Presidente.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa.
Quiero comenzar mi intervención, antes de someterme a sus preguntas, destacando que el Gobierno respeta, como ha respetado siempre, la labor y, también, la independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, como Poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación generada por la sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado 18 de octubre, y que culminó ayer con el anuncio del pleno de este Tribunal de que dicha doctrina va a ser rectificada.
Esta situación, a nuestro juicio, no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces ni, sobre todo, y, especialmente, para los ciudadanos.
Desde el primer momento, este Gobierno manifestó su compromiso con, en primer lugar, la seguridad jurídica, y, en segundo lugar, actuar siempre en interés de la ciudadanía.
Por ello, dentro de las potestades correspondientes al Poder Ejecutivo, trabajamos en garantizar un escenario previsible y estable, en interés de todos los operadores implicados en relación con esta sentencia, conocida ayer por el Tribunal Supremo.
Ayer habló el Poder Judicial, y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo.
Muchos ciudadanos que me escuchen, que estén siguiendo esta rueda de prensa, estoy convencido de que compartirán conmigo el que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión, pero sobre todo y ante todo, es un gran plan de vida, que debe contar con seguridad jurídica.
Por ello, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Para ello, lo que vamos a hacer es modificar la Ley que regula el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea, insisto, la banca, y nunca más el cliente, quien pague este impuesto.
Lo hacemos dos días después de conocerse la decisión, y será en el día de mañana mediante la aprobación de un Real Decreto-ley que modificará el artículo 29 de la Ley de 1993, que regula este Impuesto. Con ello, quedará claro y de forma definitiva que el pago de la cuota variable del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en el caso de los préstamos hipotecarios, corresponderá siempre a los bancos, y nunca más a los ciudadanos de a pie.
El segundo anuncio que me gustaría también trasladarles, y tiene la misma importancia, es que al objeto de elevar la protección y los derechos de los clientes financieros el Gobierno en las próximas semanas remitirá a las Cortes Generales la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros.
La voluntad del Gobierno es la de garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos. Por eso, la reforma se aplicará a partir de la fecha de su entrada en vigor. Tanto la de la Autoridad Independiente, cuando llegue al Congreso de los Diputados y sea aprobada por el Poder Legislativo, como la del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a partir del día siguiente de la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley, es decir, el día posterior al viernes, con la publicación del Boletín Oficial del Estado.
En relación con la Autoridad Independiente, sí decirles que esta Autoridad reforzará, y éste es el objetivo de su creación, la protección ante potenciales abusos y mejorará la capacidad de resolver conflictos que se dan, lógicamente, en el sector financiero.
Por tanto, estas son las dos medidas que quería compartir con ustedes y trasladar a la opinión pública española, en primer lugar, aprobación de un Real Decreto-ley que modificará este Impuesto para que sea la banca y no los españoles quien pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Y, en segundo lugar, la propuesta de enviar a las Cortes Generales en las próximas semanas la creación de una Autoridad Independiente que refuerce los derechos de los consumidores en su relación con el sector financiero.
Hasta aquí, lo que quería anunciarles. Y me pongo a disposición de todos ustedes.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)