Intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Parte 1)

Señora presidenta, señorías,

En un semana como ésta, hace cuatro décadas, en este mismo lugar, 258 diputados y diputadas aprobaron el dictamen de la Comisión Constitucional sobre nuestra Carta Magna. Fue un primer paso en un camino que concluyó el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación en referéndum de la que es hoy nuestra Constitución.

En aquella España todavía persistían discriminaciones que no podrían ser entendidas por las generaciones actuales. Era una España con casi todo por hacer, desde su propia Constitución hasta la descentralización territorial y local del vetusto Estado centralista procedente de la dictadura.

Una España en la que Europa seguía siendo una aspiración lejana para millones de españoles y españolas.

Aquél verano, precisamente de hace cuarenta años, en esta ciudad mientras 258 diputados y diputadas trazaban la España que habría de ser, miles de personas salían a las calles para reivindicar con orgullo y por primera vez, su libertad sexual.

La España en la que todo estaba por hacer empezó a caminar en consecuencia con un paso de temor y esperanza, también. El temor a perder la democracia recién conquistada, y la esperanza del progreso y la libertad que se abrían de par en par, como consecuencia de esa democracia conquistada.

Una España aún amenazada por quienes vivían atrapados en la nostalgia de un tiempo que supuso para los españoles represión y exilio. Una España golpeada por el terror que sembró la muerte durante décadas y cuya derrota por la democracia quedó certificada este año.

La generación de entonces, señorías, entendió que había que avanzar, cometiendo errores, dado que nadie está libre de incurrir en ellos. En la vida, señorías, yerra aquel que camina, el que se mueve, el que propone. Porque en la quietud de quien espera inmóvil a que los problemas se arreglen solos, reside el germen de la frustración de una sociedad que termina adelantando a sus instituciones por el carril de la historia.

En el relato de estas cuatro décadas hay tiempo para las alegrías, y también para las decepciones, pero en el cómputo general, sin duda, hay más aciertos que errores.

Hoy, España es una democracia consolidada, homologable a la del conjunto de países europeos, con una economía internacionalizada, con unos profesionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, con empresas líderes en sectores de futuro. España, en definitiva, cuenta, señoras y señores diputados, con un Estado social y democrático de derecho cuya calidad institucional es reconocida en los rankings más prestigiosos del mundo. Y con un nivel de descentralización política y de autogobierno superior al que muchos países, de corte federal semejantes al nuestro, tienen.

En términos históricos, señoras y señores diputados, todo este ejercicio de transformación y de modernización se ha realizado en un suspiro, en cuarenta años. Con el impulso, en primer lugar, que dieron los ciudadanos con su respaldo a las opciones políticas transformadoras, y, también, bajo el liderazgo compartido de diferentes Gobiernos que obraron como mejor supieron, todos ellos de acuerdo a sus convicciones y siempre sirviendo a España.

Es la sociedad, señorías, la que lideran los cambios a los que la política no responde siempre con la rapidez necesaria y por eso el principal propósito del nuevo Gobierno es caminar junto a la sociedad. Es poner el reloj de la política a la hora de España. Es acompañar a los hombres y mujeres trabajadoras y empresarios y empresarias. Es estar juntos a las personas discapacitadas. Es ganar cuotas de igualdad entre hombres y mujeres. Es servir a la España urbana, pero también a la España rural. Es construir una alianza entre todas las generaciones. Es cuidar de los que están fuera de nuestro país, atender a quienes llegan a nuestras costas huyendo de la guerra y del horror. Pensar en las generaciones que están por venir y que merecen heredar un planeta sostenible, alertar ante cualquier tipo de discriminación y de delito de odio, fortalecer los lazos que unen a todos los pueblos de España. Y en definitiva, situar a la política, a nuestra democracia, a sus instituciones, a la altura de una sociedad solidaria, abierta y profundamente europeísta, como es la española.

Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros cuarenta años de democracia constitucional esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad.

Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia; que ha vivido y ha trabajado fuera de España y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura, la nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme: vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de Los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será señorías, en breve. En muy breve espacio de tiempo. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas. Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen.

Señorías, el pasado 31 de mayo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de nuestra Constitución recibí el encargo de la mayoría de la Cámara de formar Gobierno. Asumí, lo que considero es el mayor privilegio, el mayor honor de cualquier ciudadano de nuestro país. Y lo hice con la premisa de que tal Gobierno iba a tener una composición paritaria, que sería decididamente europeísta y con el firme propósito de consolidar el crecimiento económico y la creación de empleos dignos. He impulsado esos compromisos en una Agenda Europea, particularmente intensa, a lo largo de estas últimas semanas, con viajes a Lisboa, a París, a Berlín, con la participación del Gobierno de España en los Consejos Europeos y, también, en la Cumbre de la OTAN.

Señorías, entiendo el europeísmo, como lo hace la mayor parte de la sociedad españolas. Como el compromiso con los valores que han hecho de nuestro continente un espacio de paz y libertad, de cohesión y de defensa de los Derechos Humanos.

Una de las primeras decisiones que adopté como jefe del Ejecutivo fue acoger al buque 'Aquarius'. Lo hice, señorías, primero, por coherencia con nuestra propia historia, la historia de compatriotas que no hace mucho tiempo tuvieron que ser exiliados, y verse exiliados durante la larga noche franquista que fueron acogidos, por citar algunos países, en Francia, en México, en Venezuela o en Argentina.

Lo hice también en coherencia con los valores de solidaridad, que definen a la sociedad española, y que pedimos tengan otras sociedades que reciben a nuestros hijos e hijas emigrantes, como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país.

Lo hice, en definitiva, como una llamada de atención a la Unión Europea para actuar en favor de la dignidad y de los Derechos Humanos.

En el Consejo Europeo la cuestión migratoria fue central. España defendió la idea de que son necesarias respuestas en el ámbito europeo a desafíos globales, como es el de la migración. Lo hice desde el valor de nuestra experiencia como país fronterizo, y en nuestra relación con los países de origen y de tránsito. El resultado del Consejo lo he dicho públicamente, y quiero también compartirlo con ustedes señorías, no es el que hubiera gustado al Gobierno, pero mantuvimos algo importante, mantuvimos viva la llama de una política migratoria europea, solidaria con el continente africano y decidida a construir un sistema europeo común de asilo. Y comprometida, señorías, con algo que sería importante que no se quebrara en la política española; comprometida a preservar la libre circulación de personas, que es el principal fundamento de nuestra Unión, y que hoy está siendo puesto en cuestión por la ultraderecha europea.

Solidaridad y responsabilidad fuera, pero también dentro de nuestras fronteras. Y esa es la idea que explica el por qué el Gobierno defendió el acuerdo con Alemania para la recepción de solicitantes de asilo provenientes de ese país.

Hace un mes y medio, señorías, solicité su apoyo para impulsar el cambio en nuestro país, para liberar a la política de la correa de la corrupción y de la falta de ejemplaridad a la cual se había sometido durante estos últimos siete años.

Si algo tengo claro, es que la moción de censura ha servido para un cambio de época en la política española, un cambio que conviene seguir cultivando y consolidando a base de diálogo y de acuerdo. Y sigo creyendo que merece la pena intentarlo, porque a fin de cuentas, la línea más corta entre dos posiciones, siempre es el acuerdo. Y cegando la mera posibilidad del debate, como ha ocurrido durante estos últimos siete años, hemos terminado por cegar durante demasiado tiempo la posibilidad de todo tipo de acuerdo. Así que es hora de abrir esa vía, aunque el tiempo evidentemente es limitado, más limitado aún que el de una legislatura completa, hay mucho que hacer y en múltiples ámbitos.

Este mandato de acción, el nuevo Gobierno lo ha asumido desde el primer instante, desplegando políticas, reconstruyendo complicidades y relaciones institucionales que durante estos últimos siete años se perdieron, ya sea con los presidentes autonómicos --con los cuales me voy a reunir con todos y cada uno de ellos a lo largo de los próximos meses--, con la máxima representación de los Ayuntamientos, o también con los agentes sociales, con los cuales me he reunido a lo largo de este mes y medio de vida del nuevo Gobierno, en dos ocasiones.

Y todo ello, señorías, durante unas semanas en las que el traspaso de poderes y las urgencias inmediatas no nos han impedido marcar una línea coherente, con los principios que explicaron la moción de censura que trajo a este nuevo Gobierno. Y en este punto quiero hacer una mención especial a la normalidad institucional, como una buena noticia, como una magnífica noticia, que da prueba de la fortaleza de nuestra democracia y también de nuestras instituciones. Quiero reconocer la labor de los funcionarios, del personal de las Administraciones Públicas, quienes, desde la independencia, y la vocación de servicio público constituyen el armazón del Estado gobierne quien gobierne este país.

Dicho esto, señorías, anuncié desde un principio que el nuevo Gobierno iba a tener una agenda europeísta, una vocación modernizadora, una inspiración progresista y un alma feminista.

En el territorio de la igualdad de género y de la representación política de la mujer, España cuenta hoy con ser el primer país de la OCDE con más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros. Hemos cumplido la famosa regla de la paridad, 60-40: 60% para las mujeres y 40% para los hombres.

Señoras y señores diputados, me propongo a continuación a trasladarles la Agenda del Cambio que pretende liderar el Gobierno, esperamos con el apoyo mayoritario de esta Cámara.

Una Agenda del Cambio que se va a sustentar en cuatro pilares fundamentales:

El primero, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo digno.

El segundo, avanzar en igualdad y en cohesión social.

El tercero, regenerar nuestra democracia y fortalecer nuestra cohesión territorial, sentando las bases para la solución de una crisis largamente larvada, que es la catalana.

Y en cuarto lugar, una participación activa en la construcción europea y el papel de España en el mundo.

Paso a continuación al primero de los objetivos que es, sin duda, el más importante: consolidar el crecimiento y la creación de empleo.

Señorías, hace justo una década, los primeros embates de la crisis económica golpearon a nuestra sociedad con una fuerza hasta entonces desconocida. España ha tenido que pagar una elevada factura para superarla. Una factura que ha expulsado a millones de españoles del mercado de trabajo y ha cerrado miles de empresas. Una factura que ha quebrado nuestra cohesión social y ha ensanchado como nunca los límites de la desigualdad social y territorial en nuestro país.

Nuestro país, por desgracia, lidera todos los rankings de desigualdad. La más grave: la desigualdad entre los jóvenes; la más dolorosa: la pobreza infantil.

Los jóvenes son los principales damnificados de la crisis, pero también de las equivocadas políticas en respuesta a esa crisis como consecuencia de los recortes y la austeridad. En las políticas educativas, por poner un ejemplo, o en las políticas de vivienda, por citar otro, sin olvidar la rueda de la precariedad laboral a la que están condenados.

Sin cohesión, hemos frustrado las expectativas de generaciones enteras, que crecieron creyendo en el mérito y en el esfuerzo. Sin cohesión, las sociedades se vuelven inseguras y egoístas, se encierran en sí mismas, y pierden la necesaria confianza en su democracia y en sus instituciones.

Diez años después, España ha recuperado, por fin, el nivel de renta per cápita, pero lo ha hecho con 1,6 millones menos de ocupados; con una emigración forzosa de muchísimos jóvenes fuera de nuestro país; con un alto paro juvenil, con menos población activa, en particular entre las mujeres y con un paro de larga duración que es el principal desafío que tiene nuestro país en este ámbito y la devaluación salarial que ha dado carta de normalidad a la figura del trabajador o la trabajadora pobre.

España, en consecuencia, señorías, crece, sí, pero no redistribuye ese crecimiento. España crece, sí, pero a golpe de precariedad, y no de productividad. España crece, sí, pero elevando sus emisiones de CO2, ajena al cambio climático y a su impacto en la España urbana y también, en la España rural, donde los riesgos de incendios forestales, la carestía del agua, y la despoblación constituyen ya su principal desafío. España crece, sí, pero en base al esfuerzo fiscal, reconozcámoslo, de la clase media y trabajadora, no de los grandes conglomerados empresariales que eluden su responsabilidad fiscal y, en consecuencia, lo que hacen es erosionar los ingresos fiscales que sostienen los pilares de nuestro Estado del bienestar.

Fíjense, la prueba más evidente de lo que estoy diciendo es que tras años por parte de la anterior Administración de subir impuestos a la clase media y trabajadora, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, tras años de ajuste fiscal, y de recortes en el Estado del bienestar, el déficit público de España es el más alto de la Unión Europea, 3,1% del PIB frente al promedio del 1% en Europa. Y con un volumen de deuda, próximo al 100% de nuestro PIB en un contexto financiero excepcional, extraordinariamente positivo y favorable, gracias a las políticas expansivas del Banco Central Europeo.

Y por tanto, ¿qué hacer? Señorías, en política económica la Agenda del Cambio que proponemos cuenta con los siguientes puntos en los que cree la mayoría de esta Cámara, que se puede encontrar reconocida en su Gobierno. En primer lugar, estabilidad presupuestaria y cohesión. Nuestro propósito es conjugar el necesario saneamiento de las cuentas públicas con la reconstrucción de nuestro Estado del bienestar. Es posible, otros países lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Ello exige un compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria que el Gobierno asume en primera persona, en especial, a las puertas de un objetivo importante para nuestro país, al menos, así lo entendemos nosotros, como es salir en el año 2019 del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Como saben, este Gobierno ha propuesto la modificación de la senda de estabilidad para los próximos dos años: 2,7% del PIB de déficit público en 2018, en lugar del 2,2%, que había propuesto el anterior Gobierno, y un 1,8% en 2019, en lugar del 1,3% previsto por el anterior Gobierno.

Estos objetivos, señorías, --y eso me parece muy importante para el debate que se pueda sustanciar en las próximas semanas, y en los próximos meses--, estos objetivos, en primer lugar, son coherentes con la evolución económica de nuestro país. Son coherentes con las estimaciones que han hecho la Unión Europea, el Banco de España, la AIReF, y los principales servicios de estudios económicos de nuestro país. Y son coherentes, y esto es lo más importante, al menos para este Gobierno, con las necesidades sociales de nuestro país. Y en este sentido, quiero anunciarles lo siguiente: Las cinco décimas adicionales de déficit se van a repartir entre los diferentes niveles de las Administraciones Públicas, de forma que las CCAA contarían con dos décimas más pasando de un objetivo de déficit público del 0,1 al 0,3 % del PIB, y estos dos décimas se traducirían en unos 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional para el conjunto de las Administraciones Autonómicas.

El Gobierno lo que va a hacer es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el jueves, día 19 de julio, y el día 20 de julio lo aprobará el Consejo de Ministros. Aspiramos, señorías, señoras y señores diputados a contar con el apoyo de la mayoría de las Cámaras.

En segundo lugar, España está dando un paso al frente para defender un proyecto de Europa abierto y solidario y así lo defendí, además, en el Consejo Europeo. Ese futuro pasa por inculcar lo que se llama el Pilar Fiscal del euro, con un presupuesto que sirva como herramienta, no solamente para la estabilidad y la competitividad que nos dicen muchos de los países del norte y del este de Europa, pero también para la convergencia que es necesaria si queremos lograr esa estabilidad y esa competitividad. En ese sentido, el acuerdo de Mesenberg entre Francia y Alemania, que se firmó hace pocas semanas, constituye un paso adelante en la construcción de ese Pilar Fiscal. Nosotros lo apoyamos, y afianzar ese compromiso será el principal mensaje que trasladaré al presidente francés, Macron, en su primera visita oficial a España, el día 26 de julio.

Y en relación con un aspecto clave, como la Unión Bancaria, los Estados miembros hemos acordado que sea el Mecanismo Europeo de Estabilidad el que provea el respaldo fiscal para el Fondo Único de Resolución y en seguir trabajando, y esta es una de las principales, digamos, apuestas, compromisos por parte del Gobierno en España, en crear y poner en marcha, de una vez por todas, el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. Ambos instrumentos son, a nuestro juicio, a juicio del Gobierno, y creo que de la mayoría de la Cámara, fundamentales para evitar futuras crisis bancarias y financieras que también hemos sufrido en nuestro país.

En tercer lugar, señorías, el nuevo Gobierno es consciente de que no va a haber justicia social, si no hay justicia fiscal, sin que contribuya más el que más tiene, que no es lo que ha ocurrido hasta ahora.

Si el anterior Gobierno no hizo otra cosa más que subir los impuestos a la clase media y trabajadora a los pequeños y medianos empresarios. El nuevo Gobierno no elevará los impuestos a los ciudadanos de a pie, pero sí va a exigir un mayor esfuerzo fiscal a los grandes conglomerados empresariales.

Y nuestras prioridades, señorías, serán, en primer lugar, una fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de las compañías tecnológicas, que no pagan impuestos. Este es un asunto en el que existe un amplio consenso dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, rediseñar nuestro impuesto de sociedades. Nosotros no nos resignamos a que las pequeñas y medianas empresas tengan tipos efectivos superiores a los grandes conglomerados empresariales de nuestro país. Esto no es justo. Así que, lo que vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama, señorías, justicia fiscal. Y es lo que va a aprobar y por lo que apuesta este Gobierno.

En el ámbito de la necesaria transición ecológica es preciso diseñar un paquete de figuras tributarias orientadas a desincentivar las prácticas que perjudiquen el medio ambiente y, en consonancia con las resoluciones del Pacto de Toledo, y en la misma línea que están haciendo, por cierto, otros países europeos, pondremos en marcha una figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente las cotizaciones a la Seguridad Social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores.

Y, por último, pero no menos importante, vamos a luchar contra el fraude fiscal y contra la elusión fiscal. Y, señorías, en este punto me gustaría detenerme en el debate suscitado sobre la amnistía fiscal, aprobada por el anterior Gobierno, y la afirmación del actual Gobierno de no poder publicar el listado de los amnistiados. En primer lugar, conviene recordar, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista fue quien presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta amnistía era ilegal e injusta. Y nosotros nos reafirmamos en esa convicción.

En segundo lugar, el anterior Gobierno, para justificar la amnistía fiscal, previó recaudar 2.500 millones de euros, y ni siquiera llegó a la mitad. Es decir, además de esta amnistía fiscal ser un fracaso, digamos moral, lo es también, desde el punto de vista recaudatorio, y también nos reafirmamos en esta convicción.

En tercer lugar, la amnistía fiscal ya cuenta con una sentencia dura, durísima, por parte del Tribunal Constitucional a la anterior Administración. El Constitucional declaró nula la amnistía, pero también, -esto es importante que lo sepa la Cámara- se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. Así que, desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía, y esa imposibilidad afecta, señorías, según el artículo 9.3 de la Constitución Española, a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma.

Por tanto, desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme. Pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales. Y por ello, les anuncio que el Gobierno presentará un Anteproyecto de Ley de Prevención y de Lucha contra el Fraude Fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales, y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país.

Este es el compromiso del nuevo Gobierno: justicia fiscal para lograr una justicia social. Que no vuelva a haber amnistías fiscales. Un Estado del Bienestar, señorías, de primera, exige un sistema fiscal de primera división y no de tercera, como lo tenemos en la actualidad.

Señorías, en cuarto lugar, creo que es importante subrayar el compromiso del Gobierno por crear empleo, y que este empleo sea digno.

España arrastra un problema endémico de salarios bajos que no se explica únicamente por la débil evolución de nuestra productividad, sino también por la merma en el poder de negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma laboral del anterior Gobierno.

La segmentación y la elevada temporalidad, asociada a empleos de baja calidad y salarios bajos configuran una realidad, que para este Gobierno, no puede ser asumible. Y, ante ella, el Gobierno se propone actuar en las siguientes direcciones:

En primer lugar, lograr que los salarios recuperen el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis. En ese sentido, la línea de incrementos salariales pactada por los agentes sociales en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, incide precisamente en esa dirección, que apoyamos desde el Gobierno y que ya apoyábamos, también cuando estábamos en la oposición, en el famoso y llamado "Pacto de Rentas": la de incrementar el salario mínimo por convenio, de manera progresiva, hasta los 14.000 euros y subidas anuales de entre un 2% y un 3% en el periodo de vigencia del acuerdo. Por tanto, subidas salariales, reparto equitativo de la riqueza entre los beneficios empresariales y las rentas asalariadas es el primero de los objetivos.

El segundo, señorías, es aprobar un Plan Director contra la Explotación Laboral. Lo haremos en el Consejo de Ministros de antes de finalizar el mes de julio, y supondrá un cambio de rumbo en las políticas laborales desarrolladas en nuestro país desde la reforma laboral del año 2012.

Persigue poner en marcha políticas e instrumentos para erradicar la desregulación de las condiciones de trabajo y la precariedad laboral, con la implicación y coordinación del conjunto de las administraciones y el diálogo social con la participación de los sindicatos y de las patronales. Este mismo verano se pondrán en marcha planes de choque contra los fraudes en la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva. Y esta, señorías, es una apuesta decidida y clara por el empleo de calidad, igualitario y con derechos.

Persigue, entre otros objetivos, poner fin a la temporalidad, la parcialidad abusiva; la utilización de los falsos autónomos; los excesos de jornada y las horas extraordinarias ilegales; las discriminaciones por razones de género, de raza, de edad, etc.; potenciar la prevención de riesgos laborales y combatir el fraude laboral y la economía sumergida.

Señorías, en tercer lugar, el diseño de políticas activas de empleo y formación adecuadas a las dificultades específicas de nuestro mercado laboral, representa también otro de los ejes de actuación del nuevo Gobierno.

Las políticas activas de empleo tienen que anticiparse a una realidad que experimenta los cambios de las nuevas formas de trabajo de la Industria 4.0. Tenemos que avanzar en la adaptación curricular a las nuevas ocupaciones y anticipar los grandes cambios para sintonizar oferta y demanda de nuevas competencias laborales.

El mundo, señorías, saben ustedes mejor que nadie, está cambiando a nuestro alrededor y los poderes públicos no pueden ser meros testigos de ese cambio. Al contrario, tienen liderarlo, abrir camino. Tienen que trazar la senda para no dejar a nadie atrás.

No somos, tampoco, señorías, ajenos a la brecha salarial que sufren los trabajadores, sobre todo, y singularmente, las trabajadoras. Apoyamos la tramitación de las leyes sobre brecha salarial e igualdad laboral que la Cámara está debatiendo.

Y, por último, pero no menos importante, los jóvenes. Señorías, en el relato triunfal de la salida de la crisis casi siempre se omite el recuerdo de lo que hemos perdido durante todos estos años en el camino. Hubo damnificados, todavía los hay, y muchos, en todas las franjas de edad. Pero la huella de esta década perdida ha dejado una profunda cicatriz en una generación enfrentada a un muro invisible que es el de la frustración. Esa generación está marcada por el desencanto. Hemos perdido demasiados, cientos de miles que hoy desarrollan sus carreras profesionales fuera de nuestro país. Y muchos otros que, cuando se han reincorporado al mercado de trabajo en nuestro país, lo han hecho en condiciones salariales indignas o en puestos de trabajo que nada tiene que ver con la formación que habían cursado.

En los próximos meses, señorías, el anuncio que les quiero hacer es que el Gobierno va a poner en marcha un Plan de Choque para crear empleo juvenil donde se revisará y se promoverán los contratos de relevo y de prácticas; donde se pondrán en pie nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para los jóvenes; desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios; creará el Estatuto del Becario y eliminará las prácticas extracurriculares.

Señorías, no quiero terminar el capítulo del mercado laboral, sin mencionar el compromiso del Gobierno de España para derogar el párrafo 3 del artículo 315 del Código Penal, relativo a la tipificación agravada de delitos relacionados con la libertad sindical.

Con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno sitúa como objetivo prioritario en la política económica el cambio de modelo productivo. España debe ampliar los motores de crecimiento. El turismo y la construcción son importantes. Son fundamentales, crean empleo, crean riqueza. Y así deben continuar haciéndolo. Desde luego, el Gobierno de España va a impulsar y va a apoyar, --y posteriormente, haré alguna referencia a ello--, el dinamismo de estos dos grandes sectores para la creación y la riqueza de nuestro país, pero debemos aumentar el número de motores de crecimiento, impulsando la ciencia y la reindustrialización de nuestro país.

España no puede permanecer ajena a la revolución que va a marcar el futuro de nuestro empleo, de nuestro sector productivo, y también de nuestro modelo de Bienestar.

Los años perdidos por la inejecución del presupuesto en Ciencia y en I+D+i y por el retroceso de la inversión pública que representan, durante estos años el abandono, precisamente, por parte de la Administración anterior, lo que han hecho ha sido posicionar a España en un lugar que no merece, dadas sus características económicas.

Tenemos, en consecuencia, la obligación de reconquistar el terreno perdido. De no rendirnos a ese falso lapidario de que "inventen ellos", en referencia a la Europa que hoy acoge a investigadoras e investigadores españoles que aquí no encontraron sitio. Así que, no, señorías, que inventen, aquí, en España. Este es el principal compromiso de nuestro Gobierno.

Este Ejecutivo está firmemente comprometido con el aumento de los fondos para la Ciencia, para la I+D+i. Así como levantar las cadenas que impiden la eficaz ejecución de los presupuestos asignados a centros científicos españoles de renombre y líderes en el mundo y en Europa.

Es fundamental también, avanzar en la colaboración público-privada en este ámbito, como forma de imbricar de forma intensa al tejido productivo con el conocimiento que sale de la universidad-. Y en esta estrategia, señorías, de modernización de nuestro sistema productivo, nosotros creemos que la Formación Profesional debe tener un protagonismo fundamental, tanto como para estar presente en la denominación del nuevo Ministerio de Educación.

El Gobierno, en este ámbito, se propone tres prioridades de actuación:

Primero. Integrar en un catálogo único cursos, módulos y ciclos formativos de los dos subsistemas de Formación Profesional bajo un mismo currículo.

En segundo lugar, regular -de una vez por todas en nuestro país- la Formación Profesional Dual.

Y por último, elaborar un mapa sobre el ajuste de la oferta y la demanda de la FP media y superior en las Comunidades Autónomas, así como de las especialidades emergentes que plantea la nueva economía.

El nuevo Gobierno, por otro lado, comparte el objetivo fijado por la Comisión Europea de que la industria represente el 20% del PIB en el año 2020 en nuestro país. Y fruto de este compromiso, la política industrial debe girar en torno a la transformación digital y la internacionalización.

Las pequeñas y medianas empresas serán la piedra angular de esta estrategia. La búsqueda de nuevas formas de financiación, la reducción de las trabas administrativas, el apoyo decidido a la iniciativa emprendedora formarán parte esencial de esta misma estrategia.

Nuestro país tiene grandes fortalezas en sectores determinados que no podemos desaprovechar, como por ejemplo son las energías renovables. Y, en ese, y en otros ámbitos, este Gobierno asume el firme propósito de acompañar a los sectores dinámicos, que generan riqueza y también oportunidades. Sectores que tienen como protagonistas a las PYMES y también a los autónomos. Y que proyectan la imagen exterior de nuestro país.

Hay, señorías, mucho talento en España, tanto como reconocimiento obtenemos fuera, y muy pocos medios en España para aprovecharlo. De lo que se trata, en consecuencia, es de acompañar con medios ese talento, y creo en un Gobierno que camina junto a los innovadores que abren puertas al comercio y no se conforman con la inercia favorable.

Señorías, en este punto sí me gustaría trasladarles algo importante para este Gobierno. España, Europa, yo creo que también la economía internacional, después de las declaraciones y las actitudes que estamos viendo en las últimas semanas por parte de algún dirigente extranjero: nos estamos enfrentando a un periodo de incertidumbres en ámbitos como el de la política comercial. España defenderá, como defendió en el Consejo Europeo, la necesidad de que la Unión Europea siga unida en su respuesta a las medidas proteccionistas anunciadas por la Administración estadounidense.

Y en el ámbito del turismo, queremos impulsar la Agenda 2030 para incorporar criterios de responsabilidad y sostenibilidad. Y de lo que se trata, en definitiva, no es más que algo que nos dice sistemáticamente el sector del turismo, y es que tenemos que modernizar, que tenemos mejorar la competitividad del sector turístico, sin aprovecharse solo de los vientos de cola, sin aprovecharse solo de que los competidores regionales estén afectados por crisis políticas profundas, viendo evidentemente rebajado su nivel de afluencia de turismo.

El cambio de modelo productivo debe sostenerse en todos los departamentos de la acción de Gobierno, también en el ámbito de las infraestructuras, donde nuestro trabajo estará basado en la transparencia, en el realismo a partir de tres ejes. El primero, reorientar el sistema de transportes desde parámetros de calidad de vida, de cohesión social y territorial y el impulso de la economía productiva.

El segundo, hacerlo con el consenso de las Comunidades Autónomas y también con los Ayuntamientos. Esa es la filosofía que estará presente, por ejemplo, en la elaboración de un Plan Nacional de Cercanías de Movilidad Urbana.

Y, finalmente, una apuesta decidida por la transparencia, por la digitalización, por la eficiencia y por la evaluación social de las inversiones en infraestructuras.

Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda, también señorías, al servicio de la ciudadanía. Y, en especial, en materia de alquileres. Por motivo de esta cuestión nos hace proponer lo siguiente: En primer lugar, elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años.

Limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda. Y ajustar la definición de arrendamientos de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la vivienda turística.

Vamos a reorientar, también, el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 hacia la vivienda pública y la vivienda del alquiler. Nos proponemos impulsar un parque de 20.000, 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años, destinadas de forma indefinida al alquiler en aquéllos municipios con demanda acreditada.

Señorías, cuando hablamos de infraestructuras, hablamos también de vertebrar el territorio, y igualdad de oportunidades, con independencia del lugar en el que se resida.

Esta afirmación es especialmente relevante, en relación con la España rural y uno de los elementos fundamentales para su desarrollo económico, como es la agricultura y la pesca.

Tuve la ocasión de abordar asuntos relevantes en este sector en el reciente Consejo Europeo. Entre ellos, quiero manifestar de nuevo aquí, en la Cámara del Congreso de los Diputados, el compromiso del Gobierno España en defender a los productores de la aceituna negra, frente a los efectos de las políticas proteccionistas que algunos países están impulsando.

Señorías, estamos actualmente en pleno proceso de negociación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y de la reforma de la Política Agraria Común a partir de 2020. Y para este Gobierno la Política Agraria Común es una cuestión de Estado, y por ello vamos a defender, con el más amplio consenso posible, una PAC fuerte, con un presupuesto acorde a los grandes retos que se plantean como son, entre otros, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

Contamos ya con el respaldo de los principales representantes de los sectores afectados, las Comunidades Autónomas, y estamos convencidos de que podemos seguir ampliando nuevas alianzas con Estados miembros y también con el Parlamento Europeo --en esta cuestión tiene muchísimo que decir-- con el fin de alcanzar nuestro objetivo de mantener un presupuesto de esta política fundamental para España.

En definitiva, necesitamos contar con una política europea potente para mantener y para desarrollar el medio rural que ofrezca oportunidades de vida y trabajo para mujeres y jóvenes, evitando el despoblamiento --que es esa enfermedad silenciosa que afecta a buena parte del territorio español-- y el desarrollo, también, de un sector agroalimentario y forestal más competitivo y sostenible. Este Gobierno es consciente de que una agricultura con futuro, implica una España rural con futuro.

Señoras y señores diputados.

La transición ecológica de la economía es fundamental para el cambio de modelo productivo, y para consolidar un crecimiento económico sostenible.

Este Gobierno quiere mirar la economía desde la perspectiva ecológica. Viendo oportunidades donde otros ven amenazas. Así que nos marcamos tres grandes prioridades normativas para este mandato. En primer lugar, aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En segundo lugar, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y en tercer lugar, un Plan Integral de Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico de la Transición Energética.

Como saben, nos enfrentamos a amenazas, evidentes, reales. Somos un país expuesto como pocos a las amenazas del cambio climático. El volumen de emisiones de CO2 en el año 2017 (tengan ustedes en cuenta este dato, señorías) de 338 millones de toneladas, representa un aumento del 4,4% respecto al año 2016, y es el mayor, en términos interanuales, desde el año 2002.

Este Gobierno pretende impulsar esa transición ecológica. Pretende hacerlo a través de una transición justa, en aquellas zonas que se vean afectadas, como consecuencia del cambio de modelo energético. Y ubicar, también, a la sociedad civil en el centro de su labor en este ámbito, apostando por medidas como el autoconsumo energético.

Queremos eliminar trabas, barreras ante una revolución, que entendemos, que puede ser ciudadana, que democratizará nuestro sistema energético y convertirá a los ciudadanos, empresas e instituciones en agentes del cambio, en esa transición energética.

Recursos finitos, recursos limitados como el agua, también señorías, requieren de planteamientos en el medio y en el largo plazo, así lo dijimos cuanto estábamos en la oposición, y así queremos ejercerlo cuanto estamos en el Gobierno.

Una política coherente de agua no puede limitarse al mero deseo de ver si llueve, como hizo el anterior Gobierno.

Hay mucho que hacer en un campo en el que falta consenso y sobra la mirada de corto plazo. El Gobierno va a trabajar en una nueva cultura del agua. Vamos a impulsar los planes de sequía y vamos a ejecutar inversiones, señorías, previstas, financiadas con Fondos europeos, en muchos casos, y en los que acumulamos retrasos que implican riesgo de devolución de esos Fondos, en un país, con un problema tan evidente como el que tenemos de sequía y de agua.

Señorías, como les decía, el segundo pilar de la agenda del cambio es avanzar en igualdad y en cohesión social. Somos conscientes de que partimos de una buena base. Pese a sus carencias, nuestro Estado del bienestar tiene cimientos sólidos. Y esa solidez nace del afecto con el que la sociedad española mira a los servicios y a los servidores públicos de nuestro sistema de bienestar. Son quienes se han movilizado contra los recortes, y son quienes no entienden que un Gobierno elimine aquello que tanto costó construir y levantar.

Nuestro modelo de bienestar ha cohesionado social y territorialmente España a lo largo de estas cuatro décadas. Y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. Este Gobierno no aspira sólo a recuperar, a reconstruir, sino a fortalecer y avanzar en la consolidación de un Estado del bienestar preparado para dar una respuesta eficaz y equitativa a nuevas desigualdades.

El principal desafío que debemos abordar es la sostenibilidad y la dignidad de nuestro sistema público de pensiones, que es la clave de bóveda de nuestro modelo de bienestar.

Los datos, señorías, sobre el sistema público de pensiones, ustedes los conocen, y por tanto, no quiero ahondar en ellos y tampoco recrearme. Ahí está el deterioro del equilibrio público de las cuentas de las Seguridad Social. Ahí están los problemas de ingresos que no se van a paliar única y exclusivamente con la necesaria creación de empleo, sobre todo, cuando ese empleo es precario. Ahí está la exigencia de volver a llenar una hucha de las pensiones, un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que precisamente, la anterior Administración esquilmó, y ahí está la obligación moral que nos dijeron muchos mayores en las calles de España durante estos últimos meses de garantizar pensiones dignas, que no pierdan poder adquisitivo.

El Gobierno, señorías, es consciente de este desafío, probablemente, junto con el desafío del desempleo, y también con el desafío de Cataluña, es el desafío más importante que tenemos como sociedad, como instituciones, y por tanto, nosotros no somos ajenos a ello, y vamos, por supuesto, a ofrecer soluciones a esta Cámara. En ese sentido, señorías, el Gobierno tiende la mano a todos los Grupos Parlamentarios para construir un nuevo Pacto de Toledo.

Encontremos juntos soluciones a los grandes desafíos en una cuestión en la que la sociedad no entiende la incapacidad para alcanzar acuerdos por parte de los distintos Grupos Parlamentarios y también del Gobierno.

En nuestra opinión, en opinión del Ejecutivo, la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones se debe asentar en un cambio de modelo productivo, eso es indudable, a largo plazo, en el que el peso de los salarios recupere el vigor de la mano de obra, en contratación indefinida. No es sostenible --y esto lo sabemos todos-- un modelo que penaliza la contratación indefinida frente a los contratos de duración exigua. Esto es lo que hace que ahora mismo tengamos el mismo número de cotizantes en la Seguridad Social que antes de la crisis, pero, en cambio, recaudemos, menos. No sólo porque tal abuso, en consecuencia, es fraudulento, sino porque asienta en la sociedad una visión de inmediatez; de negarnos la capacidad de pensar, en el medio y en el largo plazo, en el futuro de nuestro país.

Uno de los efectos más dramáticos de esta década, se resume, señorías, en un dato que a nuestro juicio es, señorías, muy alarmante, muy preocupante, y que fue arrojado por el Instituto Nacional de Estadística hace pocas semanas. Somos menos; cada vez somos menos, señorías. En diez años, nacen en nuestro país un 25% menos de niños y niñas. Esa es la España del silencio de la crisis. La de los pueblos que pierden población. La de mujeres forzadas a elegir entre maternidad o carreras profesionales. La de quienes se marcharon y han hecho su vida fuera de España.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)