Medio Ambiente

Las inundaciones son los fenómenos extremos que más impacto económico y social producen en España. Desde los últimos días del mes de enero y durante buena parte del mes de febrero de 2015 tuvieron lugar sucesivos temporales de lluvia, nieve y viento que afectaron a la práctica totalidad del territorio nacional, nevadas de excepcional intensidad y lluvias persistentes que provocaron inundaciones y desbordamientos. A ello se añade la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos de viento y mar que azotaron las costas del litoral mediterráneo y atlántico peninsular, así como las Islas Baleares.

Mención especial requieren las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro durante el mes de febrero y los primeros días de marzo. Tras un primer episodio provocado por las intensas precipitaciones registradas Tras un primer episodio provocado por las intensas precipitaciones registradas entre el 31 de enero y el 6 de febrero y una primera fase de deshielo, que ocasionó importantes aumentos de los caudales de varios afluentes de la margen izquierda del Ebro, las intensas lluvias acaecidas el 25 de febrero y un deshielo acelerado por el aumento de las temperaturas generó un segundo episodio de avenidas en la última semana de febrero y primeros días de marzo, afectando fundamentalmente a la provincia de Zaragoza. El río llegó a alcanzar niveles desconocidos en los últimos 20 años y anegó más unas 20.000 hectáreas de terreno. Se tuvo que desalojar a unas 1.500 personas, resultando afectadas numerosas poblaciones de la ribera alta y baja del Ebro.

Para paliar el daño provocado por dichas inundaciones, una vez cuantificadas, se dotó un crédito extraordinario de 22.425.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Real Decreto 1059/2015, de 20 de noviembre).

En el mes de octubre de 2015 las precipitaciones registradas en el archipiélago canario fueron importantes desde el día 20 de octubre, pero alcanzaron niveles de particular intensidad los días 22, 23 y 24. Los episodios de intensa lluvia y, en algún caso, de viento, afectaron prácticamente a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para paliar el daño provocado por dichas inundaciones, una vez cuantificadas, se dotó un crédito extraordinario de 19.700.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones.

Con el objeto de prevenir y tener una mayor preparación ante fenómenos tan impactantes como las inundaciones, la Directiva 2007/60/CE obliga a los Estados europeos a la elaboración, aprobación e implantación de Planes de gestión del riesgo de inundación y así se regula a nivel nacional por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de gestión de riesgos de inundación (recientemente modificado por el Real Decreto 638/2016, de diciembre). Los Planes de gestión del riesgo de inundación tienen como objetivo el lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto.

La mayor parte de los Planes de gestión del riesgo de inundación (16 demarcaciones hidrográficas) fueron aprobados por el Gobierno el 15 de enero de 2016. Posteriormente, el 15 de abril de 2016 se aprobó el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears.

Los objetivos perseguidos por estos planes son los siguientes: Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos; mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo; mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación; mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones; contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables; conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables; mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.

Los programas de medidas de la planificación hidrológica y de los planes de gestión de riesgos de inundación

El programa de medidas de los planes hidrológicos y de los de gestión de riesgos de inundación para cada demarcación hidrográfica permite identificar las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos fijados en los mismos, a ejecutar por las distintas administraciones. Las medidas se clasifican en 19 tipos, que suman unos 16.250 millones de euros para las medidas destinadas a la planificación hidrológica, y unos 1200 millones de euros para hacer frente al riesgo de inundaciones, para el período 2016-2021.

De entre estas medidas destacan casi 7500 millones de euros para destinados a la lucha contra la contaminación por vertidos puntuales, particularmente destinados a actuaciones de depuración y saneamiento. Asimismo destacan los 2200 millones de euros destinados a medidas para promover la reducción de las presiones por extracción de agua. Cabe destacar previsión de inversión de unos 101 millones de euros, que permitirá el seguimiento de más de 5.000 masas de agua a través de 4.400 estaciones de control de la contaminación; así como los 130 millones de euros destinados a medidas de preparación frente a las inundaciones, entre las que se encuentran la mejora de los sistemas de alerta hidrológica (SAIH), herramienta imprescindible en la gestión de las inundaciones.

La gestión de la sequía

La sequía es un fenómeno natural caracterizado por una reducción de las precipitaciones en una cuantía tal que puede dar lugar a impactos importantes debidos a la disminución de la disponibilidad de agua para los usos y los ecosistemas. Son fenómenos que tardan un cierto tiempo en manifestarse, por lo que para minimizar sus impactos se dispone de los Planes Especiales de Sequía, que permiten no sólo paliar situaciones de emergencia, sino gestionar en cada momento el riesgo existente.

La escasez de precipitaciones que se viene arrastrando desde el año hidrológico 2013/14 en el levante español ha dado lugar a una situación de sequía que lleva prolongándose durante más de un año. La precipitación acumulada en ese año en la cuenca hidrográfica del Júcar fue de unos 281 mm mientras que el valor medio anual en esos años es de unos 439 mm, ha motivado un descenso tanto de la aportación a los embalses lo que dio lugar que algunos sistemas de explotación entraran en escenario de emergencia a final del año 2014. En la cuenca hidrográfica del Segura, la falta de precipitaciones en la primera mitad del año hidrológico 2014/15 fue de una media de 130 mm frente a un valor medio anual de 365 mm, que ha motivado un descenso tanto de la aportación a los embalses así como del volumen que éstos almacena. Para paliar los impactos de la sequía en la cuenca del Segura, se ha realizado la extracción de hasta 15 hm3 en el acuífero El Molar, la extracción de un volumen de 30,7 hm3 en el acuífero del sinclinal de Calasparra, en los pozos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2016 (adicionales al volumen ya extraído en pozos ajenos y propios durante el año 2015 y que se cifra en 36,22 Hm3). El Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, concede créditos extraordinarios por importe total de 50.185.000 en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para atender necesidades derivadas de la situación de sequía en las cuencas hidrográficas del Júcar y del Segura.

En la cuenca del Júcar, a fecha de octubre de 2016, los sistemas del Serpis, Marina Alta y Marina Baja se encuentran en situación de emergencia, existiendo riesgo alto en los sistemas del Palancia y Vinalopó-Alacantí. Por su parte, en la cuenca del Segura, el estado es de alerta.

La gestión de residuos

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados incorporó al derecho interno la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Esta ley constituye el marco jurídico actual para la gestión de los residuos en España. La ley consagra el principio de jerarquía de residuos que ha de ser aplicado en la política de residuos. Dicho principio prioriza las opciones de gestión de residuos con el siguiente orden: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización, incluida la energética y, por último, la eliminación, por ejemplo mediante depósito en vertedero. Al objeto de avanzar en la gestión eficiente de los recursos, la Ley incorporó un objetivo de prevención (en 2020 reducción del 10% en peso de los residuos generados en 2010) y objetivos de reciclado y valorización a alcanzar en 2020 para los residuos municipales (50% de preparación para la reutilización y reciclado) y para los residuos de construcción y demolición (70% de preparación para la reutilización, reciclado y otra valorización de materiales).

Contenedores de basura (MAPAMA)En aplicación de las prioridades de la política de residuos, en diciembre de 2013 se aprobó en Consejo de Ministros, el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Este programa se configura en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos (reducción de la cantidad de residuos, reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos, reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, de los residuos generados) incorporando medidas de prevención. La puesta en práctica de estas medidas depende de acciones múltiples en distintos ámbitos en las que están implicados fabricantes, distribuidores, el sector servicios, los consumidores y usuarios finales y las Administraciones Públicas.

Otro elemento esencial para desarrollar las políticas comunitarias de residuos son los planes de gestión de residuos que deben dar cobertura a todo el territorio geográfico español. El Gobierno aprobó en noviembre de 2015, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular y cumplir los objetivos comunitarios en materia de residuos. Se trata de un instrumento clave para aplicar la jerarquía de gestión de residuos y para avanzar hacia la economía circular, planteamiento económico que reincorpora al proceso productivo los materiales que contienen los residuos para la elaboración de nuevos productos. Este Plan estatal de gestión de residuos impulsa, además, la coordinación entre administraciones, la mejora de la transparencia e información en materia de residuos, la inspección, el control y la sensibilización social.

Por otra parte, en febrero de 2015 se aprobó el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y adapta el Real Decreto 208/2005 a lo establecido en la Ley 22/2011, a la vez que corrige las deficiencias y lagunas detectadas en la gestión de este tipo de residuos.

También, en marzo de 2015, se aprobó el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, relativo a los traslados de residuos, que desarrolla el artículo 25 de la Ley 22/2011 y regula los traslados de residuos en el territorio del Estado siguiendo las orientaciones en el Reglamento Europeo 1013/2006 relativo al traslado de residuos, para garantizar el objetivo último de asegurar la trazabilidad y la correcta gestión de los residuos.

En julio de 2015 se aprobó el Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, a través del cual se traspuso la Directiva 2013/56/UE, de 20 de noviembre de 2013, que modifica a la Directiva 2006/66/CE de pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores. La modificación del Real Decreto afecta fundamentalmente a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y además adapta el contenido del mismo a las previsiones de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Por último, está finalizando la tramitación de la sustitución del vigente Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre la gestión de vehículos al final de su vida útil, para su adecuación a lo dispuesto en la Ley 22/2011. Igualmente se está tramitando el proyecto de Real Decreto para la transposición de la Directiva (UE) 2015/720, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

Lucha contra el desperdicio alimentario

La conservación del medio natural: los espacios protegidos

Red Natura 2000 (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

En el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la protección del medio natural se lleva a cabo mediante diferentes instrumentos, como son las distintas figuras de Espacios Naturales Protegidos y, a nivel europeo, la Red Natura 2000, compuesta a su vez por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y las áreas protegidas declaradas por instrumentos internacionales. Entre estos últimos destacan las Reservas de las Biosfera, dentro del programa MaB de la UNESCO: en España existen 48 (10,9% del territorio español), lo que nos coloca como el primer país del mundo en número de Reservas declaradas, por delante de Estados Unidos que tiene 47.

El mayor nivel de protección sobre un territorio lo otorga su declaración como Parque Nacional. Actualmente son 15 los espacios naturales que poseen este reconocimiento en nuestro país, abarcando un total de 384.592,29 hectáreas (368.604,09 terrestres y 15.988,20 marinas). Constituyen un sistema coordinado por el Estado, la Red de Parques Nacionales, que alberga los principales sistemas naturales en España y una selección de lo mejor de nuestro patrimonio natural.

En 2013 se incorporó a la Red el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una superficie de alto valor ambiental de 33.960 ha, pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León. También se ha aumentado recientemente la Red mediante las ampliaciones llevadas a cabo de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel (1.102 ha) y de los Picos de Europa (2.467,59 ha). En 2014 se promulgó la nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, reforzando y consolidando notablemente su protección, y en 2016 se ha aprobado un nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales mediante el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre.

Por su parte, la Red Natura 2000 tiene como finalidad asegurar, en todo el territorio de la Unión Europea, la supervivencia a largo plazo de los hábitats naturales y seminaturales y de las especies silvestres más destacadas y amenazadas de Europa. En 2016 la Red Natura 2000 ocupa un total de 22.356.379,50 hectáreas en España, de las cuales 13.822.829,81 hectáreas corresponden al medio terrestre (el 27,31 % de la superficie terrestre de España) y 8.533.549,68 hectáreas al medio marino (el 8 % de las aguas españolas). Está compuesta por 1.467 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los cuales 1.062 ya han sido declaradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 644 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Las reservas marinas pesqueras, figuras de protección del recurso pesquero, que se crean al amparo de la política sectorial de pesca en el marco de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado modificada por la Ley 33/2014, forman, actualmente, una Red que en 2016 ha cumplido 30 años.

Gestionadas por la Secretaría General de Pesca, las reservas marinas cubren 101.965,59 ha, de las cuales 10.008,26 son reservas integrales, donde no se permite ningún uso, salvo muestreos científicos debidamente justificados. Actualmente, existen 10 reservas marinas de interés pesquero: 5 de gestión exclusiva del Estado y 5 de gestión compartida con las Comunidades Autónomas.

La experiencia acumulada y los resultados obtenidos muestran que el recurso pesquero mejora y, como espacios protegidos que son, con todos los requerimientos exigibles (vigilancia, zonificación, normativa adaptativa, seguimiento y sensibilización), mejoran igualmente, los hábitats, comunidades, fondos y ecosistemas. Todas las reservas son zonas de "buen estado ambiental" si bien, igualmente, muestran los efectos del cambio global rindiendo un servicio de áreas marinas centinelas, como se viene comprobando en áreas protegidas de otras zonas y latitudes.

El objetivo de estas figuras de protección es gestionar los recursos pesqueros inspirándose en el enfoque ecosistémico, con el fin último de alcanzar el conocido como "efecto reserva", concepto que define la exportación de biomasa desde una zona protegida hacia fuera de sus límites. Son un ejemplo por su trayectoria, que implica un esfuerzo económico importante pero necesario para cumplir con los compromisos tanto de la agenda nacional (apoyo a la pesca tradicional, Red Natura 2000 en la mar, estrategias marinas, vigilancia de fenómenos ambientales como cambio global, avances de especies foráneas invasoras), como internacional (objetivos de desarrollo sostenible 2020, promesas de Sydney, compromisos de Hawaii y Declaración de Tánger) y en las que queda patente que el apoyo a la pesca artesanal tradicional no solo es compatible con la conservación del medio sino que es precisamente la fórmula a seguir en zonas litorales y costeras.

La conservación de las costas y la protección del medio marino

La franja costera española constituye un ámbito especialmente singular con gran variedad de ambientes climáticos, marinos, geológicos y sedimentarios. Sobre este mismo espacio se desarrollan actividades de gran tradición como la pesca, el turismo costero y el transporte marítimo ligado al comercio, así como otras actividades económicas necesariamente vinculadas al espacio litoral, como la acuicultura, que son fundamentales en el desarrollo socioeconómico y cultural de nuestro país.

Buque oceanográfico Miguel Oliver (MAPAMA)La política de costas constituye un instrumento esencial del Gobierno de España. La gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) tiene como objeto la defensa de la integridad del medio litoral, de su equilibrio y de su progreso físico, mediante la protección y conservación de sus valores; la garantía de su uso y disfrute público abierto a todos; y el aprovechamiento racional de sus recursos, a través de las actividades económicas, turísticas, etc., compatibles con su preservación. La nueva Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se prueba el Reglamento General de Costas, tienen como objetivo fundamental la protección de la costa española, que constituye un deber inexcusable para los poderes públicos. La reforma del régimen jurídico del litoral concilia una elevada protección de la costa con el desarrollo sobre el mismo de actividades ambientalmente sostenibles capaces de generar empleo y riqueza. Las citadas normas concretan los bienes que integran el Dominio Público Marítimo-Terrestre estatal de acuerdo con criterios técnicos, regulan los títulos de ocupación del DPMT, así como su régimen económico y financiero; establecen una serie de limitaciones de uso de los terrenos colindantes con el DPMT para garantizar la protección ambiental y el uso público de éste y, además, regulan el régimen sancionador para fortalecer la protección física y jurídica de este valioso espacio.

Uno de los objetivos de la reforma llevada a cabo en 2013 fue el de garantizar la transparencia y el acceso a la información relativa al deslinde de la totalidad de la costa española, por lo que, en cumplimiento de este objetivo se publicó en la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en julio de 2015, la línea de deslinde del litoral español a la que se puede acceder de manera gratuita por todos los ciudadanos.

En el ámbito concreto de la protección y mejora del litoral, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente viene trabajando en medidas preventivas para el control de los procesos de erosión y degradación del borde costero; la protección y recuperación de los ecosistemas litorales; la regeneración y rehabilitación de espacios litorales que han sido degradados; la corrección de aquellas actuaciones que están impidiendo o limitando una utilización racional y pública del litoral; la realización de actuaciones que mejoren la calidad ambiental y el uso público de la costa; y la dotación de infraestructuras vinculadas con el medio ambiente, como senderos litorales, infraestructuras de educación ambiental e interpretación de la naturaleza, la gestión del dominio público marítimo terrestre y la protección del mar. Para su ejecución, el Ministerio ha destinado durante 2015 un presupuesto de 64 millones de € y durante 2016 un presupuesto de 60 millones de €.

Además, para hacer frente a los efectos del cambio climático, en particular el incremento del nivel del mar y el aumento de la erosión, se ha redactado la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático, prevista en la Disposición Adicional octava de la citada Ley 2/2013, en la que se indican los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se proponen medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Además se han redactado igualmente Estrategias para la Protección de la Costa en cuatro zonas: Huelva, Maresme (Barcelona), Sur de Castellón (entre el puerto de Castellón y el de Sagunto en Valencia) y Sur de Valencia (entre el puerto de Valencia y el de Denia en Alicante), que tienen como objetivo prevenir los efectos de la erosión.

Durante 2015 se ha aprobado el Plan PIMA Adapta, que, por lo que respecta al litoral ha supuesto una inversión adicional de 9,5 millones de € en actuaciones de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Su ejecución ha continuado durante 2016.

Cabe destacar igualmente la ejecución del Plan Litoral 2015, puesto en marcha con la aprobación del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 y que, asimismo, supuso una inversión adicional de 21,4 millones de € para atender los daños causados en nuestro litoral.

Asimismo destacable es la ejecución durante 2016 de obras de emergencia en el litoral de Huelva y Cádiz, por un importe de 922.000 euros, cuyo objetivo fue la reparación de los daños ocasionados por los temporales registrados en las primeras semanas del mes de mayo que, al coincidir con mareas de alto coeficiente, provocaron incidencias notables por las pérdidas de arena en numerosas playas.

Como actuación especialmente relevante cabe igualmente señalar el inicio, en octubre de 2016, de las obras de regeneración de la Bahía de Portmán en Murcia, gracias a las cuales, mediante una inversión superior a los 32 millones de €, se recuperará ambientalmente esta zona, dando respuesta a una actuación largamente demandada.

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino es el marco jurídico fundamental sobre el que se apoyan las distintas actuaciones orientadas a proteger y a mejorar el estado ambiental del medio marino español. Esta norma se deriva de la transposición al sistema normativo español de la Directiva 2008/56/CE, por la que se establece un marco de acción comunitario para la política del medio marino (Directiva Marco sobre la Estrategia Marina).

El principal objetivo de dicha normativa es lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino antes de 2020, para cuya consecución se crean las Estrategias Marinas como herramienta de planificación del medio marino. En España se está elaborando una Estrategia para cada una de las cinco demarcaciones marinas establecidas: noratlántica; sudatlántica, Estrecho y Alborán; levantino-balear; y canaria. Una vez concluidas las 5 fases de las estrategias marinas (evaluación inicial, definición de buen estado ambiental, establecimiento de objetivos ambientales, diseño de programas de seguimiento y de medidas), éstas se aprobarán mediante Real Decreto.

Reserva de la Isla de Tabarca (MAPAMA)La Ley de Protección del Medio Marino también establece medidas encaminadas específicamente a proteger la biodiversidad marina, completando así el marco jurídico establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Destaca la creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE), que estará constituida por distintos tipos de áreas y figuras, entre ellas, las reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal, las Zonas Especiales de Conservación marinas de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000, y el Área Marina Protegida y Zona Especial de Conservación de El Cachucho.

Otro de los cometidos en relación con la protección de espacios marinos consiste en la ampliación y gestión de la Red Natura 2000 marina, que incluye la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves marinas (ZEPA) y la aprobación de sus planes de gestión. Se ha aprobado en julio 2014 la Orden ministerial por la que se declaran 39 Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, todas ellas de competencia estatal, y para las que se aprobarán planes de gestión. También, la Orden ministerial por la que se declaran 7 ZEC en el Mediterráneo y se aprueban sus planes de gestión se ha aprobado y publicado en agosto de 2016. Además, durante 2014 y 2015 se propusieron a la Comisión Europea 10 nuevos LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) marinos de competencia estatal: Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León, Canal de Menorca, Volcanes de fango del Golfo de Cádiz, Banco de Galicia, Sistema de cañones submarinos de Avilés, Sur de Almería-Seco de los Olivos, Espacio marino de Alborán, Espacio marino de Illes Columbretes, Banco de la Concepción y el Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura. Durante 2015 han sido ya declarados LIC 9 de estos espacios.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente elabora y actualiza el Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos (IEHEM), instrumento esencial para evaluar el estado de conservación y ampliar el conocimiento sobre el patrimonio marino. En este ámbito, se ha desarrollado una Lista Patrón de Referencia Estatal de los tipos de hábitats marinos que pueda servir de referencia a todas las administraciones e interesados, y actualmente se está finalizando la elaboración de la Lista Patrón de las especies marinas españolas.

En relación con la protección de especies marinas que se encuentran incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se está realizando un análisis de toda la información científica disponible para la posterior elaboración de los preceptivos Planes de conservación y recuperación. Se ha iniciado el Plan de gestión de la orca en el Estrecho y se están preparando, entre otros, la Estrategia para la conservación de las tortugas marinas y la actualización de la Estrategia de conservación de la pardela balear.

Asimismo, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se llevan a cabo tareas relacionadas con la protección del litoral frente a la contaminación marina accidental, en particular mediante el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, aprobado mediante Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre.

En desarrollo de ese sistema, se ha aprobado la Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. (Plan Ribera). Este plan complementa los planes territoriales establecidos por las Comunidades Autónomas, con el objetivo de asegurar la coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa cuando el episodio de contaminación tenga carácter supra autonómico o supranacional, o en aquellos casos de especial necesidad en que el peligro de daños irreparables sea inminente. En 2015 se han añadido dos nuevas bases de material de lucha contra la contaminación del Plan Ribera en las islas, una en Canarias y otra en Baleares, que han venido a sumarse a las tres ya existentes en la península.

Conservación de la biodiversidad. Especies protegidas

España es uno de los 25 "puntos calientes" de biodiversidad en el mundo y representa uno de los países con mayor biodiversidad en la Unión Europea, gracias a las especiales condiciones de nuestra orografía, extensión y situación geográfica. Se estima que, tan sólo en el ámbito terrestre de España, existen unas 91.000 especies, de las que 8.000 son de flora, lo que representa más del 80% de las existentes en la Unión Europea y el 59% de las existentes en el continente europeo. De estas 8.000, 1.500 son endemismos, es decir, que tan sólo existen en nuestro territorio. Por otra parte, de las especies de fauna que se pueden encontrar en España, entre 50.000 y 60.000, suponen más del 50% de las presentes en Europa.

Número de taxones, por grupos taxonómicos, incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado por el real decreto 139/2011, de 4 de febrero (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).

Linces (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)En cuanto a la conservación de las especies autóctonas silvestres, en el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno de los instrumentos más importantes es la catalogación de las mismas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Así, para los taxones o poblaciones amenazadas incluidas en el mencionado Catálogo en las categorías "en peligro de extinción" y "vulnerables", se precisa la redacción, puesta en marcha y seguimiento de Planes de conservación y recuperación, así como la evaluación periódica de su estado de conservación.

Por otro lado, la creciente demanda de especies, así como su comercio globalizado, está produciendo una entrada cada vez mayor de especies exóticas invasoras, las cuales constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats y ecosistemas, la agronomía y los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural, e incluso la salud pública. España ha sido uno de los primeros Estados de la Unión Europea en desarrollar una política integral para el control de las especies exóticas invasoras.

En el plano internacional cabe destacar la participación de España en la COP13 (13ª sesión de la Conferencia de las Partes) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas en Cancún (Méjico) en diciembre 2016, y sus dos protocolos, el de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (COP-MOP8) y el de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos (COP-MOP2). En esta cumbre mundial se cerraron 72 acuerdos, abarcando temas como la integración de la biodiversidad en actividades productivas y de servicios (sectores de agricultura, pesca, forestal y turismo), polinizadores y seguridad alimentaria, protección de ecosistemas y especies en riesgo, contaminación marina y cambio climático. España además se adhirió a la "Coalición para la conservación de los polinizadores", pues estas especies son vitales para los procesos de polinización de la flora silvestre y de los cultivos.

Las políticas de desarrollo rural

El denominado segundo pilar de la Política Agraria Comunitaria financia a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) la política comunitaria de desarrollo rural. Esta política se aplica a través de Programas de Desarrollo Rural, que tienen una duración de siete años. Además, existe la posibilidad de ejecutar los programas unos años más de la fecha tope del periodo, lo que es conocido como regla n+2 ó n+3 (que es el caso del nuevo periodo de programación 2014-2020).

Durante este año 2015 nos encontramos con que se está finalizando la aplicación de los programas de desarrollo rural 2007-2013 (se pueden seguir ejecutando hasta el 31 de diciembre de 2015) y que la Comisión Europea ha aprobado los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020.

En el periodo 2007-2013, el anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaboró el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, donde se incluyeron las directrices nacionales para las actuaciones de desarrollo y se establecieron determinadas medidas a desarrollar con carácter horizontal en todo el territorio del Estado y, por tanto, a incluir en todos los programas regionales de desarrollo rural.

Estas medidas se aplicaban en España a través de diecisiete programas de desarrollo rural de ámbito autonómico (uno por Comunidad Autónoma), y del Programa de la Red Rural Nacional. Los programas de ámbito autonómico incluyen las medidas horizontales del Marco Nacional, siendo el Ministerio el organismo de coordinación. Dichos programas cuentan con cofinanciación del FEADER, de la Administración General del Estado a través del Ministerio y de las Administraciones autonómicas.

En el periodo 2014-2020, el FEADER se ha integrado en los llamados fondos ESI (fondos estructurales y de inversión), junto con el FEDER, el FSE, el FEMP y el Fondo de Cohesión. Por ello, en lugar de existir un plan estratégico nacional para el FEADER, existe un acuerdo de asociación, donde se detalla la estrategia española para todos los fondos ESI. El acuerdo de asociación se ha elaborado por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en colaboración con los Ministerios encargados del resto de fondos.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013, se acordó que en el periodo 2014-2020, la estructura de programación en España contaría con un programa nacional, un marco nacional, que estableciera los elementos comunes a los programas de desarrollo rural y 17 programas de desarrollo rural autonómicos. La Red Rural Nacional que en el periodo 2007-2013 contaba con un programa propio, se integra en el programa nacional de desarrollo rural.

Por otro lado, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 21 de enero de 2014, se acordó el reparto de fondos FEADER entre los programas de desarrollo rural. De los 8.291 millones de euros, 8.053 millones de euros se han destinado a los programas autonómicos y el resto se dedicará al programa nacional. Además, durante 2015 se han incorporado a los programas los fondos procedentes del capping, quedando la asignación de fondos FEADER por programa como sigue:

Por otro lado, el 20 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020. Esta norma establece las bases para la coordinación de la aplicación de la política de desarrollo rural en España.

El 18 de diciembre de 2015 se acabaron de aprobar todos los programas de desarrollo rural de España.

Meteorología

Seguridad frente a fenómenos meteorológicos adversos

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como meteoalerta, se encuentra plenamente consolidado en España, siendo un elemento clave para la salvaguardia de vidas y bienes ante los fenómenos meteorológicos extremos que regularmente nos afectan. Está integrado en el sistema europeo EMMA/meteoalarm, un portal de avisos al que contribuyen los sistemas de alerta temprana de los Servicios Meteorológicos Nacionales de más de 35 países europeos en 28 idiomas, entre ellos las cuatro lenguas oficiales en España.

En España se dispone de un sistema accesible a todos los ciudadanos de predicción para los 8.122 municipios de España, que se genera operativamente cuatro veces al día, tanto para la predicción a 7 días como para la predicción horaria hasta 48 horas. Estas predicciones aportan un conjunto de variables meteorológicas (temperaturas, sensación térmica, probabilidad de precipitación, viento, índice de humedad y radiación ultravioleta) que permiten tener una visión muy completa de la situación meteorológica existente o prevista.

En el transcurso de 2016 se han contabilizado 600 millones de accesos a la predicción por municipios en la página web institucional, en sus distintas versiones lingüísticas. A ellos habría que añadir 120 millones de accesos en los que se ha utilizado la widget al efecto proporcionada en la página web de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).

Sobre la información de predicción meteorológica habitual y con objeto de realizar un seguimiento de la ocurrencia de ciertos fenómenos meteorológicos denominados singulares, desde 2013 está operativa la aplicación SINOBAS, acrónimo de Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (http://sinobas.aemet.es), para recoger y poner a disposición de los ciudadanos información sobre la ocurrencia de estos fenómenos que se caracterizan por ser: locales (no se extienden por una región amplia), poco frecuentes (ocurren raramente), de intensidad significativa y con capacidad de provocar alto impacto social.

Estos fenómenos, a pesar de su intensidad, difícilmente son detectados por los medios convencionales de observación meteorológica, bien por la limitación de la densidad de la red de observación en tierra, o bien por la resolución espacial y temporal de los medios de teledetección como satélites y radares.

En 2016 se recibieron 68.577 visitas, el doble que en 2015, y se introdujeron 159 reportes, entre los que destacan 42 tornados, 27 tubas, 24 reventones/frentes de racha 23 granizadas singulares, 19 precipitaciones súbitas severas, etc. De ellos 141 fueron validados con fiabilidad alta. Las provincias desde donde más informes se introdujeron fueron Illes Balears con 15 informes, Barcelona con 14 y Huesca con 13.

Apoyo Meteorológico a la prevención y lucha contra los incendios forestales

El Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales regula las actuaciones de los diferentes órganos y entidades de la Administración General del Estado comprometidos a ofrecer una respuesta eficaz, tanto a nivel nacional como en apoyo a las Comunidades Autónomas que lo requieran. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente proporciona diariamente, y para todo el territorio nacional, información meteorológica para la estimación del peligro de incendios.

Esta información consiste en un conjunto de mapas en los que se indican los valores previstos para el día actual y para los tres días siguientes de un índice meteorológico de riesgo de incendios forestales. Se utiliza como base para la generación de dicho índice el sistema denominado FWI. Este Sistema es una parte del Sistema denominado CFFDRS (Canadian Forest Fire Danger Rating System), que actualmente tiene una gran aceptación internacional y ha sido aplicado con éxito en numerosos países con características climáticas y de tipo de vegetación muy variadas, utilizándose en particular en los países del sur de Europa.

Durante el año 2016 se generaron 2.928 mapas de riesgo para el territorio nacional y 17.568 mapas del resto de índices del sistema FWI.

Predicción climática para el siglo XXI

La observación y vigilancia del clima, así como la investigación, modelización y predicción climáticas forman parte de las componentes del Marco Mundial para la Prestación de Servicios Climáticos, que los gobiernos decidieron establecer durante la celebración de la Conferencia Mundial del Clima de 2009.

El clima a nivel global, y por ende a nivel regional, está cambiando como consecuencia de las actividades humanas, singularmente por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la utilización de combustibles fósiles y a la deforestación. Para abordar este problema, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente calcula los escenarios de cambio climático para el siglo XXI regionalizados sobre España para diferentes escenarios de emisión en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), y que son esenciales en los trabajos de evaluación de impactos y vulnerabilidad. La información se ofrece a los usuarios tanto en formato gráfico como numérico.

Predicción estacional

En España se realizan mensualmente predicciones estacionales para los tres meses siguientes, utilizando diversos modelos. Los resultados de estas predicciones probabilísticas, basadas en terciles, se representan en forma de mapas que muestran, para los cuatro cuadrantes peninsulares, Baleares y Canarias, tanto para la precipitación como para la temperatura, los porcentajes de la probabilidad de las tres categorías (superior, normal e inferior) con respecto al período de referencia 1981-2010.

Asimismo España coordina el proyecto internacional MedCOF, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es proporcionar predicciones estacionales para la cuenca del Mediterráneo.

Banco Nacional de datos climatológicos

El Banco Nacional de Datos Climatológicos es la fuente básica de información para el desarrollo de estudios especiales sobre el clima y las influencias de su variabilidad en el entorno y en la sociedad. En él se almacena y gestiona la información de las variables climatológicas medidas en las estaciones de las redes de observación meteorológica, a lo largo de su historia, y contiene series de datos de más de 200 años de longitud. El volumen de la información almacenada alcanza actualmente los 110 Gigabytes, con un crecimiento medio anual que ha alcanzado los 20 gigabytes en el último año.

Seguimiento de la sequía meteorológica

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realiza un seguimiento y evaluación continuada de la sequía a nivel nacional, con una información que se actualiza de forma mensual, y que está basada en el uso del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), referido a períodos de acumulación de precipitación variables desde 1 mes a 3 años.

Un elemento básico en relación al apoyo meteorológico y climático a la gestión sostenible de los recursos naturales en temas como prevención de incendios forestales, evaluación de las necesidades de riego o estimación anticipada del riesgo de sequías, es la estimación de la humedad del suelo. En España se lleva a cabo la evaluación y seguimiento a escala diaria de los valores de la humedad del suelo, a partir de los productos generados por la aplicación del Balance Hídrico Nacional. Dicha aplicación se actualizó en el año 2013, permitiendo una estimación más precisa de los diversos términos del balance (precipitación, evapotranspiración, reserva de humedad estimada a distintas profundidades de suelo…) y un incremento de la resolución espacial del mismo que es actualmente de 5 Km.

Vigilancia de la composición atmosférica global

En España se ubica el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI), Tenerife, que gestiona una de las 29 estaciones que componen el programa de la Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial. En el CIAI se lleva a cabo la vigilancia e investigación de los componentes atmosféricos capaces de propiciar un cambio en el clima de la Tierra (gases de efecto invernadero y aerosoles) y un deterioro de la capa de ozono mundial, así como el de aquellos componentes que juegan un papel fundamental en la calidad del aire, tanto a escala local como global. En 2015 y 2016 se llevaron a cabo actividades relevantes en el ámbito internacional entre las que caben ser destacadas las siguientes: 1) se culminó el desarrollo de un nuevo sistema fotométrico solar y lunar que ha sido adoptado por NASA como nuevo instrumento estándar de la red AERONET para la medida de aerosoles, con el fin de validar sensores satelitales y evaluar el impacto de los aerosoles en el clima de la Tierra; 2) se realizaron aportaciones relevantes sobre validación de nuevos sensores que vuelan a bordo de satélites de EUMETSAT y que miden la composición atmosférica de la atmósfera; 3) se publicó un nuevo índice climático (NAFDI) que da cuenta de la variabilidad interanual del transporte de polvo mineral del Sahara hacia el océano Atlántico; y 4) se reconstruyeron series de más de 70 años de radiación solar y aerosoles atmosféricos, inéditas a nivel internacional, que permitirán mejorar el conocimiento actual sobre el papel que juegan los aerosoles en el clima.

Avisos y evaluación de tormentas de arena y polvo atmosférico

El "Centro Regional de Avisos y Evaluación de Tormentas de Arena y Polvo atmosférico para el Norte de África, Oriente Próximo y Europa" es uno de los tres Centros Regionales (con el de Asia y el de América) designados por la Organización Meteorológica Mundial para desarrollar y coordinar el Sistema de Avisos y Evaluación de Tormentas de Arena y Polvo atmosférico (SDS-WAS: Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System). Este Centro gestionado por España, con sede en Barcelona (http://sds-was.aemet.es/), tiene como finalidad conseguir observaciones continuadas y coordinadas, así como capacidades de modelización de tormentas de arena y polvo con el fin de mejorar la vigilancia y el conocimiento de este tipo de tormentas y, consecuentemente, mejorar su predicción en una amplia región del hemisferio norte.

En 2014 se creó también el "Barcelona dust Forecast Center", primer centro en el mundo reconocido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para generar y distribuir de forma operativa predicciones del contenido de polvo en la atmósfera. Ambos centros están gestionados de forma conjunta por AEMET y el Barcelona Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación).

El liderazgo mundial de España en este campo se manifiesta en la presidencia del Comité Directivo de SDS-WAS, ejercida por un meteorólogo de AEMET, así como por el papel destacado que se ha desempeñado en la redacción del informe "Evaluación Global de Tormentas de Polvo y Arena", publicado conjuntamente por la OMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, con prólogo del Secretario General de Naciones Unidas y presentado en la 71ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el 13 de septiembre de 2016.

Información climatológica y de protección de la salud

El índice ultravioleta (UVI) es una medida internacional de la intensidad de la radiación solar UV y un indicador de su capacidad para producir lesiones cutáneas. Se utiliza para concienciar a la población y advertirle de la necesidad de adoptar medidas de protección cuando se expone a la radiación solar.

Para la medida de la radiación ultravioleta se dispone, dentro de la Red Radiométrica Nacional, de 26 estaciones de medida de radiación ultravioleta eritemática. Los instrumentos, radiómetros UV, utilizan un filtro de alta calidad que imita la respuesta de la piel humana a la radiación ultravioleta.

Con los datos registrados durante todo el año se elabora el índice ultravioleta (UVI) máximo anual para cada estación de la Red, determinando las regiones con valores más altos (generalmente en Canarias, Granada y las dos mesetas) y más bajos (zona Mediterránea, Cantábrica y Galicia).

Difusión de la información meteorológica y climática

En noviembre de 2016 AEMET ha puesto a disposición del público el sistema "AEMET OpenData", que permite la difusión y la reutilización de la información meteorológica y climatológica de la Agencia, de acuerdo con la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El nuevo centro de descargas está disponible en https://opendata.aemet.es.

Este sistema posibilita a todo tipo de usuarios el acceso gratuito a unos conjuntos de datos determinados mediante un API utilizando estándares abiertos.

El servicio está enlazado desde la web institucional de AEMET, donde se publica la información meteorológica y climatológica. En la web institucional de media se han servido diariamente 6.700.000 páginas y descargado 68.000.000 archivos.