuales por desempleado. Eso, respecto al Consejo Europeo de noviembre, supone unos 930 millones de euros adicionales. El Gobierno está volcado en la lucha contra el desempleo, es el eje principal de cuanto hacemos y esta dotación significa un apoyo importante para nuestros objetivos.

Pues bien, estos tres elementos suponen un incremento de los Fondos de Cohesión de 3.724 millones de euros, lo que significa una considerable mejora respecto a la propuesta de noviembre del presidente Van Rompuy, que fue de 2.800 millones de euros. Prácticamente, Señorías, mil millones de euros más.

En relación con la Política Agraria Común, y a pesar de la reducción operada en el presupuesto comunitario, España salvaguarda su situación actual para los próximos siete años: en ayudas directas, nuestro país mantiene una dotación de unos 35.000 millones de euros; en desarrollo rural, España logra incrementar en un 3 por 100 el Presupuesto con respecto al período actual, para alcanzar, aproximadamente, los 8.300 millones de euros y, de ellos, 500 millones corresponden a una asignación específica para nuestro país, asignación que se ha batallado en este último tramo de la negociación y que no aparecía en noviembre; y, además, hemos ganado en flexibilidad: hasta un 15 por 100 de estos fondos se podrá transferir entre ayudas directas y desarrollo rural.

Por lo demás, por primera vez, España obtiene una mejora en Recursos Propios, en virtud de la cual la Hacienda Pública española aportará una menor contribución al Presupuesto comunitario. Esto es debido, tanto a la reducción del presupuesto en partidas que tenían poco retorno para España, como por la moderación de las compensaciones. Todo ello supone un ahorro para nuestro país de tres mil millones de euros.

En definitiva, señorías, el Gobierno ha trabajado muy duro para conseguir un resultado que fuera beneficioso para los intereses de España y, que a la vez, fuera aceptable para nuestros socios de la Unión, porque yo creo que la idea de defender nuestros intereses en Europa no está reñida con nuestro europeísmo. Nuestros socios saben que hoy estamos en los órganos de gobierno de la Unión para trabajar duro y para defender nuestros intereses; pero también para debatir, aportar ideas y aunar esfuerzos en pro de una Europa más unida, más integrada, más solidaria y mejor para nuestros conciudadanos.

En definitiva, señorías, una dura negociación y un buen acuerdo.

Permítanme ahora, señor presidente y señoras y señores diputados, que reclame su atención para dos problemas que preocupan al Gobierno, a la opinión pública y doy por descontado que a ustedes también. Nos preocupan a todos. Me refiero a la corrupción y a los debates sobre la organización territorial del Estado.

La corrupción es un problema que alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen de España. Toda corrupción es insoportable. Es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Cualquier corrupción.

Cualquier volumen de corrupción es siempre demasiado. Un país que se respete debe perseguirla tan pronto como aparezca y tantas veces como sea preciso.

Me repugna que en España surjan casos de corrupción, pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución; que fiscales, jueces y Fuerzas de Seguridad del Estado sigan actuando en el cumplimiento de su deber. Y es misión de todos nosotros ofrecerles instrumentos que faciliten su tarea.

Por eso, como saben ustedes, señorías, en el primer año de la Legislatura hemos impulsado a estos efectos un conjunto de actuaciones, entre las que quiero destacar la Ley de Transparencia. Junto a ella, hemos impulsado en octubre de 2012 la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que establece nuevos límites para las donaciones y condonaciones de deudas de los partidos, así como nuevas obligaciones de transparencia. También hemos promovido la reforma del Código Penal, que incrementa la sanción penal de los gestores públicos y recupera la responsabilidad penal de los partidos políticos.

Éste ha sido el inicio, pero debemos ir más allá. Propongo a todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara un amplio acuerdo en esta materia, que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes. A tal efecto, les voy a enumerar las medidas que yo considero necesarias; pero quiero que quede claro que no son excluyentes de las que otros grupos políticos puedan presentar. Me comprometo a que todas las propuestas que surjan de los Grupos Parlamentarios sean analizadas y debatidas con toda la profundidad que este asunto requiere.

En primer lugar, propongo que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen también a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales, y, en general, a todas aquellas entidades que se financien a través de fondos públicos.

Propongo, además, un mayor control sobre los partidos, sobre sus cuentas y su gestión. Por eso, el Gobierno trasladará a este Parlamento un Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Una nueva norma que modificará algunas que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que propondrá nuevas exigencias a los partidos y más instrumentos al Tribunal de Cuentas. Una norma exigente sobre el procedimiento mínimo de aprobación de las cuentas de los partidos políticos, que deberá necesariamente figurar en sus estatutos y obligará a depositar aquellas en un registro público específico.

En la normativa se refuerza el papel del Tribunal de Cuentas con más medios para su labor de control, que se extenderá también a los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

Igualmente, se regularán los procedimientos de contratación de los partidos políticos, estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre.

También se fijarán reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos. Llevaremos a la Ley un doble control externo sobre sus funciones: por un lado, con su deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y, por otro, con su obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en que se han gestionado los recursos de todos los partidos aquí representados.

Con esta nueva Ley Orgánica mejoraremos el control de la actividad económico-financiera de los partidos. Pero quiero también proponer reformas para garantizar la actuación ejemplar de sus dirigentes, de los altos cargos de la Administración y de todos los que representamos a los ciudadanos.

Para conseguirlo, el Gobierno presentará una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Se trataría de un verdadero Estatuto del Cargo Público en el que deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que puede haber derecho a compensación tras el cese, reforzando también la Oficina de Conflicto de Intereses. Una norma, en definitiva, que transmita seguridad y certeza a los ciudadanos y a los políticos, para que todos los que ejercemos la política respondamos sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia, y tengamos claro las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades que tenemos que publicar y cómo tenemos que hacerlo; con unos estándares que todos debemos cumplir.

Pero no se trata sólo de hacer públicas nuestras declaraciones. Propongo establecer un procedimiento de comprobación, a través de una auditoría, de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato para que se pueda detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público.

Permítanme, señorías, que, como miembro de esta Cámara de representantes, les proponga también extender este tipo de medidas u otras similares a los diputados y senadores, a través de la pertinente reforma de las normas que regulan el funcionamiento de ambas Cámaras; una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses, los llamados "lobbies", con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.

Señorías,

Tengo la firme convicción de que con todas estas reformas, y todas aquellas que ustedes puedan aportar, ganaremos en transparencia y los ciudadanos, en tranquilidad, aunque no puedo afirmar que con ello acabemos definitivamente con la corrupción porque, aunque mejoremos la regla, siempre hay quien encuentra un resquicio para vulnerarla.

En este ámbito nuestro esfuerzo debe dirigirse a tres objetivos principales: endurecimiento de las penas, agilización procesal en casos de corrupción y aumento del plazo de prescripción de estos delitos.

Propongo una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos. Traeremos también a la Cámara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca.

Señorías,

Éstas son las propuestas del Gobierno y se las transmito con el convencimiento de que la principal obligación de un responsable político es perfeccionar la democracia de forma permanente. No son propuestas contra nadie, sino a favor de todos, y estoy convencido de que su valor crecerá si son aprobadas con el voto de todos o de la inmensa mayoría de esta Cámara. E insisto en lo que he dicho con anterioridad: éstas no son propuestas excluyentes, estoy dispuesto a hablar sobre ellas, y me comprometo a que todas las que surjan de los Grupos Parlamentarios serán analizadas y debatidas con toda la profundidad que este asunto requiere, porque la democracia no puede ser patrimonio de nadie y nadie puede abstenerse de la obligación de protegerla.

Ahora bien, señorías, es mi obligación, como presidente del Gobierno de España, decirles algo más sobre este asunto: una cosa es condenar y perseguir la corrupción por todos los medios, y en eso todos estamos de acuerdo; otra muy distinta es sembrar, o ayudar a que se difunda, la especie de que España es un país corrupto, incluso de los más corruptos.

No hablo de ningún caso particular. Hablo de España, porque me preocupan nuestra autoestima y la imagen de España, porque esa España es inseparable de nuestro prestigio. De eso hablo. Tengo que decirlo con toda firmeza: no es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción. Eso es una insidia. Ni España es la nación más corrupta, ni todos los políticos son corruptos, ni nos hundimos por culpa de la corrupción. Y las excepciones, que yo sepa, no son representativas más que de sí mismas, como en todas partes donde brotan malas yerbas.

Señorías,

España es un país limpio, que lo está pasando mal, en el que surgen casos de corrupción, como en cualquier otro; pero en el que sus instituciones están sanas y la inmensa mayoría de sus responsables públicos sirven al país y lo hacen honradamente.

Sembrar la idea de que España es un país corrupto es profundamente injusto. Y generalizar la conducta indeseable de algunos a todos los políticos y, de paso, a las instituciones y al país entero es profundamente injusto.

Yo, como todos ustedes, estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca; pero no podemos permitir que se escriba otra vez de España una leyenda negra y tampoco quiero que España se convierta en un país inhabitable porque se aplaudan las acusaciones sin pruebas, porque causan daños que ni la rectificación podrá reparar, porque ya son irreparables.

Señorías,

Es necesario acabar con este clima que empieza a ser irrespirable y, desde luego, no se trata ni de ocultar, ni de trivializar, ni de olvidar. Esto es muy serio y los españoles, todos los españoles, tenemos derecho a poder confiar en nuestros representantes y en nuestras instituciones. Por eso, Señorías, les propongo hoy un amplio acuerdo en esta materia desde la lealtad institucional, desde la autoexigencia y la responsabilidad colectiva con nuestros conciudadanos.

Señorías,

Permítanme ahora, antes de terminar mi intervención, que le dedique unos minutos a un tema tan importante para España, al igual que para cualquier otra nación, como es su unidad, su organización territorial y su estabilidad política.

La Constitución Española, que es la Ley que garantiza y asegura nuestros derechos y libertades, y fija la normas de nuestra convivencia, establece un modelo concreto de organización territorial de España: el Estado de las Autonomías.

Señorías,

No hay nada que objetar a que ciudadanos o fuerzas políticas defiendan el modelo de Estado que estimen oportuno y conveniente, siempre que lo hagan dentro del marco de la legalidad. España es un país libre y la Constitución permite defender cualquier posición sobre este aspecto, siempre, insisto, dentro del marco de la legalidad.

Lo que no es aceptable, y espero que en esto estemos todos de acuerdo, es que se tomen decisiones que vayan en contra de la propia Carta Magna, y menos desde las instituciones. Señorías, esto es una deslealtad constitucional y contraviene un principio elemental del Estado de Derecho: el sometimiento de todos a la Ley.

Quiero, sobre este particular, dejar claros algunos puntos, y también como presidente del Gobierno.

Este Gobierno ha estado, está y estará permanentemente abierto al diálogo con todas las Comunidades Autónomas. De todo lo que tenga que ver con diferencias de criterios, necesidades insatisfechas o carencias fiscales, económicas o competenciales el Gobierno está dispuesto a hablar. De todo. Siempre, claro, en el marco de la Constitución.

Existen ya espacios previstos para ello, tanto los órganos de codecisión y participación --la Conferencia de Presidentes o las Conferencias Sectoriales--, como en el ámbito de diálogo bilateral. No faltan ni marcos ni ocasiones para el diálogo. Si hay voluntad, siempre se puede llegar a acuerdos, sin más exigencias que las que nos imponen el respeto a las leyes, la razón y la solidaridad.

Dicho esto, el presidente del Gobierno les quiere recordar a todos ustedes que nuestro texto constitucional señala que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado"; que la Constitución se "fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española"; que la Constitución "garantiza y reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"; que el Título VIII, interpretado en diferentes ocasiones a lo largo de estos años por el Tribunal Constitucional, fija la distribución de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado, y que en su artículo 149.1.32 la Constitución dice que la convocatoria de consultas por vía de referéndum es competencia exclusiva del Estado.

Señorías,

Esto es la Ley, insisto, La Ley, y no podemos desconocerla, ni pasar por encima de ella. Comencemos por respetar la Constitución y la Ley, y luego hablaremos de lo que haga falta.

Como les he dicho, desde el respeto a la Constitución y con voluntad de acuerdo, es posible alcanzar muchos resultados. Por el contrario, al margen de la Constitución sería imposible ningún acuerdo. Y no necesito añadir que mi Gobierno es el garante obligado de la legalidad constitucional.

Quiero decirles también algo más: la Constitución española está abierta a su reforma y, de hecho, se ha reformado en dos ocasiones; la última, hace un año y medio para asuntos muy importante para el conjunto de los españoles. La propia Constitución Española contempla el procedimiento para hacerlo y, evidentemente, ese procedimiento hay que respetarlo.

Señorías,

Cualquier posición es, en principio, aceptable siempre y cuando se respeten las reglas del juego que la Constitución establece, y, por tanto, cualquiera de los legitimados por la Constitución puede plantear la reforma de la misma.

Éstas son las reglas del juego, las que nos hemos dato entre todos, y hay que respetarlas.

De la misma manera que les digo eso, les digo que antes de plantear cualquier reforma, y existen en esta materia opiniones para todos los gustos, incluso dentro de esta misma Cámara, insisto, hay que tener muy claro qué se pretende reformar, si el momento es el más oportuno para hacerlo y si existe o no suficiente grado de consenso social y político para ello.

Mi posición está clara y la he expresado aquí; pero digo que la Constitución no se hizo al gusto de nadie en concreto, sino al servicio y con el acuerdo de todos. Y éste es precisamente uno de sus grandes valores; un valor que, desde mi punto de vista, convendría preservar. Una reforma de la Constitución no es, Señorías, una proposición de ley para subir o bajar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas; es algo mucho más serio que requiere pensar muy a fondo.

Voy terminando. Señorías, como decía al principio, no hemos perdido el tiempo, ni se han hecho los sacrificios en vano. España tiene ya la cabeza fuera del agua. La peor amenaza se está convirtiendo en recuerdo. Ahora debemos afrontar otros desafíos. No ha sido fácil. Más aún, sé que ha sido muy duro para mucha gente, porque nada se ha logrado sin grandes esfuerzos y sin grandes sacrificios.

Hemos atravesado todo el páramo de la crisis financiera internacional y lo hemos hecho llevando a cuestas nuestra propia crisis, nuestras estructuras anquilosadas, nuestras deudas y nuestra dependencia del dinero ajeno. Todo eso pendiente de los avatares de una prima de riesgo implacable y de unos intereses de la Deuda Pública que durante meses se llevan todo lo que éramos capaces de ahorrar.

Nunca hemos conocido tantos parados, tantas empresas cerradas y tantos autónomos arrinconados. Nunca habíamos visto a tantos jóvenes cualificados buscar su futuro lejos de España. Nunca han estado tan repletos los comedores sociales, ni ha cundido tanto el desánimo.

Hemos tratado de amortiguar los efectos devastadores de la crisis sobre los más débiles pero, por más empeño que uno ponga, siempre se queda corto, muy por debajo de lo que uno desearía y muy por debajo de lo que las necesidades reclaman.

Me preocupan, sobre todo, ese millón largo de familias con todos sus miembros en el desempleo y me preocupa ese nivel de paro juvenil superior al 50 por 100 que está castigando a toda una generación.

¿Quién puede extrañarse de que surjan quejas? Hay quejas, por supuesto; pero también una convicción general de que, por duro que resulte, éste es el camino inevitable.

Estamos pagando un precio muy alto por aprender que no se puede gastar lo que no se tiene, que no se puede vivir siempre de prestado y que hay que contar más despacio el dinero que le pedimos a la gente.

Señorías, los españoles no son niños. Son conscientes de las dificultades, saben distinguir perfectamente lo que les ayuda de lo que les perjudica y no confunden lo que les gustaría con lo que les conviene, y, porque lo saben, lo aceptan. De mejor o peor humor, con mayor o menor resignación, pero aceptan los sacrificios. Aceptan lo inevitable. Entienden que ha llegado la hora de tomarnos en serio a nosotros mismos y de pelear con ahínco por nuestro propio futuro, y, sobre todo, aceptan el esfuerzo porque saben que la situación no es irremediable.

Lo más ingrato para los españoles es que no palpan los resultados, porque cada uno los mide desde su situación personal y de su empleo. Y eso es lógico. Sólo perciben la cara agria de las reformas, la de los sacrificios; la cara del estancamiento y de las carencias. No saben, en esa larga noche de la crisis, cuándo volverá la luz.

Nos gustaría, y a quién no, ir más rápido y pasar este mal trago lo antes posible; pero todo lleva su tiempo, especialmente después de haberlo perdido tanto.

Los demás Estados europeos y los Estados Unidos hicieron su reforma financiera en 2008; nosotros, en 2012. La reducción del déficit se lleva aplicando en otros países desde hace mucho tiempo y las reformas estructurales empezaron en países como Alemania en 2004.

A todos nos gustaría que nos hubieran dejado un país en marcha, aunque fuera en marcha lenta; pero no ha sido así. Hasta llegar aquí se ha dedicado toda la energía a corregir desequilibrios y desandar el mal camino andado.

Estamos todavía en la fase previa a la recuperación económica y mi mayor preocupación es que no retrocedamos ni un milímetro. Me prometo mantener una línea de actuación inalterable. Bastante tiempo se ha perdido en España por hacer las cosas a salto de mata.

Ni la improvisación, ni los bandazos, ni la imprudencia, ni la impaciencia, figuran en mi programa. No vamos a cometer errores por omisión, ni errores por impaciencia. No dejaremos de hacer nada de lo que sea necesario, ni abandonaremos el esfuerzo antes de que España este recuperada.

Se nos podrán reprochar muchas cosas, pero nunca la cobardía de no cumplir con nuestro deber por temor a los riesgos o a la impopularidad. No descansaremos hasta lograr que se recuperen el crecimiento, el bienestar y el empleo.

En resumen, señorías,

Hemos perdido muchos empleos, nos han zarandeado toda clase de turbulencias económicas, ha costado mucho dolor; pero el barco no se ha hundido.

No tenemos las manos vacías. Hemos conquistado la oportunidad de poder plantearnos el futuro y lo digo porque, si las cosas no hubieran salido bien, no tendríamos nada que discutir aquí sobre nuestro futuro. Otros serían los que dispusieran sobre el futuro de España.

Los españoles hemos demostrado que merecemos que se nos ayude, pero no que se nos dirija. Hemos demostrado que merecemos confianza, que somos de fiar, que nuestra palabra vale como un contrato, que pagamos nuestras deudas y cumplimos nuestros compromisos. Los incluyo a ustedes, también.

Ése es el mejor resumen de todo lo que hemos logrado en un año: podemos encarar el futuro con seguridad, porque hoy tenemos un futuro, y eso, señorías, hace un año no lo teníamos.

Nada más y muchas gracias.